José Luis Maya Torres
Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Maya Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra negar el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. CON INCIDENTE. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. CONCEDE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó concederla. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 919/2022, promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter de presidente, síndica y tesorero de ******************** contra actos del Pleno del Congreso del estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, por propio derecho y en su carácter de presidente, síndica y tesorero de ******************** solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Pleno del Congreso del estado de Morelos ".la discusión, aprobación y, expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II.". Gobernador del estado de Morelos ".la promulgación y orden de publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracciones II y III.". Secretario de Gobierno del estado de Morelos ".el refrendo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, artículo 11, primer párrafo, fracciones II y III.". Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos ".la publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, artículo 11, primer párrafo, fracciones II y III.". Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos ".la IMPOSICIÓN DE LA MULTA, con base en el artículo 11, primer párrafo, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.". Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado ".la ejecución del procedimiento de cobro de multa ordenado por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente TJA/3aS/17/2019". SEGUNDO. El catorce de julio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 919/2022 y desechó la demanda por improcedente. TERCERO. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del acuerdo descrito en el resultando anterior. CUARTO. Por acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, este juzgador dio trámite al recurso de queja interpuesto, el cual correspondió conocer por razón de turno, al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el número 353/2022. QUINTO. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 353/2022, en la cual se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja". En cumplimiento a lo anterior, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso del estado de Morelos: la discusión, aprobación y expedición del artículo 11, primer párrafo, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 2. Del Gobernador del estado de Morelos: la promulgación y orden de publicación del artículo 11, fracciones II y III de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 3. Del Secretario de Gobierno del estado de Morelos: el refrendo del artículo 11, fracciones II y III de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 4. Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos: la publicación del artículo 11, fracciones II y III de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 5. De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos: el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/3aS/17/2019, mediante el cual impone una multa a los quejosos por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 6. De la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos: la ejecución del procedimiento de cobro de multa ordenado por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos en el expediente TJA/3aS/17/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser de estudio preferente, este juzgador procede al estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por este juzgador y planteadas por las partes. 1. ********************, en su carácter de presidente municipal, síndica y tesorero de ******************** carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto contra el auto reclamado, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio Este juzgador, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, considera que la parte quejosa ********************, como presidente municipal, síndica y tesorero de Zacatepec, Morelos carecen de interés jurídico para reclamar la multa impuesta en el juicio de origen, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, ********************, como presidente municipal, síndica y tesorero de Zacatepec, Morelos carecen de interés jurídico en este juicio debido a que la multa contenida en el acuerdo que se reclama, se encuentra dirigido a las personas físicas que ostentan el carácter de funcionarios municipales, y no a las dependencias como órganos de gobierno. Ahora bien, la medida prevista en el mencionado artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, se aplica a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no al órgano de gobierno como tal. En consecuencia, si la medida de apremio que contiene el artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, se dirige a la persona física derivado del incumplimiento a una determinación, dicha medida solo puede ser controvertida por la persona física a quien se le impuso, pero por su propio derecho y no como funcionaria pública. Así, serán las personas físicas quienes deban cubrir la multa con recursos de su patrimonio y no con los de la dependencia que representan o a la que pertenecen. No es óbice a lo anterior el contenido del artículo 7° de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que una persona moral pública pueda solicitar la protección de la justicia federal por conducto de sus personas servidoras públicas o representantes. Este supuesto solo acontece cuando el acto o la ley que se reclama afecta directamente los intereses patrimoniales de esa entidad, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Pero ello no ocurre en el presente asunto, pues, en todo caso, de hacerse efectivo ese apercibimiento, la persona afectada sería quien ostenta la titularidad de esa oficina u órgano, pero no la persona moral oficial. Con base en lo anterior es que se estima que ********************, como presidente municipal, síndica municipal y tesorero municipal del ayuntamiento de ******************** respectivamente, carecen de interés jurídico para reclamar el apercibimiento dictado. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto anterior establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a las que se refiere esa mismo ordenamiento. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5°, todos ellos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de ********************, en su carácter de presidente municipal de Zacatepec, Morelos. 2. Se sobresee en el presente juicio por cuanto al artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos y respecto del procedimiento de ejecución de la multa decretada, ya que la parte quejosa fue omisa en formular conceptos de violación en su contra Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no combate el artículo 11, fracciones II y III de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, ni tampoco en contra del procedimiento administrativo de ejecución de la multa decretada. Para una mejor comprensión de la causal que se propone, a continuación se transcribe el contenido de los artículos invocados, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". De los artículos transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando esa improcedencia derive de alguna disposición de la Constitución general o de la propia Ley de Amparo. Por otro lado, se prevé que la demanda de amparo indirecto debe expresar, entre otras cosas, los conceptos de violación. En ese sentido, de la lectura efectuada al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa no hizo valer algún concepto de violación en contra del contenido del artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, ni del procedimiento administrativo de ejecución, sino que únicamente controvirtió la imposición de la multa que se hizo efectiva en el expediente de origen, por considerar que es excesiva. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, únicamente respecto del artículo 11, fracciones II y III de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos y del procedimiento recaudación de la multa impuesta, atribuido al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", y de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado, todos ellos del Gobierno del estado de Morelos. Finalmente, al no existir alguna otra causal de improcedencia advertida por este juzgador ni invocada por las partes, se procede al estudio de fondo de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que resulta innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La parte quejosa aduce que la multa impuesta es excesiva al no tomar en consideración las circunstancias concretas del caso específico. Dicho concepto de violación es infundado para conceder el amparo y protección solicitado, pues la autoridad responsable sí tomó en cuenta los elementos que obran en el expediente para la imposición de la sanción. A fin de corroborar lo anterior, conviene acudir al contenido del acuerdo reclamado, que dice lo siguiente: [.] De la lectura al acuerdo reclamado, se advierte que la autoridad responsable impuso una multa a los aquí quejosos, en su carácter de presidente, síndica y tesorero, todos ellos del ayuntamiento de ******************** en atención a los siguientes elementos: La contumacia de las demandadas a dar cumplimiento a una sentencia por dos años, nueve meses. Lo anterior, con el propósito de obligar a las autoridades a acatar las determinaciones y resoluciones dictadas en los juicios de los que conoce la Sala responsable. Con la multa se procura el interés de la parte actora y el interés social, este último, en la medida en que se instrumentan los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones se cumplan a la brevedad posible. Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, tratándose de multas establecidas en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, las autoridades se encuentran facultadas para individualizarlas de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor. Dicha circunstancia quedó precisada en la jurisprudencia P./J. 102/99, del Pleno del Máximo Tribunal del país, que dice lo siguiente: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor". Ahora, en el presente asunto, el suscrito considera que la Sala responsable, en el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/3aS/17/2019, sí fundó y motivó los elementos que tomó en consideración para fijar imponer la sanción máxima prevista en el artículo 11 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. Máxime que la responsable resaltó la contumacia de las autoridades demandadas de cumplir con la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del plazo establecido para tal efecto, pues al tres de junio de dos mil veintidós, transcurrieron dos años, nueve meses, sin que se hubiere acatado con una determinación judicial. Luego entonces, válidamente puede concluirse que la responsable fundó y motivó su acuerdo para justificar la gravedad de la renuencia en dar cumplimiento a su resolución. Lo anterior, ya que conforme a los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que los gobernados conozcan el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, basta que el acto de autoridad exponga los hechos relevantes para decidir, citar la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Bajo ese contexto, no se desprende que la resolución impugnada transgreda en perjuicio de la quejosa, los derechos de seguridad jurídica ni de legalidad. Por lo antes expuesto, este juzgador considera que los argumentos expuestos en el escrito inicial de demanda, son infundados, por lo que ante esa circunstancia, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto a ********************, como presidente municipal, síndica y tesorero de ******************** y respecto de los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", y de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado, todos ellos del Gobierno del estado de Morelos, en términos de lo referido en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Jaime César Pereyra Román, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha está transcurriendo el plazo otorgado mediante auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, los informes justificados rendidos por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador, del Secretario de Gobierno por sí y en su carácter de Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos; al respecto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que cita. Se autorizan los medios electrónicos que refiere para los efectos que precisa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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