José Luis Maya Torres

Expediente 1578/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1578/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis Maya Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y quienes se ostentan como Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1578/2023-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. De la personalidad de la promovente Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a ********************, por propio derecho y quienes se ostentan como Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, al tenor de las copias certificadas de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección y nombramiento que exhiben, expedidas por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y por el Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, respectivamente. Desechamiento parcial de la demanda Ahora bien, el ordinal 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese sentido, este órgano de control constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, respecto al acto reclamado respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se les impone una multa, ello tomando en consideración que la parte quejosa manifiesta que promueve la demanda de amparo en su carácter de Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representa. Ahora bien, los artículos 7 y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Asimismo, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, sin embargo, de los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de derechos humanos ni garantías individuales y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por ********************, por propio derecho y quienes se ostentan como Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, lo que acreditan con las copias certificadas que exhiben. En este sentido, es claro que fue promovida por personas morales oficiales. En este orden de ideas, se precisa que el juicio se hace valer contra el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se les impone una multa. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. En razón de lo antes expuesto, si la sanción, en su caso, se impuso a las personas físicas que desempeñan el cargo respectivo, es claro que éstas son las que deben cumplirla y no la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las sanciones, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2001, con registro 190346, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J.92/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 292, Tomo XXXII, correspondiente al mes de julio de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado - que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente" Consecuentemente, toda vez que el juicio de amparo fue promovido por ********************, por propio derecho y quienes se ostentan como Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, y el acto reclamado no les depara perjuicio alguno a las personas morales oficiales, su administración o bienes del dominio público, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede desechar parcialmente la demanda de amparo, promovida por ********************, quienes se ostentan como Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Admisión de demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, respecto de las autoridades y actos siguientes: I.- Del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. II.- Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- La promulgación y orden de publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. III.- Del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- El refrendo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. IV.- Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- La publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. V.- Del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- El acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se les impone una multa con base al artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. VI.- De la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- La ejecución del el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se les impone una multa consistente en Cien Unidades de Medida y Actualización, con base al artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Del incidente de suspensión Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de informe justificado De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada Por lo que se refiere al tercero interesado, para estar en condiciones de emplazarlos al presente juicio de amparo, con soporte en el arábigo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, se solicita al Magistrado responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, indique el nombre y domicilio de las partes en el procedimiento de origen. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Domicilio procesal y autorizados En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. En otro orden de ideas, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere y con facultades amplias a las personas que indica, en razón de que acreditan tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este Juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar" Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1578/2023-III, promovido por José Luis Maya Torres y María Lydia********************, por propio derecho y quienes se ostentan como Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Requerimiento de informe previo Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, el cual deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándoseles para tal efecto copia de la demanda, en el que se deberán concretar a expresar si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen, podrá manifestar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; asimismo, en caso de que los actos reclamados sean ciertos, deberán remitir copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obren en su poder, relacionadas con los actos reclamados, y apercíbasele que de no hacerlo, en el plazo indicado, se les impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. Se exhorta a la responsable para que remita su informe previo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". De la audiencia incidental Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de autoridad y acto reclamado Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: I.- Del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, lo siguiente: a).- La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. II.- Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, lo siguiente: b).- La promulgación y orden de publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. III.- Del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, lo siguiente: c).- El refrendo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. IV.- Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, lo siguiente: d).- La publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II. V.- Del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo siguiente: e).- El acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se les impone una multa con base al artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. VI.- De la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, lo siguiente: f).- La ejecución del el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se les impone una multa consistente en Cien Unidades de Medida y Actualización, con base al artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Negativa de la suspensión provisional. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados, en los numerales I, II, III. IV y V, inciso a), b), c), d) y e) toda vez que las normas generales ya fueron emitidas y consumadas, y su vez el acuerdo reclamado ya fue emitido, por ende, revisten el carácter de actos consumados contra los cuales resulta improcedente conceder la providencia cautelar solicitada, pues la medida cautelar no puede nulificar los actos consistentes en la aprobación y publicación del artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues esto último es propio de la sentencia definitiva que, en su caso, se dictará en el juicio principal. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Además, es de precisarse que cuando se reclama la inconstitucionalidad de determinadas leyes o normas, la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas, que es lo que en realidad podría perjudicar a la parte quejosa y no solo su expedición, por lo que resulta inconducente conceder la medida cautelar de que se trata por cuanto a tal acto de molestia. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia VI.2º.C.J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo X, Mes de Julio de 1999, página 775, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY.- Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de Leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas es sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Efectos de la suspensión. Respecto del acto reclamado precisado en el numeral VI), inciso f), constituye un acto positivo de tracto sucesivo, susceptible de ser suspendido pues implica que las autoridades responsables, actúen constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación jurídica que guarda la parte quejosa. Superado lo relativo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados supracitados, se procede a analizar si la parte quejosa acredita su interés suspensional. Requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. I. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite la parte quejosa teniendo tal carácter, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, por el sólo hecho de ser parte dentro del procedimiento de origen, como así lo asevera la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, acredita el interés jurídico que tiene para que se le conceda la suspensión de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número XXI.4o.17 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, del Tomo XX, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto." II. Orden Público e Interés Social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que, en términos generales, se contravienen disposiciones de orden público e interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tal requisito, se ha dicho, está inmerso en el artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en su fracción II, en tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas); de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento; sin embargo, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos por el citado artículo si, a juicio del órgano jurisdiccional, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. Concesión de la suspensión provisional. En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para los efectos siguientes: Para que no se efectúe el cobro de la multa impuesta por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se les impone una multa, consistente en Cien Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, hasta en tanto reciba la resolución donde este juzgado determine lo relativo a la suspensión definitiva. Requisitos de efectividad de la suspensión Atento lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, esta suspensión surtirá efectos "si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables". Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, del Tomo XXII, de Diciembre de 2005, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva" También, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J.138/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra estatuye: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, página dos mil cuarenta y ocho, cuyo rubro y texto dice literalmente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. DADO QUE NO GENERAN RECARGOS, LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SÓLO DEBE COMPRENDER EL INTERÉS FISCAL, QUE EQUIVALE AL MONTO DE LA MULTA. En la inteligencia de que las multas por infracción a las normas administrativas federales no tienen el carácter de contribuciones, sino el de aprovechamientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, es dable considerar que la suspensión otorgada en un juicio de garantías contra su cobro, ha de regirse en cuanto a los requisitos de efectividad conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Amparo, por lo que deben garantizarse los daños y perjuicios que con esa medida cautelar puedan causarse al tercero perjudicado, que en este caso sólo puede ser el Estado, ya que al ser el interesado en el cobro de la multa, es el único que podría resentirlos en caso de que el quejoso no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. Además, esos daños y perjuicios sólo deben comprender el interés fiscal, equivalente al monto de la sanción impuesta, en atención a que de lo preceptuado en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado código tributario federal, se desprende que las multas no fiscales no generan recargos." En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado. Esta sede constitucional hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262 de la Ley de Amparo, antisocial que si se llegare a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal en su contra. Copias certificadas. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias que solicita; y entréguese por conducto de las personas que menciona en el escrito de cuenta; previa identificación y toma de razón que por su entrega se deje en autos. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese.

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