José Luis Mata Colín

Expediente 260/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
260/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • José Luis Mata Colín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Regional en Ecatepec de Morelos, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento inserto en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno y remite el acuse de recibo correspondiente de las constancias que se le devolvieron. En mérito de lo anterior, se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales correspondientes y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó a la responsable. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintiuno, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por ----------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias remitidas por la responsable Cuarta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, consistentes en copias certificadas del juicio administrativo 447/2016, en apoyo a su informe justificado, en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que en el plazo de TRES DÍAS computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le envían. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o de omitir informar la imposibilidad legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidades diarias de medida y actualización, en el supuesto de incumplimiento, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N). Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 260/2021-II, formado con motivo de la demanda promovida por ---------------, por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el seis de abril de dos mil veintiuno, presentado el siete de abril de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, ---------------, por propio derecho, promovió el juicio de amparo, contra el acto y la autoridad siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: CUARTA SALA REGIONAL DE JURISDICCIÓN ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS. ACTO RELAMADO: "Se reclama la omisión por parte de autoridad Responsable, en virtud de que no hace efectivos sus propios apercibimientos, no agota las multas establecidas en los artículos 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y no emite los acuerdos dentro de los tres días a que hace referencia el artículo 29 del citado Código, en el juicio administrativo 447/2016, no obstante, de que ha transcurrido más de un año y medio desde que se le hizo el primer requerimiento a la demandada y la Sala Responsable solo ha emitido siete acuerdos de requerimiento, y no ha aplicado multas." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa estimó que se violaron en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó la notificación a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se tuvo como terceros interesados en el asunto al Jefe de Turno y Subdirector, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, quienes fueron emplazados al sumario por oficio el catorce de abril de dos mil veintiuno; asimismo, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, constitucionales; 1°, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el apartado cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; en virtud de que el quejoso, reclama actos que tienen repercusión dentro de la jurisdicción donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo, el informe de la responsable y las constancias que obran en el juicio, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión por parte de la Sala responsable, de hacer efectivos los apercibimientos que ha dictado en el juicio administrativo 447/2016, de su índice, toda vez que no ha agotado las multas establecidas en los artículos 280 y 281, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aunado de que no emite los acuerdos dentro de los tres días a que hace referencia el artículo 29, del mismo ordenamiento legal, ya que solo ha emitido siete acuerdos de requerimiento de cumplimiento de sentencia en más de un año y medio desde la ejecución de la condena, y no ha aplicado las multas correspondientes. TERCERO. Existencia del acto. La responsable Cuarta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, al rendir su informe justificado, negó el acto a ella reclamado, precisado en el considerando segundo, manifestando que no se ha abstenido de seguir el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio administrativo 447/2016, de su índice, ya que ha realizado las gestiones necesarias para tal fin y ha informado sus actuaciones; por lo cual, se tiene por cierto el acto a ella atribuido, de conformidad con el numeral 117, de la Ley de Amparo; y, para acreditar sus argumentos remitió copia certificada del juicio citado y del auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, con el que se dio cuenta en la audiencia que antecede, documentales que obran en un tomo de pruebas por separado y en el sumario, y de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, se procede analizar las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente al fondo, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En esa virtud, este Juzgado estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal trascrito, se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Bajo ese óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En consecuencia, debe decirse, que en el presente juicio constitucional, el acto reclamado quedó sin efectos al haber dictado la Sala responsable, de manera oficiosa el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en donde primeramente, hizo efectivo el apercibimiento que decretó por acuerdo de doce de febrero de este año, a las autoridades demandadas (terceros interesados); es decir, les impuso una sanción de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero último, con motivo de su conducta contumaz para dar cumplimiento a la sentencia que pesa en su contra y retardar la impartición de justicia, principio contemplado en el numeral 17, constitucional. Para arribar a dicha multa, la responsable efectúo un análisis de los antecedentes de ejecución de la sentencia del juicio natural, a través de los cuales plasmó que en seis ocasiones les había conminado a los terceros interesados, para que acataran la sentencia ejecutoriada y pagaran la cantidad correspondiente al actor, y al no haber dado cumplimiento a su determinación judicial, fue que estimo hacer efectivo el apercibimiento de multa que precisó en el auto de doce de febrero de dos mil veintiuno. Por otro lado, de manera oficiosa actualizó hasta la segunda quincena de mayo de dos mil veintiuno, las cantidades que debe erogar la parte demandada con motivo de la sentencia condenatoria, la cual asciende a la cantidad de $1,200,953.17 (un millón doscientos mil novecientos cincuenta y tres pesos 17/100 m. n.), y requirió a las autoridades demandadas para que en el plazo de tres días legalmente computados, den cumplimiento al pago de la condena determinada. Apercibiéndolas que en caso de no hacerlo, de conformidad con los ordinales 280 y 281, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, les impondrá una multa individual a cada una, de doscientas veces el valor diario de actualicen vigente y les hizo saber, también que en atención al ordinal 280 citado, puede remitir los autos a la Sala Superior de ese Tribunal de Justicia, para la continuación de la ejecución de sentencia y una posible destitución de los servidores públicos renuentes a dar cumplimiento a la sentencia definitiva. Por lo tanto, se concluye que se han subsanado las violaciones que se consideraron infringidas, restituyendo así a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violentado, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, para el caso de que al peticionario de amparo, se le concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería para que la Sala responsable dictara en el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el numeral 29, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en el juicio administrativo 447/2016, de su índice, un auto en el que analizara la conducta de los terceros interesados, para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, y en caso, de que advirtiera una conducta contumaz, imponer la sanción decretada en autos y realizar un nuevo requerimiento de cumplimiento de sentencia con apercibimiento de multa escalonada de conformidad con los numerales 280 y 281, del Código citado, lo cual, aconteció en el presente asunto, pues, en el auto de cuatro de mayo de este año, la Sala del conocimiento, proveyó de manera oficiosa lo conducente, respecto de la ejecución de sentencia, como quedó asentando en líneas precedentes. Por tanto, es evidente que el acto de autoridad reclamado, ya no agravia al inconforme, pues, la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la tesis, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Se actúa en los términos apuntados, toda vez que el estudio del acto debe limitarse a lo que señala la parte quejosa, que en la especie fue la omisión de la autoridad responsable de hacer efectivos los apercibimientos que ha dictado en el juicio administrativo 447/2016, de su índice, y no emitir los acuerdos dentro de los tres días que estable la ley, ya que en solo ha emitido siete acuerdos de requerimiento de cumplimiento de sentencia en más de un año y medio, y no ha aplicado las multas correspondientes. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, con el rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓ DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. 3 Tesis legible en la página 732, Tomo I, Diciembre de 2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décimo Época. Con motivo de la actualización de la causal de improcedencia anteriormente analizada, ello impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 5094, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido ---------------, por propio derecho, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese; a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Cuarta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; mediante el cual rinde su informe justificado y en apoyo al mismo adjunta el copias certificadas del juicio administrativo 447/2016, de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado y constancias por parte de la autoridad oficiante, asimismo, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y dese cuenta en la audiencia constitucional. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, téngase como delegados y domicilio, los que indica la autoridad responsable. Por otra parte, en términos de los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que exhibe la responsable, misma que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno y para un mejor manejo de la misma, se ordena formar un anexo de pruebas con carátula de identificación correspondiente. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura.

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