José Luis Martínez Villanueva y Otros.

Expediente 104/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
104/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • José Luis Martínez Villanueva
  • Cipriano Bobadilla Altamirano
  • José Luis Martínez Villanueva y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa del auto de fecha 25/agosto/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo vigente, para inconformarse contra la citada determinación de veinte de julio de dos mil veintiuno, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de veinte de julio de dos mil veintiuno. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación en su caso, de las resoluciones recurridas, de la sentencia y su ejecutoria, de la resolución ejecutoria en su caso, del auto en que se tuvo por cumplida y de este proveído, en razón de que este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente en que se actúa y se advierte la existencia de documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a disposición de la parte quejosa dichos documentos por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que, de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos al ser depurado el expediente. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    PERSONAL. ...queda firme el citado auto de veinte de julio de dos mil veintiuno. Por lo anteriormente expuesto, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente en que se actúa y se advierte la existencia de documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, se ponen a disposición.

  3. Principal

    ...agréguese a los autos el escrito firmado por el representante común de los quejoso, por medio del cual solicita copia de diversas constancias que obran en el presente juicio de amparo. En atención a su contenido, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, por medio de las personas autorizadas para tal efecto, observando las condiciones sanitarias necesarias. Lo anterior, en el entendido que, de conformidad con el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar una cita para recogerlas, a través del sistema "Agenda OJ".

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 20/julio/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "" Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que han transcurrido los términos otorgados a la parte quejosa en autos de cinco y ocho de julio de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde con lo anterior, es necesario precisar que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los siguientes términos: "[...] "[.] En consecuencia, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que el Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y el Director General del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Metrobús, con libertad de decisión pero atendiendo a las consideraciones expuestas en este fallo, provean lo que en derecho corresponda para dar contestación por escrito, de forma congruente y pronta a la petición formulada por los quejosos; y, posteriormente, para que les den a conocer en forma personal dicha contestación, colmando las exigencias previstas en el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es atendible el criterio sostenido en la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda Parte1, enero a junio de 1988, página 251, que es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. NO ES SUFICIENTE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA, ES NECESARIO PROBAR FEHACIENTEMENTE QUE DICHA RESPUESTA FUE DADA A CONOCER AL PETICIONARIO. Si bien es cierto que las autoridades responsables, en su informe justificado manifiestan haber dado respuesta a las solicitudes que les fueron formuladas, así como haber notificado a los quejosos tales respuestas, también lo es que éstas no acreditan fehacientemente el último extremo, no obstante que en el referido informe anexen copias de los oficios de contestación a los solicitantes, toda vez que las razones asentadas al reverso de los referidos oficios carecen de los requisitos que debe reunir toda notificación para poder evidenciar que efectivamente fue bien realizada y que el acuerdo de que se trata pudo ser conocido por los interesados, pues de dichas razones aparece que las notificaciones se entendieron con el "encargado", sin mencionar siquiera el nombre de dicha persona, así como tampoco se mencionan los nombres de las personas que firman la actuación, circunstancias suficientes para llegar a concluir que los peticionarios no tuvieron oportunidad de enterarse del contenido de las resoluciones de que se trata; por lo que resulta evidente que la actitud de los responsables es violatoria del artículo 8 constitucional, ya que no obstante que dieron respuesta a las solicitudes que les fueron dirigidas, no acreditaron fehacientemente haberlas hecho del conocimiento de los peticionarios." [.]" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, que las autoridades responsables realizaron lo siguiente: ? Con libertad de decisión, pero atendiendo a las consideraciones expuestas en el fallo protector, provean lo que en derecho corresponda para dar contestación por escrito, de forma congruente y pronta a la petición formulada por los quejosos; y, ? Posteriormente, para que les den a conocer en forma personal dicha contestación, colmando las exigencias previstas en el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento a lo anterior, junto con el oficio registrado con el folio 11133, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dos de julio de dos mil veintiuno, el apoderado legal del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, denominado "Metrobús", en representación de su Director General, remitió las siguientes documentales: ? Oficio ***, de ***, por medio del cual da respuesta al escrito de petición de ***. ? Citatorios y razones actuariales de veintinueve y treinta de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, junto con el oficio registrado con el número 11506, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el siete de julio de dos mil veintiuno, el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, remitió la siguiente documental: ? Oficio ***, de ***, por medio del cual da contestación al escrito de petición de ***. Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO ? Con libertad de decisión, pero atendiendo a las El Director General del Metrobús, remitió las siguientes consideraciones expuestas en el fallo protector, provean lo que en derecho corresponda para dar contestación por escrito, de forma congruente y pronta a la petición formulada por los quejosos; y, ? Posteriormente, para que les den a conocer en forma personal dicha contestación, colmando las exigencias previstas en el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ? documentales: ? Oficio ***, de ***, por medio del cual da respuesta al escrito de petición de ***. ? Citatorios y razones actuariales de *** y ***. Por su parte, el Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, remitió la siguiente documental: ? Oficio ***, de ***, por medio del cual da contestación al escrito de petición de ***. Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que con las documentales de referencia, la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que con la emisión del oficio ***, de ***, el Director de lo Contencioso, en ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, informó a los quejosos que su petición fue canalizada a la Dirección General del Metrobús; mientras que el Director General del Metrobús, con la emisión del oficio ***, de ***, con libertad de decisión, dio contestación por escrito y de manera pronta a la petición formulada por los quejosos presentada el trece de noviembre de dos mil diecinueve, determinando que los quejosos carecen de interés legítimo y/o jurídico para participar en el recorrido que solicitan. Con las constancias analizadas se dio vista a la parte quejosa en proveídos de cinco y ocho de julio de dos mil veintiuno, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera. Dicho autos, se notificaron, respectivamente el ocho y once de julio de dos mil veintiuno, con lo que se colma el segundo extremo del fallo protector, sin que haya formulado manifestación alguna al respecto. Atento a lo anterior y considerando el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. Sin que se soslaye que no existe obligación por parte de la autoridad responsable de resolver en determinado sentido, ya que, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Resulta aplicable la tesis XXI.1o.P.A.36 A, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Agosto de 2005, materia administrativa, consultable en su página 1897, de rubro y tenor siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS.- El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." En tales condiciones, notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando de su periodo vacacional o no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanuden sus labores, entreguen los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Leticia Durán Góngora, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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