José Luis Martínez Vázquez
Expediente 1083/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- José Luis Martínez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte promovente no se inconformó con el desechamiento de demanda dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta de José Luis Martínez Vázquez, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en tal virtud, se acuerda: Correo electrónico y número telefónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalada la dirección de correo electrónico y número telefónico que indica el peticionario de amparo, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Análisis de demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Actos reclamados En el caso, de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables: La notificación de la sentencia y del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictados en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla. El proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente precisado en el párrafo que antecede, a través del cual se requiere al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis; y, su ejecución. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la notificación de la sentencia y del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictados en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal, con la única excepción de los terceros extraños al juicio y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En ese contexto, es menester precisar que del contenido íntegro de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que José Luis Martínez Vázquez, es parte en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, por lo que el citado quejoso tiene pleno conocimiento de la existencia del juicio natural del que es parte, aunado que de las manifestaciones vertidas en su demanda de amparo, se advierte que compareció al juicio natural; por tanto, no tiene la calidad de tercero extraño a juicio. Luego, al ser parte, es inconcuso que está legitimado para interponer los medios de defensa adecuados para combatir las notificaciones reclamadas. En ese contexto, debe indicarse que en el presente caso se actualiza la citada causal de improcedencia, puesto que las notificaciones antes precisadas pueden impugnarse a través del incidente de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente u omitida. En efecto, en contra de dichas actuaciones es procedente el recurso ordinario que se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en el artículo 74 (en relación a diversos numerales), que dispone: "Artículo 74.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II.- El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III.- El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV.- No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." [Énfasis añadido] Como se advierte del numeral en cita, el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas dentro del procedimiento y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, así como lo actuado con posterioridad a la misma. En tales condiciones, el quejoso José Luis Martínez Vázquez, está en posibilidad de interponer el incidente de nulidad de notificaciones respecto de la notificación de la sentencia y del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictados en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla. En otro contexto, respecto del acto reclamado identificado como el proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual se requiere al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis; y, su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior..." De la lectura, del numeral transcrito se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido; y se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera que, para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencias, específicamente en el caso que se analiza, cuando se afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo. Con relación a lo anterior, es menester precisar que el procedimiento del que deriva el aludido acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, pues ya se resolvió en definitiva el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, así, en el caso a estudio, se desprende que el acto reclamado, es ajeno a la hipótesis consistente en la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que el acto reclamado al Juez Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual se requirió al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis; y, su ejecución; es un acto tendiente a lograr el cumplimiento de lo resuelto en el expediente citado, por lo que tal acto no puede estimarse que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo. En tal virtud, debe decirse que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, pues la ley de la materia es tajante al establecer que por dicha resolución debe entenderse únicamente en la que se tiene por cumplido el fallo, se declara la imposibilidad para ello o se decreta el archivo definitivo del expediente, hipótesis que no se da acerca de las actuaciones reclamadas, motivo por el cual el amparo intentado en su contra resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIIII, en relación con el invocado numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es claro que el acto reclamado se encuentra encaminado a lograr el debido cumplimiento de la sentencia definitiva, sin que en forma alguna constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución, lo que hace improcedente la tramitación del juicio de amparo en su contra. Sin que en el caso nos encontremos ante alguna excepción para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, pues es parte formal y material en el juicio de origen al ser demandado, y por otro lado, se advierte que el acto combatido va encaminado al trámite de ejecución de la sentencia. En tal virtud, el acto reclamado dictado en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual se requirió al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis, no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que de no cumplirse de forma material, se continuaran ejecutando diversas diligencias a efecto de lograr el cabal cumplimiento de lo resuelto, esto es, el citado acto constituye una resolución intermedia en contra de la cual es improcedente esta vía biinstancial. Ello, ya que el acto reclamado del que se duele el impetrante, se encuentra comprendido dentro del periodo de ejecución en el juicio de origen, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el periodo de ejecución; a saber aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del citado numeral 107 de la ley de la materia. En virtud de lo expuesto, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, es claro que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis aislada 2ª.VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.". Igualmente, la tesis XIX.1o.P.T.3 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2982, de título: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.". En este orden de ideas, se considera se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, pues de un análisis de los citados numerales se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones intermedias de un procedimiento que se encuentre en etapa de ejecución como lo es el acto reclamado que se estudia, pues sólo es procedente el juicio constitucional en contra de la última resolución dictada en el mismo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y es hasta ese momento que se pueden combatir las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XV2°.9K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 420, del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que su rubro dice: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.". Desechamiento En este sentido, como se adelantó, se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XXVIII y fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Consulta física del expediente. Se le hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia a los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta de José Luis Martínez Vázquez, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en tal virtud, se acuerda: Correo electrónico y número telefónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalada la dirección de correo electrónico y número telefónico que indica el peticionario de amparo, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Análisis de demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Actos reclamados En el caso, de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables: La notificación de la sentencia y del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictados en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla. El proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente precisado en el párrafo que antecede, a través del cual se requiere al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis; y, su ejecución. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la notificación de la sentencia y del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictados en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal, con la única excepción de los terceros extraños al juicio y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En ese contexto, es menester precisar que del contenido íntegro de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que José Luis Martínez Vázquez, es parte en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, por lo que el citado quejoso tiene pleno conocimiento de la existencia del juicio natural del que es parte, aunado que de las manifestaciones vertidas en su demanda de amparo, se advierte que compareció al juicio natural; por tanto, no tiene la calidad de tercero extraño a juicio. Luego, al ser parte, es inconcuso que está legitimado para interponer los medios de defensa adecuados para combatir las notificaciones reclamadas. En ese contexto, debe indicarse que en el presente caso se actualiza la citada causal de improcedencia, puesto que las notificaciones antes precisadas pueden impugnarse a través del incidente de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente u omitida. En efecto, en contra de dichas actuaciones es procedente el recurso ordinario que se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en el artículo 74 (en relación a diversos numerales), que dispone: "Artículo 74.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II.- El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III.- El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV.- No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." [Énfasis añadido] Como se advierte del numeral en cita, el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas dentro del procedimiento y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, así como lo actuado con posterioridad a la misma. En tales condiciones, el quejoso José Luis Martínez Vázquez, está en posibilidad de interponer el incidente de nulidad de notificaciones respecto de la notificación de la sentencia y del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictados en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla. En otro contexto, respecto del acto reclamado identificado como el proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual se requiere al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis; y, su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior..." De la lectura, del numeral transcrito se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido; y se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera que, para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencias, específicamente en el caso que se analiza, cuando se afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo. Con relación a lo anterior, es menester precisar que el procedimiento del que deriva el aludido acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, pues ya se resolvió en definitiva el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, así, en el caso a estudio, se desprende que el acto reclamado, es ajeno a la hipótesis consistente en la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que el acto reclamado al Juez Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual se requirió al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis; y, su ejecución; es un acto tendiente a lograr el cumplimiento de lo resuelto en el expediente citado, por lo que tal acto no puede estimarse que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo. En tal virtud, debe decirse que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, pues la ley de la materia es tajante al establecer que por dicha resolución debe entenderse únicamente en la que se tiene por cumplido el fallo, se declara la imposibilidad para ello o se decreta el archivo definitivo del expediente, hipótesis que no se da acerca de las actuaciones reclamadas, motivo por el cual el amparo intentado en su contra resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIIII, en relación con el invocado numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es claro que el acto reclamado se encuentra encaminado a lograr el debido cumplimiento de la sentencia definitiva, sin que en forma alguna constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución, lo que hace improcedente la tramitación del juicio de amparo en su contra. Sin que en el caso nos encontremos ante alguna excepción para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, pues es parte formal y material en el juicio de origen al ser demandado, y por otro lado, se advierte que el acto combatido va encaminado al trámite de ejecución de la sentencia. En tal virtud, el acto reclamado dictado en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual se requirió al aquí quejoso para que en el término de tres días desocupe y haga entrega material del bien inmueble materia de la litis, no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que de no cumplirse de forma material, se continuaran ejecutando diversas diligencias a efecto de lograr el cabal cumplimiento de lo resuelto, esto es, el citado acto constituye una resolución intermedia en contra de la cual es improcedente esta vía biinstancial. Ello, ya que el acto reclamado del que se duele el impetrante, se encuentra comprendido dentro del periodo de ejecución en el juicio de origen, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el periodo de ejecución; a saber aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del citado numeral 107 de la ley de la materia. En virtud de lo expuesto, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el expediente 920/2019, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Domino del Distrito Judicial de Puebla, es claro que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis aislada 2ª.VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.". Igualmente, la tesis XIX.1o.P.T.3 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2982, de título: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.". En este orden de ideas, se considera se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, pues de un análisis de los citados numerales se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones intermedias de un procedimiento que se encuentre en etapa de ejecución como lo es el acto reclamado que se estudia, pues sólo es procedente el juicio constitucional en contra de la última resolución dictada en el mismo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y es hasta ese momento que se pueden combatir las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XV2°.9K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 420, del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que su rubro dice: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.". Desechamiento En este sentido, como se adelantó, se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XXVIII y fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Consulta física del expediente. Se le hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia a los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, del Subdirector Contencioso de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del informa la imposibilidad que tuvo el perito ********************, para llevar a cabo la diligencia de ratificación de dictamen pericial por fallas técnicas no imputables al citado experto y al efecto ofrece como prueba copia simple de diversas impresiones de pantalla de la videoconferencia respectiva; asimismo, solicita se señale una nueva hora y fecha para que tenga verificativo dicha diligencia. Al respecto dígasele a la autoridad oficiante que mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, toda vez que por un error en la contraseña proporcionada no se pudo llevar a cabo la ratificación del dictamen pericial a cargo del perito ********************, se señalaron las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, para que ratifique su dictamen a través de videoconferencia por vía electrónica, y para tal efecto le fue remitido el código de acceso y contraseña de la reunión correspondiente mediante oficio 3211/2020. Notifíquese ....
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- José Luis Juan Orihuela Cervantes890/2019
- José Luis López Aburto2567/2018
- Jose Luis Luna Natividad1875/2021
- José Luis María Estéban Camacho1866/2017
- José Luis Martín Díaz Lima1991/2021
- José Luis Martínez Armenta153/2022
- José Luis Mena Miranda657/2018
- José Luis Mendoza Tablero1036/2015
- José Luis Millán Cesín1733/2022
- José Luis Morales Valencia755/2023
- José Luis Morante Cruz113/2021
- José Luis Moro Hernández1046/2019