Jose Luis Martinez Tenorio
Expediente 468/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Luis Martinez Tenorio
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el citado tribunal en el incidente de inejecución de sentencia 1/2021. Acúsese recibo; agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se resolvió: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido pronunciado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por la Jueza Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad capital. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento de ejecución de la sentencia que concedió el amparo; devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito de origen, a fin de que proceda conforme a lo establecido en la parte final del último considerando de esta resolución." Ahora bien, de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada se advierte que se ordenó la reposición de procedimiento para el efecto siguiente: ".que la Jueza Federal recabe oficiosamente las pruebas que permitan establecer que desde la fecha en que causó ejecutoria el fallo protector, tres de diciembre de dos mil veinte, y previo a la data en que ocurrió su deceso, nueve de enero de dos mil veintiuno, a ésta se le salvaguardó su salud de forma diligente, ininterrumpida, proporcionándole los medicamentos, insumos o tratamientos conforme le fueron prescritos, por todo el tiempo que resultara necesario, a efecto de garantizar el más alto nivel posible de salud y su existencia digna; lo anterior a fin de que esté en aptitud de determinar si la ejecutoria de amparo está debidamente cumplida, sin excesos ni defectos." En consecuencia, en acatamiento a lo ordenado, se repone el procedimiento en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciban la notificación del presente auto, remitan las constancias que acrediten fehacientemente, que en el período comprendido del tres de diciembre de dos mil veinte, en que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, al nueve de enero de dos mil veintiuno, en que aconteció el deceso de la aquí quejosa, se salvaguardó la salud de la impetrante en este juicio de garantías, de forma diligente e ininterrumpida y que se le proporcionaron para ello, los medicamentos, insumos o tratamientos conforme le fueron prescritos, garantizando así, el más alto nivel posible de salud y su existencia digna. Apercíbase a las responsables que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, sin causa justificada, se les impondrá una multa, a cada una de ellas, por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito aclaratorio signado por Darío Chávez Moreno, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual, en cumplimiento a lo prevenido en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; en atención a su contenido se provee: Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse la misma. En efecto, la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito recibido ante el Juez Quinto Familiar de esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de José de Jesús, Pedro y Ernesto, todos de apellidos Márquez Tenorio, con número de expediente 1102/2020. En el caso particular, éste órgano de control constitucional encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Por tanto, se hace necesario transcribir el contenido de dicha porción normativa. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Debe recordarse que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos humanos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Pues bien, como se precisó, en la especie se reclama la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito recibido ante el Juez Quinto Familiar de esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio de origen. Establecido lo anterior, se puede concluir con claridad que se está en presencia de una omisión que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte promovente una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales en la etapa respectiva, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, pues la posible afectación que pudiera ocasionarse es susceptible de ser subsanada si la autoridad señalada como responsable emite la resolución correspondiente; por lo que resulta incuestionable que dicha omisión no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, en virtud de que no priva al impetrante de ninguno de sus derechos sustantivos. Como se previno, el acto reclamado únicamente consiste en la omisión por parte del Juez Quinto Familiar de esta ciudad, en dar contestación al escrito presentado ante el mismo el veintidós de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente 1102/2020; lo cual constituye una omisión dentro del juicio que no puede considerarse de momento como de imposible reparación, en tanto que las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera; y, por tanto, el tema de la administración de justicia en los plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad responsable a emitir la resolución correspondiente. Sin que en el caso, se actualice la excepción contemplada en dicho criterio, en el sentido de que se advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, toda vez que, según se ha visto, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el propio promovente, se desprende que desde la presentación de la demanda, el órgano jurisdiccional ha actuado conforme a lo peticionado, y en parámetros de tiempo más o menos generalizados. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; y, por ende, en términos del diverso ordinal 113 de la norma en mención, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Darío Chávez Moreno, apoderado legal de José Luis Márquez Tenorio, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo al tenor de la documental que para tal efecto adjunta, contra actos del Juez Quinto del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, que estima son violatorios de las garantías consagradas en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 468/2021-VI. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente en relación a dicha demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción V, 110 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, y con las copias necesarias del escrito aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable, dos para el trámite del incidente de suspensión y una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, cumpla lo siguiente: a) Aclare los antecedentes del acto reclamado, particularmente deberá dilucidar, bajo protesta de decir verdad, si previo a la presentación de la demanda de amparo, ha acudido ante la autoridad responsable a verificar el expediente 1102/2020, o si ha interpuesto algún recurso en contra de las omisiones atribuidas a la autoridad responsable; lo anterior, dado que en sus antecedentes únicamente narra el contenido del escrito que presentó ante la responsable, pero no precisa las circunstancias antes aludidas. De ahí que, partiendo de las manifestaciones mencionadas y al ser parte del procedimiento del que derivan los actos reclamados, deberá exponer todos y cada uno de los antecedentes que se deriven del juicio de origen, a fin de pronunciarse debidamente sobre la procedencia de su demanda. Lo anterior, en la inteligencia de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término de cinco días, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, al profesionista que refiere; lo anterior, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho. Asimismo, como lo solicita y con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario "JOIBARRAN". De igual forma, se le tiene por señalando correo electrónico y número telefónico, a fin de entablar comunicación no procesal. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte promovente para que proporcione un teléfono móvil, tanto propio como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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