Jose Luis Martinez Santaella
Expediente 1387/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1387/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Luis Martinez Santaella
- Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, ....se declara que dicha resolución ha quedado firme. Por tanto, ... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ... Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."
- Principal
".... Vista la razón actuarial de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, suscrita por la actuaria judicial adscrita, llevadora del presente expediente, misma que fue reflejada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el veinte de diciembre siguiente, de donde se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, se ordena realizar la notificación de la resolución de catorce de diciembre pasado, así como las subsecuentes notificaciones dirigidas a la parte quejosa en el presente juicio, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos del artículo 27 fracción III, incisos a), de la Ley de Amparo..."
- Principal
...Agréguese el oficio de la presidenta ejecutora de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, a través del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado aceptando el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibidas las documentales que anexa como apoyo a su informe consistente en: copia certificada de constancias que integran el expediente laboral 319/2017(3), de su índice, dentro de las que destacan el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, y su respectiva constancia de notificación. Ahora bien, cabe precisar que no ha lugar a requerir a la parte quejosa, para que amplíe su demanda de amparo, en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual se acordó su escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." Sirve de apoyo, el siguiente criterio: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. (Jurisprudencia P./J.I08/2010, página 6, Enero 2011, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Asimismo, los artículos y el criterio citados, establecen la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, las causas de improcedencia legal no es limitativa sino enunciativa, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En otro aspecto, de la lectura de las documentales públicas de mérito, se estima que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la Ley de Amparo vigente, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, el quejoso José Luis Martínez Santaella, por conducto de su apoderado legal Nelson Elías Morales, reclamó del presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual proporcionó perito para la emisión del dictamen correspondiente, relativo al valor real y correcto de los bienes inmuebles que fueron embargados y señalados por la parte actora en diligencia de fecha de once de mayo del año en curso, asimismo, actualizar las cantidades que deberían pagarse al trabajador al haber transcurrido nueve meses sin que se diera cumplimiento al laudo dictado en el juicio natural; así como su respectiva notificación. Luego, de las constancias que remitió la Junta responsable como justificación a su informe de ley, se aprecia que con fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo dentro del expediente laboral 319/2017(3), de su estadística, mediante el cual le hizo saber al aquí quejoso que no era procedente tenerle designado el perito proporcionado, sin embargo, libró oficio a la Dirección del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a fin de que designe un perito valuador de bienes concretamente en puertas, de igual forma, tuvo al aquí quejoso actualizando la condena del laudo, por la cantidad de $1,821,298.43 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 43/100M.N.), que deberá cubrir la parte perdidosa en dicha contienda; el cual le fue notificado a la parte peticionaria del amparo el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a través de su apoderado legal Nelson Elías Morales, como se desprende de la razón de notificación de esa propia fecha. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, con la resolución que dictó la autoridad responsable, quedaron insubsistentes sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución sería el mismo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
...Agréguese el oficio de la presidenta ejecutora de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, a través del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado aceptando el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibidas las documentales que anexa como apoyo a su informe consistente en: copia certificada de constancias que integran el expediente laboral 319/2017(3), de su índice, dentro de las que destacan el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, y su respectiva constancia de notificación. Ahora bien, cabe precisar que no ha lugar a requerir a la parte quejosa, para que amplíe su demanda de amparo, en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual se acordó su escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." Sirve de apoyo, el siguiente criterio: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. (Jurisprudencia P./J.I08/2010, página 6, Enero 2011, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Asimismo, los artículos y el criterio citados, establecen la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, las causas de improcedencia legal no es limitativa sino enunciativa, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En otro aspecto, de la lectura de las documentales públicas de mérito, se estima que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la Ley de Amparo vigente, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, el quejoso José Luis Martínez Santaella, por conducto de su apoderado legal Nelson Elías Morales, reclamó del presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual proporcionó perito para la emisión del dictamen correspondiente, relativo al valor real y correcto de los bienes inmuebles que fueron embargados y señalados por la parte actora en diligencia de fecha de once de mayo del año en curso, asimismo, actualizar las cantidades que deberían pagarse al trabajador al haber transcurrido nueve meses sin que se diera cumplimiento al laudo dictado en el juicio natural; así como su respectiva notificación. Luego, de las constancias que remitió la Junta responsable como justificación a su informe de ley, se aprecia que con fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo dentro del expediente laboral 319/2017(3), de su estadística, mediante el cual le hizo saber al aquí quejoso que no era procedente tenerle designado el perito proporcionado, sin embargo, libró oficio a la Dirección del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a fin de que designe un perito valuador de bienes concretamente en puertas, de igual forma, tuvo al aquí quejoso actualizando la condena del laudo, por la cantidad de $1,821,298.43 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 43/100M.N.), que deberá cubrir la parte perdidosa en dicha contienda; el cual le fue notificado a la parte peticionaria del amparo el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a través de su apoderado legal Nelson Elías Morales, como se desprende de la razón de notificación de esa propia fecha. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, con la resolución que dictó la autoridad responsable, quedaron insubsistentes sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución sería el mismo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. (SE NOTIFICA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021)
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