José Luis Martínez Rosas
Expediente 628/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Martínez Rosas
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
"...Fórmese expediente, regístrese con el número 628/2019-III en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente **********, del índice del Juzgado **********, que resuelve la planilla de liquidación respecto de la pensión provisional concedida en los autos del expediente natural. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto de la Ley de Amparo trascrito, pone de manifiesto que el juicio es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. A su vez el diverso 509 del Código Adjetivo Civil, que dispone: "Artículo 509.- El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." De lo anterior se estima que el acto reclamado es susceptible de impugnación a través del recurso de apelación previsto por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. La legislación procesal civil del Estado expresamente señala que son apelables los autos que resuelvan un incidente. Por lo tanto, este juicio deviene improcedente. A través de dicho medio de defensa -apelación- el auto reclamado que resolvió la planilla de liquidación respecto de la pensión provisional puede ser confirmado, revocado o modificado. Se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por ende, previo al juicio de derechos humanos, debió ser combatida mediante el recurso de apelación, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia que en el presente sumario, la resolución de la cual se duele el impetrante tenga relación con la pensión respecto de sus menores hijas. Si bien la legislación y la jurisprudencia otorgan especial protección a los derechos de los menores, en razón de su situación de vulnerabilidad en la que se hallan, creando así una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, cuando el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para los infantes. Lo cierto es que del escrito de demanda se advierte que el quejoso aduce violaciones a sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, advirtiéndose que la determinación reclamada no causa afectación a sus menores hijas. En cambio, él acude al amparo defendiendo la postura contraria que implica constreñir la aprobación de un monto de percepciones no erogadas en favor de sus acreedoras (hijas menores). Por tanto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad aludida. Realmente la resolución que emite el Juez responsable, es en favor de los intereses de las infantas. Lo cual no deja en estado de indefensión al impetrante de derechos humanos. Como se adujo, cabe la posibilidad de interponer el recurso de apelación en términos de la legislación estatal civil del Estado de Veracruz. Medio de defensa idóneo para defender sus intereses, al no existir un riesgo para las menores, con base en los argumentos esgrimidos. De ahí que se llegue a dicha conclusión, derivada de una interpretación a contrario sensu de la Jurisprudencia de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País (registro 2004677), que se publicó en la página 990, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Materia (s) Constitucional-Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto en comento, debió agotar las instancias ordinarias necesarias por medio de las cuales pudo haberse confirmado, revocado o modificado la aludida determinación reclamada. Es aplicable al caso, los las razones que la informan, el criterio 1a/J. 44/2012 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, registro 2001155, siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, al no haberlo hecho así, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos. No es ocioso referir que no se está en el caso del artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, pues este se actualiza únicamente en ejecución de sentencia ilíquida. Por lo que, no requiere mayor interpretación que la literal para advertir no opera la hipótesis ahí contenida...".
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