José Luis Martínez Rodríguez
Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Luis Martínez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso de revisión contra la sentencia, sin que lo haya hecho; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no obre el acuse de recibo del oficio *******************, que se envió a la autoridad responsable Juez de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado con sede en Manzanillo, Colima, con el objeto de notificarle la referida sentencia, pues la parte a quien le podría afectar sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, página 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el Secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
V R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, por los motivos precisados en el considerando cuarto. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos de cuenta por medio de los cuales la Jueza de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado con sede en Manzanillo, Colima, cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, remitiendo para tal efecto copia certificada de la cédula de notificación a la parte quejosa del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por medio del cual la Jueza de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado con sede en Manzanillo, Colima, rinde su informe justificado; al respecto, este órgano de control constitucional ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, en virtud de que en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se le tuvo rindiendo dicho informe. Cúmplase.
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