José Luis Martínez Palacios
Expediente 721/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Martínez Palacios
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el diez de marzo de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Demanda de amparo. Agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por José Luis Martínez Palacios, por su propio derecho; contra actos del Director de Recursos Humanos de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y otro. Integración del expediente. Fórmense los expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 721/2020. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Martínez Palacios, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes. 1. José Luis Martínez Palacios manifiesta que el dieciséis de abril de dos mil tres, ingresó como Policía Federal dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 2. Solicitó el pago de indemnización correspondiente ante la desaparición de la institución denominada Policía Federal perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que laboraba para ese órgano desconcentrado. 3. El doce de marzo de dos mil veinte, el quejoso suscribió convenio con el órgano desconcentrado para el que trabajaba a efecto de dar por concluido su servicio a partir del quince de marzo de dos mil veinte, y acordó cubrir por concepto de gratificación la cantidad establecida en la planilla, esto es, la cantidad de $487,013.58 (cuatrocientos ochenta y siete mil trece pesos 58/100 moneda nacional). 4. El doce de marzo de dos mil veinte, se le realizó el pago de $487,013.58 (cuatrocientos ochenta y siete mil trece pesos 58/100 moneda nacional), por concepto de compensación económica por término de la relación laboral emitida por el Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el cual se confirmó la baja laboral y refiere que no le fue pagada la indemnización y demás prestaciones por retiro que estatuye la ley. 5. Inconforme con la cantidad recibida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con motivo del concepto de compensación económica por término de la relación laboral promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Actos reclamados. José Luis Martínez Palacios pretende que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: "El pago por concepto de indemnización que se me hizo el 12 de marzo de 2020, emitido por el TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, mediante el cual confirmo mi despido de la institución sin que se me haya otorgado debidamente LA INDEMNIZACIÓN y demás prestaciones por terminación del servicio que estatuye la ley.". Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción o cese, pues lo que en esencia reclama en esta instancia constitucional es la cantidad que se le pagó por concepto de compensación derivado del convenio celebrado para dar por concluida la relación de trabajo-administrativa, no así el cese o su destitución, ya que como refirió en el capítulo relativo a los antecedentes fue el quejoso quien solicitó el pago correspondiente mediante el convenio relativo a la desaparición de la institución denominada Policía Federal perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por lo anterior, se advierte que el quejoso no reclama la suspensión del servicio activo, remoción o cese de su empleo, sino de la cantidad que se le entregó por concepto de compensación, ya que refiere no se le fue entregada plantilla de liquidación para corroborar montos y fundamentos para otorgarle la cantidad mencionada en el escrito de cuenta. Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de u0na autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el hecho de que el quejoso sea integrante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora bien, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Ya desde la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad-. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia P./J. 10/90, que lleva por rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE". Más recientemente, puede verse la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), que lleva por rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN". Si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 82/98, que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL". En el caso, el quejoso se duele que no se le haya otorgado debidamente la indemnización y demás prestaciones por terminación del servicio laboral por virtud del convenio que suscribió. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico aquí planteado únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos. Tratándose del procedimiento que puede culminar con la remoción o cese de los policías, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente. No obstante, en el caso, aun cuando el quejoso se desempeñaba como policía y estaba sujetos al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que el acto que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) -mencionada con anterioridad-, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une al quejoso con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)". De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), que lleva por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES". Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vinculan con su suspensión, remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria [de supra a subordinación]; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias [en substitución de un tribunal laboral], más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) encuentra sustento en el problema jurídico planteado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la existencia de una vía ordinaria requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues no depende de prueba alguna, ya que las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Resulta aplicable la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), que cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio". Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Aunado a ello, el hecho de que desde este momento procesal se determine que el quejoso debe promover una vía ordinaria, constituye una circunstancia que le permite promoverlos dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas para ello. De lo contrario, esto es, de admitir a trámite la demanda de amparo, se dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en el supuesto de que en sentencia se sobresea el juicio, el quejoso ya no tendría a su alcance la vía ordinaria para controvertir los actos que le agravien, por encontrarse fuera de plazo. Por esas razones, no resulta conveniente iniciar la tramitación del juicio de amparo, si desde el primer auto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se ha analizado, pues de esta manera el quejoso, si lo estima conveniente, aún se encuentra en posibilidad de promover la vía ordinaria aplicables. Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Martínez Palacios. Precedente aplicable. 1. Consideraciones similares fueron confirmadas por el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. 374/2019, en sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte, en donde sostuvo lo siguiente: "Por tanto, el estudio realizado por el Juez Federal, no es propio de la sentencia definitiva, toda vez que la determinación que alcanzó relativa a que, por afinidad, el juicio contencioso administrativo es la vía idónea para controvertir el acto reclamado, sí constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debido a que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado en términos amplios únicamente a Julieta Graciela Villalobos Yáñez, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo, respecto a las diversas personas mencionadas se autoriza únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, se tiene al promovente proporcionado correo electrónico y números telefónicos a fin de estar en condiciones de intercambiar información; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
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