José Luis Martínez Ortiz

Expediente 460/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
460/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
24/01/2018

Partes del expediente

  • José Luis Martínez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa quedó notificada de lo determinado en proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, es de estimarse que consintieron tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente para que obren como corresponda los oficios y anexo de cuenta, signados por las responsables del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, toda vez que en proveído de veintidós de diciembre del año pasado se acordó respecto de su contenido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta remitido por el director general del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual remite el acta administrativa 471/2017, de la que se desprende, el quejoso JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORTIZ egresó de ese centro federal el dieciocho de diciembre del año en curso, al haber compurgado la pena de prisión que se le impuso en la causa penal 99/2010, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. En consecuencia, toda vez que en sentencia de siete de junio de dos mil diecisiete (fojas 19 - 24), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORTIZ, a fin de que las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, realizaran lo siguiente: "De inmediato, ejecuten los trámites correspondientes a fin de que el quejoso reciba consulta médica para atender el dolor en la cintura, ronchas en la cara, así como otros fuertes dolores en el cuerpo, que afirma presentar. Se dé seguimiento al tratamiento médico que deba llevar, se le suministren los medicamentos con las especificaciones requeridas, así como la dieta prescrita. Lo que deberán justificar con la documentación correspondiente." Y al haber egresado el quejoso de ese Centro Federal por haber compurgado la pena de prisión impuesta, se advierte, existe imposibilidad real y jurídica por parte de las responsables para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, al no estar actualmente a su disposición el quejoso. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En ese sentido, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad legal para cumplir con la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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