José Luis Martínez Ortega

Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
620/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • José Luis Martínez Ortega
  • agente del Ministerio Público del fuero común titular de la unidad de investigación especializada de la Fiscalía regional de Playas de Rosarito, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 620/2021, promovido por José Luis Martínez Ortega, de propio derecho, contra un acto omisivo del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Zona Rosarito; por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito depositado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial localizado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, José Luis Martínez Ortega, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto omisivo del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, titular de la Unidad de Investigación Especializada de la Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, Baja California, que hizo consistir en: "[.] LA DILACIÓN INJUSTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 0205-2018-3843 [.]." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número 620/2021; mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclama una omisión de autoridad. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que el acto reclamado destacado es la omisión de resolver en la carpeta de investigación con número único de caso 0205-2018-03843. TERCERO. Debe tenerse por cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues no obstante la negativa depuesta en su informe justificado, se advierte que realiza manifestaciones tendentes a defender la constitucionalidad de su actuar; lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio. Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo debe estudiarse de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo del controvertido constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la propia ley, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto trascrito establece que el juicio constitucional es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, virtud de un acto posterior y diverso. Acorde con lo expuesto, se considera que en el caso concreto han cesado los efectos de la materia de reproche, ya que la autoridad responsable hizo del conocimiento que el cinco de noviembre del año pasado, decretó el no ejercicio de la acción penal en favor de José Luis Martínez Ortega, aquí quejoso, por la comisión del delito de despojo (hacer uso indebido de bien inmueble ajeno), en la carpeta de investigación con número único de caso 0205-2018-03843, ordenándose remitir dicha indagatoria al archivo definitivo como asunto concluido. Documentales públicas que resultan eficaces para demostrar que han cesado los efectos de la omisión reprochada por el quejoso; restituyendo así al impetrante en el goce de los derechos fundamentales que estimó violados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Sin que se oponga la circunstancia de que no obre en autos la constancia a través de la cual la autoridad responsable hubiese notificado al quejoso la resolución emitida en la indagatoria de que se trata, toda vez que durante el trámite del juicio biinstancial, este juzgado le dio vista con las documentales remitidas por la representación social a la que se le atribuye la omisión que se combate, entre las que destaca la aludida determinación. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la propia ley. QUINTO. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 620/2021, promovido por José Luis Martínez Ortega, contra la omisión que reclamó del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Zona Rosarito, precisada en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, ante el licenciado Luis Daniel Tapia Torres, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/LDTT/Fabiola

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de veintinueve de diciembre del dos mil veintiuno. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no obran las constancias requeridas a la autoridad responsable el veintitrés de noviembre pasado. En tal contexto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las doce horas del cinco de enero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que resultan necesarias para resolver este asunto la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación con número único de caso 0205-2018-03843. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Zona Rosarito, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita fotocopia certificada de las documentales descritas. Apercibido que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Por ende, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Luis Daniel Tapia Torres, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/LDTT/lmh

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