José Luis Martínez Estañon

Expediente 1070/2012 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1070/2012
Año
2012
Actuaciones
9
Última actuación
17/06/2016

Partes del expediente

  • José Luis Martínez Estañon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. c) Que de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales están debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplida, por las consideraciones siguientes: Por sentencia terminada de engrosar el diecinueve de marzo de dos mil trece (fojas 287 a 294), se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable: - Acordaran las promociones presentadas por las partes dentro de los plazos que para tal efecto le conceden las leyes laborales, asimismo, atendiendo a las múltiples peticiones del trabajador aquí quejosa y, en breve, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, dictara las medidas de apremio que considerara necesarias para lograr la pronta ejecución del laudo dictado el cinco de agosto de dos mil diez, evitando evasivas y trámites inútiles e innecesarios tomara las acciones adecuadas para lograr la ejecución efectiva, lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de la garantía violentada con el retardo de dicha ejecución. - En el entendido, además, que dichas acciones debían ser prontas y expeditas, o sea, como se dijo, ágiles y sin obstáculos, lo que propiciara que entre una y otra actuación se respetara el derecho efectivo a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal; además, no se daría por cumplida la sentencia de amparo, hasta en tanto se ejecutara en su totalidad el laudo dictado en el expediente del cual emana el acto reclamado. Posteriormente, en acuerdo de treinta de mayo de dos mil trece (fojas 310 y 311), se declaró que la sentencia causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Atento a lo anterior, en oficio 2061/3639 presentado el cinco de junio de dos mil trece ante este juzgado (foja 320), la Presidenta de la Junta Especial Número Tres, remitió copia certificada del auto de tres del mismo mes y año, a través de los cuales, en el que se ordenó girar atento exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad de León, para que solicitara al Banco Nacional de México, S.A, pusiera a disposición de la junta responsable la cantidad embargada en acta de fecha dos de mayo de dos mil once, que ascendía a $553, 957.12 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 m.n.), mediante efectivo, cheque de caja o certificado, a nombre de José Luis Martínez Estañon (foja 321). Así, en proveído de seis de junio de dos mil trece, la responsable fue requerida para el efecto que remitiera las constancias de acreditaran el envió del exhorto mencionado en el párrafo anterior, así también para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 322), por lo que con oficio de doce del mismo mes y año (foja 329), la responsable remitió las constancias requeridas (fojas 330). Luego en auto de trece de junio de dos mil trece (foja 331) nuevamente se requirió a la responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que mediante oficio 2061/4907 de seis de agosto siguiente, la presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del oficio 2060-3792, cheque número 00842002, y auto de treinta de julio de ese año (fojas 338 a 340). Con lo anterior mediante auto de siete de agosto de dos mil trece, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio código adjetivo, se ordenó dar vista al quejoso con el cumplimiento dado por la autoridad, para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 341), así mediante escrito de doce siguiente el Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, solicito se tuviera por cumplida la sentencia consesoria (foja 348). Posteriormente al no encontrarse cumplida la sentencia, por auto de trece de agosto de dos mil trece se volvió a requerir a la responsable para que lo realizara (foja 349), por tanto en oficio 2061/5241, la responsable remitió copia certificada del cheque con número de folio 0084202, así como del auto de doce de agosto de ese año, del que se evidencia que dicho cheque fue entregado a la parte actora (aquí quejoso) otorgándole tres días para que manifestara respecto del buen cobro de este (fojas 357 a 359). Por lo anterior, en auto de veinte de agosto de dos mil trece se requirió a la responsable, para que una vez que feneciera el pazo otorgada a la actora informara sobre la determinación tomada (foja 360), y mediante oficio 2061/5381, la responsable adjunto copia certificada del auto de diecinueve de ese mes y año, en el que hace efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de doce de ese mes y año, teniendo por bi9en cobrado el título de crédito (fojas 387 y 388). Así las cosas y seguida la secuela procesal de ejecución de sentencia mediante oficio 2061/3471 el ocho de mayo del año en curso en este juzgado (foja 684)), la responsables remitió copia certificada de la promoción con número de folio 00378 presentado por la parte actora, auto de veintitrés y veinticuatro de febrero siguientes en el que en el primero no acordó de conformidad la solicitud realizada por el actor el veinte de ese mes y año (aquí quejoso), actualizó el crédito laboral y requirió al mismo para que acudiera al local de la responsable para solicitar fecha para el requerimiento de pago a la demandada (fojas 685 a 692). Con lo anterior en proveído de once de mayo del presente año (foja 693), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. Luego en oficio de diecinueve de mayo de la presente anualidad, la responsable informo que se encontraba señalado para el día veintiséis de mayo siguiente la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada (fojas 697 y 698). Después mediante escrito de veinte de mayo siguiente el apoderado legal de la parte quejosa desahogo, el requerimiento hecho en el diverso de diecinueve anterior, solicitando no tenerse por cumplida la sentencia por las razones en el expuestas (foja 700). En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues en auto de mayo de dos mil trece el actor (aquí quejoso) recibió el cheche número 0084202por la cantidad de $109,236.20 (ciento nueve mil doscientos treinta y seis pesos 20/100 m.n) y por el diverso de diecinueve de agosto de ese año, se le tuvo por bien cobrado, y en auto de diecinueve de mayo del año en curso señalo fecha para la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada (aquí tercero interesado), por lo que se permite concluir que la autoridad responsable cumplió los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. Ello es así, pues este tribunal federal considera que si bien corresponde al Presidente del tribunal responsable vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que el actuar de dicho funcionario está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo tanto, la prosecución de tal estado procesal no es oficiosa ni para el Tribunal ni para su titular, según lo establece el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo . Si lo anterior no fuera así, entonces no tendría razón de que en la propia legislación laboral, se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha promovido el procedimiento de ejecución, según lo establece el artículo 516 y 519, fracción III, de la legislación en comento ; de tal manera que, es procedente actuar como se establece en los párrafos que preceden, en cuanto a la vista con el oficio y anexos respectivos. De tal suerte que a la parte quejosa le corresponde a dar seguimiento a la ejecución de laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero para que el fallo laboral sea acatado. Por la esencia del tema que trata, cobra vigor lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito en la tesis XV.3o.1 L , que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAUDO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción de ejecución de laudo prescribe en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el mismo, interrumpiéndose la prescripción con la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde a lo dispuesto por el artículo 521 de la ley laboral; de ahí que la ejecución de un laudo no se agota con la petición forzosa de su ejecución, ni tampoco con el hecho de que se embarguen bienes de la empresa demandada, sino que para determinar que aquél ya se ejecutó y, por ende, no puede actualizarse la figura de la prescripción, es imprescindible que se continúe, por parte de los trabajadores, con el seguimiento de la ejecución forzosa en comento hasta su finalización, la cual se ve colmada con el pago de todas y cada una de las prestaciones a que se condenó a la demandada; de tal manera que si se llegó solamente a la etapa de embargar bienes, sin que éstos se remataran y con su precio se pagara a los trabajadores, es incuestionable que el laudo no se ejecutó y el abandono en que hayan incurrido los actores, consistente en seguir promoviendo e insistiendo ante la Junta responsable, hace que se actualice en su perjuicio la referida prescripción."[énfasis añadido] De igual forma por identidad de razón, sirve de apoyo el pronunciamiento realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a/J. 16/2011 , del tenor literal siguiente; "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez trascurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Asimismo, lo anterior encuentra sustento en el pronunciamiento realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a/J. 15/2011 , del tenor literal siguiente; "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez trascurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Finalmente, es menester precisar que con lo aquí resuelto, este juzgado federal no soslaya el contenido de la tesis de jurisprudencia por contradicción 45/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Lo anterior es así, toda vez que el contenido de la citada jurisprudencia únicamente alude al procedimiento y trámite del juicio laboral y no a la ejecución del mismo, porque lo primero corresponde ser vigilado por el propio Tribunal de forma oficiosa, mientras que el cumplimiento del laudo corresponde a su Presidente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. En esas condiciones, se estima que el fallo protector ha sido cumplido en su núcleo esencial. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplida, por las consideraciones siguientes: Por sentencia terminada de engrosar el diecinueve de marzo de dos mil trece (fojas 287 a 294), se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable: - Acordaran las promociones presentadas por las partes dentro de los plazos que para tal efecto le conceden las leyes laborales, asimismo, atendiendo a las múltiples peticiones del trabajador aquí quejosa y, en breve, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, dictara las medidas de apremio que considerara necesarias para lograr la pronta ejecución del laudo dictado el cinco de agosto de dos mil diez, evitando evasivas y trámites inútiles e innecesarios tomara las acciones adecuadas para lograr la ejecución efectiva, lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de la garantía violentada con el retardo de dicha ejecución. - En el entendido, además, que dichas acciones debían ser prontas y expeditas, o sea, como se dijo, ágiles y sin obstáculos, lo que propiciara que entre una y otra actuación se respetara el derecho efectivo a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal; además, no se daría por cumplida la sentencia de amparo, hasta en tanto se ejecutara en su totalidad el laudo dictado en el expediente del cual emana el acto reclamado. Posteriormente, en acuerdo de treinta de mayo de dos mil trece (fojas 310 y 311), se declaró que la sentencia causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Atento a lo anterior, en oficio 2061/3639 presentado el cinco de junio de dos mil trece ante este juzgado (foja 320), la Presidenta de la Junta Especial Número Tres, remitió copia certificada del auto de tres del mismo mes y año, a través de los cuales, en el que se ordenó girar atento exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad de León, para que solicitara al Banco Nacional de México, S.A, pusiera a disposición de la junta responsable la cantidad embargada en acta de fecha dos de mayo de dos mil once, que ascendía a $553, 957.12 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 m.n.), mediante efectivo, cheque de caja o certificado, a nombre de José Luis Martínez Estañon (foja 321). Así, en proveído de seis de junio de dos mil trece, la responsable fue requerida para el efecto que remitiera las constancias de acreditaran el envió del exhorto mencionado en el párrafo anterior, así también para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 322), por lo que con oficio de doce del mismo mes y año (foja 329), la responsable remitió las constancias requeridas (fojas 330). Luego en auto de trece de junio de dos mil trece (foja 331) nuevamente se requirió a la responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que mediante oficio 2061/4907 de seis de agosto siguiente, la presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del oficio 2060-3792, cheque número 00842002, y auto de treinta de julio de ese año (fojas 338 a 340). Con lo anterior mediante auto de siete de agosto de dos mil trece, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio código adjetivo, se ordenó dar vista al quejoso con el cumplimiento dado por la autoridad, para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 341), así mediante escrito de doce siguiente el Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, solicito se tuviera por cumplida la sentencia consesoria (foja 348). Posteriormente al no encontrarse cumplida la sentencia, por auto de trece de agosto de dos mil trece se volvió a requerir a la responsable para que lo realizara (foja 349), por tanto en oficio 2061/5241, la responsable remitió copia certificada del cheque con número de folio 0084202, así como del auto de doce de agosto de ese año, del que se evidencia que dicho cheque fue entregado a la parte actora (aquí quejoso) otorgándole tres días para que manifestara respecto del buen cobro de este (fojas 357 a 359). Por lo anterior, en auto de veinte de agosto de dos mil trece se requirió a la responsable, para que una vez que feneciera el pazo otorgada a la actora informara sobre la determinación tomada (foja 360), y mediante oficio 2061/5381, la responsable adjunto copia certificada del auto de diecinueve de ese mes y año, en el que hace efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de doce de ese mes y año, teniendo por bi9en cobrado el título de crédito (fojas 387 y 388). Así las cosas y seguida la secuela procesal de ejecución de sentencia mediante oficio 2061/3471 el ocho de mayo del año en curso en este juzgado (foja 684)), la responsables remitió copia certificada de la promoción con número de folio 00378 presentado por la parte actora, auto de veintitrés y veinticuatro de febrero siguientes en el que en el primero no acordó de conformidad la solicitud realizada por el actor el veinte de ese mes y año (aquí quejoso), actualizó el crédito laboral y requirió al mismo para que acudiera al local de la responsable para solicitar fecha para el requerimiento de pago a la demandada (fojas 685 a 692). Con lo anterior en proveído de once de mayo del presente año (foja 693), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. Luego en oficio de diecinueve de mayo de la presente anualidad, la responsable informo que se encontraba señalado para el día veintiséis de mayo siguiente la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada (fojas 697 y 698). Después mediante escrito de veinte de mayo siguiente el apoderado legal de la parte quejosa desahogo, el requerimiento hecho en el diverso de diecinueve anterior, solicitando no tenerse por cumplida la sentencia por las razones en el expuestas (foja 700). En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues en auto de mayo de dos mil trece el actor (aquí quejoso) recibió el cheche número 0084202por la cantidad de $109,236.20 (ciento nueve mil doscientos treinta y seis pesos 20/100 m.n) y por el diverso de diecinueve de agosto de ese año, se le tuvo por bien cobrado, y en auto de diecinueve de mayo del año en curso señalo fecha para la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada (aquí tercero interesado), por lo que se permite concluir que la autoridad responsable cumplió los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. Ello es así, pues este tribunal federal considera que si bien corresponde al Presidente del tribunal responsable vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que el actuar de dicho funcionario está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo tanto, la prosecución de tal estado procesal no es oficiosa ni para el Tribunal ni para su titular, según lo establece el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo . Si lo anterior no fuera así, entonces no tendría razón de que en la propia legislación laboral, se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha promovido el procedimiento de ejecución, según lo establece el artículo 516 y 519, fracción III, de la legislación en comento ; de tal manera que, es procedente actuar como se establece en los párrafos que preceden, en cuanto a la vista con el oficio y anexos respectivos. De tal suerte que a la parte quejosa le corresponde a dar seguimiento a la ejecución de laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero para que el fallo laboral sea acatado. Por la esencia del tema que trata, cobra vigor lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito en la tesis XV.3o.1 L , que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAUDO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción de ejecución de laudo prescribe en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el mismo, interrumpiéndose la prescripción con la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde a lo dispuesto por el artículo 521 de la ley laboral; de ahí que la ejecución de un laudo no se agota con la petición forzosa de su ejecución, ni tampoco con el hecho de que se embarguen bienes de la empresa demandada, sino que para determinar que aquél ya se ejecutó y, por ende, no puede actualizarse la figura de la prescripción, es imprescindible que se continúe, por parte de los trabajadores, con el seguimiento de la ejecución forzosa en comento hasta su finalización, la cual se ve colmada con el pago de todas y cada una de las prestaciones a que se condenó a la demandada; de tal manera que si se llegó solamente a la etapa de embargar bienes, sin que éstos se remataran y con su precio se pagara a los trabajadores, es incuestionable que el laudo no se ejecutó y el abandono en que hayan incurrido los actores, consistente en seguir promoviendo e insistiendo ante la Junta responsable, hace que se actualice en su perjuicio la referida prescripción."[énfasis añadido] De igual forma por identidad de razón, sirve de apoyo el pronunciamiento realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a/J. 16/2011 , del tenor literal siguiente; "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez trascurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Asimismo, lo anterior encuentra sustento en el pronunciamiento realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a/J. 15/2011 , del tenor literal siguiente; "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez trascurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Finalmente, es menester precisar que con lo aquí resuelto, este juzgado federal no soslaya el contenido de la tesis de jurisprudencia por contradicción 45/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Lo anterior es así, toda vez que el contenido de la citada jurisprudencia únicamente alude al procedimiento y trámite del juicio laboral y no a la ejecución del mismo, porque lo primero corresponde ser vigilado por el propio Tribunal de forma oficiosa, mientras que el cumplimiento del laudo corresponde a su Presidente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. En esas condiciones, se estima que el fallo protector ha sido cumplido en su núcleo esencial. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo." POR MEDIO DE LISTA (CITATORIO)

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del ordinal 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes la promoción de cuenta, signada por el apoderado de la parte quejosa ************, a través del cual da cumplimiento a la vista realizada mediante proveído de once de mayo del año en curso, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; circunstancias de la cual queda enterado este juzgado, para los efectos legales conducentes.

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