Jose Luis Martinez Arrieta

Expediente 1629/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1629/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
25/01/2016

Partes del expediente

  • Jose Luis Martinez Arrieta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio del Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual trascribe el auto de veintiuno de enero actual, emitido en el expediente 37/2016, por medio del cual informa que aceptó la competencia del juicio de amparo 1629/2015-IV, promovido por José Luis Martínez Arrieta, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y otra autoridad, con sede en esta ciudad; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, apareciendo que en el presente cuaderno de antecedentes no existen documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.Ser*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido la sentencia de diez de diciembre de dos mil quince, a la parte tercera interesada JORGE LUIS LÓPEZ FLORES, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.aec RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... PRIMERO. ESTE JUZGADO ES LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVIDO POR... SEGUNDO. REMÍTASE ESTE EXPEDIENTE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el oficio que signa el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como el juicio de amparo 1629/2015-IV y dos anexos, promovido por JOSE LUIS MARTINEZ ARRIETA, constante de ciento treinta y tres fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el diez de diciembre de dos mil quince, en el que se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en el punto quinto, del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diez de diciembre del dos mil quince, que en lo conducente dice: SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1629/2015-IV, promovido por José Luis Martínez Arrieta, por derecho propio, contra la autoridad y respecto del acto que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 1. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, José Luis Martínez Arrieta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y respecto de los actos que se precisan a continuación: "III AUTORIDADES RESPONSABLES: A) CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA AUXILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. B) H. JUZGADO SEGUNDO MENOR EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. IV. ACTOS RECLAMADOS: LA RESOLUCIÓN dictada por la SALA RESPONSABLE en los autos del Toca Civil Número: 597/15-14-19, con fecha 10 de Junio de 2015. Y que en su Punto Resolutivo Primero declara: "SE CONFIRMA el acuerdo de fecha Veinte de Mayo de dos mil Quince, que Niega la Admisión del Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Interlocutoria de fecha Ocho de Mayo del presente año, misma que Declaro Improcedente el Recurso de Revocación hecho valer por el Parte Actora JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ARRIETA, por conducto de su Apoderado Legal, en el Expediente 1087/2011-1, del H. Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad Capital. Y como una consecuencia Lógica y Jurídica de la citada resolución: A) La Sentencia Interlocutoria de fecha 08 de Mayo de 2015, que declara improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del Auto dictado con fecha 16 de abril del año en Curso. B) Los dos autos dictados con fecha 20 de mayo del año 2015. Mediante el cual, se niega la admisión del recurso de apelación que se hizo valer en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 08 de mayo del mismo año. C) Los diversos autos o determinaciones que fueron dictados a partir de la sentencia interlocutoria de fecha 08 de mayo del año 2015, y que obran insertos en el juicio natural con número de expediente: 1087/2011-1, radicado ante la Primera Secretaria Civil del H. Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Los cuales también constituyen violaciones procesales cometidas en perjuicio de la parte quejosa, y que al no ser Impugnables en forma autónoma, de resultar fundadas las violaciones, deberá traer como consecuencia la reposición del procedimiento, retrotrayendo sus efectos hasta la precitada sentencia interlocutoria de fecha 08 de mayo de 2015." 2. La demanda de amparo fue inicialmente radicada el trece de julio de dos mil quince (fojas 37 a 40), en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de expediente 1326/2015-VI, no obstante, mediante proveído del doce de agosto posterior, el titular de ese Juzgado formuló su impedimento para conocer del juicio (fojas 75 a 78), mismo que fue calificado de legal mediante resolución del diecinueve de agosto posterior, dictada en el impedimento 18/2015, por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 3. Así, por razón de turno el expediente fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, y mediante proveído del veintiocho de agosto de dos mil quince (fojas 80 a83), se radicó con el número de expediente 1629/2015-IV; además, ordenó solicitar los informes justificados a su homólogo impedido, notificar la radicación a las partes -y emplazar a la parte tercera interesada-, dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado la intervención legal que le compete; finalmente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Previo emplazamiento de la parte tercera interesada, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta del treinta de octubre de dos mil quince (foja 116). 5. En cumplimiento a los Acuerdos Generales 10/2008 por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, punto quinto, inciso 2, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados el catorce de abril de dos mil ocho y el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente; así como al oficio STCCNO/119/2015, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el órgano jurisdiccional que será auxiliado; el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, remitió los autos del juicio de amparo en que se actúa a fin de dictar la resolución que en derecho corresponda, los cuales fueron recibidos el veintisiete de noviembre de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad, y en esa propia fecha en este órgano federal. 6. Mediante acuerdo del veintisiete de noviembre de dos mil quince, se tuvieron por recibidos los autos que conforman el juicio de amparo 1629/2015-IV, por lo que se ordenó radicar el asunto en este órgano auxiliar con el número electrónico 572/2015, y en su momento, dictar la sentencia que en derecho corresponda. II. DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA LEGAL 7. Ante todo, debe tenerse en cuenta que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. 8. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 115/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." 9. En principio, de conformidad con los Acuerdos Generales 10/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como con el oficio STCCNO/119/2015, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. que establece el órgano jurisdiccional que será auxiliado; el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, remitió los autos del juicio de amparo en que se actúa, a fin de dictar la sentencia respectiva. 10. Sin embargo, en el caso concreto el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa y, consecuentemente, también resulta incompetente este órgano jurisdiccional. 11. En efecto, con base en el análisis de las constancias que integran el expediente de amparo incluidas las del juicio natural, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por José Luis Martínez Arrieta, por razón de la vía. 12. Para corroborar tal aserto, conviene señalar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de los anexos de pruebas que remitieron las autoridades responsables, y que se precisan a continuación: a) El ahora quejoso promovió juicio especial de desahucio en contra de Jorge Luis López Flores y Ernesto García Hernández, el cual se radicó en el Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con el número expediente 1087/2011-1. b) Posteriormente, dada la inactividad procesal de las partes, en el auto del dieciséis de abril de dos mil quince, se decretó la caducidad de la instancia (fojas 273 y 274, anexo II). c) Inconforme con dicho auto, la parte quejosa interpuso recurso de revocación (fojas 282 a 290, anexo II), mismo que se admitió a trámite y se resolvió a través de la interlocutoria del ocho de mayo de dos mil quince, en el sentido de declararlo improcedente (fojas 309 a 312, anexo II). d) Cabe precisar que mediante proveído del diecinueve de mayo siguiente, la Juez de origen decretó que el auto de dieciséis de abril que declaró la caducidad de la instancia había quedado firme (foja 316). e) No obstante, el quejoso interpuso dos recursos de apelación, uno en contra del auto del dieciséis de abril de dos mil quince -que decretó la caducidad- y, el otro, en contra de la interlocutoria del ocho de mayo del mismo año que resolvió el recurso de revocación; mismos que fueron desechados de plano mediante dos autos dictados el veinte de mayo del año en curso (fojas 320 y 323, respectivamente, anexo II). f) En lo que aquí interesa, el solicitante de amparo interpuso recurso de queja en contra del auto del veinte de mayo del año en curso, que desechó la apelación interpuesta contra de la interlocutoria del ocho de mayo pasado (fojas 327 a 339, anexo II), mismo que se admitió a trámite por la Juez de origen mediante proveído del veintiséis de mayo siguiente (foja 340, anexo II). g) Así, el citado medio de impugnación fue radicado en la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con el número de toca 597/15/14/19, mismo que se resolvió el diez de junio de dos mil quince, en el sentido de confirmar la interlocutoria recurrida (fojas 406 a 415, anexo I). 13. Asentado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en:  La resolución interlocutoria y proveído dictados respectivamente el ocho y veinte de mayo de dos mil quince, por la Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el juicio civil de desahucio 1087/2011-1; la primera en que se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la declaratoria de caducidad; y el segundo en que se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra dicha interlocutoria.  La resolución dictada el diez de junio de dos mil quince, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca 597/15-14-19, mediante la cual se confirma el auto del veinte de mayo del mismo año, que desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso ¬¬-precisados en el párrafo que antecede-. 14. Lo anterior revela que las resoluciones reclamadas tienen su origen en el proveído del dieciséis de abril de dos mil quince, que decretó la caducidad de la instancia en el juicio de natural, determinación que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, la cual es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito en vía de amparo directo, con independencia de que se hubieren o no agotado los recursos procedentes. 15. Para así estimarlo, es menester tener en cuenta artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución federal; 47 y 170 de la ley de la materia, que dicen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." 16. En efecto, de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo directo procede, entre otras resoluciones, contra aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. 17. En el caso, como se precisó, el dieciséis de abril de dos mil quince, se decretó la caducidad de la instancia en el juicio natural, determinación que sin decidirlo en lo principal, lo dio por concluido, lo que abre la procedencia de la vía directa en la tramitación del juicio de amparo tanto contra esa resolución como respecto de aquellas emitidas en los recursos interpuestos en su contra. 18. En efecto, contra la resolución que decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen, el quejoso promovió recurso de revocación mismo que se declaró improcedente el ocho de mayo de dos mil quince. Luego contra la declaratoria de improcedencia promovió recurso de apelación el cual se desechó de plano el veinte de mayo siguiente; y finalmente contra el desechamiento promovió recurso de queja el cual mediante interlocutoria del diez de junio de dos mil quince, se resolvió en el sentido de confirmar el auto recurrido. 19. Como se ve, contra la resolución que puso fin al juicio natural el quejoso interpuso sucesivamente tres recursos, revocación, apelación y queja -en ese orden-, cuyas resoluciones que los dirimieron constituyen los actos reclamados. 20. En este contexto, al margen de la procedencia o improcedencia de los mencionados recursos ¬-pues ese tema es precisamente la materia del juicio de amparo que intenta el quejoso-, lo cierto es que las resoluciones reclamadas -del ocho de mayo, veinte de mayo y diez de junio de dos mil quince- deben ser objeto de estudio en el juicio de amparo directo, cuya competencia corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. 21. Lo anterior es así, porque las resoluciones reclamadas derivan de la impugnación sucesiva de la resolución que dio por concluido el juicio de origen. 22. En relación con el tema de la competencia para conocer del juicio de amparo en la vía directa, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2014, en la parte conducente, sostuvo: ".Consolidando lo anterior, si la vía directa de tramitación del juicio de amparo es procedente contra sentencias definitivas, que son las que deciden el juicio en lo principal; y si los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo, cuya tramitación sea procedente en la vía directa. Entonces, respecto de una demanda de amparo promovida en contra de una sentencia que decide el juicio de origen en lo principal, cuando no se agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley; es inconcuso que sí procede la vía directa de tramitación del juicio de amparo, y que, en consecuencia, sí es competente un Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del juicio de amparo respectivo. Lo anterior, sobre la base de que, acorde con el marco constitucional y legal analizado en los capítulos precedentes, la circunstancia de que una sentencia que decide el juicio de origen en lo principal, no se haya impugnado a través del medio ordinario de defensa previsto en la ley; no tiene relevancia respecto de la determinación de la procedencia de la vía directa del amparo, ni sobre la determinación de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, sino solamente adquirirá importancia hasta el estadio procesal en el que se analice la procedencia del juicio de amparo, lo que debe ocurrir con posterioridad a la fijación de la competencia del Tribunal Colegiado respectivo. .Así, dado que en lo que interesa, tales disposiciones contienen normas sustancialmente coincidentes, resulta indudable, que constituye una regla general que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo promovido en la vía directa (vía de tramitación que procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio); sin que sea necesario para ejercer tal competencia, que los actos reclamados sean resoluciones inimpugnables, dado que la característica de inimpugnabilidad de los actos reclamados en el amparo (principio de definitividad), se reitera, guarda relación con un criterio general de procedencia del juicio constitucional (tanto en la vía directa como en la vía indirecta), en los términos que establece el artículo 107, fracción III, de la Constitución General,(39) y los artículos 170, fracción I, tercer párrafo,(40) y 61, fracción XVIII,(41) de la Ley de Amparo." 23. De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia consultable en la página 95, Libro 17, abril de 2015, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." 24. De lo anterior se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que un Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues dicho Tribunal cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. 25. Sobre esta base, al realizar un juicio prudente de analogía, se estima aplicable al caso concreto lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se pondera que las resoluciones reclamadas derivan de la impugnación del proveído que puso fin al juicio natural, de manera que al igual que corresponde a un Tribunal Colegiado determinar si se agotó o no el recurso procedente -en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo-, también le compete dilucidar si el recurso o recursos interpuestos resultan o no procedentes, de ahí que el juicio de amparo promovido por el quejoso debe dirimirse en la vía directa. 26. Lo anterior se robustece con el hecho de que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contra la determinación que desecha el recurso interpuesto contra una sentencia definitiva o la resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, es procedente el juicio de amparo directo, en términos de las jurisprudencias que a continuación se transcriben: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el citado recurso constituye un medio de defensa de procedencia excepcional; de ahí que si el Tribunal Superior Agrario decide que es improcedente el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, por no encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 198 de la Ley Agraria, resulta procedente el juicio de amparo directo seguido contra tal resolución, en tanto que la citada determinación cumple con los requisitos de definitividad a que se refieren los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, entendiéndose por sentencia definitiva la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que pone fin al juicio la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún medio de defensa ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; de manera que como la resolución de desechamiento del recurso de revisión en materia agraria constituye una resolución definitiva que da por concluido el juicio, se ajusta a los lineamientos del artículo 158 de la Ley de Amparo que prevé la procedencia de ese juicio constitucional en la vía directa contra actos que ponen fin al juicio y que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido." (Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1758, Libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." (Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 21, tomo XX, agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." (Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). 27. Cabe destacar que incluso, el juicio de amparo directo es procedente cuando ya se agotaron dos recursos de manera sucesiva, esto es, cuando contra el desechamiento de un recurso proceda otro recurso, éste debe agotarse, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia consultable en la página 138, tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." 28. En esta tesitura, aun cuando contra la resolución que dio por concluido el juicio se hagan valer diversos recursos, es procedente el juicio de amparo directo, ya que es en éste, donde habrá de determinarse si se cumplió con el principio de definitividad, o bien, si se agotó el recurso o recursos procedentes. 29. Desde esta perspectiva, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la ley de la materia, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en turno, con residencia en Cuernavaca, Estado de Morelos, por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. III. DECISIÓN 30. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por José Luis Martínez Arrieta; por tanto, con fundamento en los artículos 47 y 170, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por lo que deberá remitirse el juicio de amparo 1629/2015-IV al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en turno, con residencia en Cuernavaca, Estado de Morelos, para los efectos legales conducentes. 31. Finalmente, en cumplimiento al punto quinto, inciso 6), del Acuerdo General 10/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase este expediente, dos anexos, así como el archivo electrónico de este fallo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, a fin de que proceda a la notificación de la sentencia, y a remitir el juicio al órgano jurisdiccional competente. IV. R E S U E L V E 32. PRIMERO. Este juzgado es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo, promovido por José Luis Martínez Arrieta, por los motivos expuestos en el punto II de esta resolución. 33. SEGUNDO. Remítase este expediente 1629/2015-IV, dos anexos, así como el archivo electrónico de este fallo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, a fin de que proceda a la notificación de la sentencia, y a remitir el juicio al órgano jurisdiccional competente. Cúmplase. Así lo resolvió y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, hoy diez de diciembre de dos mil quince; asistido de Pablo Alejandro Tecocoatzi Juárez, Secretario de este juzgado, quien da fe.

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