José Luis Maldonado Hernández

Expediente 205/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
205/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
20/06/2016

Partes del expediente

  • José Luis Maldonado Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio recibido el nueve de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente, envió copia certificada de la resolución de tres de mayo del año en curso, dictada en el expediente laboral 585/2010, con lo que refirió justificaba el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías (foja 74). Asimismo, en auto de trece de mayo de dos mil dieciséis, este juzgado federal, ordenó dar vista a la parte quejosa con el aludido oficio y con las constancias relativas a la resolución de tres de mayo del año en curso (foja 62 a 72), dictada en el expediente 585/2010, del índice de la responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó de manera personal con el autorizado del quejoso el dieciocho de mayo del año en curso, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese orden de ideas, en sentencia dictada por éste Juzgado Federal, concedió la protección constitucional a José Luís Maldonado Hernández, para efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: ".dicte las medidas necesarias a efecto de que, de manera inmediata se dicte el laudo en el expediente laboral 330/2011, en términos del artículo 121, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248." Ahora bien, mediante oficio 11223/2016, presentado en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad capital, remitió copia certificada del laudo dictado el tres de mayo de dos mil dieciséis, dentro en el expediente laboral 5852010, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constancias a las cuales se les reitera el valor probatorio otorgado con anticipación, con lo que se advierte que dicha responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, se sujetó a los lineamientos de la sentencia de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, pronunciada en el presente juicio de garantías, en consecuencia, lo que procede es declarar cumplida la ejecutoria de mérito. Consecuentemente; con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente como asunto totalmente concluido. Y toda vez que el presente es un asunto total y definitivamente concluido, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en el Punto Undécimo, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los plenos de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta, por medio del cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente asunto; no obstante a ello, glósese a los autos para que obre como corresponda y tómese en consideración en el momento procesal oportuno.

  3. Principal

    PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a José Luis Maldonado Hernández, propio derecho, contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero y por las razones precisadas en el punto considerativo quinto y sexto de esta resolución... SEGUNDO.- Se tiene al quejoso de mérito implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la presente determinación, en términos del séptimo considerando.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional... Finalmente, y toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la adscripción como titular de este Juzgado al licenciado Raúl García Camacho, a partir del uno de marzo del año en curso; lo anterior hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia... Es aplicable en lo conducente la tesis 2a./J. 104/2010, visible a página 312, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.".

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