José Luis Magallón Rosas

Expediente 344/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
344/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • José Luis Magallón Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, en virtud a que la sentencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, sobreseyó el amparo promovido por ..., con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 344/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, recibido ese mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, Michoacán, turnado al día siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado,...promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto mencionados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "Los Acuerdos de fecha 10 diez y 29 veintinueve de noviembre de 2022 dos mil veintidós, dictados dentro del juicio agrario número 21/2022, que promuevo en contra de ..., sobre prescripción positiva; por afectar mis garantías individuales y derechos humanos de acceso a la justicia y debido proceso, así como el principio constitucional de justicia pronta y expedita" SEGUNDO. Previa prevención, por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado correspondiente, ordenó dar la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, y por último, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, los cuales se advierten del análisis integral de la demanda, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama del: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad. Los acuerdos de diez y veintinueve de noviembre, ambos de dos mil veintidós, a través de los cuales requirió al actor -aquí quejoso-, para que en el término de tres días exhiba copia certificada de las actas de defunción de los colindantes ...a fin de que satisfecho que sea lo anterior, señalará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia jurisdiccional a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria. Actos emitidos en el juicio agrario 21/2022, sobre prescripción positiva respecto de la parcela 8 Z-1P1/3, de la estadística de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que deben tenerse por ciertos para los efectos de este juicio constitucional. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe de ley, consistente en copia certificada del juicio agrario 21/2022, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Temporalidad. Se interpuso oportunamente, porque el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con lo preceptuado en el diverso 18 de esa misma legislación y 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos del diverso 167, transcurrió del veintiocho de febrero al veintidós de marzo de esta anualidad, si se toma en cuenta que, de constancias se desprende que fue notificado de los actos reclamados el veintisiete de febrero de esta anualidad, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, como se mencionó previamente. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Este órgano jurisdiccional, de oficio, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, establece: "ARTÍCULO. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que, al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo Constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el ordinal 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esta disposición, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran, en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En tanto que la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En mérito de lo expuesto, el acto reclamado consistente en los acuerdos de diez y veintinueve de noviembre, ambos de dos mil veintidós, a través de los cuales requirió al actor -aquí quejoso-, para que en el término de tres días exhiba copia certificada de las actas de defunción de los colindantes Refugio Gallegos y Máxima Ventura, a fin de que satisfecho que sea lo anterior, señalara fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia jurisdiccional a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria, no son de imposible reparación en perjuicio del quejoso, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados. Lo anterior es así, toda vez que no se ven afectados derechos sustantivos; esto es, pues su trascendencia estará vinculada al resultado de la sentencia que se emita dentro del juicio natural, la cual puede ser favorable. De ahí que el acto reclamado tiene efectos intraprocesales, pues tales determinaciones únicamente pueden tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictaran sentencias a favor del aquí promovente, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la contraparte tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio. Por lo que dicho acto no participa de las características de ser un acto de imposible reparación que deba ser sometido al análisis inmediato de la acción constitucional en la vía indirecta como lo prevé el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, tal acto no puede ser reclamado a través del juicio de amparo bi-instancial, ya que no le causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa, en vista que su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y quienes representen a los colindantes en el juicio de origen, tendría la oportunidad de ser oídos y obtener un fallo favorable. En efecto, el acto que reclama la parte quejosa no es de imposible reparación, por lo que conforme a la regla de procedencia referida con antelación, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las determinaciones que se combaten, porque no tienen la naturaleza de un acto de imposible reparación, pues como se dijo, el acto procesal tiene una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de los derechos fundamentales. Lo que no ocurre en la especie y por ende, no implica necesariamente que los acuerdos que se reclaman sean contrarios a los intereses de la parte afectada; por tanto, el acto materia de la litis, constituye una violación procesal que debe ser reclamada, en su caso, hasta que se dicte una resolución definitiva en el juicio de origen. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 1º, 61, fracción XXIII, 107, fracción fracción V, interpretada en sentido contrario, 63, fracción V, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 344/2023, promovido por ******************** contra el acto que reclamó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, que precisado se dejó en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecinueve de junio de dos mil veintitrés en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejoso, el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 344/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, recibido ese mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, Michoacán, turnado al día siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado,...promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto mencionados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "Los Acuerdos de fecha 10 diez y 29 veintinueve de noviembre de 2022 dos mil veintidós, dictados dentro del juicio agrario número 21/2022, que promuevo en contra de ..., sobre prescripción positiva; por afectar mis garantías individuales y derechos humanos de acceso a la justicia y debido proceso, así como el principio constitucional de justicia pronta y expedita" SEGUNDO. Previa prevención, por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado correspondiente, ordenó dar la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, y por último, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, los cuales se advierten del análisis integral de la demanda, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama del: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad. Los acuerdos de diez y veintinueve de noviembre, ambos de dos mil veintidós, a través de los cuales requirió al actor -aquí quejoso-, para que en el término de tres días exhiba copia certificada de las actas de defunción de los colindantes ...a fin de que satisfecho que sea lo anterior, señalará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia jurisdiccional a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria. Actos emitidos en el juicio agrario 21/2022, sobre prescripción positiva respecto de la parcela 8 Z-1P1/3, de la estadística de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que deben tenerse por ciertos para los efectos de este juicio constitucional. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe de ley, consistente en copia certificada del juicio agrario 21/2022, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Temporalidad. Se interpuso oportunamente, porque el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con lo preceptuado en el diverso 18 de esa misma legislación y 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos del diverso 167, transcurrió del veintiocho de febrero al veintidós de marzo de esta anualidad, si se toma en cuenta que, de constancias se desprende que fue notificado de los actos reclamados el veintisiete de febrero de esta anualidad, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, como se mencionó previamente. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Este órgano jurisdiccional, de oficio, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, establece: "ARTÍCULO. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que, al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo Constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el ordinal 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esta disposición, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran, en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En tanto que la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En mérito de lo expuesto, el acto reclamado consistente en los acuerdos de diez y veintinueve de noviembre, ambos de dos mil veintidós, a través de los cuales requirió al actor -aquí quejoso-, para que en el término de tres días exhiba copia certificada de las actas de defunción de los colindantes Refugio Gallegos y Máxima Ventura, a fin de que satisfecho que sea lo anterior, señalara fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia jurisdiccional a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria, no son de imposible reparación en perjuicio del quejoso, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados. Lo anterior es así, toda vez que no se ven afectados derechos sustantivos; esto es, pues su trascendencia estará vinculada al resultado de la sentencia que se emita dentro del juicio natural, la cual puede ser favorable. De ahí que el acto reclamado tiene efectos intraprocesales, pues tales determinaciones únicamente pueden tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictaran sentencias a favor del aquí promovente, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la contraparte tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio. Por lo que dicho acto no participa de las características de ser un acto de imposible reparación que deba ser sometido al análisis inmediato de la acción constitucional en la vía indirecta como lo prevé el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, tal acto no puede ser reclamado a través del juicio de amparo bi-instancial, ya que no le causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa, en vista que su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y quienes representen a los colindantes en el juicio de origen, tendría la oportunidad de ser oídos y obtener un fallo favorable. En efecto, el acto que reclama la parte quejosa no es de imposible reparación, por lo que conforme a la regla de procedencia referida con antelación, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las determinaciones que se combaten, porque no tienen la naturaleza de un acto de imposible reparación, pues como se dijo, el acto procesal tiene una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de los derechos fundamentales. Lo que no ocurre en la especie y por ende, no implica necesariamente que los acuerdos que se reclaman sean contrarios a los intereses de la parte afectada; por tanto, el acto materia de la litis, constituye una violación procesal que debe ser reclamada, en su caso, hasta que se dicte una resolución definitiva en el juicio de origen. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 1º, 61, fracción XXIII, 107, fracción fracción V, interpretada en sentido contrario, 63, fracción V, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 344/2023, promovido por ******************** contra el acto que reclamó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, que precisado se dejó en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecinueve de junio de dos mil veintitrés en que los permitieron las labores del juzgado. Do

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas del siete de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 344/2023, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Alejandro Ramos Saldaña, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito aclaratorio, así como las aportadas por la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 21/2022, con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la resolución. EL JUEZ NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN LIC. LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA. EL SECRETARIO. LIC. ALEJANDRO RAMOS SALDAÑA. Wordsise/MFJ

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