Jose Luis Magallon Dominguez
Expediente 266/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Luis Magallon Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, en la que se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a -; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.
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VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 266/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A.... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
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Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se desprende que transcurre el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo para que la partes tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO PRÓXIMO. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. En términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo con el oficio de cuenta se tiene al JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIALA, por rendido su INFORME JUSTIFICADO, al que anexa las documentales que lo sustentan; con ello dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo, se ordena formar un tomo de pruebas para mejor manejo del expediente. Por otra parte, se tiene a -, en su carácter de tercera interesada, por apersonada al presente juicio y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indican, así como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a- toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no así a -, quien no tiene registrada su cédula en dicho sistema. Asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por ofertadas y desahogadas dada su naturaleza, las pruebas documentales a que hace mención, sin perjuicio de que sean relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional, con los que se ordena formar dos tomos de prueba. Finalmente, se les tiene por formulados los alegatos vertidos en su ocurso, los que serán tomados en cuenta, sin perjuicio de que sea relacionada al momento de celebrar la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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