José Luis Macías Romero

Expediente 1031/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1031/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • José Luis Macías Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de diecisiete de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo.- Se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.- Archívese como asunto concluido.- a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído. b) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no estar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto citado. c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que se cumpla el plazo establecido en el inciso a), el Centro de Documentación y Análisis proceda en los términos que aquí se indican. Tomando en consideración que en el presente expediente obran documentos aportados por el quejoso, désele vista para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibido de que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por José Luis Macías Romero en su carácter de Director del Centro de Prevención Social de esta ciudad, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; en atención a su contenido, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1031/2018-VIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En la especie, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama de la Juez de Control de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, la multa por $1,612.00 (mil seiscientos doce pesos 00/100 moneda nacional), impuesta en la audiencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, además, la resolución de trece siguiente, en la cual dicha juzgadora, en atención a un oficio del quejoso, determinó que no ha lugar a dejar sin efectos la multa fijada. Ahora, en las documentales que el quejoso adjuntó, se aprecia que fue notificado de las resoluciones reclamadas el ocho y trece de noviembre pasado. Establecido lo anterior, se tiene que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto comenzó a correr partir del día siguiente al en que surtieron efectos las notificaciones practicadas, esto es, a partir del doce y quince de noviembre de dos mil dieciocho. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señala: Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." [Énfasis añadido] Dicha disposición establece, en términos generales, que será reputado como acto consentido, aquél que resienta el quejoso y tenga conocimiento del mismo, sin que al efecto, promueva juicio de amparo dentro de los plazos que otorga la ley para ese fin; salvo las excepciones que ahí mismo se contemplan. Por su parte, el numeral 17 de ese ordenamiento legal dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación con lo anterior, el diverso artículo 18 de la ley de la materia establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo previamente transcrito se advierten tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, como sigue: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame conforme a la ley del acto; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, también señala que deberá promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, o bien, el día siguiente al en que se ostente sabedor. Como se mencionó en párrafos precedentes, las resoluciones reclamadas de la Juez de Control de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, de seis y trece de noviembre de dos mil dieciocho, fueron notificadas mediante oficio a la parte quejosa el ocho y trece del mes próximo pasado; por lo que debió impugnar en la vía constitucional, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la respectiva notificación surtió efectos, por tanto, esos plazos transcurrieron del doce de noviembre de dos mil dieciocho al cuatro de los actuales y del quince del mes próximo pasado al siete del actual, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Es aplicable al caso la jurisprudencia 1ª./J. 30/2007, consultable en la página 286, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En consecuencia, al no haberla impugnado en el lapso señalado en supralíneas, se tornó tácitamente consentido el acto que reclama, en contra del cual no procede el juicio de amparo de conformidad con la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la demanda de amparo se presentó el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se desecha por notoriamente improcedente, en términos del 113 de la ley de la materia, ante la extemporaneidad en su presentación.

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