José Luis Macías García

Expediente 464/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
464/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • José Luis Macías García

Actuaciones

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el treinta de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 464/2021-IX, promovido por José Luis Macías García; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por ausencia del titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo número 464/2021-IX, promovido por José Luis Macías García, contra actos de la Juez de Primera Instancia de lo Penal, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, José Luis Macías García ; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Juez de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. ACTO RECLAMADO: La omisión de ordenar la ratificación de mi escrito de ampliación de declaración y escrito de desistimiento de interrogatorio a cargo del Comandante de la Policía Ministerial Enrique Padilla Guerrero; la negativa a acordar mi escrito presentado el 19 de febrero de 2021 ante la ordenadora, mediante el cual solicité de nueva cuenta la ratificación de mi escrito de ampliación de declaración y el desistimiento de prueba. Violación al derecho de petición. Violación al derecho a ser juzgado en el menor tiempo posible. SEGUNDO. Por acuerdo de dieciocho de mayo de este año, este Juzgado registró la demanda en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 464/2021-IX; dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó el emplazamiento del tercero interesado, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto consiste en: La omisión de la Juez de Primera Instancia de lo Penal con sede en esta ciudad, de proveer lo conducente respecto al escrito presentado por el ahora quejoso el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 617/2015, en el cual solicitó la ratificación de los diversos de ampliación de declaración y desistimiento de interrogatorio a cargo del Comandante de la Policía Ministerial Enrique Padilla Guerrero, lo que refiere ocasiona un retardo en el procedimiento para que sea juzgado en el menor tiempo posible. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De esta manera, la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad, y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. TERCERO. La Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, pues el diecisiete de mayo de este año, acordó de conformidad la petición del inculpado aquí quejoso, y ordenó la ampliación de los escritos de ampliación de declaración e interrogatorio a cargo del Comandante de la Policía Ministerial, Enrique Padilla Guerrero. Sin embargo, como lo expone la responsable la ratificación de ese escrito se realizó hasta el veinticinco de mayo de este propio año, esto es, después de presentada la demanda de garantías; por tanto, se tiene como cierto el acto atribuido por la parte quejosa, a la autoridad responsable precisada en este considerando. De igual manera, a las documentales que adjuntó la autoridad responsable para justificar sus actos relativas a diversas constancias a la causa penal 617/2015, este juzgador les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º de esa propia legislación. Tiene apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En el caso, José Luis Macías García reclamó a la autoridad que señaló como responsable la omisión de la Juez de Primera Instancia de lo Penal, con sede en esta ciudad, de proveer lo conducente respecto al escrito presentado por el ahora quejoso el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 617/2015, en el cual solicitó la ratificación de los diversos de ampliación de declaración y desistimiento de interrogatorio a cargo del Comandante de la Policía Ministerial, Enrique Padilla Guerrero, lo que refiere ocasiona un retardo en el procedimiento para que sea juzgado en el menor tiempo posible. Ahora bien, la juez responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 617/2015, que se instruye en contra del aquí quejoso José Luis Macías García, en el cual se ordenó la ratificación del escrito del desistimiento de ampliación de declaración y del interrogatorio a cargo del Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Posteriormente, el veinticinco de mayo siguiente, en el acto de la notificación del proveído de diecisiete del citado mes y año, el quejoso manifestó que ratificaba el escrito en el cual se desistía de la ampliación de declaración, del interrogatorio a cargo del Comandante de la Policía Ministerial del Estado, así como, que se desistía de todas las pruebas ofrecidas y no desahogadas, lo cual se acordó de conformidad en auto de treinta y uno de mayo de esta anualidad; todo lo cual se puso a la vista del agraviado mediante auto cuatro de junio de dos mil veintiuno, notificado el nueve siguiente. Documentales a las que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa ha quedado sin efectos, puesto que la responsable emitió el acuerdo para que ratificara los escritos con los cuales solicitó la ampliación de declaración y el desistimiento del interrogatorio a cargo del Comandante de la Policía Ministerial del Estado, lo cual aconteció hasta el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; posteriormente, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se acordó de conformidad sobre el desistimiento de dichos medios de prueba, así como, de las demás que existieren ofrecidas y no desahogadas. En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos el acto reclamado, pues la autoridad acordó lo peticionado por el agraviado, y fue ratificado por éste, lo cual origina que se continué con el trámite del proceso penal en la etapa correspondiente, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, se sobresee en este asunto, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada legislación. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No pasa desapercibido para este juzgador que el aquí quejoso José Luis Macías García, tiene la calidad de interno en el Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, y que el nombrado agraviado no cuenta con asesor jurídico designado en esta contienda constitucional, puesto que de haberle señalado alguno de manera oficiosa, se contravendría el principio de celeridad procesal y pronta impartición de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado al hecho que al momento de resolver en definitiva el fallo tendría el mismo sentido que el que aquí se pronuncia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por José Luis Macías García, en contra del acto atribuido a la autoridad precisada en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia constitucional, la cual firma para constancia el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el informe justificado en relación a la ampliación de demanda rendido por la Coordinadora de Servicios Técnicos, Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar número 79, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, en relación con las documentales que se reciben con el informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

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