José Luis Lupercio Pérez
Expediente 705/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- José Luis Lupercio Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Autorizado en amplios términos de los terceros interesados, solicita copias simples del expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídasele copias fotostáticas simples de lo que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que propone para tal efecto, previo recibo y razón que de ello se otorgue en autos; lo anterior en la inteligencia que es a su cargo el costo que dichas copias generen.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo a la ampliación de la demanda del juicio de amparo número 3218/2016, promovido por Héctor Moisés Saavedra Hernández, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Héctor Moisés Saavedra Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos que reclama de las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público Visitador, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ahora Fiscalía del Estado de Jalisco, licenciado Juan Manuel Acosta Nápoles. Encargada del Órgano de Control Interno, adscrita a la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, licenciada Lydia Ávila Valdez. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: 1. El acuerdo dictado el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a través del cual se incoa el procedimiento de responsabilidad administrativo 491/2014. 2. Lo actuado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 491/2014, en el que a decir del quejoso se cometieron irregularidades. 3. Las consecuencias jurídicas de los actos identificados en los actos 1 y 2. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado federal el conocimiento de la citada demanda, la que fue admitida en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, data en la que se le dio trámite al incidente de suspensión en que se actúa (folios 28 a 32); se ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables para que remitieran su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental correspondiente; posteriormente, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se tramitó la suspensión provisional relativa al escrito de ampliación de demanda de amparo (folios 94 a 99); se ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables para que remitieran sus informes previos y se citó a las partes a la audiencia incidental correspondiente; la cual se celebró parcialmente al tenor del acta que antecede, únicamente por lo que ve a la autoridad Agente del Ministerio Público Visitador, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ahora Fiscalía del Estado de Jalisco, licenciado Juan Manuel Acosta Nápoles; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- En principio, como se señaló en el acta que antecede, la presente interlocutoria no se ocupará de los actos que se reclaman a la autoridad responsable Encargada del Órgano de Control Interno, adscrita a la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ahora Fiscalía del Estado de Jalisco, licenciada Lydia Ávila Valdez; en virtud de que no obra en autos la constancia de notificación practicada vía oficio 23842/2019, mediante el cual se le hace de su conocimiento la tramitación del presente incidente, por lo que con fundamento en el artículo 138 fracción II y 141 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental respecto de dicha autoridad. SEGUNDO.- La autoridad responsable Agente del Ministerio Público Visitador, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ahora Fiscalía del Estado de Jalisco, licenciado Juan Manuel Acosta Nápoles, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante habérsele requerido oportunamente para ello, tal como se advierte de la constancia de notificación con número de oficio 23841/2019 por consiguiente, de conformidad con el artículo 140, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que a ella se reclaman. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 321, tomo XXI, Febrero de 2005, relativo a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO. ANTE LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRESUMIR CIERTOS LOS ACTOS FUTUROS, AUNQUE PRESCINDIENDO DE LOS CALIFICATIVOS A LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE DEBA REALIZAR SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OTORGARLA. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, la falta de informe previo de las autoridades responsables establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión. En tal virtud, ante la falta de informe previo se debe presumir cierta la realización de actos que el quejoso aduce se van a producir y ejecutar en su contra, aunque sin tomar en cuenta los calificativos sobre ellos, los que en su caso serán materia del juicio en lo principal, sin perjuicio del examen de los requisitos que para otorgar la medida cautelar prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo." TERCERO. Ante la presunción de certeza de los actos reclamados, previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita. Del análisis de la ampliación de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa medularmente reclama de las autoridades señaladas como responsables: 1. El acuerdo dictado el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a través del cual se incoa el procedimiento de responsabilidad administrativo 491/2014. 2. Lo actuado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 491/2014, en el que a decir del quejoso se cometieron irregularidades. 3. Las consecuencias jurídicas de los actos identificados en los actos 1 y 2. Por otra parte, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para el efecto de: ".para efectos se mantengan en el estado que guardan y que guardaban no se continúe actuando dentro del procedimiento ORDENADO NO SEA DICTADA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 491/2014, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo..." En esa tesitura, por lo que ve al acto sintetizado en el número 3, consistente en las consecuencias jurídicas de los actos 1 y 2, toda vez que se trata de actos a realizar en el futuro y por ende susceptibles de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo), para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por la parte interesada, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo impetrado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que se reprochan las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa 491/2014, y en caso de que ésta se dictase dicho acto sería de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa; porque podría ocurrir un cambio de situación jurídica al separarlo de su cargo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1053 , que establece: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular, a través de las sentencias de amparo, el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". Además, la parte quejosa demostró indiciariamente el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida cautelar de que se trata, con la manifestación que realiza la parte quejosa de "bajo protesta de decir verdad", con la responsabilidad de orden penal que ello conlleva para el caso de conducirse con falsedad ante una autoridad judicial y con las diversas constancias que obran agregadas al presente incidente de suspensión ( fojas 22 a 27 de autos). Lo que resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 199, 202 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para tener por demostrado indiciariamente su interés suspensional. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." En razón de lo expuesto con antelación, se CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que se le otorgue la garantía de audiencia y defensa previamente a que se le vaya a sancionar con cese o remoción de su cargo; asimismo, continúe con la tramitación del procedimiento administrativo de origen, hasta la etapa previa al dictado de la resolución definitiva, esto es, se abstenga de emitir la resolución que le ponga fin. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio principal del cual emana el incidente de suspensión que nos ocupa. Resulta aplicable a lo anterior por las razones que la informan, la Tesis: 2a./J. 76/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 921, Décima Época, cuyo rubro y texto establece: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo. De igual manera, es preciso enfatizar que en caso de que los actos reclamados se hayan consumado. Es decir, que se haya decretado su cese o remoción de su cargo que obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si los mismos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental en que se ha de tratar la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable precisada en el considerando primero de la presente resolución. SEGUNDA.- Se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada contra la autoridad responsable precisada en el considerando segundo por los motivos y razones expuestas en el último.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio signado por la Directora General Adjunta adscrita a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en atención a su contenido, agréguese únicamente a los presentes autos, en virtud de lo acordado en proveído de ocho de mayo del presente año.
- Principal
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