José Luis Lozano Torres
Expediente 525/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 60 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 60
- Última actuación
- 24/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Luis Lozano Torres
- Titular de la Estación Zacatecas de la Policía Federal En Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 60.
- Principal
En veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 6890. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Décima Sala Regional Metropolitana, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, secretaria que autoriza y da fe. Bjm
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El licenciado Francisco Javier Soto Moreno, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del tres al diecisiete de mayo del año en curso, sin contar los días cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo por corresponder a sábados, domingos y días inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de abril del año en curso, dentro del juicio de amparo número 525/2014-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de abril del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio; y por otra, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de tres años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
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El ocho de mayo de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 6002. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante oficio que derive de este proveído, remítasele copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Bjm
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R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, enviado el día siguiente hábil a este Juzgado (fojas 2 a 6), José Luis Lozano Torres, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que enseguida se describen. Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras: - Coordinador Regional Zona Occidente de la Policía Federal. -Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. En cuanto ejecutoras: Titular de la Estación Zacatecas de la Policía Federal en Zacatecas. Titular de la Unidad Jurídica Estatal Zacatecas. Acto reclamado. "El acta administrativa de fecha once de julio de dos mil catorce en la cual se me priva de mis funciones de inspección, seguridad y vigilancia de las vías generales de comunicación, salario y prestaciones, así como mi identificación y equipo policiaco en cumplimiento a los oficios PF/DSR/CRZO/3530/2014 de fecha 10 de julio de 2014 signado por la señalada demandada Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal." Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El cinco de agosto de dos mil catorce se registró la demanda bajo el consecutivo 525/2014 y se previno al quejoso para que, entre otras cosas, manifestara si señalaba como actos reclamados los oficios PF/DSR/CRZO/3530/2014 y PF/DSR/EA/10195/2014 (fojas 9 y 10). Una vez cumplido lo anterior, por auto de veinte de agosto de dos mil catorce (fojas 14 a 16), se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el diez de abril de dos mil quince, engrosándose la sentencia el veintidós de junio siguiente (fojas 79 a 92). Mediante ejecutoria de doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 237 a 244), el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito revocó la referida sentencia y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que notificara personalmente al quejoso los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y se le requiriera para que, si lo estimaba conveniente, ampliara su demanda de amparo. TERCERO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el quejoso amplió su demanda de amparo; así, mediante proveído de doce siguiente (fojas 264 y 264) se le previno para que lo aclarara respecto de los actos reclamados que precisó. Una vez cumplido lo anterior, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis se le tuvo ampliando respecto de los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables: Consejo Federal de Desarrollo Policial. Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial. Suplente Permanente del Secretario del Consejo de Desarrollo Policial. Suplente Permanente del Titular de la División de Fuerzas Federales Consejero Ponente del Consejo Federal de Desarrollo Policial. Todos de la Policía Federal, con residencia en la Ciudad de México. Actos reclamados: "a) La resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, signada por Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, Suplente Permanente del Secretario del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal y Suplente Permanente del Titular de la División de Fuerzas Federales Consejero Ponente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal solo constituyen la certificación de la causa. b) El reconocimiento jerárquico de Comisario General y prestaciones por jerarquía, así como el ejercicio de mando." Hecho lo anterior, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VII de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: La resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, emitida por el Consejo Federa de Desarrollo Policial del a Policía Federal, en el procedimiento administrativo PF/CFDP/CTS "C"/359/2012, en la que se determinó la conclusión del servicio por separación del hoy quejoso, por haber incumplido un requisito de permanencia consistente en aprobar los procesos de evaluación de confianza. Oficio PF/DSR/CRZO/3530/2014 de diez de julio de dos mil catorce, suscrito por el Comisario Coordinador Regional Zona Occidente de la Policía Federal. Oficio PF/DSR/EA/10195/2017 de ocho de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Inspector General de Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Acta administrativa de once de julio de dos mil catorce, relativa a la entrega recepción de diversos bienes asignados para el desempeño de su servicio dentro la institución policiaca a la que pertenecía, elaborada por el titular del a Estación Zacatecas de la Policía Federal y el Titular de la Unidad Jurídica Estatal de esta ciudad. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El titular de la Unidad Jurídica, en representación del Titular de la Estación Zacatecas y Titular de la Unidad Jurídica Estatal Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, negó la existencia del acto reclamado consistente en el acta administrativa de once de julio de dos mil catorce (foja 20) El Coordinador Regional Zona Occidente de la Policía Federal, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, negó la existencia del acto que se le atribuye consistente en el oficio PF/DSR/CRZO/3530/2014 (fojas 32 a 34). Sin embargo, con posterioridad, realizaron manifestaciones de certeza, pues su negativa se traduce en la defensa de la constitucionalidad de su actuación, de ahí que deban tenerse por ciertos. Es aplicable al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." El Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos, en representación del Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional, manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en el oficio PF/DSR/EA/1019572014 de ocho de julio de dos mil catorce (foja 74). El Subdirector de Área de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en representación del Suplente Permanente del Presidente, Suplente Permanente del Secretario, Suplente Permanente del Titular de la División de Fuerzas Federales, estos como integrantes del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal y Consejo Federal de Desarrollo Policial, con residencia en la Ciudad de México, aceptaron la existencia del acto que se les reclama consistentes en la resolución de catorce de catorce de febrero de dos mil catorce, emitida en el procedimiento administrativo PF/CFDP/CTSC/359/2012 (fojas 325 a 337). Asimismo, a su informe de ley, acompañaron originales y copia certificada de donde emanan los actos reclamados; documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados. El diecinueve de julio de dos mil doce, se acordó el inicio de la investigación administrativa a José Luis Lozano Torres, con motivo de no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza que le fueron practicadas (foja 1, cuaderno de pruebas). El uno de noviembre del mismo año, se dio inicio al procedimiento administrativo PF/CFDP/CTS"C"/359/2012, lo cual fue notificado al hoy quejoso el quince de julio de dos mil trece (fojas 51 a 61, cuaderno de pruebas). El veinticinco de julio de dos mil trece, se celebró la audiencia dentro del referido procedimiento administrativo, a la cual asistió el instrumentado y le fue nombrado un defensor (fojas 78 a 81, cuaderno de pruebas). Seguido el procedimiento por su tramitación normal, el catorce de febrero de dos mil catorce (fojas 129-169, cuaderno de pruebas), los integrantes del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, emitieron la resolución correspondiente, en la que se determinó esencialmente lo siguiente: José Luis Lozano Torres incumplió con el requisito de permanencia consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. La conclusión del servicio por separación del oficial en comento y, como consecuencia, la terminación de la relación administrativa entre éste y la Policía Federal. Remitir copia certificada de la resolución a la Coordinación de Servicios Generales de la Institución, para su ejecución, solicitándose al área de adscripción del oficial en comento, supervisara la entrega de información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores y otros recursos que han sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción. Este es uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. El cuatro de junio de dos mil catorce, se notificó la referida resolución por instructivo al hoy quejoso (fojas 174 a 179, cuaderno de pruebas). Mediante oficio PF/SG/CSG/DGRH/DRLO/10067/2017, la Directora de Relaciones Laborales y Organización de la Policía Federal, solicitó al Inspector General de Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional, en cumplimiento a la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, se supervisara la entrega de la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores y otros recursos que se hubieren puesto bajo la responsabilidad o custodia del hoy quejoso, mediante acta de entrega recepción, asimismo, se presentara el formato único de personal de conclusión del servicio por separación ante la ventanilla de Subdirección de Movimientos de Personal y Organización (foja 181, cuaderno de pruebas). En cumplimiento a lo anterior, el Inspector General de Enlace Administrativo, giró oficio PF/DSR/EA/10195/2014, al Comisario Jefe, Coordinador Regional Zona Occidente a efecto de acatar el fallo en los términos precisados (foja 75 del juicio de amparo). Mediante oficio PF/DSR/CRZO/3530/2014, el Coordinador Regional Zona Occidente, con residencia en Aguascalientes, solicitó al Coordinador Estatal de Zacatecas, diera cumplimiento a lo ordenado la resolución derivada del procedimiento administrativo (foja 37). El once de julio de dos mil catorce, se realizó el acta circunstanciada de entrega recepción de bienes propiedad de la institución 33/2014, en la que intervinieron el aquí quejoso, el titular de la Estación Zacatecas de la Policía Federal en Zacatecas y el Titular de la Unidad Jurídica Estatal (fojas 7 y 8). Los últimos dos oficios y el acta que antecede constituyen actos reclamados en esta instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo (Resolución de catorce de catorce de febrero de dos mil catorce). La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Es fundada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que invoca el Subdirector de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Suplente Permanente del Presidente, Suplente Permanente del Secretario, Suplente Permanente del Titular de la División de Fuerzas Federales, integrantes del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí y no siguen un orden de prelación; entonces, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de derechos es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En ese sentido, si se tiene prueba fehaciente de que al quejoso se le notificó la determinación que constituye el acto reclamado, debe tomarse ésta como fecha de conocimiento para efectos del cómputo de la promoción del amparo. En el presente juicio, el quejoso reclama la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce dictada en el procedimiento administrativo PF/CFDP/CTS "C"/359/2012, instruido al hoy quejoso en la que se determinó la conclusión de su servicio por separación y, como consecuencia de ello, la terminación de la relación administrativa entre éste y la Policía Federal, consecuentemente, la entrega de la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores y otros recursos que tuviera bajo su responsabilidad o custodia, mediante acta de entrega recepción. Dicha determinación, se advierte, le fue notificada el cuatro de junio siguiente, de ahí que es la fecha la que ha de servir para considerar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, al día siguiente hábil al en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, inició el plazo para promover la presente instancia constitucional, esto es, el seis de junio de dos mil catorce, por lo que concluyó el veintiséis del mismo mes y año. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada hasta el uno de agosto del referido y año y su ampliación respecto del acto materia de este considerando el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, resulta evidente que resulta extemporánea. En conclusión, con base en las anteriores consideraciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a estudiar la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que invoca el Subdirector de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Suplente Permanente del Presidente, Suplente Permanente del Secretario, Suplente Permanente del Titular de la División de Fuerzas Federales, integrantes del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal, aunque con fundamento equivocado, pues cita el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, dado que al haberse actualizado distinta causa de improcedencia, resulta innecesario el estudio la restante, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." SEXTO. Estudio de causa de improcedencia (oficios y acta reclamados). La autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica Estatal Zacatecas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, aduce que el quejoso carece de interés jurídico para la promoción del juicio de garantías, dado que a la fecha que hizo entrega de los bienes pertenecientes a la institución, ya no pertenecía a la Policía Federal, en virtud de la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce. Lo anterior es infundado. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho jurídica o legítimamente tutelado, y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. En el caso, el quejoso reclama la privación de sus funciones de inspección, seguridad y vigilancia, salario y prestaciones, identificación y equipo policiaco, en cumplimiento a diversos oficios. De lo que se advierte que al quejoso, como integrante de la Policía Federal, se le asignaron funciones, equipo y documentos en resguardo, de ahí que si en acatamiento a los oficios que refiere se ordenó le fuera solicitada su entrega, es inconcuso que con dicho mandato y ejecución se podría vulnerar su esfera de derechos. Por tanto, al quejoso le asiste interés jurídico para instar la presente vía constitucional, pues se reitera, a él se dirigió la orden de entrega de funciones, equipo y documentos, de ahí lo infundado de la causa de improcedencia invocada. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Al no advertirse una diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados. En éstos, el quejoso aduce que se dieron efectos retroactivos a la entrega de bienes, pues se vulneran derechos adquiridos en términos del artículo 11, fracciones VIII y XXIV, segundo párrafo del Reglamento de la Policía Federal Preventiva publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de abril de dos mil. Lo anterior, pues considera que la expedición de acuerdos que autoricen a los integrantes de la institución para la elaboración de actas y suscriban documentos específicos, es una facultad y obligación indelegable del Comisionado. Refiere que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 10, fracciones IV y VI de la Ley de la Policía Federal porque proponer y celebrar convenios y demás actos jurídicos relacionados con el ámbito de la competencia de la Policía Federal es atribución propia del Comisionado General de la Policía Federal. Lo anterior deviene infundado. En efecto, la vulneración de derechos que atribuye a la circunstancia de que los oficios y el acta de entrega recepción reclamados no hayan sido ordenados o autorizados por el Comisionado General de la Policía Federal, en términos de los preceptos legales que cita, no se actualiza. Es así, pues por una parte, el Reglamento de la Policía Federal Preventiva expedido el veintiséis de abril de dos mil, que invoca como fundame1nto de su alegato, fue abrogado el diecisiete de mayo de dos mil diez. En los transitorios quinto y sexto se estableció lo siguiente: "QUINTO.- El ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones que, en su caso, tuviere a su cargo la extinta Policía Federal Preventiva se asumirá por la Policía Federal, con excepción de lo dispuesto en el siguiente transitorio. SEXTO.- El procedimiento de homologación de grados de los Integrantes de escala básica de la extinta Policía Federal Preventiva deberá iniciar dentro de los noventa días naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y se sujetará a las bases que se establezcan en el acuerdo que al efecto emita el Consejo Federal." De lo anterior se advierte que con motivo del tal reforma, la Policía Federal Preventiva se extinguió y en su lugar, se creó la Policía Federal, con lo cual se expidieron diversos ordenamientos que rigen a ésta última y por tanto, se abrogaron los anteriores. En ese sentido, los oficios y el acta de entrega recepción que combate fueron emitidos en el dos mil catorce, por tanto, el reglamento que invoca no tenía vigencia en esa época, pues éste fue abrogado en dos mil diez. También es desacertado lo que alega en el sentido de que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 10, fracciones IV y VI de la Ley de la Policía Federal porque proponer y celebrar convenios y demás actos jurídicos relacionados con el ámbito de la competencia de la Policía Federal es atribución propia del Comisionado General de la Policía Federal, sin que los actos reclamados fueran expedidos por éste. Los preceptos legales invocados son del tenor siguiente: "Artículo 10. Son atribuciones del Comisionado General de la Policía Federal: [.] IV. Ejercer los recursos que se aporten para la operación y funcionamiento de la Policía Federal; [.] VI. Proponer y celebrar convenios y demás actos jurídicos, así como llevar a cabo todas aquellas actividades directamente relacionadas con el ámbito de competencia de la Policía Federal;." El precepto legal transcrito establece como atribuciones del Comisionado General de la Policía Federal, entre otras, la de ejercer los recursos para la operación y funcionamiento de la Policía Federal y proponer y celebrar convenios y demás actos jurídicos relacionados con el ámbito de competencia de la Policía Federal. No obstante, si bien dicha disposición establece las facultades que tiene el Comisionado General de la Policía, éstas no pueden interpretarse en el sentido de que únicamente él las tiene y que todo acto debe ser emitido directamente por él para tener validez. Es así pues el diverso artículo 12 de la ley invocada establece que en el desempeño de sus atribuciones y obligaciones, la Policía Federal y su Comisionado General tendrán el apoyo de las unidades administrativas que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 13 de la legislación referida, establece que el Reglamento de la Policía Federal determinará el esquema de organización y funcionamiento que se dé la misma para participar en instancias de coordinación interinstitucionales. De lo expuesto se obtiene que a pesar de que originariamente el Comisionado General tiene facultades en la intervención de todo acto jurídico, en el desempeño de sus atribuciones y obligaciones, tendrán el apoyo de las unidades administrativas según se establezca en las leyes reglamentarias respectivas. Por tanto, resulta desacertado lo considerado por el quejoso en el sentido de que los actos reclamados debían estar suscritos necesariamente por el Comisionado General, en términos del artículo 10 de la Ley de la Policía Federal. En otro concepto violación, el quejoso aduce que se le pretende privar de las funciones de inspección, seguridad y vigilancia, prestaciones y equipo, sin que se le hubiere hecho sabedor de algún fallo del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal y sin que hubiere dado motivo a sanción alguna. Que las autoridades que señaló como responsables no cuentan con atribuciones para privarlo de sus derechos ni para "degradar", pues esa facultad corresponde al Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Lo anterior también resulta infundado, pues contrariamente a lo que sostiene, los oficios y el acta de entrega recepción que combate, no resultan arbitrarios. En efecto, de las constancias que remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe con justificación se desprende que los oficios y el acta de entrega recepción de documentos, información y objetos fueron emitidos en cumplimiento a la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, dictada por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, en el procedimiento administrativo PF/CFDP/CTS"C"/359/2012, instaurado al hoy quejoso, con motivo del incumplimiento a los requisitos de permanencia en la institución; procedimiento en el cual tuvo intervención y cuya resolución le fuera notificada con anterioridad a la emisión de los oficios y acta de entrega combatidos. Consecuentemente, contrariamente a lo que aduce el quejoso, los actos combatidos fueron emitidos dentro de un procedimiento en el que tuvo intervención, en cumplimiento a una resolución pronunciada por una autoridad facultada para ello, y que fuera notificada previamente al hoy quejoso, de ahí lo desacertado de su alegato. Finalmente, aduce que el acta circunstanciada de entrega recepción no se encuentra plenamente fundada y motivada, pues no refiere alguna resolución emitida por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Además, que los signatarios del acto se atribuyen atribuciones propias del Comisionado General y del Consejo Federal de Desarrollo Policial, sin que sean competentes para determinar la entrega de bienes, ni retirarle de sus funciones, Lo anterior también resulta desacertado. El artículo 16 constitucional prevé el imperativo para todas las autoridades de emitir mandamientos por escrito, fundados y motivados de los actos que incidan en la esfera de los gobernados, en los siguientes términos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe constar por escrito; además de estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalase, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el derecho humano de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En efecto, el artículo constitucional referido consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, el derecho humano de seguridad jurídica, también contenido en el precepto constitucional que se analiza, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, respecto de su familia, posesiones, o sus demás derechos; en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. Así, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de autoridad es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso, en el acta circunstanciada de entrega recepción de bienes propiedad de Policía Federal número 33/2014, se asentó que ésta se levantaba en cumplimiento al oficio PF/DSR/CRZO/3530/2014, de diez de julio de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador Regional Zona Occidente, en relación con el diverso PF/DSR/EA/10195/2014 de ocho de julio de dos mil catorce, firmado por el Inspector General, Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional, por el que se le requiere al hoy quejoso la entrega de los bienes materiales que le fueron asignados para el desempeño de su servicio. Posteriormente, se relacionaron los bienes que se entregaron; se citaron diversos preceptos legales de la Ley de la Policía Federal y del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; y, se asentaron firmas de los intervinientes. Ahora, en los oficios que se invocaron en el acta referida se advierte que el Inspector General de Enlace Administrativo, solicitó al Coordinador Regional Zona Occidente y éste a su vez, al Coordinador Estatal de Zacatecas, realizara diversos actos a efecto de cumplir con la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, emitida en el procedimiento administrativo PF/CFDP/CTS"C"/359/2012, instruido a José Luis Lozano Torres, a saber: Se supervisara la entrega de la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores y otros recursos que se hubieren puesto bajo la responsabilidad o custodia del hoy quejoso, mediante acta de entrega recepción. Se presentara el formato único de personal de conclusión del servicio por separación ante la ventanilla de Subdirección de Movimientos de Personal y Organización. Por lo anterior, se advierte que la cita de dichos oficios en el acta de entrega recepción, en los que se asentó que se realizaba en cumplimiento al fallo emitido en el procedimiento administrativo seguido al hoy quejoso, constituye un argumento mínimo pero suficiente que permite conocer al gobernado de dónde proviene el acto que combate, máxime que se señalaron diversos preceptos legales en que la autoridad responsable sustentó su actuación. De ahí que, contrariamente a lo que refiere el quejoso, de lo asentado en el acta de entrega recepción, adminiculado con los oficios que se citan en éste, puede advertirse claramente que éstos se realizaron en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, en el cual tuvo intervención. Por tanto, la fundamentación y motivación de tal mandamiento son propios de la referida resolución, por ser el acto en que consta su determinación, pues los actos que combate materia de este considerando, únicamente constituyen actos de ejecución. Sin que sea factible realizar el análisis de la determinación en comento, dado que como se consideró antelativamente, dicho fallo se encuentra consentido por no haberse presentado el juicio de derechos dentro del término legal. Además, por lo que respecta a la fundamentación del acta circunstanciada, se advierte que el quejoso no endereza conceptos de violación a efecto de poner en evidencia su incorrección, por lo cual, no es factible emprender su análisis. Finalmente, tampoco asiste razón en lo que alega en el sentido de que los signatarios del acto se atribuyen atribuciones propias del Comisionado General y del Consejo Federal de Desarrollo Policial, sin que sean competentes para determinar la entrega de bienes, ni retirarle de sus funciones. En efecto, como quedó evidenciado, las autoridades que suscribieron el acta de entrega recepción no actuaron por sí, sino en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, emitida por el Consejo Federal de Desarrollo Policial en el procedimiento administrativo PF/CFDP/CTS"C"/359/2012, instruido a José Luis Lozano Torres, por lo que, contrariamente a lo que considera el quejoso, las autoridades que emitieron los oficios reclamados y el acta de entrega recepción actuaron por mandato del órgano superior a efecto de cumplir con el fallo definitivo. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Lozano Torres, contra el acto que reclamó del Suplente Permanente del Presidente, Suplente Permanente del Secretario, Suplente Permanente del Titular de la División de Fuerzas Federales, integrantes del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal, consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, emitida en el procedimiento administrativo PF/CFDP/CTS "C"/359/2012, en términos del considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Lozano Torres, contra el acto que reclamó del Titular de la Estación Zacatecas y Titular de la Unidad Jurídica Estatal Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, consistente en el acta administrativa de once de julio de dos mil catorce; Coordinador Regional Zona Occidente de la Policía Federal, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, consistente en el oficio PF/DSR/CRZO/3530/2014 y Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional, consistente en el oficio PF/DSR/EA/10195/2014 de ocho de julio de dos mil catorce, por los motivos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, hasta el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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