José Luis Loredo Martínez
Expediente 911/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 911/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Luis Loredo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con testimonio de dicha resolución, notifíquese a la autoridad responsable. Archívese el presente asunto como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo. Por ello, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS PROVEÍDOS DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE Y TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA EN EL AMPARO DIRECTO 911/2017 DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL, LA RESOLUCÍON DE ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADA POR EL PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO EN EL CITADO AMPARO Y QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE En de once octubre de dos mil dieciocho, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México. Once de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, el artículo 196 del ordenamiento en cita, señala que una vez que el órgano judicial de amparo reciba el informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista a la quejosa y, en su caso, a los terceros interesados dentro del plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días, donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento y, dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés; además, precisa que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Adicionalmente, indica que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y una vez declarada cumplida, se ordenará el archivo del expediente, pues si no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el once de julio de dos mil dieciocho; por auto de presidencia de treinta y uno de julio del año en curso se declaró que en contra de la referida resolución no se interpuso recurso de revisión, y por oficio de la misma fecha, se requirió a la responsable su cumplimiento. Así, el secretario del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante oficio 3200/2018, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, informó que dejó insubsistente la sentencia recurrida; asimismo, solicitó se le concediera una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector. Petición que le fue concedida por auto de presidencia de veintidós de agosto siguiente. En ese tenor, por oficio 3623/2018, de once de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió copia certificada de la nueva resolución que emitió en cumplimiento al fallo protector. A continuación se procede a determinar si se dio o no cumplimiento exacto a tal ejecutoria. a) La sentencia concesoria que conlleva el cumplimiento se dictó el once de julio de dos mil dieciocho. b) La protección constitucional se otorgó para el efecto de que el tribunal unitario responsable: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Enseguida, reiterara las consideraciones que no fueron materia de la concesión, específicamente, lo relacionado con la apelación preventiva interpuesta por la parte demandada, así como las consideraciones por las cuales resolvió fundados los agravios (sobre legitimación pasiva en la causa) que le permitieron revocar la sentencia impugnada y ante la inexistencia del reenvío, reasumiera jurisdicción para resolver la litis; 3. Al examinar la controversia planteada, analizara exhaustiva y congruentemente -exponiendo los fundamentos y motivos requeridos para todo acto de autoridad- todas las prestaciones que se expusieron por las partes, tanto en el escrito de demanda como en su contestación, incluyendo las excepciones y defensas opuestas; y al hacerlo, tome en consideración y se pronuncie en relación con todas y cada una de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio de origen; y, 4. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que conforme a derecho procediera. En la especie, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo del conocimiento de las partes la sentencia con la que la autoridad responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en un término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera; vista que sí desahogó el quejoso mediante escrito de dos de octubre del año en curso. Para una mejor comprensión del asunto y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano colegiado, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORA: RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1. Deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. A. Mediante oficio 3200/2018, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la sentencia recurrida. 2. Reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión, específicamente, lo relacionado con la apelación preventiva interpuesta por la parte demandada, así como las consideraciones por las cuales resolvió fundados los agravios (sobre legitimación pasiva en la causa) que le permitieron revocar la sentencia impugnada y ante la inexistencia del reenvío, reasumiera jurisdicción para resolver la litis B. ".Ahora, continuando con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a reiterar las consideraciones emitidas en torno a la apelación preventiva hecha valer por la parte demandada, en contra del proveído de veintinueve de julio de dos mil quince; para lo cual es pertinente señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 1344, párrafos sexto y séptimo del Código de Comercio, debe analizarse en primer término los agravios expresados contra las violaciones procesales preparadas en apelación preventiva y de no ser procedentes o no haberse expresado, el tribunal estudiará y resolverá la procedencia o no de los agravios expresados en contra de la definitiva; lo que se realiza de la forma siguiente: (.). Todos estos datos permiten arribar a la conclusión de que el demandado sí está legitimado en la causa para que se le reclame el pago de la comisión materia de litis, pues de la interpretación de los anexos dos y tres exhibidos por la actora junto con su escrito de demanda, se puede arribar a la conclusión de que son suficientes para demostrar la legitimación pasiva en la causa de ********* por ser la persona a quien se debe reclamar el pago de la comisión materia del juicio [foja 48 de la de la sentencia emitida en el amparo 293/2017]. Lo anterior no implica que la pretensión de la actora necesariamente deba prosperar, pues el análisis de la legitimación pasiva de ********* solo atiende, a la luz de los agravios esgrimidos; por tanto, para resolver en torno al objeto de la contienda, se hace necesario analizar los elementos de la pretensión de la enjuiciada y, en su (sic) decidir si está o no demostrada la acción ejercitada, esto en oposición a las excepciones y defensas opuestas por la contraparte de la accionante al contestar la demanda instaurada en su contra. En las relatadas condiciones, al haber resultado fundados los agravios propuestos por la actora, lo procedente es revocar la sentencia impugnada, y en virtud de que en el sistema procesal mexicano, no existe el reenvío, este Tribunal Unitario se avoca al estudio de los elementos de la acción y de las excepciones y defensas que en su caso se deduzcan de la contestación de la demanda cuyo análisis fue omitido por el juez de primer grado, al considerar que la parte demandada carecía de legitimación pasiva. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 58, de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, localizable en la página cuarenta y seis, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: 'APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE'. (.)". 3. Al examinar la controversia planteada, analice exhaustiva y congruentemente -exponiendo los fundamentos y motivos requeridos para todo acto de autoridad- todas las prestaciones que se expusieron por las partes, tanto en el escrito de demanda como en su contestación, incluyendo las excepciones y defensas opuestas; y al hacerlo, tome en consideración y se pronuncie en relación con todas y cada una de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio de origen C. "En este orden, resulta de capital importancia señalar que la litis en la materia de que se trata, se fija en función de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda, que sirven de sustento a la pretensión deducida por la actora, y los argumentos de oposición que en su caso se esgriman en el escrito de contestación y que soportan la defensa de la demandada. (.) SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Al quedar establecido que ********* si es la persona en contra de quien debe dirigirse la acción y que por esa razón si tiene legitimación pasiva, se emprende el estudio de la pretensión deducida por *********, *********. Para dar seguimiento a ese propósito es pertinente señalar que, de la demanda origen del juicio ordinario mercantil, así como de su contestación, se puede advertir con claridad que la litis del juicio natural se centra en determinar si la actora *********, *********, tiene derecho a reclamar del demandado *********, el pago de $********* [********* pesos *********/100 moneda nacional], por concepto de suerte principal, que corresponde al valor de comisión y/o remuneración, por la publicitación de tres lotes de terreno, propiedad de la parte demandada, derivada del contrato de comisión mercantil, más el impuesto al valor agregado; así como daños y perjuicios, planteamiento que se edifica sobre la premisa fundamental consistente en que el comprador de esos predios fue precisamente uno de los propuestos por la hoy actora recurrente, y que el demandado se ha abstenido de pagar la comisión y/o remuneración antes dicha; o bien, como aduce la demandada, que la actora carece de legitimación para reclamar prestación alguna, en tanto que esta incumplió las obligaciones contraídas en la 'recomendación de venta' [negociador, propalador, facilitador o intermediario], pues el acto de comercio se convino con diversa persona de las recomendadas por la actora en el documento base de la acción. (.). Así, resulta conveniente precisar que la accionante expone en su demanda como hechos constitutivos de sus pretensiones, en lo que interesa que: (.). Por otra parte, la demandada al hacer lo propio, señaló que las prestaciones reclamadas son improcedentes, aduciendo en esencia que: (.). Puntualizado lo anterior, se procede al estudio de la acción ejercitada, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles, la actora debe probar los hechos constitutivos de su acción y la demandada los de sus excepciones. Con tal propósito, es pertinente señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 273 y 304 del Código de Comercio, para acreditar la acción intentada, la moral actora debe demostrar los siguientes extremos: 1. La existencia de la relación contractual entre las partes, de la que derive la obligación; 2. La exigibilidad de la obligación; y, 3. El incumplimiento del deudor. La existencia de la relación contractual como determinó el tribunal colegiado, fue debidamente acreditada por la accionante, con las pruebas documentales ponderadas para establecer la legitimación pasiva del demandado [copia certificada del adendum. al contrato de comisión del diez de junio de dos mil diez, y la autorización para el pago de comisión mercantil de veintinueve de enero de dos mil once], pruebas que son del tenor literal siguiente: (.). La lectura del adendum al contrato de comisión y la autorización para el pago de comisión mercantil, permiten presumir que el vínculo jurídico que existe entre la actora y el demandado, deriva de un pacto de comisión mercantil, pues como se estableció con antelación, el objeto de los pactos de nuestra atención fue que *********, *********, como comisionista, buscara compradores para los inmuebles ofertados [que se precisan en dichos documentos], comprometiéndose el comitente *********, a pagar como contraprestación el ********* por ciento del valor total de la venta, más el impuesto al valor agregado, para el caso de que la operación se concretara. Máxime que el demandado, afirmó que intervino en el consenso como representante legal de la persona jurídica colectiva denominada *********,*********; lo cual permite acreditar la existencia del acto jurídico como tal, sin que la calidad en la que adujo intervenir demente el pacto de voluntades, en tanto que como se afirmó con antelación, inexiste controversia en relación a la propiedad de los inmuebles motivo de la comisión, pues así lo señaló el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al emitir la ejecutoria de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el amparo directo 293/2017. Lo que se refuerza con la confesional a cargo de la demanda (sic), desahogada el veintiséis de agosto de dos mil quince, en la que a la pregunta número catorce iteró haber sido subscriptor del documento base. Manifestaciones del demandado que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 1212 y 1289, del Código de Comercio, esto porque los hechos son propios en relación a la prestación reclamada, y la referida pregunta fue declarada como legal. Sin que sobre señalar que, con motivo de su intervención en el denominado adendum al contrato de comisión y la autorización para el pago de comisión mercantil, se obligó a retribuir a la actora en caso de que se concretara el acto de comercio con las personas propuestas por la accionante. En ese sentido es pertinente señalar que si bien no se acreditó instrumentalmente el contrato de comisión mercantil, como lo determinó el tribunal colegiado del conocimiento, es posible presumir su existencia, en tanto que de la interpretación de las documentales citadas, se aprecia la encomienda para la proposición de posibles compradores, respecto de predios propiedad del demandado, y de los que de concretizarse el acto de comercio, el vendedor pagaría a la actora una remuneración, por el ********* por ciento, más el impuesto al valor agregado, respecto del total de la operación mercantil [foja 45 de la ejecutoria dictada en el amparo directo 293/2017]. Esto es claro sin desatender que el demandado niega reiteradamente la calidad del consenso, al señalar que este se refiere únicamente a una 'recomendación de venta', en la que en momento alguno se estableció obligación para la enjuiciada, sin embargo, dicha postura no está suficientemente sustentada, en la medida en que la demandada omitió exhibir prueba que acredite su dicho. En tal sentido, es conveniente precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1195, del Código de Comercio, quien niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; lo que en el particular se actualiza, en tanto que al negar la calidad del basal y establecer que el adendum al contrato corresponde a una recomendación de venta y que no deriva de una comisión mercantil; esa negativa envolvió la afirmación de un hecho, consistente en que únicamente existió la proposición de posibles compradores y no un pacto de voluntades, en el que se comisiono a una de las partes para lograr como fin último un acto de comercio respecto de los bienes inmuebles propiedad del demandado, a cambio de una prestación monetaria; de ahí que la demandada no debió limitarse a negar el vínculo comercial, por el contrario tenía la carga de probar su afirmación. Sobre tales premisas, es válido concluir que la relación jurídica entre las partes sí está demostrada y que esta deriva de un pacto de comisión mercantil celebrado entre la actora *********, *********, y la parte demandada *********, para la comercialización de tres lotes de terreno identificados en el adendum al contrato de comisión [foja 44 y 45 de la ejecutoria dictada el siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el amparo directo 293/2017]. Ahora, la obligación derivada de la relación contractual entre las partes, fue debidamente acreditada por la actora con las documentales de que se trata, a las que se suma la documental privada consistente en copia certificada de la comunicación de cinco de diciembre de dos mil doce, signada por ********* ********* en su carácter de *********, mediante la cual, en atención a la propuesta que realizara la actora, para adquirir los inmuebles establecidos en el adendum, informó su interés en la transacción y que la misma se realizaría a través de un fondo de capital privado *********; son *********, *********, *********, *********, *********, *********, ********* Y *********. La accionante también ofertó la documental privada de dieciocho de febrero de dos mil trece. Mediante la cual ********* [quien es apoderado de *********, *********] se comprometió ante *********, en su carácter de ********* de *********, *********, a no ofrecer, propalar o continuar negociando, con persona física o moral, distinta a las representadas por ustedes [sic], para la venta, renta o aportación de los referidos inmuebles durante un periodo de dos años, en el entendido que en caso de incumplimiento se pagaría una pena convencional de *********de pesos. Obra en autos la documental privada de trece de junio de dos mil trece, por la que ********* *********, informó a la accionante que en atención a la propuesta de adquisición de los predios ubicados en Naucalpan, Estado de México, el demandado *********, habían formalizado el cuatro anterior, un contrato de promesa de compraventa, agradeciendo la intervención del representante de la actora para lograr la concretización de la operación. Documentales que el actor perfeccionó con el ofrecimiento probatorio de la testimonial a cargo de ********* llevada a cabo el dieciocho de diciembre de dos mil quince, en la que el ateste de referencia señaló ser profesional inmobiliario, razón por la cual conoció a *********, quien le presentó a ********* porque el primero tenía un mandato de corretaje de un inmueble propiedad del segundo, mismo que fue de interés para la empresa en la cual laboraba que refirió como *********, adicionó que le consta que el demandado firmó un contrato de compraventa con *********, transacción que se dio porque ********* ofreció a ********* los inmuebles para su venta; y que la razón de su dicho es porque en su función de ********* de *********, recibía las ofertas de ventas, negociaba las propiedades que se iban a recibir, verificaba que quien ofreciera alguna propiedad tuviera un mandato del propietario y negociaba con el propietario a través del oferente. La testimonial ofrecida por la parte actora tiene valor convictivo con fundamento en el artículo 1302, del Código de Comercio, de ahí que sea útil para acreditar, solo el hecho de la existencia de una relación comercial entre actor y demandado, en la medida en que esta exposición se encuentra reforzada con las documentales privadas antes citadas; empero resulta ineficaz para demostrar la celebración del acto jurídico concerniente a la transacción mercantil de la que dice fueron partes el demandado y la empresa que denominó *********. Sirve de apoyo a la anterior consideración, en lo conducente, el criterio singular de epígrafe y texto siguientes: 'TESTIMONIAL, VALOR DE LA. CUANDO SE TRATA DE DEMOSTRAR UN ACTO JURÍDICO QUE DEBE CONSTAR EN DOCUMENTO PUBLICO'. También se cuenta con el informe rendido por el apoderado de *********, *********, que a su vez representa a *********, ********* *********, *********, como Fiduciaria del fideicomiso irrevocable con actividades empresariales número *********, cuya denominación fiscal es *********, como consta en la escritura pública *********, de seis de mayo de dos mil quince y *********, de uno de diciembre de dos mil catorce; el cual se desenvolvió a razón de las posiciones formuladas por el actor, en las cuales la moral de que se trata informó que ********* laboró para *********, *********, en calidad de *********, y que este intercambió cartas con *********, *********, mismas que estaban relacionadas con la posible venta de terrenos ubicados en avenida *********, ********* y *********, colonia *********, municipio de Naucalpan, Estado de México. Medios probatorios de los que se advierte que, partiendo de la presunción de la existencia de un 'contrato de comisión mercantil' [pues así lo estimó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en el amparo directo 293/2017], la actora cumplió con las obligaciones contraídas para con la demandada; en tanto que de estas se advierte la asistencia comercial de la comisionista en relación a los inmuebles establecidos en el adendum, propiedad del comitente, ya que, la actora 'intervino' para ofrecer, propalar y negociar, a fin de gestionar su venta, de ahí que se actualiza la condición resolutiva a la que estaba sujeta el contrato basal. No obstante lo anterior, de conformidad con el adendum al contrato de comisión mercantil, para poder exigir la retribución pactada, la actora debe acreditar que su asistencia para con el demandado generó como último fin, el acto de comercio; es decir, que alguno de los posibles compradores propuestos por la actora, adquirió los bienes muebles que esta promocionaba para su enajenación; en tanto que el documento base es explícito en establecer en el inciso cuatro que 'EN CASO DE REALIZARSE LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA, ********* PAGARÁ A *********, *********.*********. DE *********. *********. EL *********% MÁS IVA SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN Y AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBIR EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE'. En ese sentido, tenemos que la actora ofreció copia certificada del juicio ordinario mercantil 76/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, que promovió *********, ********* *********, en contra del aquí demandado *********, en donde se exigió como prestación el cumplimiento forzoso del contrato de promesa de compraventa de cuatro de junio de dos mil trece, controversia en la que se hizo constar que *********, ********* [antes *********, *********] cedió y transmitió a favor de *********, *********, *********, todos y cada uno de los derechos litigiosos derivados de las acciones ejercitadas; y, que concluyó con la formalización del acto de comercio que recayó sobre los bienes inmuebles propiedad del demandado, en el instrumento notarial *********, de veinte de noviembre de dos mil catorce, y en el figura el demandado como vendedor, y como comprador *********, *********, *********, (antes *********, *********, *********), única y exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable con Actividades Empresariales identificado con el número ********* (*********) y denominado para efectos fiscales como '*********', como comprador. El instrumento notarial relacionado en el párrafo que antecede, fue aportado al sumario en copia certificada; y de este se puede advertir que el veinte de noviembre de dos mil catorce, el licenciado *********, Notario Público número ********* del Distrito Federal, otorgó la escritura pública número ********* [*********], en la que hizo constar la formalización del contrato de compraventa celebrado entre el aquí demandado ********* como vendedor, y como comprador *********, *********, ********* (antes *********, *********, *********), única y exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable con Actividades Empresariales identificado con el número ********* (*********) y denominado para efectos fiscales como '*********, por tres lotes de terreno, ubicados en avenida *********, números *********, *********, en Naucalpan de Juárez, Estado de México; y que por dicha transacción se pagaría un precio por la cantidad de $********* [********* pesos, moneda nacional]. Además, en el apartado cuarto de antecedentes se puede apreciar que el fideicomiso *********, fue celebrado el diecisiete de enero de dos mil trece, entre otros, por *********, ********* *********, como fideicomitente ['*********']; y, en el que también participó *********, *********, como consta en el apartado cuatro romano, del capítulo de antecedentes del instrumento público mencionado. A su vez en la cláusula segunda del fideicomiso subrubro clausula 2.1. Constitución del Fideicomiso, se aprecia que cada uno del Fideicomitente *********, ********* y el Co-inversionista *********, nombra al Fiduciario como fiduciario del contrato en mención, para ser propietario y titular del patrimonio del Fideicomiso para los fines del Fideicomiso de conformidad con ese contrato y la Ley Aplicable, así como para cumplir con las obligaciones del Fiduciario establecidas en el contrato y en la Ley Aplicables. En la cláusula 2.3. Partes del Fideicomiso. Se aprecia que las partes de este son: Fideicomitentes iniciales: ********* *********, *********, *********, *********, *********, como fiduciario del Fideicomiso ********* y *********, *********, *********, *********, *********, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso *********, como fideicomitentes; y que el administrador es *********, *********. En este punto, es pertinente señalar que las documentales públicas ofrecidas por la actora merecen pleno valor convictivo con fundamento en los artículos 1237 y 1292, del Código de Comercio, en tanto que las documentales privadas tiene igual valor probatorio con fundamento en los artículos 1238, 1241 y 1296, del mismo ordenamiento, pues no obstante que fueron objetadas por la parte demandada únicamente lo hizo en cuanto a su alcance y valor probatorio, es decir, no fueron tachadas como falsas. Ilustra la anterior consideración el criterio que aparece plasmado en la jurisprudencia I.3o.C. J/30, que señala: 'DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR SU IDONEIDAD'. De lo cual se colige que el veinte de noviembre de dos mil catorce, se formalizó el contrato de compraventa que celebró el señor ********* como vendedor, y como comprador *********, *********, ********* [antes *********, *********, *********], como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable con Actividades Empresariales número ********* (*********), denominado para efectos fiscales como '*********', de los lotes de terreno identificados con los números *********, ********* y *********, de la avenida *********, colonia *********, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, respecto de los cuales ********* contrató a *********, *********, como comisionista para promover, comercializar y propalar su venta, entre otros, a favor de ********* o de cualquier empresa que él representara -tal cual quedó establecido en el adendum al contrato de comisión-, como es *********, concretamente la sociedad mercantil denominada *********, *********, como fideicomitente; y, en el que también participa la sociedad mercantil denominada *********, *********, acordándose como precio la cantidad de $********* [********* pesos *********/100 moneda nacional], de los cuales *********, como vendedor, recibió un anticipo de $********* [********* pesos *********/100 moneda nacional], quedando un saldo pendiente de pagarse a *********, por la cantidad de $********* [********* pesos *********/100 moneda nacional], que le sería liquidado a más tardar el día veintisiete de marzo de dos mil quince. De ahí que también se tenga por actualizado el segundo de los elementos de la acción, en tanto que de las documentales previamente citadas, es inconcuso que está acreditada la obligación de pago de la comisión mercantil del ********* por ciento del monto de la venta de los inmuebles, más el impuesto al valor agregado, en tanto que, el comitente, se comprometió a pagar dicha cantidad, a la actora *********, *********, en caso de realizarse la operación de venta, como retribución por su asistencia comercial. En este sentido, las pruebas destacadas, dan noticia de que la actora gestionó el acto de comercio relacionado con los lotes de terreno identificados con los números *********, ********* y *********, de la avenida *********, colonia *********, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, propiedad del demandado ********* con la persona física de nombre *********, que a su vez representaba interés de personas morales como es *********, pues este en su calidad de ********* de la referida persona colectiva, sostuvo platicas en relación a la adquisición de los inmuebles y la forma en la cual se tendría que generar el pago, derivado del acto de comercio, informando así, de la concretización de un contrato de promesa de venta. Esto claro, sin desatender, que *********, empleado de ********* [*********], no contaba con poder notarial para comprometerse en nombre de su empleador, pues así lo informó el apoderado legal de Operaciones *********, *********, al rendir el informe ya valorado; sin embargo, es evidente que la actora cumplió con su obligación de propalar la venta de los predios de que se trata, en tanto que esta persona física fue un eslabón en la cadena comercial, que concluyó con la venta de los inmuebles a la diversa moral *********, *********, ********* [antes *********, *********, *********]. A lo que también es pertinente apuntar que si bien el empleador de *********, que en ese entonces era *********, ********* [*********], no fue la persona que finalmente adquirió los bienes inmuebles; empero, se advierte que es fideicomitente del fideicomiso con el que se concretó el acto de comercio, del que incluso es administradora; además de que, con esta se entendió el diverso contrato de promesa de venta, para la adquisición de los lotes de terreno propiedad de *********, identificados con los números *********, ********* y *********, de la avenida *********, colonia *********, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México -respecto de los cuales se contrató a *********, *********, como comisionista para promover, comercializar y propalar su venta-, derechos que a su vez fueron traspasados a la moral que concreto la transacción de los predios, de lo que es evidente la aportación que en lo individual realizara cada persona para la concretización del fin; esto es, la intervención de la actora para ofrecer, propalar y negociar, a fin de gestionar la venta de los referidos predios, con un empleado de la moral *********, que a su vez cedió y transmitió a favor de *********, *********, *********, todos y cada uno de los derechos litigiosos derivados del contrato de promesa de venta y finalmente que la persona colectiva que adquirió los bienes, realizó el acto de comercio a través de un fideicomiso en el que también figura ********* como fideicomitente. En este sentido, es pertinente señalar que, en el caso, el fideicomitente y el fideicomisario son beneficiados con el desarrollo de su actividad, por lo que si bien las operaciones se efectúan con cargo al patrimonio del fideicomiso, este carece de personalidad jurídica, y la fiduciaria, a pesar de ser la titular de ese patrimonio, siempre actúa bajo la dirección del fideicomitente y en beneficio del fideicomisario. De ahí que, como el fideicomiso no es una entidad distinta de sus miembros, sino un contrato que constituye un vehículo transparente para sus fines, las actividades que se llevan a cabo con cargo a su patrimonio son atribuibles directamente a aquellos; de ahí que sea evidente el vínculo existente entre el adquirente de los inmuebles y la moral *********, que a su vez fue representada por su empleado en las negociaciones con la actora. A esto, la demandada (sic) aduce, que resultó carente de toda lógica que *********, *********, fuera la misma persona que concretizó la especulación comercial de los bienes de la enjuiciada, y a su vez se pagara ella misma, en tanto que la primera era acreedora de la segunda, pues en la cláusula segunda de la referida escritura pública se acordó el precio de la compraventa en ********* pesos, con lo cual, parte de dicha cantidad se cubrió a diversos acreedores, dentro de los cuales se encontraba *********; sin embargo, dicha apreciación es subjetiva, en tanto que no aporta elemento alguno para establecer por qué considera que no es posible que diversas personas morales que conforman un fideicomiso pudieran tener otra relación en la que una sea acreedora de la otra; pues si bien, el fin del fideicomiso es comunal en relación a sus partes, no necesariamente son los únicos actos que pueden involucrar a las diferentes fracciones que lo conforman. Así, es evidente la encomienda de la actora *********, *********, para buscar compradores de los lotes de terreo identificados con los números *********, ********* y *********, de la avenida *********, colonia *********, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, propiedad del demandado *********, así como que la primera, propuso posibles compradores, entre ellos ********* o de cualquier empresa que él representara, en el caso *********; de ahí que la actora cumplió con su obligación contractual para publicitar los bienes inmuebles, pues estos fueron adquiridos, indirectamente con una de las personas propuestas por la actora; de lo que es incuestionable que se actualizó la condición resolutiva a que estaba sujeto el pacto de voluntades expuesto en adendum al contrato de comisión de diez de junio de dos mil diez, y la autorización para el pago de comisión mercantil de veintinueve de enero de dos mil once, razón por la cual la demanda tiene el deber de retribuir a la actora de conformidad con la comisión mercantil pactada, que por cierto tenía un término indefinido para su vigencia, en virtud de que en él se estableció que duraría 'el tiempo que tarde el proceso que señale en la opción a firmarse con los interesados y en el respectivo contrato de compra venta', que en el particular se concretizó el veinte de noviembre de dos mil catorce, fecha en que se formalizó el acto de comercio de los predios objeto del adendum al contrato de comisión, contenido en la escritura pública número ********* [*********]. El tercer elemento de la acción, relativo al incumplimiento del deudor, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1194, del Código de Comercio, a la parte demandada corresponde la carga de la prueba, ya que al deudor corresponde acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no haber dado causa de incumplimiento del contrato objeto del juicio, pues al actor no puede exigírsele la demostración de un hecho negativo, cuando en uno de esa clase se funda el tercer elemento de la acción. Ilustra la anterior consideración, la jurisprudencia número 305, sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cinco, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente: 'PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. El'. Luego, debido a que el enjuiciado no justificó haber efectuado el pago de las obligaciones contraídas para con la actora, o bien que dicho monto fuera cubierto por la moral que realizo el acto de comercio con la demandada [esto en cumplimiento a la autorización para el pago de comisión mercantil], se impone considerar demostrado el elemento de la acción en estudio. Con base en las pruebas anteriormente valoradas, se declara judicialmente que la demandada incumplió con las obligaciones de pago de la comisión mercantil, de ahí que lo procedente es condenar a la parte demandada *********, a pagar a la parte actora *********, *********, la cantidad de $********* [********* pesos *********/100 moneda nacional], que es el equivalente al *********% [********* por ciento] del valor de la transacción comercial, que fue pactado como retribución a la actora, precisamente como comisión, más el impuesto al valor agregado. Como consecuencia de lo anterior, deben considerarse infundadas las excepciones que hizo valer la enjuiciada, relativa a la falta de legitimación; así como la de acción y derecho; la de condición a que estaba sujeto el documento; habida cuenta que en este fallo quedó demostrada la relación contractual existente entre las partes, las obligaciones que asumió el demandado, entre los que se encuentra el pago del ********* por ciento del monto fijado en la transacción de venta de los predio publicitados por la actora, más el impuesto al valor agregado, así como el incumplimiento de esa obligación; sin que las pruebas ofrecidas a su favor, le sean favorables, en tanto que coinciden con las aportadas por la actora, mismas que sirvieron de sustento a la presente determinación, lo que igualmente sucede con la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, pues en nada beneficia a su causa. Por otra parte, respecto a la excepción opuesta planteada relativa a la sine actione agis, debe decirse que no constituye propiamente a una excepción, si se parte de la base que la excepción es considerada como una defensa que puede hacer valer el demandado para oponerse a la acción o a la pretensión hechas valer por la parte enjuiciante, supuesto que en la especie no se actualiza, porque dicha excepción no es otra cosa que la negación del derecho ejercitado. Por tanto, su efecto consiste en arrojar la carga de la prueba a la actora y obligar al juzgador a examinar todos los elementos constitutivos de la acción. En ese sentido, deberá estarse al resultando de este fallo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 640, de rubro y texto, siguientes: 'SINE ACTIONE AGIS'. Ahora, atendiendo al incumplimiento de la obligación contraída, se condena al demandado *********, a pagar a la actora *********, *********, los intereses moratorios a razón del ********* por ciento anual, conforme a lo dispuesto por el artículo 361, del Código de Comercio, aplicado a partir desde que el demandado incurrió en mora; es decir, al día siguiente de la fecha en que se formalizó el acto de comercio de los predios objeto del adendum al contrato de comisión, contenido en la escritura pública número ********* [*********], esto de conformidad con el artículo 363, del referido código; ya que así fue convenido expresamente en el basal, pues en su apartado cuarto se puede advertir que la retribución a la que se obligó la demandada sería pagadera 'AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBIR EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE', por lo que si el documento en el que constata la operación mercantil, se celebró el veinte de noviembre de dos mil catorce, se justifica que el inició de mora corresponde al día posterior a su formalización es decir al veintiuno de noviembre de dos mil catorce. Respecto de la prestación de daños y perjuicios reclamados por la actora, no ha lugar a condenar a la demandada en cuanto este rubro corresponde, en tanto que se advierte que los planteamientos expuestos por la enjuiciante se refieren a costas judiciales. En ese sentido, es pertinente señalar que las costas judiciales son los gastos necesarios que eroga cada una de las partes para iniciar, tramitar y concluir un juicio, por lo que su condena tiene la naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio. En ese sentido, tenemos que el artículo 1084, del Código de Comercio prevé lo siguiente: (.). Del precepto trascrito se advierte que la condena en costas procede, en un sistema mixto, cuando así lo prevenga la ley o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe, esto es: a. Objetivo (cuatro fracciones, conforme al cual siempre procede dicha condena) y, que aunque la fracción III únicamente se refiere a la condena en costas para los juicios ejecutivos, aplica en general para todo tipo de juicios mercantiles; y b. Subjetivo, consistente en que el juzgador debe determinar, si en el caso concreto, alguna de las partes se condujo con temeridad o mala fe. Por tanto, al resolver en definitiva, se debe determinar si opera el sistema subjetivo [si a su juicio la parte demandada obró con temeridad o mala fe], o bien, si conforme al sistema objetivo se actualiza alguna de las cuatro hipótesis contempladas en el referido dispositivo legal, siendo irrelevantes la temeridad y la mala fe, esto es, que si se opta por la condena del sistema objetivo, no podrá hacer condena por el diverso subjetivo, porque si bien pueden coincidir, son independientes tanto los casos previstos expresamente por la ley, como la apreciación del propio juzgador de la actitud temeraria o con mala fe de alguna de las partes, pues la conjunción disyuntiva 'o' denota diferencia, separación o alternativa entre ambos supuestos, por lo que basta con que en el caso concreto se configure alguno de los dos supuestos para que sea procedente la condena respectiva. Bajo la premisa anotada esta operadora jurídica advierte que en el caso particular, al resultar fundados los agravios propuestos por la actora inconforme, se estimó infundada la excepción de falta de legitimación pasiva y por tanto se revocó la determinación de primera instancia, razón por la cual, en reasunción de jurisdicción se estimó procedente la acción intentada por *********, *********, en los términos indicados en la presente ejecutoria, de ahí que al resultar vencida la parte demanda, y por tanto condenado ********* de las prestaciones reclamadas por la actora; lo procedente es condenar al referido demandado al pago de costas, en términos del artículo 1084, párrafo primero, del Código de Comercio, toda vez que fue necesaria que la accionante acudiera ante la autoridad judicial a reclamar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el llamado adendum al contrato base de la acción, en razón de que el demandando negara la relación jurídica que existe entre ambas entidades. En las relatadas circunstancias, dado lo fundado de los agravios propuestos por la actora apelante, lo procedente es revocar la sentencia que absolvió a la demandada, para en su lugar dictar sentencia de condena en los términos ya discados en esta ejecutoria. Finalmente, se declara sin materia el diverso recurso de apelación intentado por la parte demandada. OCTAVO. En razón de que no se está en presencia de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, porque la actora apelante logró que este tribunal de alzada revocara la sentencia de primera instancia, con fundamento en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio no ha lugar a condenar en costas en segunda instancia". 4. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho proceda. D. "TERCERO. Se revoca la sentencia definitiva de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez en el juicio ordinario mercantil 28/2015, promovido por *********, en su carácter de apoderado legal de la actora *********, *********, en contra de *********, cuyos puntos resolutivos deberán quedar como sigue: 'PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria mercantil intentada por la parte actora *********, *********, en la que probó su acción y el demandado *********no justificó sus excepciones ni defensas. SEGUNDO. Se condena al demandado *********a pagar a *********, *********, la cantidad de $********* (********* PESOS *********/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal y que corresponde al valor de la comisión y/o remuneración acordada en el adendum al contrato de comisión, base de la acción, más el impuesto al valor agregado (IVA). TERCERO. Se condena al demandado ********* a pagar a la actora *********, *********, los intereses a razón de *********% (********* por ciento anual), sobre la base de la cantidad condenada en el punto anterior. CUARTO. Ha lugar a condenar en costas en primera instancia a *********'. CUARTO. Se declara sin materia el diverso recurso de apelación intentado por la parte demandada". Del anterior cuadro comparativo, se advierte el cumplimiento al fallo protector emitido por este tribunal. En esas condiciones y tomando en cuenta lo anterior, se concluye que la ejecutoria quedó cabalmente cumplida, sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. No es óbice a lo anterior lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dado que existen defectos, además de que la responsable no da cabal cumplimiento a todas y cada una de las observaciones hechas por este tribunal colegiado (transcribe las consideraciones de la sentencia de amparo), por lo que pasa por alto una debida fundamentación y motivación, asimismo, existen incongruencias en la sentencia en relación con la valoración de ciertas pruebas y porque se tuvo una falta de percepción de lo que es el fideicomiso; sin embargo, en la ejecutoria de amparo no se vinculó al tribunal unitario para que resolviera en algún sentido específico, debiendo citar un fundamento y motivación concretos, así como tampoco se vinculó a la responsable a que valorara el material probatorio con un alcance determinado, sino solo se le constriñó para que analizara exhaustiva y congruentemente -exponiendo los fundamentos y motivos requeridos para todo acto de autoridad- todas las prestaciones que se expusieron por las partes, tanto en el escrito de demanda como en su contestación, incluyendo las excepciones y defensas opuestas; y al hacerlo, tomara en consideración y se pronunciara en relación con todas y cada una de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio de origen; y, con plenitud de jurisdicción, resolviera conforme a derecho, sin que se le vinculara a resolver de alguna manera específica en torno a tales cuestiones, por lo que ello no constituye un factor para advertir la inconformidad que alega el ocursante. Por tanto, como la autoridad cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa licenciado Hugo Rosete Guerrero, que autoriza. Doy fe. HRG/fagm
- Juicio de Amparo Directo
En cumplimiento al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo que interesa establece que corresponde a esta presidencia proveer sobre el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, procédase a emitir el pronunciamiento respectivo.
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