José Luis López Vera y Otros.

Expediente 249/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
249/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • José Luis López Vera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 249/2019-3-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de emitir el acuerdo respecto de la actualización de los salarios vencidos y demás prestaciones motivo de la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, infringiendo los numerales establecidos en la Ley Federal del Trabajo para tal efecto, así, como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese sentido, a juicio de esta juzgadora se advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo . Conforme al artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar su improcedencia de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. XCI/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO". Correlativo a lo anterior, el artículo 6, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia. Luego, el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la ley del ordenamiento legal en cita, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado de forma directa y personal, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". En el caso particular, el promovente de amparo señala como acto reclamado la dilación procesal en la que ha incurrido la autoridad responsable, al no proveer el escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve, por el que solicitó la actualización de los salarios vencidos y demás prestaciones que fueron materia del laudo dictado en el juicio laboral ***. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el promovente, debe decirse que de ninguna manera puede concluirse por el momento, que la dilación reclamada, le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, ni que tampoco que le produzca una afectación material a sus derechos sustantivos, aun cuando se aleguen violaciones al derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de prosecución; resultando improcedente el juicio de amparo en su contra. En ese sentido, es preciso establecer lo que dispone el el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Del citado numeral se desprende, que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuentan con el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciban una promoción por escrito, para dictar la resolución correspondiente. En la especie, la parte quejosa manifiesta que presentó ante la autoridad señalada como responsable, el escrito que aduce no se ha proveído, el once de febrero del año en curso. Ahora, si la demanda por la que ocurre en esta instancia, la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, el cuatro de marzo del actual, según el sello estampado que obra en el mismo, se advierte que únicamente han transcurrido veinte días hábiles De ahí que, el acto reclamado no cause un perjuicio ni afecte directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, al no existir una abierta dilación. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8o. y 17 constitucionales; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio laboral de origen, en el que, el quejoso es parte; por lo que resulta inconcuso que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo antes expuesto, la suscrita juzgadora considera que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no media tiempo suficiente para afirmar que exista una abierta dilación del procedimiento de ejecución o su paralización total. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que lleva por rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. ***

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