José Luis López Terraza
Expediente 1042/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Sinaloa. Ciudad
- José Luis López Terraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo, este Órgano de Control Constitucional, de oficio, resolvería si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, ello, de conformidad con la jurisprudencia, 2a./J. 22/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE". La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del juicio de amparo. En razón de lo expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en el recibo de pago con número de folio 11-000616897, de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por la cantidad total de $32,866.00 (treinta y dos mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), expedido a nombre del aquí quejoso José Luis López Terraza (fojas 30, 31, 111 y 112), para el efecto de que sean devueltas a éste tales cantidades que pagó por la aplicación del artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la parte peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en el referido recibo de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Con relación a ese tópico, se invoca el criterio establecido en la jurisprudencia 47/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 188/2004 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Sustenta lo anterior, la tesis CXXXVII/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 23, antepenúltimo párrafo). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, los citados recibos de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa y contrato de crédito donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberán devolverse al impetrante de amparo, las cantidades de $***, y ****, toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II y III de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dichas cantidades se encuentran incluidas en el monto total de $*****. Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones (foja 28, séptimo párrafo). Al respecto se cita, en la idea conducente y aplicable, la jurisprudencia 13/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Con la finalidad de cumplir con la ejecutoria dictada en autos, la autoridad responsable realizó lo siguiente: ? Por oficio SATES-DJ-DAAP-506/2021, se giraron instrucciones el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en representación de la Dirección de Recaudación de esa dependencia informó que mediante oficio SATES-DR-DD-6671/2020 de catorce de junio de dos mil veinte, solicitó al Director de Tesorería, expidiera el cheque correspondiente a nombre de la parte quejosa, por la cantidad de treinta y dos mil veintiún pesos con diez centavos relacionados con la devolución de pago compra venta, principal y 10% pro-educación derivados del recibo de pago 11-00061168987. ? Por oficio SATES-DJ-DAAP-560/2021 de ocho de junio de dos mil veintiuno, se informó de la expedición del cheque con número 0000871 de veinticuatro de ese mes y año por la cantidad precisada en el punto anterior expedido a nombre del justiciable José Luis López Terraza. ? Por oficio SATES-DJ-DAAP-5/2021 se informó la entrega del cheque con número 0000871 de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno por la cantidad de treinta y dos mil veintiún pesos con diez centavos y se remitió copia certificada para justificarlo, de la que se advierte la recepción de conformidad suscrita por la parte quejosa; así como copia certificada de la identificación oficial de ésta última. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y los actos llevados a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, fracción I, inciso b), se prevé que es susceptible de depuración los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en este juicio de amparo en una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por oficio 15855/2021, derivado del proveído de uno de julio del presente año, adjunta copia certificada de la entrega del cheque, de veinticuatro de junio último, por la cantidad citada en el acuerdo, recibido el ocho de julio del año en curso, con identificación del mismo. Ahora, este órgano jurisdiccional considera pertinente, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo correr traslado a la parte quejosa con copia certificada del mismo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a derecho corresponda; APERCIBIDA que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la ley en la materia, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por dicha autoridad, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.
- Principal
El Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y anexo, informa los actos encaminados a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, téngase a la autoridad en vías de cumplimiento del fallo protector.
- Principal
Por lo expuesto en el acuerdo, REQUIÉRASE al Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación de este proveído, remítase copia certificada de dicho título de crédito; APERCIBIDO.
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