José Luis López Ramos

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • José Luis López Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    . Téngase al Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitiendo el testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en el amparo en revisión 369/2022 del índice del tribunal de su adscripción, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el presente asunto; al respecto, el mencionado órgano colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis López Ramos, contra el acto que reclama del Juez Séptimo de Distrito en el estado de Quintana Roo, consistente en la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo indirecto 5/2021."... en atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente, y archívese como asunto concluido... se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... hágase la anotación en la caratula del presente expediente en el sentido de que carece de relevancia documental.. se destaca que el presente expediente es susceptible de depuración... finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable los tres discos certificados que acompañó a su informe.

  2. Principal

    . Agréguese a los autos el oficio firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el amparo en revisión 369/2022 el magistrado presidente del tribunal de su adscripción, admitió el recurso de revisión interpuesto por Jorge Antonio Méndez Mex, defensor particular de José Luis López Ramos, contra la sentencia emitida el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    . I. Parte quejosa interpone recurso de revisión Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la promoción signada por Jorge Antonio Méndez Mex, defensor particular de la parte quejosa José Luis López Ramos, mediante la cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se negó el amparo solicitado. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el citado recurso de revisión; en consecuencia, glósese a este expediente una fotocopia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse una fotocopia sin certificar para cada una de las partes. Asimismo, una vez que dicho recurso se encuentre integrado, sin ulterior acuerdo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes correspondiente, y con apoyo en el artículo 89 de la Ley de Amparo remítanse los (i) autos que integran el presente juicio de amparo, (ii) tres discos compactos certificados y el (iii) escrito de expresión agravios, a la Oficina de Correspondencia Común para los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del referido medio de impugnación. II. Se reexpide oficio Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia respectiva en el presente juicio, sin que se haya confeccionado el oficio dirigido al tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Quinta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, a fin de comunicarle dicha resolución. Por tanto, confecciónese el oficio correspondiente al fiscal tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Quinta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, en el que se le comunique la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós y el presente acuerdo con la finalidad de que esté en aptitud de imponerse de dicha sentencia.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa José Luis López Ramos, la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 27, fracción i, inciso b) de la Ley de Amparo, misma que en lo que nos interesa refiere: "Cancún, Quintana Roo, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. V I S T O S, los autos del juicio de amparo indirecto 5/2021-I, promovido por José Luis López Ramos, por conducto de su defensor particular Jorge Antonio Méndez Mex, contra un acto del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno en la misma fecha a este juzgado de distrito, José Luis López Ramos, por conducto de su defensor particular Jorge Antonio Méndez Mex, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio del artículo 1°, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTO RECLAMADO: El auto de vinculación a proceso de fecha doce de diciembre de dos mil veinte dictado dentro de la C.A. (carpeta administrativa) número de expediente 211/2020 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, por el delito de la Portación de Armas de fuego de uso exclusivo del ejército Armada y de la Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, con relación al numeral 11 inciso A),ambas de la Ley Federal de Armas de Fuego. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el cinco de enero de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, en acuerdo de seis siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 5/2021-I, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete quien formuló pedimento 66 en el sentido de negar el amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Quinta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad; y se señaló fecha y para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en sus dos primeras etapas en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclama un acto de una autoridad judicial en materia penal con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hace consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso José Luis López Ramos, en audiencia de doce de diciembre de dos mil veinte en autos de la carpeta administrativa 211/2020 del índice del Centro Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, que prevé y sanciona el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso a, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en agravio de la sociedad. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con sede esta ciudad, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Además, lo anterior se corrobora con las constancias que conforman la carpeta administrativa 211/2020 del índice de la responsable, que en tres discos compactos remitió, consistentes en las video grabaciones de las audiencias de diecisiete de noviembre, siete y doce de diciembre, todas de dos mil veinte; así como, con la copia auténtica de la citada carpeta administrativa, documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, de las que en lo que interesa se desprende que el doce de diciembre de dos mil veinte, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso José Luis López Ramos, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, que prevé y sanciona el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso A, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en agravio de la sociedad. Por tanto, es cierto el acto reclamado precisado en el considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito juzgador no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Octava Época No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que se advierta alguna deficiencia que de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, deba suplirse. Previamente, conviene destacar los antecedentes más relevantes que dan origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias y discos remitidos por la autoridad responsable, a saber: 1. En veintinueve de octubre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público de la Federación, solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio en turno, del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, Quintana Roo, fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial con la finalidad de formular imputación en contra de José Luis López Ramos, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso a) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (fojas 31 y 32). 2. En auto de treinta de octubre siguiente, se registró el asunto con el número de carpeta administrativa 211/2020; se ordenó designar un defensor público al indiciado, quien debía de inmediato aceptar y protestar el cargo, acudir a entrevistarse con el imputado y allegarse de la carpeta de investigación, se citó a las partes para las diecisiete horas del diecisiete de noviembre de la citada anualidad para la celebración de la audiencia solicitada (fojas 34 a 36). 3. Ante ello, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia inicial en la que la defensa solicitó el diferimiento de la misma a fin de poder imponerse de la carpeta, por lo que, se señalaron las diez horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veinte para la celebración de la audiencia inicial (disco marcado como audiencia 1). 4. Así, el siete de diciembre del año en cita, en presencia de todas las partes, el Fiscal del Ministerio Público de la Federación formuló imputación en contra del aquí quejoso (disco marcado como audiencia 2, parte 1, minuto 00:04:30); el imputado hizo uso de su derecho a declarar ante el juez responsable (disco marcado como audiencia 2, parte 2, minuto 00:00:31). A las diez horas con cincuenta y siete minutos de ese día (disco marcado como audiencia 2, parte 2, minuto 00:22:00), el fiscal federal, solicitó la vinculación a proceso, a las once horas con veinte minutos se solicita la ampliación del término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas para decidir la situación jurídica del imputado (disco marcado como audiencia 2, parte 3, minuto 00:00:00) fijando las dieciséis horas con quince minutos del doce de diciembre siguiente, para decidir sobre su situación; a las once horas con veintinueve minutos a solicitud de la representación social se autorizaron las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica vía correo electrónico que envíe al fiscal; así como, la prohibición de salir del Estado de Quintana Roo sin la autorización. 5. En la fecha y hora antes señalada se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la cual la defensa realizó su réplica con base a los datos de prueba de investigación expuestos en audiencia inicial y, solicitó no se vinculara a proceso a su defendido, y por su parte el Ministerio Público reiteró se vinculara a proceso al imputado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, situación que fue valorada por el juez, determinando la vinculación a proceso del hoy impetrante de amparo por el delito señalado y reiteró la medida cautelar en la presentación periódica vía correo electrónico que envíe al fiscal; así como, la prohibición de salir de la Península de Yucatán, sin autorización (disco marcado como audiencia 3). Ahora bien, cabe precisar que la base normativa de todo auto de vinculación a proceso se contempla en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [.] Asimismo, debe señalarse que la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos legales que disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Del análisis conjunto de las disposiciones legales transcritas, se desprende que los requisitos que se deben reunir para el dictado de un auto de vinculación a proceso son los siguientes: a) Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público, en presencia del Juez, en el que haga del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. c) Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos [indicios razonables] que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, el cual podrá clasificarse de forma distinta a la asignada por el Ministerio Público, en cuyo caso deberá hacérsele saber al imputado para los efectos de su defensa d) Que, con base en dichos antecedentes de la investigación, se desprenda la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del delito que se le atribuye. e) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. f) Que se expresen los fundamentos y motivos por los cuales se estimaron satisfechos requisitos anteriores. g) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. h) Que se expresen los datos personales del imputado. Ahora bien, el requisito identificado con el inciso a), se cumple en el caso, ya que en la audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, después de la individualización de las partes -el imputado solicitó que sus datos personales no se hicieran públicos-, la representación social formuló imputación en contra del hoy quejoso, expresándole la investigación que se desarrolla en su contra, respecto del hecho constitutivo de delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II , en relación con el diverso 11, inciso a) , de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la fecha, lugar y modo de su comisión, y su grado de intervención como responsable de dicha conducta. El requisito identificado con el inciso b) también se cumple, debido a que una vez que se formuló la imputación, se dio oportunidad al imputado para que rindiera su declaración, quién, auxiliado por su defensor particular, de viva voz manifestó su deseo de hacerlo por lo que se procedió realizar su declaración. Igualmente, se acredita el requisito marcado con el inciso c), consistente en que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos [indicios razonables] que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En este punto, acorde con lo expuesto por el Juez responsable, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, sostuvo que para el dictado de un auto de vinculación, no es necesario que se efectúe un ejercicio de tipicidad en el que se desglosen los elementos del cuerpo del delito y se determine cuáles son los elementos o datos de prueba que justifiquen cada uno de esos elementos, sino que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevaron a determinar el tipo penal aplicable. De la contradicción de tesis en cita, derivó la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2014800 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360 Tipo: Jurisprudencia AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Con base en lo antes expuesto, se considera legal que el juez responsable estableciera que se ha cometido el indicado hecho que la ley señala como delito con los datos de prueba que reseñó, entre los que destacan, por su importancia los siguientes: 1. El informe policial homologado con número de referencia 23PE02005040720202000 de cuatro de julio de dos mil veinte, suscrito de los elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Alejandro Quijano Can, José Andrés Pérez Pérez y Agustina Octavo Hernández, en el que señalaron que el cuatro de julio de dos mil veinte, al estar a bordo de la unidad 12076, haciendo recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida Chaac mol con avenida los Tules, supermanzana 249, en privada Las Joyas, justo en la esquina de ambas avenidas, se encontraba estacionado un vehículo de la marca Volkswagen de color azul cielo, con placas de circulación UVN 589-E del Estado de Quintana Roo, del cual pudo advertir gracias a la buena iluminación que había y que nada obstruyera su visión a dos personas, siendo la primera de sexo masculino, identificada como persona 1, le estaba haciendo entrega a la persona 2 unas bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco con las características de la mariguana, razón por la cual a las dieciocho horas con cinco minutos el elemento que se percata de ello pone en alerta a su compañero que venía conduciendo y el elemento Quijano Can toma el parlante de la unidad para dar la instrucción verbal a las personas 1 y 2 que eran policías estatales, por lo que las personas antes identificadas introducen a su ropa las sustancias que habían observado previamente; y en ese momento se observa que la persona que se identifica como persona 1, se sube la playera y se observa un objeto que porta en la cintura que parece ser un arma de fuego tipo corta de color negro, por lo que alerta a sus compañeros diciéndoles cuidado tiene un arma de fuego, por lo que los elementos antes mencionados abordan al vehículo tipo "Derby", fue cuando el elemento que venía manejando les da el alcance, se logra estacionar en tipo de abanico para evitar que se dieran a la fuga. Siendo las dieciocho horas con trece minutos a través de comandos verbales, se les indica que salgan del carro, inmediatamente descienden de la unidad y al hacerlo a las dieciocho horas con quince minutos, se les informa que se les va hacer una revisión a sus personas toda vez que se les había visto intercambiando bolsitas de vegetal verde, accediendo a la misma; y, a las dieciocho horas con dieciséis minutos el elemento Quijano Can inspecciona a la persona 1, quien se identifica como José Luis López Ramos y le encuentra en la parte de la cintura un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson". 2. Inspección de objetos de trece de octubre de dos mil veinte, elaborada por el Policía Federal Ministerial, Juan Fernando Soriano, quien tuvo a la vista el indicio marcado con el número 1, consistente un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson", mismo que se portaba en un costado y en el otro costado un arma con la leyenda SW357 Magnum y los cartuchos que fueron asegurados, analizando dichos indicios a través de la vista y de su experiencia policial. 3. Dictamen en materia de fotografía forense con número de folio 3648 de tres de octubre de dos mil veinte, elaborado por el especialista Hugo Alejandro Trejo Flores, del que se desprendió la existencia y particularidades del arma de fuego mencionada. 4. Dictamen en balística forense, folio 2649, de tres de octubre de dos mil veinte, del perito oficial Ismael Espíritu Medero, en el que el experto analiza el indicio marcado como 1 y determina que atendiendo a su tipo, calibre y sistema de disparo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la ubica en el artículo 11, inciso a), considerándolo como un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Todo lo cual sirvió de sustento al juez responsable para establecer que el cuatro de julio de dos mil veinte, los elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, haciendo recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida Chaac mol con avenida los Tules, supermanzana 249, en privada Las Joyas, justo en la esquina de ambas avenidas, se encontraba estacionado un vehículo de la marca Volkswagen de color azul cielo, con placas de circulación UVN 589-E del Estado de Quintana Roo, del cual pudo advertir a dos personas, siendo la primera de sexo masculino, identificada como persona 1, le estaba haciendo entrega a la persona 2 unas bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco con las características de la mariguana, razón por la cual después de maniobras para su revisión; a la persona 1, quien se identifica como José Luis López Ramos, a las dieciocho horas con treinta minutos le fue encontrada en la parte de la cintura un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson. Lo anterior, sin que contara con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo antes señalado se considera legal, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, debido a que se advierte que, con los datos de prueba reseñados, se justifica el encuadramiento de la conducta desplegada por el imputado a la norma penal por la que se dictó el auto de vinculación reclamado. Por cuanto hace al requisito identificado con el inciso d), referente a que, con base en dichos antecedentes de la investigación, se desprenda la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del delito que se le atribuye, dicho requisito también se acredita. Lo anterior, porque como acertadamente lo refirió el juez responsable, dicha hipótesis se acredita fundamentalmente, con el informe policial homologado con número de referencia 23PE02005040720202000 de cuatro de julio de dos mil veinte (disco marcado como audiencia 3 minuto 02:24:22), suscrito de los elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Alejandro Quijano Can, José Andrés Pérez Pérez y Agustina Octavo Hernández, en el que señalaron que el cuatro de julio de dos mil veinte, al estar a bordo de la unidad 12076, haciendo recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida Chaac mol con avenida los Tules, supermanzana 249, en privada Las Joyas, justo en la esquina de ambas avenidas, se encontraba estacionado un vehículo de la marca Volkswagen de color azul cielo, con placas de circulación UVN 589-E del Estado de Quintana Roo, del cual pudo advertir gracias a la buena iluminación que había y que nada obstruyera su visión a dos personas, siendo la primera de sexo masculino, identificada como persona 1, le estaba haciendo entrega a la persona 2 unas bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco con las características de la mariguana, razón por la cual a las dieciocho horas con cinco minutos el elemento que se percata de ello pone en alerta a su compañero que venía conduciendo y el elemento Quijano Can toma el parlante de la unidad para dar la instrucción verbal a las personas 1 y 2 que eran policías estatales, por lo que las personas antes identificadas introducen a su ropa las sustancias que habían observado previamente; y en ese momento se observa que la persona que se identifica como persona 1, se sube la playera y se observa un objeto que se porta en la cintura, siendo esto un arma de fuego tipo corta de color negro, por lo que alerta a sus compañeros diciéndoles cuidado tiene un arma de fuego, por lo que los elementos antes mencionados abordan al vehículo tipo Derby, fue cuando el elemento que venía manejando les da el alcance, se logra estacionar en tipo de abanico para evitar que se dieran a la fuga. Siendo las dieciocho horas con trece minutos a través de comandos verbales, se les indica que salgan del carro, inmediatamente descienden de la unidad y al hacerlo a las dieciocho horas con quince minutos, se les informa que se les va hacer una revisión a sus personas toda vez que se les había visto intercambiando bolsitas de vegetal verde, accediendo a la misma; y, a las dieciocho horas con dieciséis minutos el elemento Quijano Can inspecciona a la persona 1, quien se identifica como José Luis López Ramos y le encuentra en la parte de la cintura un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson. Motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Dicho dato de prueba sirvió de sustento al juez responsable para considerar al quejoso como autor material de la conducta analizada considerada como delito. Lo anterior se robusteció con la inspección de objetos de trece de octubre de dos mil veinte (disco marcado como audiencia 3 minuto 02:27:00), elaborada por el Policía Ministerial, Juan Fernando Soriano Bautista, tuvo a la vista el indicio marcado con el número 1, consistente un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson", mismo que se portaba en un costado y en el otro costado un arma con la leyenda SW357 Magnum y los cartuchos que fueron asegurados, analizando dichos indicios a través de la vista y de su experiencia policial. También tomó en consideración el dictamen en materia de fotografía forense con número de folio 3648 de tres de octubre de dos mil veinte, del que se desprendió la existencia y particularidades del arma de fuego mencionada (disco marcado como audiencia 3 minuto 02:27:30). Y por último el dictamen en balística forense, folio 2649, de tres de octubre de dos mil veinte, del perito oficial Ismael Espíritu Medero, en el que el experto analiza el indicio marcado como 1 y determina que atendiendo a su tipo, calibre y sistema de disparo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la ubica en el artículo 11, inciso a), considerándolo como un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Con los anteriores medios de prueba refirió que se acreditaba la existencia de los artefactos bélicos. De manera que contrario a lo argumentado por la parte quejosa, se advierte que está acreditada la comisión de hechos que la ley señala como el delito en comento y la probabilidad de que el quejoso cometió el mismo. Asimismo, se advierte acreditado el contenido del inciso e), pues acorde con lo expresado por el juez responsable, se desprende que hasta el momento procesal analizado en el acto reclamado, no se actualizaba alguna causa de extinción de la acción penal de las contenidas en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni alguna excluyente de delito establecidas en el artículo 15 del Código Penal Federal. También se considera justificado el requisito marcado con el inciso f), puesto que de lo expuesto se advierte que el juez responsable expresó los fundamentos y motivos por los cuales consideró satisfechas todas las exigencias anteriores. Asimismo, se acreditó el supuesto identificado con el inciso g), debido a que, en el acto reclamado se especificó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al aquí quejoso pues se concluyó, que de manera probable, el cuatro de julio de dos mil veinte, sobre la avenida Chaac mol con avenida los Tules, supermanzana 249, en privada Las Joyas, justo en la esquina de ambas avenidas, se encontraba estacionado un vehículo de la marca Volkswagen de color azul cielo, con placas de circulación UVN 589-E del Estado de Quintana Roo, del cual pudo advertir a dos personas, que se entregaban unas bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco con las características de la mariguana, razón por la cual se les informa que se les va hacer una revisión a sus personas toda vez que se les había visto intercambiando bolsitas de vegetal verde, accediendo a la misma; y, a las dieciocho horas con dieciséis minutos el elemento Quijano Can inspecciona a la persona 1, quien se identifica como José Luis López Ramos y le encuentra en la parte de la cintura un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson. Lo anterior, sin haber justificado con la licencia respectiva la posesión o portación, ni acreditó pertenecer a alguna institución castrense de la Nación. Finalmente, por lo que hace al requisito marcado con el inciso h), referente a que se expresen los datos personales del imputado, el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que previo a llevar a cabo cualquier audiencia, el personal auxiliar de la sala, llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a declarar, obteniendo su nombre, apellidos, edad y domicilio, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad del declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales. Por tanto, se considera colmado el citado requisito, debido a que, durante el desahogo de la audiencia, se hizo constar el nombre del imputado, así como la petición de reserva de sus datos de identificación personal. Puntualizado lo anterior, los datos de prueba antes señalados que constituyen los antecedentes de la investigación expuestos por el fiscal indagador ante el Juez responsable, con los que de manera acertada dictó auto de vinculación a proceso, al estimarlos suficientes para acreditar los hechos que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; dado que existen datos de prueba razonables de los cuales se desprenden, que el cuatro de julio de dos mil veinte, sobre la avenida Chaac mol con avenida los Tules, supermanzana 249, en privada Las Joyas, justo en la esquina de ambas avenidas, se encontraba estacionado un vehículo de la marca Volkswagen de color azul cielo, con placas de circulación UVN 589-E del Estado de Quintana Roo, del cual pudo advertir a dos personas, que se entregaban unas bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco con las características de la mariguana, razón por la cual se les informa que se les va hacer una revisión a sus personas toda vez que se les había visto intercambiando bolsitas de vegetal verde, accediendo a la misma; y, a las dieciocho horas con dieciséis minutos el elemento Quijano Can inspecciona a la persona 1, quien se identifica como José Luis López Ramos y le encuentra en la parte de la cintura un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson". Lo anterior, sin haber justificado con la licencia respectiva la posesión o portación, ni acreditó pertenecer a alguna institución castrense de la Nación. Afirmación a la cual llegó, al concatenar de manera adecuada la inspección de objetos de trece de octubre de dos mil veinte, elaborada por el Policía Federal Ministerial, Juan Fernando Soriano, quien tuvo a la vista el indicio marcado con el número 1, consistente un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson", mismo que se portaba en un costado y en el otro costado un arma con la leyenda SW357 Magnum y los cartuchos que fueron asegurados; y el dictamen en materia de fotografía forense con número de folio 3648 de tres de octubre de dos mil veinte, elaborado por el especialista Hugo Alejandro Trejo Flores, del que se desprendió la existencia y particularidades del arma de fuego mencionada. Con lo anterior, la responsable tuvo por acreditada de manera acertada la existencia del material bélico. Aunado a ello, la autoridad responsable tomó en consideración, del dictamen en balística forense, folio 2649, de tres de octubre de dos mil veinte, del perito oficial Ismael Espíritu Medero, en el que el experto analiza el indicio marcado como 1 y determina que atendiendo a su tipo, calibre y sistema de disparo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos las ubica en el artículo 11, inciso a), considerándolo como un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Con lo anterior, la responsable tuvo por justificado con el referido dato de prueba de manera acertada la clasificación jurídica del material bélico. Luego, el Juez de Control responsable tuvo por acreditado que el activo portó un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, con el informe policial homologado con número de referencia 23PE02005040720202000 de cuatro de julio de dos mil veinte, suscrito de los elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Alejandro Quijano Can, José Andrés Pérez Pérez y Agustina Octavo Hernández, todos ellos elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, en el que señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la detención del imputado y el hallazgo del material bélico; así como que no justificó con la licencia respectiva la posesión o portación, ni acreditó pertenecer a alguna institución castrense de la Nación. Por lo que, con dichos datos de prueba, se llega al conocimiento de que éstos resultan suficientes para tener por acreditado con el grado probatorio suficiente para determinar el auto de vinculación a proceso consistente en que el activo del delito portó un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; ello sin contar con la licencia respectiva para su posesión o portación, ni acreditó pertenecer a las fuerzas castrenses de la Nación. Por lo anterior, el juez estuvo en lo correcto al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado. Luego, se considera acreditado el requisito de fondo consistente en que obran datos suficientes para establecer que se ha acreditado la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Ahora, en cuanto a la conducta atribuida al imputado de referencia, como correctamente lo determinó la autoridad responsable, se ubica en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 13, del Código Penal Federal, pues la realizó en calidad de autor material y directo en su comisión. Aunado que no se advierte alguna violación de derechos fundamentales del imputado, ni motivo alguno para la extinción de la acción penal o la actualización de una particular excluyente del delito a las que alude la fracción IV, del artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los numerales 485 del mismo ordenamiento legal y 15 del Código Penal Federal. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional, considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada al marco constitucional al haber tenido por acreditado el hecho señalado como delito, pues los anteriores antecedentes de investigación fueron analizados en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que señaló que fue con base en los principios de la lógica, máxima de la experiencia y conocimientos científicos, por los que llegó a la conclusión de que existe la probabilidad de que el aquí quejoso José Luis López Ramos, sea la persona que probablemente participó en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso a). De igual manera, se advierte de autos que el imputado, aquí quejoso, hizo uso de su derecho a declarar. Por otra parte, se estima ajustada a las disposiciones constitucionales y legales, la conclusión de la autoridad responsable por cuanto a la acreditación de la probable participación del peticionario de amparo, en el hecho delictivo que se le atribuye, toda vez que los datos existentes en la carpeta administrativa de origen, adminiculados entre sí acreditan dicha conducta. Además, de que en relación a los argumentos de tortura hechos valer por la defensa el Juez responsable (disco marcado como audiencia 3 minuto 01:46:50) apuntó que del certificado médico levantado se desprende que al imputado le fueron encontrados eritema en carper, eritama trasica en hipocondrio flanco derecho y contusión en abdomen lado izquierdo, abrasiones sobre la espalda, en cresta iliaca como raspón, contusión lumbar del lado izquierdo, contusión y eritema en ambas rodillas, concluyendo que las lesiones que fueron encontradas en el quejoso no eran lesiones muy fuertes que comprometieran la dermis, lo anterior lo relacionó con el parte informativo en la parte en la que el imputado manifestó que lo subieron a la patrulla, por lo que si una persona es subida a la parte trasera de una camioneta (batea), que no tiene acolchonamiento resultaba lógico que podría presentar raspones tal y como se puso en el certificado médico. Por lo que con el material probatorio con el que se contaba en ese momento puntualizó que las lesiones que presentó el quejoso no fueron causadas a base de tortura las cuales son muy distintas ejemplificando para ellos las quemaduras, toques eléctricos, cachetadas y golpes más agresivos en diversas partes del cuerpo y que incluso el imputado mencionaba que le habían dado bolsazos de agua en la cabeza que en su caso le hubieran generado lesiones en la parte del cuello, sin que existiera algo que informara que el mismo tuviera lesiones en esa parte de su cuerpo. No descartó que el material probatorio podría robustecer esa teoría del caso, como para poder establecer que hubo existencia de lesiones y malos tratos por parte de los elementos policiacos hacia el quejoso y procedió a dar vista el Agente del Ministerio Público para que realice una investigación de manera independiente e imparcial que tendría el objetivo de indagar sobre la integridad física del impetrante quien alegó actos de tortura en su contra; así como, el hecho de que no se hayan realizado en forma oportuna los dictámenes desde la etapa inicial de la investigación. Quedando así desvirtuados las manifestaciones de tortura hechas valer. Expuesto lo anterior, la defensa del quejoso hizo valer como conceptos de violación, sustancialmente, los siguientes: a) Que el juez responsable no tomó en consideración los datos de prueba aportados por la parte imputada, tal y como lo es la declaración del imputado realizada ante el juez de distrito en audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte; así como la declaración de su esposa Irene Balam Canul. b) Que el juez responsable no consideró el hecho de que las pruebas periciales de encuadramiento de arma e inspección de la misma son ilícitas, ya que no se comunicó el desarrollo de las mismas a la defensa y del desglose de la carpeta se desprende que no se le nombró defensor al imputado que lo asistiera en las periciales que fueron desarrolladas por el fiscal. c) Que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación debido a que no se tomó en cuenta el dato de prueba que anunció la defensa consistente en el anexo identificado como inventarios de armas y objetos suscrito por el Agente José Pérez Pérez, ya que del mismo se podría saber que al defendido no se le "ocupo" (encontró) algún arma. Tales aseveraciones son infundadas, pues en relación al primer concepto de violación contrario a lo aseverado por la parte impetrante, el juez responsable sí tomó en consideración la declaración realizada por el quejoso e Irene Balam Canul, pues refirió que en la declaración de la segunda mencionada en relación a que se le pidió dinero las circunstancias en las que se dice que sucedieron son distintas, ya que por una parte Irene Balam Canul, mencionó que cuando los alcanza la policía les pidió el dinero y el imputado, aquí quejoso, manifestó que hasta que le mencionaron que estaba en la policía estatal, se le pidió el dinero (disco marcado como audiencia 3 minuto 02:15:14). Así, el juez concluyó que las declaraciones eran incongruentes, pues si bien, en ambas se coincide en que hubo la petición de entregar dinero; sin embargo, las peticiones en las que se solicita son distintas por como fue declarado. Respecto al segundo de los argumentos hecho valer por la parte quejosa, el juez de distrito responsable manifestó que en relación a que no se le nombró defensor desde las primeras treinta y seis horas de su detención, no fue combatido por parte de la defensa el argumento del ministerio público de la existencia de una firma similar en el acta firmada en el que se designa defensor de oficio en el nombre de Manuel Quijano K en la foja 49 y en la foja 86 de la carpeta está una firma a nombre de quejoso José Luis López Ramos, pues el fiscal manifestó que en ambos nombres aparece una firma similar, ya que si bien como manifestó la defensa no hubo una morfología para desacreditar ese elemento, entonces se entiende que si existe una correspondencia, ya que la segunda firma se puede estimar que si correspondería al quejoso, máxime que se entiende que por la cuestión de premura para realizar los actos dentro de la carpeta puedan existir errores en la individualización de los individuos, por lo que ya sería cuestión de la teoría del caso que plantee la defensa en la investigación complementaria el acreditar que las firmas estampadas tanto en la foja 49 y la diversa 86, son distintas y no corresponde la primera al del quejoso; y por ende, acreditar que en su caso si contó o no con defensa al momento de su detención (disco marcado como audiencia 3 minuto 02:16:00). Además, dentro del plazo de investigación complementaria, la defensa se encuentra en aptitud de realizar la pericial que estime necesaria, sin que resulte necesario que se le dé intervención a la defensa en su elaboración primigenia, a menos que se trate de su peritaje irreproducible en términos del artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales , Asimismo, por lo que hace valer en su tercer concepto de violación, el juez responsable manifestó que en relación a que se acreditó la existencia del arma, (disco marcado como audiencia 3 minuto 02:19:54) dijo que al contrario de como se dijo, el respondiente tuvo buena vista, pues alcanzó a ver un objeto que se portaba, que si bien resultó ser una arma de juguete negra, que guardó relación con el indicio marcado con el numeral 5, lo que coincidió con el dictamen en materia de fotografía forense, la segunda arma que fue la que se localizó al momento de realizar la revisión al quejoso José Luis López Ramos, que se le encontró fajada en la cintura, y fue marcada con el indicio número 1, es aquella que es materia del hecho que se le atribuye. Al igual, respecto al argumento de la defensa en el sentido de que se debía de presumir que las armas fueron sembradas, el juez manifestó que en ese sentido como marca la premisa el que afirma está obligado a probar, la defensa no aportó dato alguno con lo que se acreditara que el arma fue sembrada tal y como lo dijo; no obstante, del informe policial homologado sí se desprendió que los elementos advirtieron el intercambio de unas bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco, y al igual se observa que la persona que se identificó como persona 1, se sube la playera y se observa un objeto que se porta en la cintura, que aparenta ser un arma de fuego tipo corta de color negro, (que resultó ser un objeto de juguete) y que coincidió con el peritaje realizado. Al igual, al realizar la revisión al quejoso José Luis López Ramos, se le encuentra un arma fajada a su cintura siendo un arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson", por lo que se advierte la existencia de esos dos objetos materiales, siendo el segundo el materia del hecho que la ley señala como delito cuya participación en su comisión se atribuye al solicitante del amparo. Por lo que el informe policial homologado hasta ese momento adquiría una racionalidad y una credibilidad en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimiento Penales , máxime que fue redactado de manera coherente y de manera lógica, sin que tal y como lo sostuvo el juez responsable, la falta de mención de que fueron dos armas las que se encontraron al quejoso (una de juguete y otra real), desvirtúe la credibilidad de ese dato de prueba, debido a que en su redacción se limitó a mencionar los hechos relevantes, que consisten que al realizar la revisión corporal al ahora imputado, encontraron el arma de fuego descrita. Sobre el tema es ilustrativa la tesis aislada de tenor siguiente: Registro digital: 2010505 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCCLX/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 987 Tipo: Aislada PARTE INFORMATIVO POLICIAL. DEBE SER OBJETO DE REVISIÓN BAJO EL ESCRUTINIO JUDICIAL ESTRICTO DE VALORACIÓN PROBATORIA, ATENDIENDO A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU CONTENIDO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 16 de la Constitución Federal, del cual derivan las condiciones constitucionalmente válidas para privar de la libertad a una persona -orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente-; sin embargo, es importante precisar la trascendencia que tiene el parte informativo en cada uno de ellos. Así, en el supuesto relativo a la orden de aprehensión, la intervención de la policía tiene un carácter meramente ejecutivo, al derivar de un mandato judicial que le impone avocarse a la búsqueda, localización y detención de la persona requerida. En este caso, el informe de los agentes aprehensores tiene por objeto comunicar a la autoridad judicial el día y la hora en que se realizó la detención, así como el lugar en el que se encuentra recluido el detenido. La razón de ello, es que el informe no tiene relación con el delito por el que se ordenó la aprehensión del probable responsable. Por su parte, en el supuesto relativo a que cuando con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión expedida por la autoridad judicial competente, la policía detenga al detenido y, circunstancialmente, descubra que está en el supuesto de comisión de delito flagrante, así como si al detener a una persona por la comisión de un delito flagrante, cuando es presentada ante el Ministerio Público, se tiene conocimiento de que existe una orden de aprehensión en su contra, cuyo cumplimiento está pendiente, el informe de la policía debe comprender dos elementos independientes: 1) la información relacionada con el cumplimiento de la orden de aprehensión; y, 2) la información relativa a los datos que sustentan la detención por un delito flagrante que no tiene relación con el que motivó la orden judicial de captura. Ahora bien, en el supuesto de caso urgente, la detención está motivada por una orden de captura emitida por el Ministerio Público; aquí, el informe de la policía tiene por objeto dar a conocer a la representación social que se ejecutó la detención y presentación del requerido conforme a los datos temporales que se precisen en ese documento; sin embargo, no se espera que el informe aporte datos trascendentales respecto del delito por el que se apertura la indagatoria. Pero si esto último aconteciera, será una circunstancia excepcional que determine la adhesión del informe de la policía al conjunto de pruebas que pueden ser incorporadas al juicio penal. También constituye un supuesto particular cuando en el cumplimiento de una orden de detención por caso urgente, la policía detuviera al requerido al momento de estar cometiendo un delito (en flagrancia); en este caso, el informe de la policía estará configurado por dos apartados: 1) el relativo al cumplimiento de la orden de detención por caso urgente; así como 2) la información relacionada con el descubrimiento de un delito flagrante diverso al que motivó la orden ministerial de captura. Finalmente, cuando se trata de detención en flagrancia, el informe tiene una particular trascendencia porque es el documento sobre el que es posible constituir la base para la formulación de la imputación jurídico-penal. En el informe, los policías describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectúo la detención del probable responsable y la descripción, a detalle, de las circunstancias que motivaron la detención y de las evidencias que se encontraron, erigiéndose como un elemento de particular importancia para el acusador, por lo que debe ser objeto de revisión bajo el escrutinio judicial estricto de valoración probatoria, sobre todo cuando tiene diversas consecuencias jurídicas que derivan de su contenido. En ese tenor, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, el juez responsable de manera fundada y motivada si manifestó que en relación al informe policial homologado suscritos por los agentes policiacos, únicamente se tomaba en consideración lo esencial del mismo que era el hecho de que el cuatro de julio de dos mil veinte, los elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Alejandro Quijano Can, José Andrés Pérez Pérez y Agustina Octavo Hernández, señalaron que al estar a bordo de la unidad 12076, haciendo recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida Chaac mol con avenida los Tules, supermanzana 249, en privada Las Joyas, justo en la esquina de ambas avenidas, se encontraba estacionado un vehículo de la marca Volkswagen de color azul cielo, con placas de circulación UVN 589-E del Estado de Quintana Roo, del cual pudo advertir gracias a la buena iluminación que había y que nada obstruyera su visión a dos personas, siendo la primera de sexo masculino, identificada como persona 1, le estaba haciendo entrega a la persona 2 unas bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco con las características de la mariguana, por lo que las personas antes identificadas introducen a su ropa las sustancias que habían observado previamente; y en ese momento se observa que la persona que se identifica como persona 1, se sube la playera y se observa un objeto que porta en la cintura que aparentaba ser un arma de fuego tipo corta de color negro, y posteriormente al realizar una inspección corporal la persona que se identifica como José Luis López Ramos, le fue encontrada en la parte de la cintura una arma de fuego tipo revolver con empuñadura de color café con una leyenda a su costado "Smith & Wesson" (disco marcado como audiencia 3 minuto 02:29:59). Asimismo, el dato de prueba que anunció la defensa consistente en el anexo identificado como inventarios de armas y objetos suscrito por el Agente José Pérez Pérez, no resulta suficiente para desvirtuar el contenido del informe policial homologado, pues resulta ser accesorio al informe, y en todo caso solo demostraría que el quejoso se negó a firmarlo, no así que es falso que se le encontrara en posesión del arma de fuego materia del hecho que se le atribuye. De modo que, con el actuar del juez responsable, no se transgredió el principio de presunción de inocencia, en tanto que el Estado, a través de la investigación llevada a cabo por el agente del Ministerio Público de la Federación, en cumplimiento a la exigencia que a su cargo impone el artículo 21 constitucional, mediante el contexto de los datos de prueba expuestos en el desarrollo de la audiencia inicial que culminó con la petición fundada de vincular a proceso al imputado, logró demostrar en estricto apego a las reglas exigidas tanto por la Constitución como por la ley procesal, bajo el estándar probatorio mínimo, que se cometió el hecho delictivos, así como la probable participación de José Luis López Ramos, en su comisión. Luego, si bien es verdad que incumbe al Ministerio Público justificar que un hecho tipificado por la ley como ilícito, ha sido perpetrado y que determinada persona posiblemente lo ejecutó; también lo es que, si como en el caso, los datos de prueba reseñados y justipreciados permiten considerar la actualización del hecho que la ley señala como delito, así como la posible responsabilidad en su comisión, es al imputado a quien le correspondía aportar los datos de prueba o pruebas indispensables, no para demostrar su inocencia, sino para desvirtuar los datos de prueba ya aportados en su contra por la fiscalía federal. De ahí que, se reitera, no se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia en perjuicio del impetrante. En esas condiciones, el hecho de que el principio de presunción de inocencia no solo esté consagrado en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ello no significa que no pueda justificarse un auto de vinculación a proceso o que todo acto de autoridad que afecte los intereses de los imputados trastoque dichos principios, sino que en los tratados internacionales se establece que la afectación al justiciable se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. De esa manera, la afectación del ahora quejoso se justifica al haberse cumplido u observado los requisitos constitucionales y legales contemplados en los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que resulta claro que no se transgrede el principio de presunción de inocencia consagrado tanto en la Constitución Federal, como en los tratados que igualmente lo reconozcan. Así las cosas, es válido concluir que el Juez de Control responsable, apreció debidamente los datos de prueba aportados y expuestos por la Fiscalía durante la audiencia en la que vinculó al imputado a proceso, pues de su análisis conjunto, integral y armónico, le permitió acreditar, de modo razonable, el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, que prevé y sanciona el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso a, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Consecuentemente, contrario a lo argumentado por la defensa de los quejosos, queda claro que la resolución de doce de diciembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta administrativa 211/2020, que constituye el acto reclamado, fue dictada, sin contravenir los principios de presunción de inocencia y el principio igualdad, pues el Juez de Control responsable, expuso las razones y citó los fundamentos legales para justificar su determinación, dando el valor correspondiente a los datos de prueba aportados de manera libre y lógica justificando adecuadamente el valor otorgado a los medios de convicción, pues explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta integral y armónica de los datos de prueba expuestos, tanto del fiscal como de la defensa, tal y como lo establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, cumplió con los requisitos esenciales exigidos por la legislación aplicable, respetándose con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como las disposiciones legales contenidas en las leyes sustantivas y adjetivas invocadas por la defensa del quejoso José Luis López Ramos. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación planteados, y sin que se observe deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar a José Luis López Ramos, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra el acto reclamado del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, precisado en el considerando tercero de este fallo. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Luis López Ramos, por conducto de su defensor particular Jorge Antonio Méndez Mex, contra el acto reclamado del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, que se encuentra precisado en el considerando tercero por los motivos expuestos en séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al fiscal de la adscripción; así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al fiscal tercero interesado. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hasta el diecinueve de mayo de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permiten, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe."

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