José Luis López López

Expediente 1912/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1912/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2016

Partes del expediente

  • José Luis López López

Actuaciones

  1. Principal

    I. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis (foja 16), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II del considerando Vigésimo Primero del capítulo V, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un auto que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio del suscrito por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia.

  2. Principal

    II. ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN PRIMERA, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, mediante en auto de ocho de noviembre de la presente anualidad de dos mil dieciséis (foja 203), se ordenó hacer del concomimiento dicha determinación a la parte quejosa; sin embargo, no obra en autos dicha constancia de notificación. En tal virtud, se ordena hacer del conocimiento al quejoso ********************el acuerdo de referencia, emitido en los autos del presente juicio de amparo en que se actúa."

  3. Principal

    I.-Actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de derechos humanos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama: 1. Incomunicación; e, 2. Ilegal detención. Suspensión de plano respecto de la incomunicación. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), b), subincisos, 1), 2) y 3), 12, párrafos 1 y 2, 17, párrafo 1 y 2 inciso d; 18, párrafo 1; 20, párrafo 2, y 24, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; así como, los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cese de inmediato los actos consistentes en la incomunicación que se traduce en una privación ilegal de la libertad, que dice el promovente está siendo objeto el quejoso ****, así como cualquier otro acto que atente contra su vida, integridad o derechos humanos, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Para el eficaz y debido cumplimiento de la medida cautelar decretada, comuníquese de inmediato a la autoridad responsable; y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada respecto del aludido acto, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que dicha conducta es equiparable al delito de abuso de autoridad, mismo que está regulado en el numeral 215, fracción XIII, así como al diverso contra la administración de justicia, cometido por servidores públicos, tipificado en el arábigo 225, fracción XII del Código Penal Federal; precisando que dicha incomunicación se traduce en una privación ilegal de la libertad de conformidad con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, es definida como: "(.)todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. (.)" Además, el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece: "Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo." Asimismo, la suspensión de plano concedida, implica que de manera inmediata la autoridad responsable permita que el recurrente *********, o su representante legal, tengan una entrevista previa y en privado antes de que rinda alguna declaración o intervenga en cualquier diligencia ministerial; dicha entrevista, deberá tenerla con gente de su confianza y con quien sea designado como defensor particular, por lo que la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, antes de cualquier diligencia ministerial, firmada por las personas que se hayan entrevistado con el amparista; en el entendido, de que la autoridad responsable deberá proporcionar al quejoso los medios para que se comunique con gente de su confianza, abogado particular y familiares, de lo cual también deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten las facilidades que se le otorgaron para dicha comunicación. En otro contexto, respecto al diverso acto consistente en la ILEGAL DETENCIÓN, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que de no existir mandato de autoridad competente que justifique su legalidad, el quejoso sea puesto en libertad o consignado ante la autoridad competente, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención. En efecto, el citado artículo 165 dispone: "Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado a su juez." Cabe precisar que si el quejoso fue detenido en flagrancia, el plazo señalado en párrafos anteriores se contará a partir de que fue puesto a disposición del Ministerio Público respectivo. En el entendido de que la suspensión concedida en este proveído no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión. Asimismo, en caso de que se haya iniciado alguna carpeta de investigación en la que aparezca involucrado el peticionario del amparo, la medida cautelar decretada no impide a las autoridades investigadoras la continuación de su integración, de ser procedente y el ejercicio de sus facultades. En el entendido de que si el peticionario del amparo se encuentra detenido por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión de mérito, para el efecto de que, sin demora, sea puesto en libertad o a disposición del Ministerio Público. Ahora, para el caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesta en libertad, siempre y cuando el acto reclamado no derive de un mandato judicial o de una medida disciplinaria. Por otro lado, en el supuesto de que el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención en su contra, se concede la suspensión para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención o de que fue puesta a disposición del representante social, en caso de flagrancia, sea puesta en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Por último, en cualquier otro caso distinto de los anteriores, en que el Ministerio Público restrinja la libertad personal del quejoso, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en inmediata libertad o consignado a su juez. En ese orden, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Tejupilco, Estado de México, o en cualquier otro lugar en el que sea informado que se encuentra el aquí quejoso, y lo requiera al quejoso para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, o bien, lo haga dentro del término de tres días, computados legalmente, apercibido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las providencias que se han dictado en el presente acuerdo, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del ordinal 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales .

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