José Luis López González

Expediente 576/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
576/2016
Año
2016
Actuaciones
33
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • José Luis López González
  • Amaury Bernal Estrada
  • José Luis López González y Otros.
  • Amaury Bernal Estrada y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de febrero del año en curso, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues en el presente incidente, se concedió y negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento"; en consecuencia, se deberán conservar las resoluciones relativas a su otorgamiento. 4. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente devuélvanse al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, las constancias que remitió, como complemento a su informe justificado, solicitando el acuse correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el proveído siguiente: "Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de febrero del año en curso, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues en el presente incidente, se concedió y negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento"; en consecuencia, se deberán conservar las resoluciones relativas a su otorgamiento. 4. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da Fe". " Cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, José Luis López González y Amaury Bernal Estrada solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, a quienes le reclamaron la orden de detención y/o orden de aprehensión, su ejecución; así como la omisión de acordar la petición de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Derechos humanos invocados. Los quejosos señalaron como derechos humanos violados, el contenido en los artículos 8°, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por razón de turno, el asunto correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien admitió el asunto bajo el número 511/2016; posteriormente, en auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis se declaró incompetente para seguir conociéndolo y, por conocimiento previo lo envió a éste Juzgado Segundo de Distrito; recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 576/2016-VI, en proveído de diez octubre de dos mil dieciséis, se aceptó la competencia planteada, se admitió a trámite, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis se sobreseyó el asunto (fojas 220 a 223); inconforme el quejoso José Luis López González, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien registró el asunto con el número 190/2016 y, en sesión de catorce de julio de dos mil dieciséis determinó recovar el auto de sobreseimiento y reponer el procedimiento para el efecto de que se continuara el trámite únicamente por lo que hace al citado quejoso, por lo que esta resolución sólo se ocupará de José Luis López González. En proveído de veintinueve de noviembre anterior (foja 470) la audiencia constitucional se difirió por última ocasión para esta fecha, la cual inició en términos del acta precedente y culmina con el dictado del presente fallo. CUARTO. Autoridades inexistentes. Durante el trámite del juicio se dejaron de tener como autoridades responsables a las denominadas como: "FISCAL ESPECIALIZADO DE DELITOS DOLOSOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE CORPORACIONES JUDICIALES; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE DELITOS DOLOSOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE CORPORACIONES POLICIALES; COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE DELITOS DOLOSOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE CORPORACIONES POLICIALES; JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE DELITOS DOLOSOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE CORPORACIONES POLICIALES CON SEDE EN TOLUCA; Y COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE METEPEC; TODOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO"; por lo que esta resolución no se ocupará de ellas. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la ejecución del acto reclamado se materializa dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: - La orden de aprehensión emitida el veintinueve de septiembre de dos mil quince, en la carpeta administrativa 1779/2015, por el hecho delictuoso de lesiones con modificativa (agravante de haberse producido por disparo de arma de fuego y pérdida definitiva de la función orgánica) y con calificativa de ventaja; y su ejecución. - La omisión de acordar la petición presentada el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, atribuida únicamente al Juez de Control de Toluca, Estado de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: - Encargado del Grupo de Juicios Orales en Metepec, Estado de México (foja 26). - Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Segunda de Trámite de la Unidad "A2" de Investigación de Metepec, Estado de México (foja 28).; - Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agente del Ministerio Público de Metepec, México (foja 29). - Jefe de la Unidad de Investigaciones "A2" Toluca con sede en Metepec, Estado de México (foja 33). - Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Hechos de Tránsito y Hospitales (foja 70). - Fiscal Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos (foja 360). - Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Servidores Públicos (foja 362). - Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos sede Toluca (foja 367). - Coordinador de la Policía Ministerial de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos sede (foja 368). Todos los anteriores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado dichas autoridades que no existen los actos reclamados referidos, al no haber aportado el propio quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar las negativas de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a las autoridades antes señaladas, por los actos que el quejoso les reclama. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México y el Comisario General de la Policía Ministerial, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias que la primera autoridad envió, consistentes en copia certificada de la carpeta administrativa 1799/2015 y dos DVD´S que contienen videograbaciones de las audiencias respectivas; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Análisis de causa de Improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. En el caso concreto, respecto al acto consistente en la omisión de acordar la petición presentada el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, atribuida únicamente al Juez de Control de Toluca, Estado de México, en términos de lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad pronunciarse al respecto, conforme al artículo 17 constitucional De esta forma, la violación reclamada por el impetrante reviste un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan el debido proceso y el derecho de acción, por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones meramente jurisdiccionales, las violaciones por omisión no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir el agravio alegado, no trasciende a los derechos sustantivos del quejoso. Cabe citar la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Registro 2011580, cuyo rubro y texto establecen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por otra parte, con relación a la orden de aprehensión emitida el veintinueve de septiembre de dos mil quince, en la carpeta administrativa 1779/2015, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, esta última en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.]" Del contenido de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Los quince días para promover la demanda de amparo, se computarán conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley de la Materia, de acuerdo a tres supuestos distintos: A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Resulta ilustrativa al particular la tesis XXI.2o.P.A.25 K, publicada en la página 1890, del Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el registro 165582, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En este orden de ideas, es posible afirmar que en el presente juicio nos encontramos en los últimos supuestos previstos por el precepto legal en mención, es decir, en el que el plazo para acudir al amparo empieza transcurrir a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en consecuencia, la demanda de que se trata es extemporánea. En este sentido para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Al tener a la vista el juicio de amparo 1603/2015-V, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, se advierte que fue promovido por el mismo quejoso José Luis López González y otro, en contra de la misma orden de aprehensión reclamada y autoridades responsables; del cual se advierte tuvo conocimiento y se ostentó sabedor del acto reclamado y de su ejecución, desde el quince de octubre de dos mil quince, pues así lo estipuló en su demanda bajo protesta de decir verdad, mismo día en que fue presentada su demanda. Lo anterior, máxime que en auto de veintiocho de octubre de dos mil quince se le dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien aceptó la existencia el acto reclamado y remitió la totalidad de las constancias del expediente 1799/2015 y dos DVD´S relacionados con la misma, donde se advierte la orden de aprehensión reclamada. Proveído que se le notificó el veintinueve de octubre de ese mismo año. En ese sentido, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, pues la demanda de amparo que nos ocupa se presentó hasta el trece de marzo de dos mil dieciséis. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu; así como la derivada de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación al diverso 17, ambos de la citada Ley; con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la misma legislación, procede sobreseer en el presente juicio constitucional promovido por José Luis López González, por propio derecho y en representación de su menor hijo. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con el número de registro 230809, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b), VII, de la Carta Magna; 1, fracción I, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 576/2016-V, promovido por José Luis López González, por las autoridades, actos y motivos expuestos en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación precedente, de la cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día de hoy a las doce horas con diez minutos, tal como se ordenó en proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (foja 460); sin embargo, el diecisiete de los cursantes se tuvo por emplazada a la parte tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por conducto del Director de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (foja 469), por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la ley de la materia para que se imponga del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2008, Novena época, con número de registro 170291, que establece: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." En consecuencia para no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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