José Luis López Fuentes
Expediente 168/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Luis López Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ESTADO; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO INCIDENTE ORIGINAL De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, se deberá realizar la depuración del presente incidente de suspensión y deberán transferirse dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo. DESTINO INCIDENTE DUPLICADO Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO Ahora bien, atendiendo a que se advierte que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado notifique personalmente al quejoso el presente proveído. Con independencia de que dicha notificación deberá realizarse en los mismos términos a sus autorizados en el domicilio señalado para tal efecto. Por lo que, se instruye al actuario encargado de practicar la referida notificación personal que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ESTADO; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO INCIDENTE ORIGINAL De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, se deberá realizar la depuración del presente incidente de suspensión y deberán transferirse dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo. DESTINO INCIDENTE DUPLICADO Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO Ahora bien, atendiendo a que se advierte que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado notifique personalmente al quejoso el presente proveído. Con independencia de que dicha notificación deberá realizarse en los mismos términos a sus autorizados en el domicilio señalado para tal efecto. Por lo que, se instruye al actuario encargado de practicar la referida notificación personal que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, ténganse por rendido el informes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y por hechas las manifestaciones que del mismo se advierte a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de motivos manifiestos e indudables de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En ese sentido, conviene precisar que el quejoso, mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de las autoridades y actos siguientes: "la omisión de emitir pronunciamiento respecto de los escritos presentados con fechas nueve de enero y quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA" Ahora bien por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, informó que mediante auto de once de enero de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición formulada por el quejoso, pues en dicho manifestó en lo que interesa, que atendiendo a la solicitud de sustitución de la pena, realizada por el quejoso, así como la contingencia en atención a la pandemia del virus denominado Covid-19, aunado a la manifestación de haber dado cumplimiento al pago de la pena pecuniaria y haber cumplido con el 76.6% de la pena corporal impuesta, se dio vista a la gente del Ministerio Público, para que dentro del término de tres días hábiles, realizará las manifestaciones que considerara pertinentes. Asimismo, remitió la constancia de notificación del acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, practicada en catorce de enero de dos mil veintiuno al quejoso. Al respecto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: "Artículo.- 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El precepto trascrito prevé que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que el acto reclamado es inexistente, lo que en el caso acontece. En efecto, es inexistente dicho acto reclamado a la autoridad responsable, pues como se desprende de las constancias que remitió el Juez de Control responsable, se advierte que el once de enero de dos mil veintiuno, éste acordó el escrito presentado por el quejoso, auto que le fue notificado al quejoso en catorce de enero del actual, resultando así que para la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada. Pues la demanda de amparo se presentó el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De ahí que en el caso, el acto atribuido al JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, consistente en la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA, sea inexistente. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado consistente en la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA, se considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. Al respecto, resulta necesario precisar que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA. Por su parte, la autoridad responsable JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, informó que mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición formulada por el quejoso. Pues, en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se le dijo que su solicitud era imprecisa, en virtud de que hacía alusión a diversos dispositivos legales, lo que generó incertidumbre para la autoridad responsable sobre la petición que pretendió plantear, ello tomando en consideración que mediante escrito de once de marzo de dos mil veinte, peticionó incidente de libertad condicionada sin monitoreo bajo la modalidad de supervisión a través de la unidad de medidas cautelares y posteriormente el día nueve de enero del año en curso, peticionó la sustitución de la penal, por lo que, requirió que una vez que esté debidamente asistido de su defensa particular que lo representa, solicitará lo que estimará pertinente, a fin de que la autoridad responsable esté en posibilidad de acordar lo conducente; auto que fue notificado personalmente al quejoso el tres de marzo de dos mil veintiuno, así como, a su defensor particular a través de correo electrónico, como se corrobra con las constancias de cuenta. En tales condiciones, es claro que el Juez de Control responsable, al emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado por la parte quejosa en la carpeta de investigación 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA dejó de incurrir en la omisión que constituye uno de los actos reclamados en el presente sumario constitucional, es decir, dicho acto reclamado cesó en sus efectos, pues el hecho de se haya emitido la determinación correspondiente y se haya notificado su contenido, hace palpable que el acto omisivo dejó de existir. Ello es así, ya que el dictado del acuerdo de mérito y su notificación a la parte quejosa es equivalente a que se hubiera otorgado el amparo, y por tanto, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de un acto que de facto es inexistente, es decir, como si el acto omisivo no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es dable colegir que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el acto reclamado atribuido al JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, se encontraba vigente; también lo es que, el mismo dejó de estarlo, por lo expuesto con anterioridad. En esas condiciones, resulta incuestionable que en el caso de que se trata, han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable el tres de marzo de dos mil veintiuno, notificó al quejoso y defensor particular la omisión de la que se dolía en el presente juicio de amparo, por esa circunstancia, cesó dicha omisión; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de dicha Ley, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA, se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracción XXI del artículo 61, en relación con las fracciones IV y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciocho minutos del día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. Ahora, de autos se advierte que no se ha logrado el emplazamiento de Alejandro Martínez Alonso a quien mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno se reconoció la calidad de tercero interesado; sin embargo, no ha lugar a ordenar el emplazamiento del pasivo del delito dentro del proceso de origen al presente sumario de derechos humanos, atendiendo a que el sentido de la presente determinación, no le producirá afectación alguna a sus derechos. Ahora bien, atendiendo a que se advierte que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado notifique personalmente al quejoso el presente proveído. Con independencia de que dicha notificación deberá realizarse en los mismos términos a sus autorizados en el domicilio señalado para tal efecto. Por lo que, se instruye al actuario encargado de practicar la referida notificación personal que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, ténganse por rendido el informes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y por hechas las manifestaciones que del mismo se advierte a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de motivos manifiestos e indudables de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En ese sentido, conviene precisar que el quejoso, mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de las autoridades y actos siguientes: "la omisión de emitir pronunciamiento respecto de los escritos presentados con fechas nueve de enero y quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA" Ahora bien por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, informó que mediante auto de once de enero de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición formulada por el quejoso, pues en dicho manifestó en lo que interesa, que atendiendo a la solicitud de sustitución de la pena, realizada por el quejoso, así como la contingencia en atención a la pandemia del virus denominado Covid-19, aunado a la manifestación de haber dado cumplimiento al pago de la pena pecuniaria y haber cumplido con el 76.6% de la pena corporal impuesta, se dio vista a la gente del Ministerio Público, para que dentro del término de tres días hábiles, realizará las manifestaciones que considerara pertinentes. Asimismo, remitió la constancia de notificación del acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, practicada en catorce de enero de dos mil veintiuno al quejoso. Al respecto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: "Artículo.- 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El precepto trascrito prevé que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que el acto reclamado es inexistente, lo que en el caso acontece. En efecto, es inexistente dicho acto reclamado a la autoridad responsable, pues como se desprende de las constancias que remitió el Juez de Control responsable, se advierte que el once de enero de dos mil veintiuno, éste acordó el escrito presentado por el quejoso, auto que le fue notificado al quejoso en catorce de enero del actual, resultando así que para la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada. Pues la demanda de amparo se presentó el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De ahí que en el caso, el acto atribuido al JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, consistente en la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA, sea inexistente. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado consistente en la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA, se considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. Al respecto, resulta necesario precisar que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA. Por su parte, la autoridad responsable JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, informó que mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición formulada por el quejoso. Pues, en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se le dijo que su solicitud era imprecisa, en virtud de que hacía alusión a diversos dispositivos legales, lo que generó incertidumbre para la autoridad responsable sobre la petición que pretendió plantear, ello tomando en consideración que mediante escrito de once de marzo de dos mil veinte, peticionó incidente de libertad condicionada sin monitoreo bajo la modalidad de supervisión a través de la unidad de medidas cautelares y posteriormente el día nueve de enero del año en curso, peticionó la sustitución de la penal, por lo que, requirió que una vez que esté debidamente asistido de su defensa particular que lo representa, solicitará lo que estimará pertinente, a fin de que la autoridad responsable esté en posibilidad de acordar lo conducente; auto que fue notificado personalmente al quejoso el tres de marzo de dos mil veintiuno, así como, a su defensor particular a través de correo electrónico, como se corrobra con las constancias de cuenta. En tales condiciones, es claro que el Juez de Control responsable, al emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado por la parte quejosa en la carpeta de investigación 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA dejó de incurrir en la omisión que constituye uno de los actos reclamados en el presente sumario constitucional, es decir, dicho acto reclamado cesó en sus efectos, pues el hecho de se haya emitido la determinación correspondiente y se haya notificado su contenido, hace palpable que el acto omisivo dejó de existir. Ello es así, ya que el dictado del acuerdo de mérito y su notificación a la parte quejosa es equivalente a que se hubiera otorgado el amparo, y por tanto, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de un acto que de facto es inexistente, es decir, como si el acto omisivo no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es dable colegir que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el acto reclamado atribuido al JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, se encontraba vigente; también lo es que, el mismo dejó de estarlo, por lo expuesto con anterioridad. En esas condiciones, resulta incuestionable que en el caso de que se trata, han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable el tres de marzo de dos mil veintiuno, notificó al quejoso y defensor particular la omisión de la que se dolía en el presente juicio de amparo, por esa circunstancia, cesó dicha omisión; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de dicha Ley, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 05/2018/EJECUCIÓN/PUEBLA, se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracción XXI del artículo 61, en relación con las fracciones IV y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciocho minutos del día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. Ahora, de autos se advierte que no se ha logrado el emplazamiento de Alejandro Martínez Alonso a quien mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno se reconoció la calidad de tercero interesado; sin embargo, no ha lugar a ordenar el emplazamiento del pasivo del delito dentro del proceso de origen al presente sumario de derechos humanos, atendiendo a que el sentido de la presente determinación, no le producirá afectación alguna a sus derechos. Ahora bien, atendiendo a que se advierte que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado notifique personalmente al quejoso el presente proveído. Con independencia de que dicha notificación deberá realizarse en los mismos términos a sus autorizados en el domicilio señalado para tal efecto. Por lo que, se instruye al actuario encargado de practicar la referida notificación personal que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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