José Luis López de Jesús

Expediente 489/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
489/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • José Luis López de Jesús

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano en el juicio y en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 489/2022, promovido por Esaú Olivo Chávez, en representación de José Luis López de Jesús, en contra de los actos de las autoridades que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del promovente, las autoridades señaladas como responsables tenían privado de su libertad al aquí quejoso José Luis López de Jesús en la cárcel municipal de San Miguel Cuevas perteneciente a Juxtlahuaca, Oaxaca, ya que manifestó que fue detenido por policías de dicha agencia el pasado veintidós de abril del año en curso, sin haber cometido delito alguno. Por ello, estimó que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida vía electrónica, el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Dicho libelo constitucional se turnó en la misma data a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 489/2022; en ese auto se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno al directo quejoso para que, de ser el caso ratificara la demanda presentada a su favor; previo cumplimiento a la prevención realizada en proveído inicial, se admitió a trámite la demanda de que habla mediante proveído de veintinueve de abril; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintinueve de abril de esta anualidad, se dejó de tener como responsable al fiscal Central de Investigación Especializada, Oaxaca, por lo que no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto reclamado a dicha autoridad en esta resolución. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el impetrante de amparo reclama lo siguiente: Autoridades responsables Agente Municipal de San Miguel Cuevas, Juxtlahuaca, Oaxaca. Agente Estatal de Investigaciones de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Fiscalía Local de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Secretario General de Gobierno Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca Comisionado de la Guardia Nacional Actos reclamados Privación de la libertad fuera de procedimiento. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO RESPECTO DE DIVERSAS RESPONSABLES Al rendir sus respectivos informes (justificados y sobre la suspensión de plano) el agente estatal de Investigaciones encargado de la comandancia en Juxtlahuaca, Oaxaca; secretario general de Gobierno del Estado; comisionado de la Policía Estatal del Estado; comisionado de la Guardia Nacional y agente del Ministerio Público investigador de la Fiscalía Local de Juxtlahuaca, Oaxaca; negaron la existencia de la privación de la libertad de que fue objeto el impetrante y de su ejecución material. Sin que el quejoso haya desvirtuado la negativa de los actos alegada por las responsables, pues no ofreció prueba alguna con ese propósito; de ahí que resulte inexistentes los actos reclamados. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO AL AGENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CUEVAS, JUXTLAHUACA, OAXACA. Es cierto el acto reclamado al agente municipal de San Miguel Cuevas, Juxtlahuaca, Oaxaca, consistente en la privación de la libertad del quejoso, pues así se evidencia de las constancias que se acompañaron al despacho que diligenció el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, pues de la diligencia levantada el veintinueve de abril del año en curso, por el actuario de su adscripción, se pone de manifiesto que el aquí agraviado José Luis López de Jesús, se encontraba privado de su libertad en los separos de la agencia municipal de San Miguel Cuevas, Juxtlahuaca, Oaxaca. Por ende, se tiene como cierto el acto reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado que se atribuye a la responsable, consistente en la detención de la que fue objeto el directo quejoso José Luis López de Jesús se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de las constancias que remitió el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Juxtlahuaca, Oaxaca, consta que el cinco de mayo del año en curso, dicha autoridad recibió un acta de entrevista suscrita por el agente estatal de investigaciones del grupo Juxtlahuaca, realizada a José Luis López de Jesús, quien se presentó de manera voluntaria y le informó que el cinco de mayo siendo aproximadamente las once horas con cincuenta minutos, uno de los policías sacó de la cárcel municipal de San Miguel Cuevas al directo quejoso José Luis López de Jesús y lo llevó ante el síndico municipal Pablo Margarito quien le dijo: "es mejor que te vayas y te olvides del pueblo". Es decir, puso en libertad al directo agraviado; de ahí que, se insista en que cesaron total e incondicionalmente los efectos de la privación de la libertad del quejoso, acto reclamado a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, por lo que respecta a dicho acto de disenso. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********* respecto de los actos reclamados que atribuyó a las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos que se esgrimen en los apartados V y VII de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que agente del Ministerio Público de la Federación encargada del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, desahoga el requerimiento que le fue formulado en proveído de dieciséis de mayo del año en curso e informa los tramites que se encuentra realizando en virtud de la vista que se le hizo en auto de tres del actual; en consecuencia, téngase por satisfecho el citado requerimiento. En relación a las copias certificadas que pidió, hágasele saber que se autorizaron las mismas y que se ordenó remitirlas por conducto del actuario de la adscripción. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la síndica municipal de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, informa que no puede remitir la documentación que le fue solicitada por auto de nueve de este mes y año; en consecuencia, téngase por recibida dicha información. Ahora bien, toda vez que dicha autoridad argumenta que no puede enviar la información solicitada porque carece de atribuciones para ello conforme al sistema normativo que rige a los Ayuntamientos; no obstante, de conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal aplicable para todos los municipios de Estado de Oaxaca, el agente Municipal de San Miguel Cuevas, Juxtlahuaca, Oaxaca, es auxiliar del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca; entonces, es claro que por jerarquía municipal sí puede requerirle la documentación que se le solicita; por ende, se ordena requerirle de nueva cuenta la documentación consistente en copia certificada del documento levantado ante en el cual se dijo al aquí quejoso José Luis López de Jesús que se debería cubrir el pago de la cantidad de 20,000 mil pesos por su liberación y de todas las que tengan estrecha relación con dicho acto. Con el apercibimiento, que de no cumplir con ello, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según mandato expreso de su artículo 2, requiérase al agente del Ministerio Público de la Federacion adscrito, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, informe a este juzgado de distrito las acciones que esté realizando conforme a la vista que se le dio en auto de tres de este mes año. Notifíquese y personalmente al agente del ministerio público de la federación adscrito.

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