José Luis Lino Galicia Frías
Expediente 99/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/11/2022
Partes del expediente
- José Luis Lino Galicia Frías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 99/2022 del índice de este juzgado y testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 378/2022 de su índice, en la que se determinó lo siguiente: "...ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en contra de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintidós, dictada por el juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, dentro del juicio de amparo indirecto 99/2022." En consecuencia, acúsese de recibo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Agréguese a los autos, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de dicho recurso; sin embargo, para evitar duplicidad de constancias, se ordena glosar sólo las actuaciones originales que obran en éste. En ese contexto, se ordena guardar en la secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas que integran el cuaderno de antecedentes de referencia, para que en un futuro, de ser necesarias, se utilicen para los efectos conducentes, esto es, por economía procesal y en estricto apego a la cultura de la austeridad presupuestal promovida por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, si bien la protección federal se concedió respecto de la autoridad señalada como responsables Congreso del estado de Baja California, con sede en Mexicali, debe decirse que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo recae en la autoridad denominada Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, como se desprende de la propia sentencia, toda vez que fue quien recibió el pago del impuesto relativo al artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, así como, el decreto 64 mediante el cual se aprueba la tabla de valores catastrales unitarios de terreno y construcción, declarados inconstitucionales, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita, por las razones que la informan, la tesis 2a. CXV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, de conformidad con los lineamientos específicos de la sentencia de ocho de junio del presente año, cuya parte resolutiva en lo que interesa, establece: "... Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a José Luis Lino Galicia Frías, por propio derecho y en representación de la sucesión testamentaria a bienes de María Candelaria Ramírez Quintamar, también conocida como De Galicia María, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Congreso del estado de Baja California, con sede en Mexicali, consistente en el artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós; y decreto 64 mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios de Terreno y Construcción, base del impuesto predial del municipio de Ensenada, Baja California, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintidós, para el efecto de que la autoridad vinculada al cumplimiento de la presente sentencia, Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, realice lo siguiente: Que respecto al predio con clave catastral PE 029-007, calcule nuevamente el monto del impuesto predial pagado por el año de dos mil veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como consecuencia, se devuelva la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado. [...]" En el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará acreedor, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable, que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California; asistido de Lorey del Rocio Cacho Barraza, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio presentado electrónicamente por el acuario del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual transcribe el proveído de veintisiete del mes y año en curso, del que se advierte admitió el recurso de revisión número 378/2022, de su índice, interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos. Notifíquese
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial se advierte que la totalidad de las partes se encuentran notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, y del proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, por conducto de su delegado, interponiendo recurso de revisión y se corrió traslado con copia del mismo; por tanto, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, vía correo electrónico institucional, el turno para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. En el entendido de que, una vez que se cuente con la boleta de turno respectiva, usando la funcionalidad de interconexión, se ordenará la remisión del recursos de revisión en comento al tribunal de alzada que por razón de turno corresponda conocer del asunto, así como hacer disponible el expediente para su consulta; lo anterior, de conformidad con el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/2182/2020, de veintinueve julio de dos mil veinte, emitida por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial encargado del despacho, del Consejo de la Judicatura Federal, que explica el procedimiento de remisión de asuntos que se tramitan en los órganos jurisdiccionales, privilegiando el trabajo a distancia mediante el uso de las herramientas tecnológicas, en aras de evitar el contacto físico entre servidores públicos. Ahora bien, toda vez que es un hecho notorio para este juzgador, que en el trámite de diversos juicios de amparo, el Tribunal de Alzada ha solicitado mediante oficio le sean remitidas copias certificadas de las constancias necesarias para la substanciación de los medios de impugnación correspondientes, o en su caso los autos originales de los asuntos; en ese contexto, remítase el expediente original en el que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia, así como el oficio de agravios al Tribunal de Alzada que por razón de turno, le corresponda conocer del aludido medio de impugnación, a fin de que se encuentre en aptitud de acordar lo que conforme a derecho corresponda. Hágase del conocimiento del Tribual que por razón de turno le corresponda conocer del medio de impugnación de mérito que el número de expediente único nacional del juicio de derechos fundamentales en el que se actúa, es 29523960. Notifíquese
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