José Luis Limones Casio

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • José Luis Limones Casio

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de queja, previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Limones Casio, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 461/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". EL AUTO NEGATORIO DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO, DE DEJAR SIN EFECTO EL TÉRMINO PROBATORIO DE TREINTA DIAS, A LAS PARTES DE FECHA 12, DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, DICTADO POR EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, EN FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021, Y NOTIFICADO EN FECHA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 320/2018, RELATIVO AL JUICIO CIVIL ORDINARIO REIVINDICATORIO DE UN BIEN INMUEBLE, QUE PROMUEVE EL C. JOSÉ LUIS LIMONES CASIO, EN CONTRA DE LA C. MA. ARACELI RODRIGUEZ ESCOTO." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: El trece de agosto de dos mil dieciocho, José Luis Limones Casio, promovió ante el Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, juicio civil reivindicatorio para recuperar posesión de un inmueble contra Ma. Araceli Rodríguez Escoto, el cual fue registrado con el número 320/2018. Una vez emplazada la demandada Ma. Araceli Rodríguez Escoto, dio contestación, oponiendo sus excepciones. Seguidos los trámites legales correspondientes, se abrió el término probatorio a las partes. Una vez ofrecidas las pruebas por las partes, el juez señaló fechas para el desahogo de cada una de las pruebas; mismas que fueron desahogadas en su momento, quedando pendiente de desahogar la prueba pericial de perito tercero. La parte actora solicitó al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, nombrara perito tercero. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, dicta acuerdo en el cual deja sin efecto el término probatorio de treinta días para ambas partes, para, a solicitud de la parte demandada, llamar a juicio a terceros, auto que fue notificado por medio de lista que se fija en estrados. El actor inconforme con dicha determinación promovió recurso de revocación contra ésta. El Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, negó la admisión del recurso de revocación. La parte actora promovió recurso de apelación contra el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno. El Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, negó la admisión del recurso de apelación; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable al inconforme, mediante el juicio de amparo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con motivo del auto que determina dejar sin efecto el término probatorio de treinta días para ambas partes, para, a solicitud de la parte demandada, llamar a juicio a terceros, auto que fue notificado por medio de lista que se fija en estrados, podrían quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses respecto del juicio civil reivindicatorio para recuperar posesión de un inmueble contra Ma. Araceli Rodríguez Escoto, el cual fue registrado con el número 320/2018, ya que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario si en su caso fuera procedente, o incluso acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Limones Casio, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, del propio Pleno. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado de su parte únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, mas no así para promover a Gonzalo Mendoza García, toda vez que no proporciona a este Juzgados los datos correspondientes del documento que lo autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle del Grillo número dos letra "A" (2-A), fraccionamiento Los Pirules en Guadalupe, Zacatecas.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 461/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". EL AUTO NEGATORIO DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO, DE DEJAR SIN EFECTO EL TÉRMINO PROBATORIO DE TREINTA DIAS, A LAS PARTES DE FECHA 12, DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, DICTADO POR EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, EN FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021, Y NOTIFICADO EN FECHA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 320/2018, RELATIVO AL JUICIO CIVIL ORDINARIO REIVINDICATORIO DE UN BIEN INMUEBLE, QUE PROMUEVE EL C. JOSÉ LUIS LIMONES CASIO, EN CONTRA DE LA C. MA. ARACELI RODRIGUEZ ESCOTO." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: El trece de agosto de dos mil dieciocho, José Luis Limones Casio, promovió ante el Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, juicio civil reivindicatorio para recuperar posesión de un inmueble contra Ma. Araceli Rodríguez Escoto, el cual fue registrado con el número 320/2018. Una vez emplazada la demandada Ma. Araceli Rodríguez Escoto, dio contestación, oponiendo sus excepciones. Seguidos los trámites legales correspondientes, se abrió el término probatorio a las partes. Una vez ofrecidas las pruebas por las partes, el juez señaló fechas para el desahogo de cada una de las pruebas; mismas que fueron desahogadas en su momento, quedando pendiente de desahogar la prueba pericial de perito tercero. La parte actora solicitó al Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, nombrara perito tercero. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, dicta acuerdo en el cual deja sin efecto el término probatorio de treinta días para ambas partes, para, a solicitud de la parte demandada, llamar a juicio a terceros, auto que fue notificado por medio de lista que se fija en estrados. El actor inconforme con dicha determinación promovió recurso de revocación contra ésta. El Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, negó la admisión del recurso de revocación. La parte actora promovió recurso de apelación contra el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno. El Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, negó la admisión del recurso de apelación; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable al inconforme, mediante el juicio de amparo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con motivo del auto que determina dejar sin efecto el término probatorio de treinta días para ambas partes, para, a solicitud de la parte demandada, llamar a juicio a terceros, auto que fue notificado por medio de lista que se fija en estrados, podrían quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses respecto del juicio civil reivindicatorio para recuperar posesión de un inmueble contra Ma. Araceli Rodríguez Escoto, el cual fue registrado con el número 320/2018, ya que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario si en su caso fuera procedente, o incluso acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Limones Casio, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta.

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