José Luis Limón Olvera

Expediente 365/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
365/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • José Luis Limón Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL ED AUTOS...SE ADVIERTE QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO COMO CONLUIDO...

  2. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

  3. Principal

    SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por JOSÉ LUIS LIMÓN OLVERA, por propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 365/2021, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, visto el contenido íntegro de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda que nos ocupa, ya que en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, ésta en su segundo párrafo, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa consintió tácitamente las normas generales impugnadas, puesto que no ejercitó la acción constitucional en el término perentorio que consigna para tal efecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo. Preceptos normativos que literalmente disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ?????????????? incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Con el fin de contextualizar las razones que sustentan lo anterior, y comprender en su justa dimensión la causal de improcedencia en análisis, es conveniente explicar en principio la distinción que jurisprudencialmente, se ha atribuido a las normas jurídicas para efectos de su impugnabilidad en el juicio de amparo. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recogió el concepto doctrinal de la individualización incondicionada de la norma, con el propósito de distinguir cuándo se está ante una norma que causa perjuicio al gobernado con su mera entrada en vigor (o autoaplicativa) y cuándo frente a una que requiere que se actualice además una condición, para que se presente ese perjuicio (heteroaplicativa) Como se ha dicho, esa distinción es útil para conocer en qué momento el agraviado está en aptitud de impugnar la norma mediante el juicio de amparo.

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