José Luis León García.
Expediente 379/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Luis León García.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
En Pachuca de Soto, Hidalgo a cinco de marzo de dos mil diecinueve, el suscrito actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, siendo las 09:00 horas, en cumplimiento al auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, y al citatorio dejado el veintiocho de febrero del presente año, se hace constar: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista al quejoso; José Luis León García, o bien, a sus autorizados; el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo directo al rubro citado, quedando debidamente notificado, en razón de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal, dentro de los dos días siguientes hábiles, que lo fueron uno y cuatro de marzo del año en curso, no obstante al citatorio que se le dejó el veintiocho de febrero del año que transcurre en el domicilio proporcionado. Lo que hago constar con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la referida ley y para todos los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuya síntesis se dijo:Vistos los presentes autos y atento al contenido del proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciocho, se analiza sobre el cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna. En efecto, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que una ejecutoria de amparo se declare cumplida es necesario que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Asimismo, dicha Superioridad estableció sobre tales características que existe exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, hay defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente, en el entendido de que al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, deje insubsistente la sentencia reclamada de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente 874/2015, y en su lugar, emita otra en la que: A. Reitere aquello que no fue motivo de la concesión de amparo, como es el extremo relativo a la condena en el pago de la suerte principal, así como el diverso de gastos y costas; y, B. Conforme a las consideraciones expuestas en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie de manera debidamente motivada en relación con la configuración del fenómeno usurario, para lo cual deberá proceder al estudio de los elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, si así lo estima procedente, realice la reducción prudencial de la tasa de interés. [.]" Atento a lo anterior y previo requerimiento que se formuló a la Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, a efecto de que, de nueva cuenta, remitiera a este órgano pluripersonal, la copia certificada de la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, por virtud de la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria correspondiente, debiendo obrar en la misma las firmas autógrafas de quienes la emitieron; en proveído dictado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable de mérito remitiendo el oficio 230/2019, al cual adjuntó copias certificadas del mencionado fallo, gozando tales documentos de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como lo ordena su numeral 2. En este orden de ideas, de la resolución dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, se advierte que en acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, la Juez responsable dejó insubsistente la sentencia pronunciada el veinte de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente 874/2015, y posteriormente, esto es, el día once de enero siguiente, dictó un nuevo fallo en el que reiteró lo relativo a la condena en el pago de la suerte principal, así como el diverso de gastos y costas. Considerando ahora, con respecto a la configuración del fenómeno usurario y una vez que estudió los elementos de convicción que obraban en los autos del juicio de origen, que lo procedente era realizar la reducción prudencial de la tasa de interés pactada en el título de crédito base de la acción -pagaré-, del 3.0% (tres por ciento) mensual, al 2.0% (dos por ciento) de interés mensual, o bien, 24% (veinticuatro por ciento) anual, para lo cual con plenitud de jurisdicción, analizó como elementos de convicción, los consistentes en: a. El tipo de relación existente entre las partes, concluyendo al efecto que se trata de comerciantes. b. La calidad de los sujetos que intervinieron en la suscripción del pagaré, correspondiéndole a José Luis León García, el de suscriptor como propietario del documento, y a Crescencio Romero Torres, el de deudor principal. c. El monto del crédito, mismo que ascendió a $79,000.00 (setenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). d. El plazo del crédito, desprendiendo del propio documento base que lo fue de dos meses, debido a que se expidió el veintitrés de abril de dos mil quince, señalándose como fecha de vencimiento la del veintinueve de junio de esa misma anualidad. e. Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares y cuya apreciación constituye únicamente un parámetro de referencia, para lo cual, el Juzgador se remitió a la información proporcionada en las páginas electrónicas de los principales bancos en el país, respecto a préstamos personales. Para finalmente concluir, después de realizar un comparativo entre las diversas tasas de interés, que de acuerdo con el Banco de México, el Costo Anual Total (CAT) constituiría el parámetro con base en el cual determinaría si los intereses estipulados en el pagaré en cuestión, eran usuarios o no, habida cuenta que se trata de un indicador que integra no sólo la tasa de interés, sino todos los elementos que tendrán que pagarse al final del crédito. f. La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, se determinó de conformidad con lo arrojado por el INEGI, que del periodo comprendido entre el mes de abril y el mes de junio, ambos de dos mil quince, correspondió al 0.19% (cero punto diecinueve por ciento). Reflejándose lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos resolutivos de la sentencia sujeta a análisis, cuyo contenido es el siguiente: "[.] PRIMERO. La suscrita Juez ha sido y es competente para conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO. Procedió la Vía Ejecutiva Mercantil intentada. TERCERO. La parte actora Edgar Santos Neri, en su carácter de endosatario en procuración de José Luis León García, probó los hechos constitutivos de su acción, y la parte codemandada Crescencio Romero Torres, en su carácter de deudor principal, no contestó la demanda instaurada en su contra, siguiéndose el presente juicio en su rebeldía. CUARTO. Se condena a Crescencio Romero Torres, en su carácter de deudor principal, a pagar a la parte actora, la cantidad de $79,000.00 (setenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, pago que deberá efectuar dentro del término de 5 días contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución y en caso de no hacerlo en los términos ordenados, hágase trance y remate del bien inmueble embargado, y con su producto páguese a la parte actora lo reclamado. QUINTO. Se condena a Crescencio Romero Torres, al pago de intereses reducidos oficiosamente al 2% mensual o bien 24% anual, contados a partir del vencimiento de la obligación de pago y los que se sigan generando hasta la liquidación del adeudo. SEXTO. Se condena al demandado, al pago de los gastos y costas motivo de la tramitación del presente juicio, previa su legal regulación en la vía incidental, al actualizarse una de las hipótesis de condenación automática prevista en el artículo 1084 (fracción III) del Código de Comercio, en virtud de haber sido vencida en juicio ejecutivo. SÉPTIMO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en fecha 06 seis de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del juicio de Amparo Directo número 379/2018 pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, remítase copia certificada de la presente resolución a dicho órgano colegiado [.]" Así, el Magistrado Presidente de este órgano pluripersonal, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación a la circular número 11/2017-AGP, que modificó el Acuerdo General Plenario 5/2013, y una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, pues ésta dejó insubsistente la sentencia que fuera reclamada, pronunciada el veinte de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente 874/2015. Y en su lugar dictó otra, en la cual reiteró aquellos aspectos que se dejaron intocados, y luego, con plenitud de jurisdicción y de manera debidamente motivada, se pronunció en cuanto a la configuración del fenómeno usurario, estimando procedente realizar la reducción prudencial de la tasa de interés pactada en el documento base de la acción que dio origen al mencionado juicio ejecutivo mercantil. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos y atento al contenido del proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciocho, se analiza sobre el cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna. En efecto, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que una ejecutoria de amparo se declare cumplida es necesario que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Asimismo, dicha Superioridad estableció sobre tales características que existe exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, hay defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente, en el entendido de que al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, deje insubsistente la sentencia reclamada de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente 874/2015, y en su lugar, emita otra en la que: A. Reitere aquello que no fue motivo de la concesión de amparo, como es el extremo relativo a la condena en el pago de la suerte principal, así como el diverso de gastos y costas; y, B. Conforme a las consideraciones expuestas en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie de manera debidamente motivada en relación con la configuración del fenómeno usurario, para lo cual deberá proceder al estudio de los elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, si así lo estima procedente, realice la reducción prudencial de la tasa de interés. [.]" Atento a lo anterior y previo requerimiento que se formuló a la Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, a efecto de que, de nueva cuenta, remitiera a este órgano pluripersonal, la copia certificada de la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, por virtud de la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria correspondiente, debiendo obrar en la misma las firmas autógrafas de quienes la emitieron; en proveído dictado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable de mérito remitiendo el oficio 230/2019, al cual adjuntó copias certificadas del mencionado fallo, gozando tales documentos de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como lo ordena su numeral 2. En este orden de ideas, de la resolución dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, se advierte que en acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, la Juez responsable dejó insubsistente la sentencia pronunciada el veinte de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente 874/2015, y posteriormente, esto es, el día once de enero siguiente, dictó un nuevo fallo en el que reiteró lo relativo a la condena en el pago de la suerte principal, así como el diverso de gastos y costas. Considerando ahora, con respecto a la configuración del fenómeno usurario y una vez que estudió los elementos de convicción que obraban en los autos del juicio de origen, que lo procedente era realizar la reducción prudencial de la tasa de interés pactada en el título de crédito base de la acción -pagaré-, del 3.0% (tres por ciento) mensual, al 2.0% (dos por ciento) de interés mensual, o bien, 24% (veinticuatro por ciento) anual, para lo cual con plenitud de jurisdicción, analizó como elementos de convicción, los consistentes en: a. El tipo de relación existente entre las partes, concluyendo al efecto que se trata de comerciantes. b. La calidad de los sujetos que intervinieron en la suscripción del pagaré, correspondiéndole a José Luis León García, el de suscriptor como propietario del documento, y a Crescencio Romero Torres, el de deudor principal. c. El monto del crédito, mismo que ascendió a $79,000.00 (setenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). d. El plazo del crédito, desprendiendo del propio documento base que lo fue de dos meses, debido a que se expidió el veintitrés de abril de dos mil quince, señalándose como fecha de vencimiento la del veintinueve de junio de esa misma anualidad. e. Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares y cuya apreciación constituye únicamente un parámetro de referencia, para lo cual, el Juzgador se remitió a la información proporcionada en las páginas electrónicas de los principales bancos en el país, respecto a préstamos personales. Para finalmente concluir, después de realizar un comparativo entre las diversas tasas de interés, que de acuerdo con el Banco de México, el Costo Anual Total (CAT) constituiría el parámetro con base en el cual determinaría si los intereses estipulados en el pagaré en cuestión, eran usuarios o no, habida cuenta que se trata de un indicador que integra no sólo la tasa de interés, sino todos los elementos que tendrán que pagarse al final del crédito. f. La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, se determinó de conformidad con lo arrojado por el INEGI, que del periodo comprendido entre el mes de abril y el mes de junio, ambos de dos mil quince, correspondió al 0.19% (cero punto diecinueve por ciento). Reflejándose lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos resolutivos de la sentencia sujeta a análisis, cuyo contenido es el siguiente: "[.] PRIMERO. La suscrita Juez ha sido y es competente para conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO. Procedió la Vía Ejecutiva Mercantil intentada. TERCERO. La parte actora Edgar Santos Neri, en su carácter de endosatario en procuración de José Luis León García, probó los hechos constitutivos de su acción, y la parte codemandada Crescencio Romero Torres, en su carácter de deudor principal, no contestó la demanda instaurada en su contra, siguiéndose el presente juicio en su rebeldía. CUARTO. Se condena a Crescencio Romero Torres, en su carácter de deudor principal, a pagar a la parte actora, la cantidad de $79,000.00 (setenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, pago que deberá efectuar dentro del término de 5 días contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución y en caso de no hacerlo en los términos ordenados, hágase trance y remate del bien inmueble embargado, y con su producto páguese a la parte actora lo reclamado. QUINTO. Se condena a Crescencio Romero Torres, al pago de intereses reducidos oficiosamente al 2% mensual o bien 24% anual, contados a partir del vencimiento de la obligación de pago y los que se sigan generando hasta la liquidación del adeudo. SEXTO. Se condena al demandado, al pago de los gastos y costas motivo de la tramitación del presente juicio, previa su legal regulación en la vía incidental, al actualizarse una de las hipótesis de condenación automática prevista en el artículo 1084 (fracción III) del Código de Comercio, en virtud de haber sido vencida en juicio ejecutivo. SÉPTIMO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en fecha 06 seis de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del juicio de Amparo Directo número 379/2018 pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, remítase copia certificada de la presente resolución a dicho órgano colegiado [.]" Así, el Magistrado Presidente de este órgano pluripersonal, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación a la circular número 11/2017-AGP, que modificó el Acuerdo General Plenario 5/2013, y una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, pues ésta dejó insubsistente la sentencia que fuera reclamada, pronunciada el veinte de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente 874/2015. Y en su lugar dictó otra, en la cual reiteró aquellos aspectos que se dejaron intocados, y luego, con plenitud de jurisdicción y de manera debidamente motivada, se pronunció en cuanto a la configuración del fenómeno usurario, estimando procedente realizar la reducción prudencial de la tasa de interés pactada en el documento base de la acción que dio origen al mencionado juicio ejecutivo mercantil. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, mediante el cual se devuelve diligenciado el despacho 6/2019, orden 7/2019, derivado del presente asunto, del que se advierte que el proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se notificó personalmente al tercero interesado, dándole vista con copia de la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, el seis de febrero del año en curso. Acúsese recibo. De la cuenta que antecede, se advierte que el plazo de tres días que al efecto se concedió al tercero interesado, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este tribunal, ha transcurrido; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, y se ordena que ésta, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realicen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en la residencia de este órgano colegiado.
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