José Luis Lázaro Onofre
Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Lázaro Onofre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Luis Lázaro Onofre, para los siguientes efectos: "a) Dejar sin efectos lo resuelto en la audiencia preliminar de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio ordinario oral familiar ********************, sólo por lo que hace al pronunciamiento respecto de la disolución del vínculo matrimonial, dejando firme los demás aspectos jurídicos en ella determinada; y, b) Señale fecha para reponer esa actuación, en la cual en términos del artículo 269 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, decrete disuelto el vínculo matrimonial que une al quejoso con Olivia Onofre Onofre. En el entendido que también quedarán firmes los puntos ya determinados sobre los que las partes no estuvieron de acuerdo, mismos que conformarán la litis pendiente de resolver para la audiencia de juicio. Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo." Misma que causó ejecutoria el veinte de enero de dos mil veintitrés. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, mediante oficio 181/2023 recibido el uno de febrero de dos mil veintidós, adjuntó el proveído de veinticuatro de enero de este año, por el que dejó sin efectos lo resuelto en la audiencia preliminar de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar ********************, únicamente por lo que ve a la omisión del pronunciamiento respecto de la disolución del vínculo matrimonial, dejando firmes los demás aspectos; asimismo, los autos se puso a la vista de dicha titular, a fin de emita la resolución respectiva, conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. De igual forma, anexó en copia certificada la sentencia de divorcio dictada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado, toda vez que dejó sin efectos lo resuelto en la audiencia preliminar de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio ordinario oral familiar ********************, y el veinticinco de enero de dos mil veintitrés dictó sentencia de divorcio. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales. UBB
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, mediante el cual informa que ya dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo que acredita con las constancias que anexa en copia certificada. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
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En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los presentes autos. Conste.Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1 Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "a) Dejar sin efectos lo resuelto en la audiencia preliminar de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio ordinario oral familiar 589/2022, sólo por lo que hace al pronunciamiento respecto de la disolución del vínculo matrimonial, dejando firme los demás aspectos jurídicos en ella determinada; y, b) Señale fecha para reponer esa actuación, en la cual en términos del artículo 269 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, decrete disuelto el vínculo matrimonial que une al quejoso con Olivia Onofre Onofre." 1.1. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1140/2022, promovido por Jesús Cano Hernández, en cuanto apoderado jurídico del quejoso José Luis Lázaro Onofre, por alegada violación de los artículos 1o., 4o, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión por parte de la autoridad responsable en pronunciarse respecto a la disolución del vínculo matrimonial solicitado durante la audiencia preliminar celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en los autos del Juicio Ordinario Oral Familiar ******************** que sobre divorcio sin expresión de causa promovió el quejoso frente a ********************. En relación con lo anterior, debe señalarse que de un análisis integral al escrito de demanda, se advierte que de lo que se duele el impetrante del amparo no es de una omisión simple de la autoridad responsable en emitir un pronunciamiento, sino más bien, la negativa de dicha autoridad en decretar la disolución de vínculo matrimonial, pues al respecto señaló que la Jueza responsable argumentó que su petición de determinar disuelto el vínculo matrimonial no era procedente en esa fase, porque no se encontraban protegidos todos los derechos del menor ********************. En ese sentido, se tiene que el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la negativa de la Jueza responsable en decretar la disolución del vínculo matrimonial en la audiencia preliminar, de ahí que el análisis de los conceptos de violación se realizará en torno a la citada violación constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo ". SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución y fue emitido por autoridad residente dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, en tanto que así lo manifestó expresamente en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del acta levantada con motivo de la celebración de la audiencia preliminar, así como del registro audiovisual correspondiente a esa actuación. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes : "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que impone el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o bien, de manera oficiosa, no se advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo; sin embargo, para una mejor compresión de lo que se resuelve se considera necesario sintetizarlos de la siguiente manera: -La decisión tomada por la Jueza Familiar responsable en audiencia preliminar de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, de no decretar la disolución del vínculo matrimonial conforme lo dispone el artículo 269 del Código Familiar del Estado de Michoacán, vulnera en perjuicio del quejoso el libre desarrollo de la personalidad vinculado con la satisfacción de la libertad; principios que se consideran básicos para la satisfacción de cualquier plan de vida consagrados en el artículo 1o, Constitucional. -El argumento que vertió la autoridad responsable en la audiencia preliminar para no decretar la disolución del vínculo matrimonial, relativo a que no se encuentran protegidos los derechos del menor ********************., y que ello era suficiente para resolver sobre todas las prestaciones en sentencia definitiva, carece de la debida fundamentación y motivación, pues pierde de vista que el artículo 269 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, es claro en disponer que el Juez familiar en audiencia preliminar analizará, si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiesen realizado se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones y quedan debidamente garantizados los intereses de los menores, entonces debe pronunciar sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado; sin embargo, para el caso contrario, se procurará provechando la mediación y la conciliación respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia; pero de persistir en controversias en las prestaciones reclamadas así como en los intereses de los hijos, debe declararse la disolución del vínculo matrimonial, aprobar las prestaciones que hubieren sido convenidas y reservar para la audiencia de juicio la determinación de las demás prestaciones. Los motivos de inconformidad resultan esencialmente fundados. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)". De acuerdo con el precepto constitucional transcrito, todo acto de autoridad debe constar por escrito, fundado y motivado. Se entiende por fundamentación, la cita del o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, para que se constate la referida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas correspondientes. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, visible en la página 175, con registro electrónico 394216, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el caso, de las constancias que integran el juicio familiar de origen ********************, en especial la audiencia preliminar desahogada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se observa en la parte que aquí interesa, que la Juez de origen determinó: " Min 11:19 Apodero de la parte actora: Socito en términos del artículo 269 del Código Familiar, se decrete la disolución del vínculo matrimonial en esta audiencia, lo anterior es así por las disposición normativa que invoco (.) Juez: Hay una pregunta en relación a esto, está cumpliendo con su pensión alimenticia?, tiene forma de acreditarlo? La provisional? Apoderado del actor. (.) mi representado ha estado mandando la pensión alimenticia. Juez: La facultad que confiere el Código Familiar del Estado y vigente es la consideración a partir de que estén garantizados los derechos de los menores. no voy a decretar el divorcio porque no tengo constancias de que se haya cumplido con esa pensión. esa facultad está en nuestra norma y está vigente, la aplico en este momento y si con posterioridad queda saldad ese requisito no tendríamos impedimento para hacerlo antes de que se dicte sentencia definitiva. (.)" [En énfasis es añadido.] De igual forma, al rendir el informe justificado, la Jueza Familiar señaló que la petición de disolución del vínculo matrimonial fue negada debido a que aún no estaban protegidos los derechos del menor de edad de iniciales ********************., determinación que -afirma- se encuentra prevista en el artículo 268 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que condiciona no dictar sentencia definitiva para declarar el divorcio hasta en tanto queden garantizados los intereses de los hijos menores de edad; y que por esos motivos y además para conocer la capacidad económica de las partes, se determinó recabar pruebas a fin de que cuando se decrete el divorcio los intereses del hijo ya se encuentren protegidos. Determinaciones que carecen de la debida fundamentación, pues no obstante que la responsable señala que su decisión se encuentra sustentada en el artículo 268 de la codificación familiar, lo cierto es que dicho numeral de ninguna manera condiciona que hasta en tanto se resuelvan los intereses de los menores se disuelva en vínculo matrimonial; pues de lo que este se advierte es que para el caso de que en la audiencia preliminar se llegue a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y que en ese momento ya se encuentren garantizados los derechos de los menores, entonces de ser así, se pronunciará sentencia definitiva en la que se decretara el divorcio y se aprobará el convenio a que se hubiere llegado. Circunstancias las anteriores que no son las que acontecieron en la audiencia preliminar de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, pues de ella se advierte que no compareció la parte demandada aquí tercera interesada por lo que no existió un convenio por lo tanto, las cuestiones inherentes al menor de edad se reservaron para el dictado de la sentencia definitiva; pero ello no era obstáculo para decretar la disolución del vínculo matrimonial, pues al respecto, existe disposición expresa en el diverso numeral 269 de la citada legislación familiar. De ahí que quien resuelve considera que ese actuar contraviene el parámetro legal que en relación con tal tópico establece el Código Familiar para el Estado de Michoacán, tal y como se muestra enseguida: CAPÍTULO II DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA "Artículo 256. Para decretar el divorcio sin expresión de causa, bastará la manifestación expresa de voluntad por cualquiera de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial, sin que exista obligación de precisar causa alguna. A la solicitud se acompañará la propuesta de convenio que contenga los términos en que se habrán de salvaguardar los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio con relación a los consortes, hijos menores de edad o con discapacidad y bienes de la sociedad conyugal. Así como copia simple legible de la solicitud, propuesta de convenio y demás documentos que se anexen, para el cónyuge frente a quien se presenta la solicitud de divorcio, la cual deberá ser por duplicado cuando se tenga que designar tutor especial para los hijos menores de edad o con discapacidad. De no aportarse, se requerirá al solicitante para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación, subsane esa omisión, apercibiéndole que de no hacerlo se desechará de plano. "Artículo 257. La propuesta de convenio deberá contener: I. La designación sobre la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio; II. El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no tenga la guarda y custodia de los hijos, tomando en cuenta los horarios de comidas, descanso, estudio, circunstancias personales e interés superior de estos, precisando los días y las horas; III. La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al juez autorizarla, así como la garantía para asegurar su cumplimiento; y, IV. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla después de decretado el divorcio, exhibiendo para ese efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. De no ocuparse la propuesta de convenio de alguno de los puntos precitados o no ser clara y precisa, se requerirá al solicitante mediante notificación personal para que la complete o aclare dentro del término de tres días, apercibiéndole que de no hacerlo, se desechará de plano. Procediéndose de igual manera respecto a la contrapropuesta. Si el solicitante no manifiesta expresamente su voluntad de divorciarse, no se admitirá su escrito inicial. La garantía para asegurar el debido cumplimiento y subsistencia de la obligación alimentaria, deberá ser aprobada por el juez de instrucción según las circunstancias del caso, escuchando para ello la opinión del ministerio público, pudiendo ser otorgada por cualquiera de los medios previstos por la ley sustantiva civil; si se llegase a optar por un fiador, deberá renunciar a los beneficios de orden y excusión. "Artículo 258. Al solicitarse el divorcio o dentro de los dos años siguientes de su reclamación, los cónyuges podrán exigir una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio, siempre que: I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El reclamante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el matrimonio el reclamante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de su cónyuge. El juez oral, en la sentencia, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos. "Artículo 261. Si en el procedimiento de divorcio, también se deben determinar cuestiones inherentes a hijos menores de edad o con discapacidad, se les designará un tutor especial desde el auto admisorio, quien tendrá el carácter de parte. Con independencia de que se le designe tutor especial, en la medida en que los hijos menores de edad o con discapacidad puedan emitir una opinión, ésta se escuchará, la que no obligará al juzgador, pero podrá ser orientadora. "Artículo 262. Con las copias de la solicitud y propuesta de convenio, se correrá traslado y emplazará al otro cónyuge, para que, dentro del plazo de nueve días, de contestación, manifestando su conformidad con el convenio, o bien, exhibiendo la contrapropuesta, la cual se notificará al solicitante, entregándole copia simple de la misma y documentos que se le anexen, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a sus intereses considere conveniente. "Artículo 263. Si al darse contestación a la petición de divorcio se hiciere alguna reclamación inherente a los derechos y obligaciones del matrimonio o a los hijos menores de edad o con discapacidad, también se anexará la propuesta de convenio, así como copia simple de la contestación y propuesta, procediéndose en los mismos términos del artículo que antecede. "Artículo 264. A los escritos de contrapropuesta y contestación a esta se deberán anexar los documentos que las funden. "Artículo 265. De no presentarse los documentos a que hacen referencia los dos artículos que anteceden, se requerirá al cónyuge que la formuló, para que dentro del plazo de tres días subsane esa omisión, bajo apercibimiento que, de no hacerlo se desechará de plano. Artículo 266. Si una vez transcurrido el plazo del emplazamiento, el demandado no manifiesta su conformidad o inconformidad con la propuesta, o bien expresamente la acepta totalmente, el juez de instrucción de inmediato proveerá ordenando remitir los autos al juez oral, para que señale fecha para la audiencia preliminar, la que deberá tener efecto dentro de los cinco días siguientes a que se reciban, en la que, de ser procedente dictará la sentencia. Artículo 267. No estando en ninguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral, quien citará a los cónyuges a la audiencia preliminar, señalando día y hora para que se verifique en un plazo de cinco días a que aquellos se reciban. Artículo 268. En dicha audiencia se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; de ser así, se pronunciará sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado. Artículo 269. En caso contrario, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia conforme al artículo que antecede, y de persistir esta, se declarará la disolución del vínculo matrimonial y aprobará las prestaciones que hubieren sido convenidas, reservando para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones. Artículo 270. En tal caso, se precisarán los puntos sobre los que las partes no se hayan puesto de acuerdo, mismos que conformarán la litis pendiente; se acordará lo concerniente a las pruebas ofrecidas, mandándose preparar las admitidas, ordenará de oficio las pruebas que considere convenientes para garantizar el interés superior de los hijos menores de edad o con discapacidad y señalará fecha para la audiencia de juicio, en la que se desahogarán y se pronunciará sentencia definitiva, determinando lo concerniente a los puntos de litis pendiente. Artículo 271. El juez fijará en la sentencia la situación de los hijos menores de edad o con discapacidad, habidos en matrimonio, para lo cual, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, los alimentos, custodia y convivencia, atendiendo para ello, tanto el interés superior de estos, como la adecuada capacidad de los padres para su cuidado y con cuál puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral, valorando las especiales circunstancias del caso." De la transcripción de los artículos anteriores podemos advertir, para lo que aquí nos interesa, que los numerales 268, 269 y 270 sustancialmente informan: a) Es una obligación del juez familiar, que en la audiencia preliminar, analice si con base en la propuesta y contrapropuesta que -en su caso- se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; de ser así, debe pronunciar sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado; b) No obstante, que para el caso contrario, se procurará -aprovechando la mediación o conciliación-, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia; c). De persistir controversia en las prestaciones reclamadas, así como en los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad, debe declararse la disolución del vínculo matrimonial, aprobar las prestaciones que hubieren sido convenidas y reservar para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones; d). De la misma forma, que después de declarar disuelto el vínculo matrimonial, el juez debe precisar los puntos sobre los que las partes no se hayan puesto de acuerdo, mismos que conformarán la litis pendiente de resolver para la audiencia de juicio; asimismo, debe acordar lo concerniente a las pruebas ofrecidas, mandándose preparar las admitidas, ordenar de oficio las pruebas que considere convenientes para garantizar el interés superior de los hijos menores de edad o con discapacidad y señalar fecha para la audiencia de juicio, en la que se desahogarán y se pronunciará sentencia definitiva, determinando lo concerniente a los puntos de litis pendiente; y, e), En esa sentencia, el juez debe fijar en la situación de los hijos menores de edad o con discapacidad, habidos en matrimonio, para lo cual, debe resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, los alimentos, custodia y convivencia, atendiendo para ello, tanto el interés superior de estos, como la adecuada capacidad de los padres para su cuidado y con cuál puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral, valorando las especiales circunstancias del caso. Bajo las anteriores consideraciones legales, es dable concluir que en términos del numeral 269, del Código Familiar aplicable, la jueza responsable estaba obligada -en esa audiencia preliminar-, a declarar disuelto el vínculo matrimonial; esto, aun y cuando en el caso existe controversia con los derechos de los menores, ya que decretar en ese momento el divorcio, es una obligación legal; aunado a que el quejoso lo solicitó expresamente. Sin que en el caso sea válido el argumento esgrimido por la jueza responsable, en el sentido que no era procedente esa solicitud porque no estaban protegidos todos los derechos de los menores, ya que la disposición legal muchas veces referida es clara en disponer que cuando existan controversias relacionadas con derechos de menores y/o otras prestaciones, que en la audiencia preliminar no se hubieran convenido se decretará disuelto el vínculo matrimonial y esos aspectos se reservarán para la sentencia que se dictara en definitiva. Tal intención se corrobora con claridad de lo dispuesto en los artículos 270 y 271, en el los que, en el primero de ellos, el legislador otorgó al juez la facultad oficiosa de desahogar las pruebas que considere convenientes para garantizar el interés superior de los hijos menores de edad o con discapacidad, las cuales estableció, deben quedar resueltas en la sentencia definitiva que se dicte en la audiencia de juicio; mientras que en el segundo de los numerales en cita señaló que en la sentencia, el juez debe fijar la situación de los hijos menores de edad o con discapacidad habidos en matrimonio, para lo cual, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, los alimentos, custodia y convivencia, atendiendo para ello, tanto el interés superior de estos, como la adecuada capacidad de los padres para su cuidado y con cuál puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral, valorando las especiales circunstancias del caso. Entonces, debe decirse que la intención del legislador es que contrario a lo resuelto por la jueza responsable, en los casos en los que en la audiencia preliminar no sea posible convenir lo relativo a los derechos e intereses de los menores, en ella, sólo se decrete disuelto el vínculo matrimonial, mientras que todo lo relativo a la situación jurídica de los menores, quede reservado para decidirse en definitiva en la audiencia de juicio. Interpretación legal que, como bien lo señala el quejoso, es conforme a su derecho de libre desarrollo de la personalidad; así es, porque al hacerlo de esa forma se protege por un lado, el derecho del peticionario del amparo de no permanecer casado desde el momento que lo expresa conforme el artículo 256 del Código Familiar de la entidad, lo que es acorde a su derecho al libre desarrollo de la personalidad y de libre elección de su proyecto de vida; y por otro, se garantizan también los derechos del menor involucrado, al asegurar que los mismos serán materia de la sentencia definitiva que se emita en la audiencia de juicio. Sobre todo si se considera que en el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna, sino exclusivamente a su deseo de ya no continuar casado. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada 1a. LX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2008495, Décima Época, Materias(s): Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1394, que dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL DERIVADO DE AQUÉL, SÓLO CONSTITUYE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE UNA SITUACIÓN DE HECHO RESPECTO DE LA DESVINCULACIÓN DE LOS CÓNYUGES. Considerando que en el divorcio sin expresión de causa es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, no está supeditada a explicación alguna, sino exclusivamente a su deseo de ya no continuar casado. Así, la disolución del vínculo matrimonial por parte del Estado constituye sólo el reconocimiento de éste de una situación de hecho respecto de la desvinculación de los cónyuges, donde la voluntad de uno solo de ellos, de no permanecer en matrimonio atiende al derecho al libre desarrollo de la personalidad." Bajo las relatadas consideraciones, ante lo fundado de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. No se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Efectos del amparo. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, deberá: a) Dejar sin efectos lo resuelto en la audiencia preliminar de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio ordinario oral familiar ********************, sólo por lo que hace al pronunciamiento respecto de la disolución del vínculo matrimonial, dejando firme los demás aspectos jurídicos en ella determinada; y, b) Señale fecha para reponer esa actuación, en la cual en términos del artículo 269 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, decrete disuelto el vínculo matrimonial que une al quejoso con ********************. En el entendido que también quedarán firmes los puntos ya determinados sobre los que las partes no estuvieron de acuerdo, mismos que conformarán la litis pendiente de resolver para la audiencia de juicio. Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, en términos de lo expuesto en el considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán; el día de hoy treinta de diciembre de dos mil veintidós; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
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