José Luis Lara Lara

Expediente 1159/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1159/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • José Luis Lara Lara
  • Maricruz Iñiguez Melgar

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica, signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual, remite diligenciado el exhorto enviado a efecto de notificar a la parte quejosa el auto de prevención dictado en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar acusar de recibo, en virtud de la vía en que se recibió. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja...

  2. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/ 2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse las constancias que se remitieron a fin de resolver el presente asunto, previo desglose que se haga de la carátula de los tomos de prueba formados con las mismas...

  3. Principal

    ...CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito signado por *******, y el oficio signado por el Juez de Primera Instancia Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Distrito Judicial de Querétaro, mismo que se reservó acordar hasta en tanto la parte quejosa cumpliera con la prevención que se le realizó, lo cual ya aconteció; en ese tenor se les tiene dando cumplimiento a los requerimientos realizados, por lo que se provee: DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el presente caso, los actos reclamados se hacen consistir, en: El auto de nueve de marzo de dos mi dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato ***, del índice del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Distrito Judicial de Querétaro, promovido en contra de los demandados quejosos; y, Los actos de ejecución de sentencia relativos al requerimiento de pago, que derivaron del juicio ordinario civil ****. Respecto del auto impugnado identificado como acto reclamado a), el juez responsable acordó que no había lugar a tener a *****, promoviendo en representación de los demandados, en virtud de que carecía de personalidad, en ese escrito, la citada persona, interponía recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen. Asimismo, del acuerdo reclamado, se advierte que se notificó por medio de lista el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado, se estima que la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo su texto el siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley en cita, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.. ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (. )" Es decir, el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El primer párrafo del numeral transcrito en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, excepto cuando se reclame: Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (treinta días ); La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (hasta ocho años ); Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años ); y, Impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (cualquier tiempo ). Por otra parte, el segundo de los numerales, establece la forma de computar los plazos anteriores, a saber, al día siguiente de: Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; Que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues se trata de un auto emitido por el Juez de Primera Instancia Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Distrito Judicial de Querétaro, que acuerda no ha lugar a tener a ... promoviendo en representación de los demandados, en virtud de que carecía de personalidad, en cuyo escrito, la citada persona, interponía recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen. Es decir, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia. En la demanda de amparo, manifestó que tuvo conocimiento del auto reclamado, el trece de agosto de dos mil dieciocho, sin embargo, de las constancias remitidas por el juez responsable, se desprende que dicho proveído fue notificado a la parte demandada por medio de lista el diez de marzo de dos mil diecisiete; documental que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2. Ahora, la notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. En esa virtud, si existe constancia de que se efectuó la notificación respectiva a la parte quejosa del auto reclamado, se debe atener a la misma para verificar la procedencia del juicio de amparo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que se pueda analizar las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. En esa tesitura, la citada notificación, surtió efectos al día siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 120, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro y el término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir al día siguiente en que se publicó por lista, es decir, del lunes trece de marzo de dos mil diecisiete. Por ende, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se presentó el veinte de agosto de dos mil dieciocho, como se advierte de la boleta de turno que en copia certificada remitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, es evidente, que en esa fecha, había transcurrido en exceso el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por ende, tácitamente consintió el acto reclamado, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Es aplicable a lo anterior, en lo que cabe la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a. ), que aparece publicada en la página 1249 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s ): Común, Décima Época, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral ), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Asimismo, respecto del citado acto reclamado identificado como inciso a), se estima que se actualiza la diversa causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61, d la Ley de Amparo, mismo que a la letra establece: "Articulo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la ley de la materia precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El citado precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b), c) y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sostiene lo así considerado, la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable a lo razonado, en lo conducente, el criterio aislado número I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Así también, robustece a lo aquí dicho, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, enunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra manifiesta: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Por lo expuesto, se tiene que la parte quejosa está obligada a hacer valer el medio de impugnación en contra del auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete, lo cual en el caso lo es el recurso de revocación que establece el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dice lo siguiente: En ese tenor, el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, establece: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la transcripción del precepto legal, se puede colegir que las simples determinaciones de trámite o decretos son aquellos que no contienen ninguna decisión y por ende, no tienen ninguna trascendencia jurídica en el procedimiento respectivo, entonces, si contra el auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete, destacado como acto reclamado en esta instancia constitucional, la ley ordinaria prevé un recurso o medio de defensa, a saber, el de revocación, por virtud del cual puede ser modificado o revocado por el juzgador que lo emitió o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; sin que se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, deviene inconcuso que, de manera previa a la promoción del presente juicio de derechos fundamentales, los aquí quejosos se encuentran obligados a interponer el indicado medio de impugnación, a efecto de agotar el principio del que se viene hablando y, al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, razón por la cual es improcedente la demanda de amparo en estudio. Apoya lo expuesto en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 101/2001, que es del tenor literal siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." ). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." De igual forma, sustenta lo anteriormente expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Como se ve, en contra de la resolución del juez que como en el caso no admite una apelación procede el recurso de revocación previsto en el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; por tanto, antes de acudir al juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en el que no aplican las excepciones relativas a la suspensión, fundamentación y violaciones directas de las que se refiere la diversa fracción XX del artículo en comento. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 447, que textualmente establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Asimismo, en la tesis I.6o.C.43 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, su texto y rubro es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Finalmente, respecto del acto reclamado identificado como inciso b), esto es, los actos de ejecución de sentencia relativos al requerimiento de pago, que derivaron del juicio ordinario civil 232/2014, sobreviene la causal de improcedencia estipulada en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la ley de amparo en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [. ] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [. ]." De la anterior transcripción legal, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales realizados fuera o después de concluido el juicio. Asimismo, señala que contra actos de ejecución de sentencia sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, a saber: La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; Las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso, como ya se precisó la parte quejosa se duele de los actos de ejecución relativos al requerimiento de pago, derivado del juicio ordinario civil 232/2014. Para el caso concreto, debe decirse que resulta relevante únicamente el aspecto relativo a "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Para llegar a esa determinación, es necesario dirigir la atención al hecho consistente en que la regla específica para la procedencia del juicio de amparo biinstancial prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, lo que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva, en contra de la parte en el juicio que sea condenada, por haber sido oída y vencida en el juicio natural. Pues bien, debe decirse que en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización obligando que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo y no así las sucesivas determinaciones intermedias que se dicten en el mismo, pues de ser así se retardaría su cumplimiento. Es por ello que la última resolución en contra de la cual procede el juicio de amparo indirecto en términos del numeral de mérito, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A mayor abundamiento, se debe tomar en consideración, además, que a efecto de evitar abusos de las autoridades correspondientes, en el mismo precepto legal se previene de manera expresa que en la demanda de garantías promovida en la vía biinstancial, la parte afectada podrá hacer valer las demás violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva. En esa tesitura, en el caso concreto, el amparo biinstancial procederá, una vez que el Juez responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, que por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público. De ahí que, si los actos de molestia que refieren los impetrantes, mismos que se realizaron con después de la sentencia y que van encaminados a la ejecución de la misma, los mismos devienen improcedentes, por lo que se actualizar la hipótesis prevista en el párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la ley de Amparo, en virtud de que por el momento, no está acreditado que en el juicio se hubiere pronunciado la resolución que hubiera aprobado o reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable a lo anterior, por las razones que contiene la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 69 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Sin que en el caso, se advierta que los actos de ejecución sean diversos a la litis planteada, pues así lo refiere la parte quejosa en su escrito aclaratorio de demanda, más bien van encaminados a la ejecución de lo condenado, de igual forma, no se advierte que los actos que se combaten aprueben o reconozcan de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se haya declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por ello, no será sino hasta en tanto la resolución que declare cumplida la sentencia, o la imposibilidad para cumplirla, que será procedente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163152, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a. ), visible en la página 810, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, Registro: 160866, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Sin que pase desapercibido que en los anteriores criterios jurisprudenciales se hubieran analizado dispositivos de la anterior Ley de Amparo (artículo 114, fracciones III y IV ), en virtud de que lo que importa es lo relativo a que, aun tratándose de actos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la imposible reparación, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia aquí analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE ), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...

  4. Principal

    ...Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, y al efecto, remite dos legajos en copias certificadas del expediente 232/2014, sin embargo, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la parte quejosa de cumplimiento al requerimiento que se le formuló en autos. Ahora, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas se ordena formar dos tomos por separado, los cuales quedan en la Secretaria de este Juzgado, a disposición de las partes, para su consulta...II

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