Jose Luis Ku Acosta
Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Luis Ku Acosta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por , contra el acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene el quejoso en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama de la responsable: El acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1134/2017, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el que la responsable admitió una prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por José Gabriel Suárez Perpiña alias José Gabriel Suárez Perreña. Por lo que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, de la demanda de amparo se desprende que se combate el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1134/2017, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el que la responsable admitió una prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por José Gabriel Suárez Perpiña alias José Gabriel Suárez Perreña. En ese sentido, el acto que por esta vía se recurre no genera una violación directa a los derechos fundamentales de la parte quejosa, reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Asimismo, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender a la parte inconforme, por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte desfavorable, podrá reclamarla por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva o laudo, en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se puede determinar si se vulneraron las defensas de la parte quejosa, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en perjuicio de la impetrante del amparo, dejando clara la inexistente vulneración a los derechos fundamentales de Legalidad, audiencia y acceso a la justicia que aduce. Se dice lo anterior, dado que, el juicio de origen se encuentra en trámite, es decir, no se ha dictado sentencia; por tanto, no hay afectación alguna en la esfera jurídica del promovente, en todo caso, existirá un agravio cuando se pronuncie el fallo correspondiente, y sea en el sentido de condenar al demandado aquí quejoso.De ahí que la cuestión planteada, deberá reclamarla como violación procesal, debidamente preparada en el amparo que promueva contra la sentencia que se dicte en el juicio de origen. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis IV.2º.C.56 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 2676, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL AUTO MEDIANTE EL CUAL EL JUEZ DE PRIMER GRADO AUTORIZA LA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. La resolución de segunda instancia que confirma el auto mediante el cual el Juez de primer grado autorizó la cesión de derechos litigiosos, no constituye un acto procesal de imposible reparación, ya que de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que, de estimar que la cesión de derechos aludida no debió ser autorizada, el juicio no culminaría sino que se repondría el procedimiento a partir de dicha violación, para que éste continuara su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, pero ahora, al ser inválida la cesión, se tendría como parte actora a la persona que instauró el juicio y que pretendía ceder los derechos litigiosos derivados del mismo. Lo anterior es acorde con los lineamientos que para determinar cuándo se está frente a un acto de imposible reparación fijó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL)." Lo anterior, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, se encuentra señalado de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando de manera clara que corresponde a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna o en los Tratados en los que el Estado sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en el acto reclamado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 7, Junio de 2014, página 39, del rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Es aplicable la jurisprudencia que resolvió la contradicción de criterios 47/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 1303/90 y 939/89, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo LVI, página 11, agosto de 1992, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son como sigue: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por lo tanto, en la especie, el acto reclamado se relaciona con una violación procesal que es susceptible de combatirse junto con la sentencia a través del amparo directo. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto e indudable de la improcedencia del juicio constitucional. En consecuencia, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, por lo que ve al acto consistente en el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1134/2017, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el que la responsable admitió una prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por José Gabriel Suárez Perpiña alias José Gabriel Suárez Perreña. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como autorizados para tal efecto, a las personas que expresamente designa, con las facultades conferidas expresamente. En atención a la solicitud relativa a la autorización para la reproducción electrónica de los acuerdos que se dicten dentro del presente juicio de amparo; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a sus autorizados, para que puedan hacer uso del medio que alude el quejoso, al momento de la consulta del presente asunto. Ahora bien, la parte quejosa proporciona el nombre de usuario "joseluiskuacosta", para el acceso y consulta del expediente electrónico; por tanto, se acuerda de conformidad la solicitud de la parte promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado usuario, por lo que podrá promover en el mismo con sus nombre de usuario. En el propio tenor, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que existe solicitud expresa del referido quejoso, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio del usuario "joseluiskuacosta". Hágase lo anterior conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Tómese nota del correo electrónico y del número celular proporcionado por la parte quejosa, a fin de mantener comunicación no procesal con la misma. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- José Luis Gabriel Cervantes Yam1463/2022
- Jose Luis Garcia Moreno1466/2023
- Jose Luis Gomez Preciado319/2022
- Jose Luis Gonzalez Gonzalez794/2021
- Jose Luis Hernandez Piña1289/2018
- Jose Luis Iuit May1310/2017
- Jose Luis Ku Acosta2241/2021
- Jose Luis Leal Salazar833/2023
- Jose Luis Leal Salazar1035/2022
- Jose Luis Martin Chale1558/2017
- Jose Luis Martinez Herrera1147/2018
- Jose Luis Medina Lopez170/2018