José Luis Jiménez Osorio

Expediente 113/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
113/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis Jiménez Osorio

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación emitida el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se valoró como destruible el presente juicio de amparo conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; sin embargo, se trata de un asunto de naturaleza Agraria. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento; y, debido a que en esta instancia, se tuvo por desechada la demanda de amparo, lo cierto es que su naturaleza es Agraria; por lo tanto, se determina que el presente expediente es de relevancia documental, de conformidad con el artículo 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; ante ello, se ordena que el mismo sea conservado en su totalidad. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan las actuaciones de este sumario constitucional y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el arábigo 98 de la normativa de la materia, sin que ********************, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de dos de marzo de esta anualidad, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho proveído, hágase del conocimiento de las partes tal circunstacia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el normativo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el dispositivo 15 del referido acuerdo. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por el promovente, considerados como originales por el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda por lo que se dio por concluido sin decidir en lo principal, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado dispositivo 21 de dicho acuerdo, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por el promovente. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Jiménez Osorio por derecho propio, contra actos del 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO. Se hace consistir en la parte considerativa del Acta de audiencia agraria, de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés; emitida por la autoridad señalada como responsable, en el expediente agrario 1183/2015, 'en la que declaró la suspensión del procedimiento agrario, y en la parte correspondiente del punto Cuarto que reza: y por lo que respecta a los interrogatorios para el desahogo de la prueba testimonial, no se advierte que estos se encuentren anexos al presente escrito. Dichos interrogatorios los exhibí anexos a mi escrito en oficialía de partes, y en la diligencia al no desahogarse la confesional y no encontrarse presentes los testigos solicité la devolución de los interrogatorios testimoniales; asentando el Secretario otra circunstancia diversa a la verdad, y, violándose con ello mi derecho de audiencia que prescriben los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, a cuyo efecto manifestare los hechos que me constan, en el apartado correspondiente." ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro del juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 113/2023-VI-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expondrá a continuación. Para ello, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura integral a la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario 1183/2015, en el que en su punto cuarto, se determinó que no había lugar al desahogo de la prueba testimonial, pues advirtió que no se encontraban anexos los interrogatorios exhibidos por el aquí quejoso JOSÉ LUIS JIMÉNEZ OSORIO. En este sentido, la suscrita estima que en la especie, se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no es de imposible reparación. Dichos dispositivos legales establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." Como se puede observar, de la lectura del precepto legal antes transcrito, se advierte como requisito para la procedencia del amparo indirecto en contra de aquellos actos emitidos dentro de un juicio, conforme al artículo, fracción e inciso plasmado, que sean de imposible reparación. Pues bien, sobre dicho tema (actos de imposible reparación) nuestro Más Alto Tribunal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, en muchas veces contradictorias, mismas que ha plasmado en criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior ocurría así, en virtud de que el legislador no se ocupaba de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Sobre dicho tópico, el Pleno del Máximo Tribunal del País fijó un parámetro en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 39, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En dicha ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó que para ser calificados como actos de imposible reparación o irreparables, éstos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior implica que una violación procesal o adjetiva, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos que no puedan ser reparables. Ahora, el quejoso reclama substancialmente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario 1183/2015, en el que en su punto cuarto, se determinó que no había lugar al desahogo de la prueba testimonial, pues advirtió que no se encontraban anexos los interrogatorios exhibidos por el aquí quejoso JOSÉ LUIS JIMÉNEZ OSORIO; esto es, reclama un acto meramente intraprocesal, y cuya consecuencia, en su caso, se encuentra sub-judice al dictado de la sentencia, puesto que hasta el momento en que se dicte el fallo definitivo se podrá apreciar si con tal acción se vulneraron sus defensas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Lo anterior, toda vez que el desechamiento de una prueba, en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por tal desechamiento son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable el solicitante de amparo, desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Octava Época, que al rubro y texto dicen: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Bajo esta tesitura, es inconcuso que el acto reclamado no tiene el carácter de ser de imposible reparación, pues no produce una afectación material a derechos sustantivos, ya que sus consecuencias, en su caso, producirían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, la cual será hasta el dictado de la sentencia en que se advierta si dicha demanda que dio origen al juicio natural fue o no desfavorable al quejoso. En esas condiciones, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. En merito a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción V, del artículo 63 de la ley en comento, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del impetrante para oír y recibir notificaciones el ubicado en casa marcada con el número cuatro, calle Alvarado, colonia Deportiva Sur, Salina Cruz, Oaxaca; y como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere el impetrante, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener inscritas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculta a ejercer legalmente como licenciados en derecho, por lo que deberán actuar en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto demuestre el registro correspondiente ante el aludido sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa o las personas que autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al promovente del amparo.

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