JOSÉ LUIS JIMÉNEZ CAMPA y Otros.

Expediente 802/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 46 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
802/2022
Año
2022
Actuaciones
46
Última actuación
11/12/2023

Partes del expediente

  • JOSÉ LUIS JIMÉNEZ CAMPA y Otros.
  • José Luis Jiménez Campa
  • Tercera Sala Familiar del Porder Judicial de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 201 fracción III, 202 y 203 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, en contra de la resolución de veintiocho de noviembre del año en curso, en la que se declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, planteada por el recurrente. Consecuentemente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, el escrito original de agravios y los autos originales del presente juicio de amparo, previa la formación del cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo General número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificado en instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, con relación al punto octavo fracción I que a la letra dice: "OCTAVO. La remisión de los expedientes a los Tribunales Colegiados de Circuito se sujetará, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, a las reglas siguientes: I. Los amparos en revisión y los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del artículo 201 de la Ley de Amparo, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito que hubiese dictado la sentencia respectiva. Cuando en el Circuito correspondiente existan dos o más Tribunales Colegiados se remitirá al especializado en la materia del juicio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión o, en su caso, al que se encuentre en turno". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 1 DE DICIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado dentro del juicio de amparo 802/2022, promovido por el quejoso ****; y, RESULTANDO: PRIMERO. El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos atribuidos a la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México. El acto reclamado es la sentencia de ocho de julio de dos mil veintidós emitida en el toca ****** por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación de veintidós de abril de ese año, dictada en la controversia familiar ****** por el Juez Décimo Noveno Familiar de esta Ciudad, donde fijó alimentos provisionales al infante por ******, y el cincuenta por ciento de los gastos de las actividades recreativas o extraescolares. SEGUNDO. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que negó la protección constitucional; sin embargo dicho fallo fue revocado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el R.C. ***. TERCERO. El treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la ejecutoria y dicha determinación quedó firme mediante proveído de diecinueve de septiembre de este año. CUARTO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de la presente anualidad, el quejoso refirió que la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca **** del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, es repetitiva del acto reclamado. Esa resolución es la que motiva la presente denuncia de repetición. SEXTO. Las autoridades rindieron su informe respecto de la denuncia de repetición que se planteó, y por auto de veintitrés del mes y año en curso, el suscrito ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente; lo que se hace en este acto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Materia de la denuncia de repetición. De la lectura integral del escrito con folio 20986, se advierte que la parte quejosa plantea su denuncia de repetición con motivo de la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca ***** del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe, la autoridad responsable refirió la emisión de dicha sentencia; empero, negó haber incurrido en una repetición del acto. Por su parte, el A quo refirió que acató la resolución emitida por la alzada. CUARTO. Decisión. La presente denuncia es infundada, por lo que se verá a continuación. El artículo 199 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Del anterior artículo se colige que la figura procesal de la denuncia de repetición del acto reclamado está dirigida a regular los casos en que las autoridades vuelven a emitir una actuación como aquella que dio lugar a la protección constitucional. Para esta resolución cobra importancia desarrollar el alcance de dos nociones vinculadas con la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, a saber, lo que entraña el verbo repetir; y lo que es para efectos del juicio constitucional, el acto reclamado. - El diccionario de la Lengua Española concibe al verbo repetir como volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho. Ello que implica reiterar o insistir en una conducta. - El acto reclamado, por su parte constituye la materia del juicio de amparo; y como requisito de la demanda, se advierte del artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, en que se impone como requisito del ocurso inicial la expresión de la norma general, acto u omisión emitida por la autoridad y que constituirá el objeto de análisis de constitucionalidad, sobre el que recaerán los alcances a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Es decir, el acto reclamado constituye actuación pasiva o activa que se proyecta al juicio constitucional como la conducta jurídica representativa de aquello que se atribuye a la autoridad y que afecta al gobernado, legitimándolo para obtener de los Tribunales de la Federación el análisis sobre violación a derechos fundamentales conforme al objeto del juicio, a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Procesalmente, el acto reclamado constituye un componente de la litis del juicio constitucional, como un requisito de la demanda; así como lo son el informe justificado y las pruebas; pues es conforme a estos elementos que el juzgador emite su decisión. Al respecto se cita en su parte conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 27/94 de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, en Materia(s): Común, Página: 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En este contexto, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, exige que existan dos determinaciones por parte de la autoridad: la primera, que ya fue juzgada; y una segunda en donde se repita aquello que fue materia de la protección constitucional; para que una vez hecha la comparación entre ambos elementos, el juzgador pueda determinar si la conducta de autoridad es reiterativa de lo que ya fue calificado de contrario a la Constitución Federal; y son esos los actos que deberán analizarse para determinar lo conducente, no todas las actuaciones del proceso de origen, como lo sugirió la parte quejosa en el ofrecimiento de pruebas. Orienta lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 23/93 de la Octava Época, sustentada por la Otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 72, Diciembre de 1993, en Materia(s): Común, Página: 33, que dispone: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada." También se cita la jurisprudencia 2a./J. 68/98 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, en Materia(s): Común, Página: 412, que dispone: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." En el caso, la parte quejosa plantea su denuncia argumentando que la sentencia que modificó el proveído cuatro de agosto del año en curso, es repetitiva del acto reclamado en un inicio, pues pretende realizar el cobro de la pensión alimenticia provisional por ******, que estaba vigente antes de que se concediera la protección constitucional en esta instancia constitucional. Sin embargo, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo es infundada en dichos términos, pues respecto del acto reclamado, en la sentencia protectora se determinó lo siguiente: "[.] 56. Sobre esas bases, este órgano colegiado considera incorrecta la determinación del juzgado recurrido de negar la protección Federal solicitada, habida cuenta, que el quejoso, aquí recurrente, expuso en su demanda de amparo esencialmente que los gastos exhibidos por la contraparte son excesivos porque diversos rubros no corresponden a las necesidades de un niño de cuatro años de edad, así como que la Sala responsable no revisó la tabla de gastos presentada, porque a su decir las cuentas no arrojan la cantidad obtenida. [.] 58. Consecuentemente, si bien el juez de distrito analizó los conceptos de violación y expuso las razones por las que a su consideración, resultaban infundadas las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que la suma impuesta por concepto de pensión alimenticia provisional, se justifica atendiendo a las manifestaciones de la actora al presentar su demanda, así como con las hechas por el demandado al desahogar la vista respectiva en cuanto a la fuente y monto de sus ingresos; lo cierto es que no se encuentra justificada la proporcionalidad en cuanto a la pensión alimenticia provisional impuesta, ni tampoco existen pruebas fehacientes en cuanto al nivel de vida que tenían las partes antes de su separación, así como las necesidades reales del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor a otorgar los alimentos. 59. Es decir, se estima fundado el argumento del recurrente cuando afirma que es injusto e infundado que se le obligue a pagar una pensión alimenticia sumamente alta, sin que hasta el momento existan parámetros objetivos de prueba que justifiquen el monto de la pensión impuesta, [.] 60. Sin embargo, el Juez de Distrito deja de considerar que la Sala responsable no hizo ningún estudio en cuanto a la proporcionalidad en cuanto a la fijación de los alimentos provisionales, en términos de lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil de esta Ciudad, antes señalado, y en su caso estableciera un parámetro adecuado para regular la pensión alimenticia para el menor hijo de las partes; en la cual se pondere las necesidades reales del menor, ya que únicamente atendió a un criterio aritmético, sin que se haya establecido en relación con los gastos propuestos por la accionante, aquéllos que pudieran considerarse innecesarios o superficiales, que no tienen que ver con el principio de necesidad en cuanto a la fijación de los alimentos. 61. En otro aspecto, asiste razón al quejoso cuando aduce que la imposición del pago de una pensión alimenticia tan alta, desestabiliza su capacidad económica, pues la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, debe ser proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión. [.] 66. En las relatadas consideraciones, ante lo fundado de los conceptos de violación planteados procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra donde en la que observará las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y con efectos vinculatorios analizará nuevamente la problemática sometida a su consideración; y, hecho ello con absoluta libertad de jurisdicción determine lo que en derecho proceda." Como se advierte de lo anterior, la sentencia concesoria determinó que la Ad quem no había justificado la proporcionalidad en cuanto a la pensión alimenticia provisional impuesta, y no existían pruebas fehacientes en cuanto al nivel de vida que tenían las partes antes de su separación, así como las necesidades reales del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor a otorgar los alimentos. Por su parte, en la sentencia denunciada como repetitiva, la Ad quem modificó un proveído que había dejado sin efectos diversas medidas tendentes a efectuar el cobro de la pensión alimenticia por la cantidad de *****; y en su lugar determinó que dicho monto estuvo vigente desde el veintidós de abril de dos mil veintidós (fecha en que se fijó por el A quo), hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en que se concedió el amparo en esta instancia. Conforme a ello, es dable afirmar que se trata de un pronunciamiento con consideraciones diferentes a aquellas que motivaron la protección constitucional. Ello es así, pues como se dijo, la concesión del amparo partió de la base de que la Ad quem no atendió el principio de proporcionalidad en la fijación de los alimentos; y en la resolución denunciada como repetitiva, la Ad quem analizó un tema distinto, consistente en la vigencia del débito alimentario durante la tramitación de la instancia constitucional en donde no se concedió la suspensión del acto reclamado. Lo anterior revela que la presente denuncia es infundada, pues la actuación que el peticionario refiere como repetitiva es distinta a lo que constituyó el acto reclamado en este proceso constitucional, respecto de la cual incluso se concedió libertad de jurisdicción. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. XCV/2006, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO DE EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efecto y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo, para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." También se cita por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 4/2004, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA SI LAS SENTENCIAS TIENEN DIFERENTE SUSTENTO PROBATORIO. La figura de repetición del acto reclamado a que se refiere el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se actualiza en aquellos casos en que, concedido el amparo al quejoso, la autoridad responsable insiste en su conducta lesiva, es decir, que en la nueva sentencia se base en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado; de ahí que, si la responsable en la sentencia que cumplimenta la ejecutoria de amparo, valora otros medios de convicción, que no tomó en consideración en la primigenia sentencia, es evidente que no se actualiza dicha figura, porque el sustento probatorio en ambas sentencias es distinto." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 199 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, planteada por el quejoso ******, contra actos de la la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE: "VISTOS para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado dentro del juicio de amparo 802/2022, promovido por el quejoso ****; y, RESULTANDO: PRIMERO. El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos atribuidos a la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México. El acto reclamado es la sentencia de ocho de julio de dos mil veintidós emitida en el toca ****** por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación de veintidós de abril de ese año, dictada en la controversia familiar ****** por el Juez Décimo Noveno Familiar de esta Ciudad, donde fijó alimentos provisionales al infante por ******, y el cincuenta por ciento de los gastos de las actividades recreativas o extraescolares. SEGUNDO. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que negó la protección constitucional; sin embargo dicho fallo fue revocado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el R.C. ***. TERCERO. El treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la ejecutoria y dicha determinación quedó firme mediante proveído de diecinueve de septiembre de este año. CUARTO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de la presente anualidad, el quejoso refirió que la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca **** del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, es repetitiva del acto reclamado. Esa resolución es la que motiva la presente denuncia de repetición. SEXTO. Las autoridades rindieron su informe respecto de la denuncia de repetición que se planteó, y por auto de veintitrés del mes y año en curso, el suscrito ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente; lo que se hace en este acto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Materia de la denuncia de repetición. De la lectura integral del escrito con folio 20986, se advierte que la parte quejosa plantea su denuncia de repetición con motivo de la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca ***** del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe, la autoridad responsable refirió la emisión de dicha sentencia; empero, negó haber incurrido en una repetición del acto. Por su parte, el A quo refirió que acató la resolución emitida por la alzada. CUARTO. Decisión. La presente denuncia es infundada, por lo que se verá a continuación. El artículo 199 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Del anterior artículo se colige que la figura procesal de la denuncia de repetición del acto reclamado está dirigida a regular los casos en que las autoridades vuelven a emitir una actuación como aquella que dio lugar a la protección constitucional. Para esta resolución cobra importancia desarrollar el alcance de dos nociones vinculadas con la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, a saber, lo que entraña el verbo repetir; y lo que es para efectos del juicio constitucional, el acto reclamado. - El diccionario de la Lengua Española concibe al verbo repetir como volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho. Ello que implica reiterar o insistir en una conducta. - El acto reclamado, por su parte constituye la materia del juicio de amparo; y como requisito de la demanda, se advierte del artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, en que se impone como requisito del ocurso inicial la expresión de la norma general, acto u omisión emitida por la autoridad y que constituirá el objeto de análisis de constitucionalidad, sobre el que recaerán los alcances a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Es decir, el acto reclamado constituye actuación pasiva o activa que se proyecta al juicio constitucional como la conducta jurídica representativa de aquello que se atribuye a la autoridad y que afecta al gobernado, legitimándolo para obtener de los Tribunales de la Federación el análisis sobre violación a derechos fundamentales conforme al objeto del juicio, a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Procesalmente, el acto reclamado constituye un componente de la litis del juicio constitucional, como un requisito de la demanda; así como lo son el informe justificado y las pruebas; pues es conforme a estos elementos que el juzgador emite su decisión. Al respecto se cita en su parte conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 27/94 de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, en Materia(s): Común, Página: 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En este contexto, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, exige que existan dos determinaciones por parte de la autoridad: la primera, que ya fue juzgada; y una segunda en donde se repita aquello que fue materia de la protección constitucional; para que una vez hecha la comparación entre ambos elementos, el juzgador pueda determinar si la conducta de autoridad es reiterativa de lo que ya fue calificado de contrario a la Constitución Federal; y son esos los actos que deberán analizarse para determinar lo conducente, no todas las actuaciones del proceso de origen, como lo sugirió la parte quejosa en el ofrecimiento de pruebas. Orienta lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 23/93 de la Octava Época, sustentada por la Otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 72, Diciembre de 1993, en Materia(s): Común, Página: 33, que dispone: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada." También se cita la jurisprudencia 2a./J. 68/98 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, en Materia(s): Común, Página: 412, que dispone: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." En el caso, la parte quejosa plantea su denuncia argumentando que la sentencia que modificó el proveído cuatro de agosto del año en curso, es repetitiva del acto reclamado en un inicio, pues pretende realizar el cobro de la pensión alimenticia provisional por ******, que estaba vigente antes de que se concediera la protección constitucional en esta instancia constitucional. Sin embargo, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo es infundada en dichos términos, pues respecto del acto reclamado, en la sentencia protectora se determinó lo siguiente: "[.] 56. Sobre esas bases, este órgano colegiado considera incorrecta la determinación del juzgado recurrido de negar la protección Federal solicitada, habida cuenta, que el quejoso, aquí recurrente, expuso en su demanda de amparo esencialmente que los gastos exhibidos por la contraparte son excesivos porque diversos rubros no corresponden a las necesidades de un niño de cuatro años de edad, así como que la Sala responsable no revisó la tabla de gastos presentada, porque a su decir las cuentas no arrojan la cantidad obtenida. [.] 58. Consecuentemente, si bien el juez de distrito analizó los conceptos de violación y expuso las razones por las que a su consideración, resultaban infundadas las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que la suma impuesta por concepto de pensión alimenticia provisional, se justifica atendiendo a las manifestaciones de la actora al presentar su demanda, así como con las hechas por el demandado al desahogar la vista respectiva en cuanto a la fuente y monto de sus ingresos; lo cierto es que no se encuentra justificada la proporcionalidad en cuanto a la pensión alimenticia provisional impuesta, ni tampoco existen pruebas fehacientes en cuanto al nivel de vida que tenían las partes antes de su separación, así como las necesidades reales del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor a otorgar los alimentos. 59. Es decir, se estima fundado el argumento del recurrente cuando afirma que es injusto e infundado que se le obligue a pagar una pensión alimenticia sumamente alta, sin que hasta el momento existan parámetros objetivos de prueba que justifiquen el monto de la pensión impuesta, [.] 60. Sin embargo, el Juez de Distrito deja de considerar que la Sala responsable no hizo ningún estudio en cuanto a la proporcionalidad en cuanto a la fijación de los alimentos provisionales, en términos de lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil de esta Ciudad, antes señalado, y en su caso estableciera un parámetro adecuado para regular la pensión alimenticia para el menor hijo de las partes; en la cual se pondere las necesidades reales del menor, ya que únicamente atendió a un criterio aritmético, sin que se haya establecido en relación con los gastos propuestos por la accionante, aquéllos que pudieran considerarse innecesarios o superficiales, que no tienen que ver con el principio de necesidad en cuanto a la fijación de los alimentos. 61. En otro aspecto, asiste razón al quejoso cuando aduce que la imposición del pago de una pensión alimenticia tan alta, desestabiliza su capacidad económica, pues la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, debe ser proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión. [.] 66. En las relatadas consideraciones, ante lo fundado de los conceptos de violación planteados procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra donde en la que observará las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y con efectos vinculatorios analizará nuevamente la problemática sometida a su consideración; y, hecho ello con absoluta libertad de jurisdicción determine lo que en derecho proceda." Como se advierte de lo anterior, la sentencia concesoria determinó que la Ad quem no había justificado la proporcionalidad en cuanto a la pensión alimenticia provisional impuesta, y no existían pruebas fehacientes en cuanto al nivel de vida que tenían las partes antes de su separación, así como las necesidades reales del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor a otorgar los alimentos. Por su parte, en la sentencia denunciada como repetitiva, la Ad quem modificó un proveído que había dejado sin efectos diversas medidas tendentes a efectuar el cobro de la pensión alimenticia por la cantidad de *****; y en su lugar determinó que dicho monto estuvo vigente desde el veintidós de abril de dos mil veintidós (fecha en que se fijó por el A quo), hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en que se concedió el amparo en esta instancia. Conforme a ello, es dable afirmar que se trata de un pronunciamiento con consideraciones diferentes a aquellas que motivaron la protección constitucional. Ello es así, pues como se dijo, la concesión del amparo partió de la base de que la Ad quem no atendió el principio de proporcionalidad en la fijación de los alimentos; y en la resolución denunciada como repetitiva, la Ad quem analizó un tema distinto, consistente en la vigencia del débito alimentario durante la tramitación de la instancia constitucional en donde no se concedió la suspensión del acto reclamado. Lo anterior revela que la presente denuncia es infundada, pues la actuación que el peticionario refiere como repetitiva es distinta a lo que constituyó el acto reclamado en este proceso constitucional, respecto de la cual incluso se concedió libertad de jurisdicción. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. XCV/2006, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO DE EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efecto y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo, para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." También se cita por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 4/2004, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA SI LAS SENTENCIAS TIENEN DIFERENTE SUSTENTO PROBATORIO. La figura de repetición del acto reclamado a que se refiere el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se actualiza en aquellos casos en que, concedido el amparo al quejoso, la autoridad responsable insiste en su conducta lesiva, es decir, que en la nueva sentencia se base en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado; de ahí que, si la responsable en la sentencia que cumplimenta la ejecutoria de amparo, valora otros medios de convicción, que no tomó en consideración en la primigenia sentencia, es evidente que no se actualiza dicha figura, porque el sustento probatorio en ambas sentencias es distinto." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 199 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, planteada por el quejoso ******, contra actos de la la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    VISTOS para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado dentro del juicio de amparo 802/2022, promovido por el quejoso ****; y, RESULTANDO: PRIMERO. El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos atribuidos a la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México. El acto reclamado es la sentencia de ocho de julio de dos mil veintidós emitida en el toca ****** por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación de veintidós de abril de ese año, dictada en la controversia familiar ****** por el Juez Décimo Noveno Familiar de esta Ciudad, donde fijó alimentos provisionales al infante por ******, y el cincuenta por ciento de los gastos de las actividades recreativas o extraescolares. SEGUNDO. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que negó la protección constitucional; sin embargo dicho fallo fue revocado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el R.C. ***. TERCERO. El treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la ejecutoria y dicha determinación quedó firme mediante proveído de diecinueve de septiembre de este año. CUARTO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de la presente anualidad, el quejoso refirió que la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca **** del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, es repetitiva del acto reclamado. Esa resolución es la que motiva la presente denuncia de repetición. SEXTO. Las autoridades rindieron su informe respecto de la denuncia de repetición que se planteó, y por auto de veintitrés del mes y año en curso, el suscrito ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente; lo que se hace en este acto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Materia de la denuncia de repetición. De la lectura integral del escrito con folio 20986, se advierte que la parte quejosa plantea su denuncia de repetición con motivo de la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca ***** del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe, la autoridad responsable refirió la emisión de dicha sentencia; empero, negó haber incurrido en una repetición del acto. Por su parte, el A quo refirió que acató la resolución emitida por la alzada. CUARTO. Decisión. La presente denuncia es infundada, por lo que se verá a continuación. El artículo 199 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Del anterior artículo se colige que la figura procesal de la denuncia de repetición del acto reclamado está dirigida a regular los casos en que las autoridades vuelven a emitir una actuación como aquella que dio lugar a la protección constitucional. Para esta resolución cobra importancia desarrollar el alcance de dos nociones vinculadas con la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, a saber, lo que entraña el verbo repetir; y lo que es para efectos del juicio constitucional, el acto reclamado. - El diccionario de la Lengua Española concibe al verbo repetir como volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho. Ello que implica reiterar o insistir en una conducta. - El acto reclamado, por su parte constituye la materia del juicio de amparo; y como requisito de la demanda, se advierte del artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, en que se impone como requisito del ocurso inicial la expresión de la norma general, acto u omisión emitida por la autoridad y que constituirá el objeto de análisis de constitucionalidad, sobre el que recaerán los alcances a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Es decir, el acto reclamado constituye actuación pasiva o activa que se proyecta al juicio constitucional como la conducta jurídica representativa de aquello que se atribuye a la autoridad y que afecta al gobernado, legitimándolo para obtener de los Tribunales de la Federación el análisis sobre violación a derechos fundamentales conforme al objeto del juicio, a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Procesalmente, el acto reclamado constituye un componente de la litis del juicio constitucional, como un requisito de la demanda; así como lo son el informe justificado y las pruebas; pues es conforme a estos elementos que el juzgador emite su decisión. Al respecto se cita en su parte conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 27/94 de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, en Materia(s): Común, Página: 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En este contexto, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, exige que existan dos determinaciones por parte de la autoridad: la primera, que ya fue juzgada; y una segunda en donde se repita aquello que fue materia de la protección constitucional; para que una vez hecha la comparación entre ambos elementos, el juzgador pueda determinar si la conducta de autoridad es reiterativa de lo que ya fue calificado de contrario a la Constitución Federal; y son esos los actos que deberán analizarse para determinar lo conducente, no todas las actuaciones del proceso de origen, como lo sugirió la parte quejosa en el ofrecimiento de pruebas. Orienta lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 23/93 de la Octava Época, sustentada por la Otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 72, Diciembre de 1993, en Materia(s): Común, Página: 33, que dispone: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada." También se cita la jurisprudencia 2a./J. 68/98 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, en Materia(s): Común, Página: 412, que dispone: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." En el caso, la parte quejosa plantea su denuncia argumentando que la sentencia que modificó el proveído cuatro de agosto del año en curso, es repetitiva del acto reclamado en un inicio, pues pretende realizar el cobro de la pensión alimenticia provisional por ******, que estaba vigente antes de que se concediera la protección constitucional en esta instancia constitucional. Sin embargo, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo es infundada en dichos términos, pues respecto del acto reclamado, en la sentencia protectora se determinó lo siguiente: "[.] 56. Sobre esas bases, este órgano colegiado considera incorrecta la determinación del juzgado recurrido de negar la protección Federal solicitada, habida cuenta, que el quejoso, aquí recurrente, expuso en su demanda de amparo esencialmente que los gastos exhibidos por la contraparte son excesivos porque diversos rubros no corresponden a las necesidades de un niño de cuatro años de edad, así como que la Sala responsable no revisó la tabla de gastos presentada, porque a su decir las cuentas no arrojan la cantidad obtenida. [.] 58. Consecuentemente, si bien el juez de distrito analizó los conceptos de violación y expuso las razones por las que a su consideración, resultaban infundadas las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que la suma impuesta por concepto de pensión alimenticia provisional, se justifica atendiendo a las manifestaciones de la actora al presentar su demanda, así como con las hechas por el demandado al desahogar la vista respectiva en cuanto a la fuente y monto de sus ingresos; lo cierto es que no se encuentra justificada la proporcionalidad en cuanto a la pensión alimenticia provisional impuesta, ni tampoco existen pruebas fehacientes en cuanto al nivel de vida que tenían las partes antes de su separación, así como las necesidades reales del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor a otorgar los alimentos. 59. Es decir, se estima fundado el argumento del recurrente cuando afirma que es injusto e infundado que se le obligue a pagar una pensión alimenticia sumamente alta, sin que hasta el momento existan parámetros objetivos de prueba que justifiquen el monto de la pensión impuesta, [.] 60. Sin embargo, el Juez de Distrito deja de considerar que la Sala responsable no hizo ningún estudio en cuanto a la proporcionalidad en cuanto a la fijación de los alimentos provisionales, en términos de lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil de esta Ciudad, antes señalado, y en su caso estableciera un parámetro adecuado para regular la pensión alimenticia para el menor hijo de las partes; en la cual se pondere las necesidades reales del menor, ya que únicamente atendió a un criterio aritmético, sin que se haya establecido en relación con los gastos propuestos por la accionante, aquéllos que pudieran considerarse innecesarios o superficiales, que no tienen que ver con el principio de necesidad en cuanto a la fijación de los alimentos. 61. En otro aspecto, asiste razón al quejoso cuando aduce que la imposición del pago de una pensión alimenticia tan alta, desestabiliza su capacidad económica, pues la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, debe ser proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión. [.] 66. En las relatadas consideraciones, ante lo fundado de los conceptos de violación planteados procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra donde en la que observará las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y con efectos vinculatorios analizará nuevamente la problemática sometida a su consideración; y, hecho ello con absoluta libertad de jurisdicción determine lo que en derecho proceda." Como se advierte de lo anterior, la sentencia concesoria determinó que la Ad quem no había justificado la proporcionalidad en cuanto a la pensión alimenticia provisional impuesta, y no existían pruebas fehacientes en cuanto al nivel de vida que tenían las partes antes de su separación, así como las necesidades reales del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor a otorgar los alimentos. Por su parte, en la sentencia denunciada como repetitiva, la Ad quem modificó un proveído que había dejado sin efectos diversas medidas tendentes a efectuar el cobro de la pensión alimenticia por la cantidad de *****; y en su lugar determinó que dicho monto estuvo vigente desde el veintidós de abril de dos mil veintidós (fecha en que se fijó por el A quo), hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en que se concedió el amparo en esta instancia. Conforme a ello, es dable afirmar que se trata de un pronunciamiento con consideraciones diferentes a aquellas que motivaron la protección constitucional. Ello es así, pues como se dijo, la concesión del amparo partió de la base de que la Ad quem no atendió el principio de proporcionalidad en la fijación de los alimentos; y en la resolución denunciada como repetitiva, la Ad quem analizó un tema distinto, consistente en la vigencia del débito alimentario durante la tramitación de la instancia constitucional en donde no se concedió la suspensión del acto reclamado. Lo anterior revela que la presente denuncia es infundada, pues la actuación que el peticionario refiere como repetitiva es distinta a lo que constituyó el acto reclamado en este proceso constitucional, respecto de la cual incluso se concedió libertad de jurisdicción. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. XCV/2006, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO DE EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efecto y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo, para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." También se cita por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 4/2004, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA SI LAS SENTENCIAS TIENEN DIFERENTE SUSTENTO PROBATORIO. La figura de repetición del acto reclamado a que se refiere el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se actualiza en aquellos casos en que, concedido el amparo al quejoso, la autoridad responsable insiste en su conducta lesiva, es decir, que en la nueva sentencia se base en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado; de ahí que, si la responsable en la sentencia que cumplimenta la ejecutoria de amparo, valora otros medios de convicción, que no tomó en consideración en la primigenia sentencia, es evidente que no se actualiza dicha figura, porque el sustento probatorio en ambas sentencias es distinto." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 199 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, planteada por el quejoso ******, contra actos de la la Tercera Sala y Juez Décimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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