José Luis Islas Picazo
Expediente 271/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/02/2017
Partes del expediente
- José Luis Islas Picazo
- Juez Quinto de lo Familiar de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
. Agréguese a sus autos el telegrama de cuenta; visto su contenido se provee: Téngase al Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, solicitando que se acuse recibo del exhorto 75/2016-I-AMPARO del índice de este Juzgado Federal, por el que se ordenó emplazar a la tercera interesada ******; en consecuencia, se provee: Acúsese el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
DECLARACIÓN DE ESTADO. Ha causado estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el ********************. Guárdese por separado el ********************. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Destrúyase el ********************, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se ******************** y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el ******************** transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.
- Principal
V i s t o el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en auto de cuatro de marzo del presente año se tuvo como terceras interesadas a ******* y *******, y se ordenó a emplazarlas en el domicilio que la parte quejosa proporcionó en la demanda de amparo, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo; con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo (foja 25); mediante acuerdo de dieciocho de marzo por conducto del Actuario de la adscripción se agrega una razón actuarial de la que se advierte que no le fue posible emplazar al presente juicio a las tercero interesadas ******* y ******, toda vez que el domicilio señalado para tal fin, no existe, por tanto se ordenó girar oficios de investigación a diversas dependencias públicas y privadas a fin de que informaran el domicilio de las terceros interesadas de mérito (fojas 31 a 32). Derivado del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Quinto de lo Familiar, mediante auto de cinco de abril del presente año, se requirió al Delegado Regional en Puebla del Instituto de la defensoría a efecto de designar representante especial de la menor ******(foja 60 a 61), mismo que tomó protesta con tal carácter el once de abril del dos mil dieciséis (foja 68). De igual manera, como resultado de la investigación oficiosa el Subadministrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Puebla "1", y al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Puebla "2", informaron que localizaron domicilio de la tercera interesada *******, por lo que se giró el exhorto 75/2016-I-AMPARO, a efecto de emplazar a la citada tercero (foja 62), mismo que en acuerdo de veintiocho de abril del presente año, fue devuelto sin diligenciar por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, por lo que con los domicilios proporcionados por el quejoso, se ordenó su emplazamiento por parte de los actuarios adscritos a este juzgado (foja 118) Al auto citado, recayó razón actuarial, manifestando la imposibilidad que tuvo para emplazar a la parte tercero interesada, a pesar de haberse constituido varias veces en el lugar, toda vez que la puerta se encontraba cerrada, a pesar de haber tocado por espacio de cinco minutos sin que persona alguna atendiera a su llamado (foja 120), por lo que se habilitaron días y horas inhábiles para realizar el citado emplazamiento (fojas 129 a 130), domicilio al que recayó razón actuarial de imposibilidad a emplazar de trece de junio de dos mil dieciséis, toda vez que la persona que lo atendió le indicó ser abogada de la tercero interesada, y al saber el motivo de su visita, le informó que era domicilio buscado, que ella y otros abogados llevaban los asuntos legales de la parte tercero interesada de referencia, sin embargo por el momento no era posible representarla, ya que dicha persona se encontraba en muy mal estado de salud y por recomendación médica debía estar en reposo completo, motivo por el cual incluso no podía firmar ningún documento, lo que conllevaba a que no pudiera autorizarlos para representarle como corresponda (foja 136). Por lo anterior, mediante acuerdo de quince de junio del dos mil dieciséis, se turnaron los autos a los actuarios adscritos a este juzgado a efecto de emplazar a la tercero interesada *******, en el domicilio señalado por la parte quejosa mediante escrito registrado con el número ****** (fojas131 y 138). Al auto anteriormente señalado recayó razón de imposibilidad a emplazar de veintiuno de junio del presente año (foja 141), toda vez que al apersonarse en el citado domicilio, la persona que lo atendió, le indicó que no vive la tercero interesada, ya que era la dueña del inmueble, pero al parecer la vendió o la renta a otra persona, y que desconocía el domicilio en donde actualmente habitaba, por lo que al haberse agotado la investigación oficiosa y los domicilios señalados por la parte quejosa a efecto del emplazamiento de la tercero interesada *********, se requirió al quejoso para que dentro de un plazo de veinte días contados a partir al en que pusiera a su disposición los citados edictos, acreditara ante este órgano jurisdiccional haberlos entregado para su publicación, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado se sobreseería el juicio de amparo en que se actúa (fojas 142 y 143), habiendo sido notificado del referido proveído el veinticuatro de junio del presente año (foja 144). Sin que obste lo anterior que mediante proveído de catorce de julio del dos mil dieciséis, la parte quejosa solicitó la publicación de los citados edictos mediante el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que no acreditó la falta de recursos que aducía (fojas 149 y 150). En tal virtud, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no dio cumplimiento al proveído de veintitrés de junio del presente año (fojas 142 y 143) es decir, no recogió, ni acreditó que entregó los edictos para su publicación dentro de un plazo de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, mismo que conforme al artículo 22 de la Ley de Amparo, se computa a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señaló que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debió recogerlos, entregarlos para su publicación, y acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega, (esto es, que efectuara las gestiones tendientes a publicarlos), por lo que el término de veinte días para que la parte quejosa cumpliera con los anteriores requerimientos, transcurrió del veintiocho de junio al veinticinco de julio de dos mil dieciséis, sin que a la fecha hubiese acudido a recoger los edictos para emplazar a juicio a la tercero interesada ******. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de junio del presente año, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, segundo párrafo del inciso b) del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el incumplimiento del presupuesto procesal relativo, que motivó la paralización del juicio de garantías en contravención al artículo 17 constitucional. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 27/2015, emitida por pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Septiembre 2015, Décima Época, página 27, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN EQUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN". Lo anterior, tomando en consideración que mediante proveído de veintitrés de junio del presente año, se apercibió a la parte quejosa que de no recoger los edictos o no acreditar su publicación en el plazo indicado se sobreseería el juicio de amparo en que se actúa, sin que a la fecha, la parte quejosa compareciera a manifestar su imposibilidad para recoger o exhibir las citadas publicaciones de edictos, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio de amparo en términos de lo expuesto en líneas anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (No. Registro: 184,572, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del día tres de agosto de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, al respecto se provee: Téngase a la parte quejosa realizando manifestaciones de su parte, en el sentido de encontrarse imposibilitado para sufragar los edictos ordenados en autos a efecto de emplazar a la tercero interesada, toda vez que se encuentra pagando pensión alimenticia de su menor hija ***, así como cubriendo los gastos de otra menor hija ***; por lo cual solicita que el Consejo de la Judicatura Federal pague su publicación; en tal virtud, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición en razón de lo siguiente: En relación al emplazamiento a juicio del tercero interesado, mediante edictos, está previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, del que deriva que: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictara las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Expuesto lo anterior, cabe precisar que no basta la simple afirmación de la parte quejosa, de carecer de recursos económicos para cubrir el costo de los edictos, para que los juzgados federales ordenen su pago por el Consejo de la Judicatura Federal, pues podría dar lugar a que cualquier persona aun cuando contara con medios económicos, realizara la manifestación de no tener recursos para que se procediera a ordenar su pago por conducto del citado Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, el Alto Tribunal ha referido que algunos de los casos en que podría actualizarse esta hipótesis son los siguientes: i) en materia agraria, tratándose de núcleos de población ejidal o comunal, así como ejidatario y comuneros; y ii) en materia penal, en caso del inculpado que esté recluido en prisión (lo que podría ser preventivamente o por condena impuesta), por pertenecer ambos a grupos que generalmente se encuentran en una desventaja económica, siempre y cuando sea perceptible objetivamente en cada caso concreto la insolvencia en mención, es decir, según las particularidades del caso, que debe ponderar el órgano juzgador y en tanto tenga indicios suficientes de ello. De ahí que ni aun en estos casos se considere de manera necesaria y generalizada una situación económica precaria, ya que no involucran insolvencia económica per se, sino todo depende de las circunstancias particulares del caso, por lo que con mayor razón debe acreditarse dicha situación económica desventajosa en casos en que se atiende conflictos de naturaleza civil o familiar, como en la especie. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 22/2015 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 24, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA." DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, a efecto de que la parte quejosa recoja, exhiba y publique los edictos ordenados en el citado proveído, lo anterior a fin de emplazar a la tercero interesada ***, en consecuencia: Difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en atención a lo manifestado en el párrafo que antecede. Se fijan, de nueva cuenta, para su celebración las once horas con treinta minutos del día tres de agosto de dos mil dieciséis.
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