José Luis Ibarra Valle

Expediente 295/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
295/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • José Luis Ibarra Valle

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, recibido vía correo electrónico, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto electrónico número 197/2019, del índice de este Juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Por otra parte, incorpórese a los autos el diverso oficio de cuenta, recibido vía correo electrónico, firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande; mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió el original de la demanda de amparo promovida por José Luis Ibarra Valle, Gabriel Camarena Cortés y Víctor López García, que dio origen al presente cuaderno de antecedentes; informando que aceptó la competencia legal para continuar con la tramitación de dicho asunto, quedando registrado bajo el número 288/2018-VI, para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, en atención al párrafo que antecede, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Incompetencia legal. Por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Ibarra Valle, Gabriel Camarena Cortés y Víctor López García, contra actos reclamados al Director General del Centro Penitenciario Federal número 2 "Occidente" en Puente Grande, Jalisco, y otras autoridades; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso y háganse los registros que correspondan con el número 295/2019. Analizada la demanda, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Este último precepto establece como reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo, las siguientes: 1.- Si el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado. 2.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3.- Si el acto no requiere ejecución, conocerá el Juez en cuya jurisdicción se presente el libelo. En el caso, el acto reclamado por los promoventes del amparo, es la "falta de atención médica" y de proporcionarles los medicamentos que necesitan para sus padecimientos, esto es, se trata de un acto negativo. Ahora bien, cabe precisar que los actos negativos se subdividen en actos negativos simples, y son aquellos en los cuales la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado; en actos prohibitivos, que son los que se traducen en la emisión de una orden positiva de autoridad, tendente a impedir o limitar una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno; en actos de abstención, que implican un no actuar de la autoridad, por lo que carecen de ejecución; y en actos negativos con efectos positivos, consistentes en aquellos que aparentemente implican el rechazo a una solicitud del particular, pero imponen obligaciones o privan de un derecho al particular. Al respecto, los artículos 34 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen la obligación de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a las autoridades privadas de su libertad. Así, la omisión reclamada, consistente en no brindar a los quejosos internos de un centro penitenciario, la atención médica que requieren, constituye un acto negativo con efectos positivos, pues genera una consecuencia material inmediata respecto del derecho sustantivo a la salud de los impetrantes, ya que su integridad física se ve mermada cuando las responsables no les brindan la atención médica que requieren, no obstante que se encuentran obligadas a ello. En consecuencia, atendiendo a las reglas previstas en el transcrito artículo 37 de la Ley de Amparo, quien resulta competente para conocer de este asunto, es el juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por ser quien ejerce competencia en el lugar de internamiento de los promoventes. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción III, relativo al Tercer Circuito. Se invoca en apoyo a anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, publicada el viernes quince de marzo de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Registro 2019492, de epígrafe y texto: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declina competencia a favor del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; a quien se ordena remitir la presente demanda de amparo, por ser el competente para conocer de la misma, solicitándole el acuse de recibo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados por los quejosos, al no ubicarse en alguno de los supuestos que para ello establece el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias respectivas. Notificación mediante exhorto. Toda vez que los quejosos se encuentra internos en el CEFERESO 2 "OCCIDENTE" en Puente Grande, Jalisco, con apoyo en los artículos 27, fracción II, de la Ley de la materia, y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, se ordena enviar atento exhorto electrónico al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en Turno, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, notifique a los promoventes del amparo José Luis Ibarra Valle, Gabriel Camarena Cortés y Víctor López García, el presente auto en el lugar de su reclusión; hecho que sea, por la misma vía, devuelva a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, seguro de reciprocidad en casos análogos. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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