José Luis Ibarra Lugo
Expediente 1449/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1449/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- José Luis Ibarra Lugo
- Comité Técnico del Centro Penitenciario de Torreón, Coahuila
- Israel Gerardo Jacques Valdepeñas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio ha causado ejecutoria. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y toda vez que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, José Luis Ibarra Lugo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 1449/2019, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido el trámite y previas suspensiones por la contingencia sanitaria, se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un juicio de amparo indirecto que corresponde a la competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa y de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La orden de traslado del Centro Penitenciario de Torreón, Coahuila, al diverso Centro Federal 18 CPS-Coahuila, con sede en Ramos Arizpe, y su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables pues al rendir su respectivo informe justificado, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroborada con las constancias relativas a los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por las propias autoridades responsables, a las que por tener la calidad de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la Justicia Federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual menra tiene aplicación al caso la tesis XIX.1o.11P (10a.) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2715, Tomo III, Marzo de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y en la secuela del juicio de amparo, el quejoso obtiene su libertad, debe sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de traslado subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en el quejoso, por haber obtenido su libertad y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistente en la movilización del reo, también habrá dejado de existir." En la especie, el quejoso reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario de Torreón, Coahuila, al diverso Centro Federal 18 CPS, Coahuila, con sede en Ramos Arizpe, y su ejecución. Sin embargo, el doce de agosto actual se agregó un oficio remitido por la autoridad responsable Centro Penitenciario Federal 18 CPS-Coahuila, por el cual remite las constancias relativas a la situación jurídica del quejoso José Luis Ibarra Lugo, en las cuales aparece que conforme a lo ordenado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo, especializado en Materia de Ejecución, Penas y Medidas de Seguridad, en el expediente auxiliar de ejecución 246/2019, el cinco de junio de dos mil veintiuno, el quejoso egresó por libertad de ese ese centro penitenciario, conforme al acta administrativa de egreso por beneficio de libertad condicionada 0176/2021. En ese orden de ideas, el quejoso a partir del cinco de junio de dos mil veintiuno, no se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario Federal 18 CPS-Coahuila, con sede en la Ciudad de Saltillo, por lo cual, no obstante existir la orden de traslado reclamada, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por las razones antes indicadas. En efecto, subsiste el acto reclamado, esto es, la orden de traslado efectuada del Centro Penitenciario de Torreón, Coahuila, al diverso Centro Federal 18 CPS-Coahuila, con sede en Ramos Arizpe; sin embargo, ello ya no puede producir algún efecto jurídico, al haber obtenido su libertad el quejoso. Así, a pesar que han desaparecido las consecuencias de los actos reclamados, siguen subsistiendo los mismos, al obtener su libertad el quejoso. Consecuentemente, al subsistir el acto reclamado, pero no poder surtir efecto legal alguno, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a doce de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual remite las constancias requeridas por esté órgano jurisdiccional en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista a las partes. De conformidad con en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a la citada ley, al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese.
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