José Luis Ibarra Díaz
Expediente 53/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/04/2019
Partes del expediente
- José Luis Ibarra Díaz
- Juez Séptimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el dos de octubre de dos mil diecisiete. A efecto de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. En otro contexto, ya que no existe impedimento legal alguno, devuélvase debidamente endosado a nombre del quejoso el billete de depósito N 061899, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de dos mil pesos, que exhibió en este juzgado para garantizar la suspensión definitiva concedida. Se apercibe al amparista, que en caso de no recogerlo en el término de dos años, con fundamento en los artículos 36, 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se hará efectivo a favor del Erario Federal. En el entendido que para la entrega de dicho documento deberá presentarse en este juzgado los días martes o jueves de diez a trece horas, con identificación oficial vigente, debiéndose dejar constancia de su recibo en autos.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 53/2017, promovido por José Luis Ibarra Díaz, contra actos del Juez Séptimo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México y otras autoridades;y R E S U L T A N D O : Por escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por acuerdo del mismo día de la presentación, se registró la demanda bajo el orden 53/2017 y se previno a la parte quejosa. Una vez desahogada la citada prevención, el diecinueve siguiente, se admitió la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron día y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud que se reclaman actos en juicio con ejecución en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se precisa que los actos reclamados del Juez Séptimo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, es el auto de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en que se revocó la libertad provisional al quejoso y se ordenó su reaprehensión en la causa penal 38/2016; así como su ejecución, que se atribuye al Procurador General de Justicia; Jefe General de la Policía de Investigación; y, Secretario de Seguridad Pública, todos de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos que se reclaman de las autoridades responsables, pues así lo admitieron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias del proceso penal 38/2016, que la autoridad judicial responsable anexó, entre las que se encuentra la resolución reclamada, documental cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, tomo VI, materia común, Quinta época, Apéndice de 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el orden 278 en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado de Distrito que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer, uno es inoperante e infundado y el otro infundado, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: 1. El once de febrero de dos mil dieciséis, se ejerció acción penal contra el quejoso ante la autoridad judicial responsable por el delito de lesiones dolosas, en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T1/6526/15-11, por lo que se inició la causa penal 38/2016, en que se recibió su declaración preparatoria el veintiocho de marzo siguiente, diligencia en la que se le fijó una garantía por concepto de obligaciones procesales de veinte mil pesos, para que siguiera gozando de su libertad provisional bajo caución, para lo que se tomó en cuenta que había exhibido siete mil setecientos ochenta y un pesos con diez centavos, ante la representación social para ese efecto. 2. El treinta y uno de marzo siguiente, se dictó auto de formal prisión por el citado ilícito. 3. En la misma fecha compareció el representante legal de Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien exhibió la póliza 1682297, por doce mil doscientos dieciocho pesos con noventa centavos, que era la diferencia de la garantía fijada al quejoso para gozar de la libertad provisional bajo caución, comparecencia en la que se le hizo saber, entre otras cosas, que adquiría la obligación de presentarse los lunes de cada semana al juzgado de origen para firmar el libro de procesados correspondiente, apercibido que de no hacerlo se haría efectiva la garantía exhibida y sería revocado el derecho concedido. 4. Mediante pedimento recibido en el juzgado de origen el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio de su adscripción solicitó se hiciera efectiva dicha garantía, se revocara la libertad provisional del quejoso y se ordenara su reaprehensión, toda vez que desde el veintidós de noviembre de ese año no se había presentado a firmar el libro respectivo. 5. Previa certificación de esa falta de firmas, el juez responsable solicitó a las afianzadoras Sofimex, Sociedad Anónima y Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentaran a su fiado en un plazo de quince días y se ordenó la reaprehensión del quejoso. Siendo la determinación de revocar la libertad provisional y ordenar la reaprehensión la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Así, en principio se destaca que es inoperante el motivo de disenso relativo a que se transgredió el artículo 14 constitucional, pues en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento al revocar la libertad provisional, la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, ya se pronunció en la jurisprudencia publicada en la página 13, Tomo 75, marzo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. REVOCACION DE LA. EN LOS CASOS DE GRAVE INCUMPLIMIENTO O DESACATO A UNA ORDEN DEL JUEZ, NO ES INDISPENSABLE OIR PREVIAMENTE AL PROCESADO PARA DECRETAR LA REVOCACION DE LA. Una vez ejercitado, el derecho a la obtención de la libertad provisional, previsto en la fracción I del artículo 20 de la Ley Fundamental, se convierte en un beneficio cuya permanencia o vigencia está regulada por la ley adjetiva, dependiendo fundamentalmente de la conducta que observa el procesado, vinculada al proceso. Dados los fines de celeridad y continuidad (que se traducen en la satisfacción de ideal de pronta y eficaz impartición de la justicia), que la sociedad, el Estado y el propio inculpado persiguen en el proceso, el legislador ordinario ha establecido causas de revocación del beneficio, entre las cuales, figura el incumplimiento por parte del procesado a una orden legítima del juez que le ha sido legal y oportunamente notificada. Pero no cualquier incumplimiento puede originar la revocación de la libertad provisional, sino sólo aquellos que sean de tal manera graves que lleven al juez a la convicción de que el procesado intenta evadir la acción de la Justicia, sustrayéndose a la autoridad del órgano jurisdiccional; u otros que, por su frecuencia y reiteración, afecten severamente la marcha normal del proceso, retardándolo. Como ejemplo del primero, puede citarse el caso del procesado que no acude al juzgado a firmar el libro de control de reos en libertad provisional durante un lapso prolongado, sin que el juez tenga noticia de su paradero; o el del fiador que es requerido para la presentación del procesado dentro del plazo que para ello se le concede e informa al juez que no obstante haber tratado de localizarlo en reiteradas ocasiones y de haberle dejado recados, no tuvo éxito. Para ilustrar el segundo, sirve el caso del procesado que acude a firmar el mencionado libro, pero que con frecuencia incumple otros mandatos legítimos del juez sin intentar justificar su proceder; por ejemplo, no acude a los careos legalmente decretados. Unicamente causas de esta naturaleza darían lugar a la revocación del beneficio sin audiencia previa del procesado, bastando para fundar y motivar el proveído respectivo que obrara constancia fehaciente en el expediente de los hechos que se estimaron graves y que dieron origen a tal determinación, satisfaciéndose con ello la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 de la Constitución General de la República". Con base en dicho criterio, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, aplicable a este asunto, es incuestionable que resulta inoperante tal concepto de violación, porque el tema de inconformidad de que se trata ya fue dilucidado por la instancia superior mencionada, de manera que jurídicamente debe estarse a ello, sin que este juzgado esté obligado a exponer mayor razonamiento al respecto, puesto que el caso de referencia se adecua de manera exacta al supuesto analizado en dicha jurisprudencia, lo que encuentra apoyo en la diversa emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Tomo XII, septiembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional". Por otra parte, es infundado ese concepto de violación en la parte que alega el amparista que no se le hicieron saber las obligaciones que contrajo al obtener la libertad provisional bajo caución, pues como se vio en el capítulo de antecedentes, en la diligencia de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante el juez responsable el representante legal de Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien exhibió la póliza 1682297 y se le hizo saber al quejoso expresamente que debía presentarse los lunes de cada semana al juzgado de origen para firmar el libro de procesados, apercibido que de no hacerlo sería revocado el derecho concedido. Máxime que firmó dicha comparecencia (foja 32 del anexo que adjuntó la autoridad judicial responsable). Ahora, de la interpretación del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. Así, del acto reclamado se aprecia que el juez responsable citó como fundamento de su determinación los artículos 567, 568, 569 y 574 Código de Procedimientos Penales para la misma entidad, en los que se establecen los casos en que procede revocar la libertad provisional, uno de los cuales consiste en que el inculpado no cumpla con las obligaciones que se le impusieron al obtener ese derecho, como bien lo precisó el juez responsable. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado satisface adecuada y suficientemente el requisito constitucional de fundamentación. Asimismo, las razones que expuso el juez responsable para resolver como lo hizo, resultan exactamente aplicables a los preceptos aludidos, puesto que como acertadamente determinó con base en las constancias de los autos de origen, no obstante que el amparista fue notificado de las obligaciones que contraía al obtener el derecho que se le revocó, incumplió de manera injustificada con esa prevención, por lo que se concluye que el acto reclamado está adecuada y suficientemente motivado, de ahí que sea infundado el concepto de violación hecho valer por el promovente de amparo en el que sostiene lo contrario. En conclusión, se estima correcto el actuar del juez responsable al revocar la libertad provisional bajo caución del justiciable y ordenar su reaprehensión (así como en vía de consecuencia hacer efectiva la garantía otorgada respecto de las obligaciones procesales, aunque este último aspecto no haya sido materia de reclamo en este juicio, lo que únicamente se precisa, por estar inmersa tal determinación en el acto reclamado), por lo que al resultar los conceptos de violación, inoperante e infundado uno, e infundado el otro, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado, consistente en el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en que se revocó la libertad provisional de que disfrutaba y se ordenó su reaprehensión. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Procurador General de Justicia; Jefe General de la Policía de Investigación; y, Secretario de Seguridad Pública, todos de esta ciudad, pues al haberse negado el amparo respecto a la resolución de la autoridad ordenadora, lo mismo debe decirse de su ejecución, ya que no se reclama por vicios propios. Apoya la anterior, la jurisprudencia publicada en la página 72 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Ibarra Díaz, contra los actos que reclama del Juez Séptimo Penal de Delitos No Graves; Procurador General de Justicia; Jefe General de la Policía de Investigación; y Secretario de Seguridad Pública, todos de esta ciudad, consiste en el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 38/2016, en que se revocó la libertad provisional de que disfrutaba y se ordenó su reaprehensión y su ejecución.
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