José Luis Hurtado Torres
Expediente 867/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/01/2023
Partes del expediente
- José Luis Hurtado Torres
- Manuel Alfonso Marin Salazar, Titular de la Estacion Migratoria del Instituto Nacional de Migracion en Tijuana, Baja California, con sede en Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de siete de diciembre del año próximo pasado, a través del recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de dicha normatividad, en el que se tuvo por no presentada la demanda que generó el presente asunto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del dispositivo en cita; lo que se estima acontecerá a partir del nueve de enero de dos mil veintiséis.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en los autos del presente juicio de amparo se encuentra en vía de diligenciación la notificación del proveído dictado el dieciséis de noviembre del año en curso, a la autoridad responsable Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, Baja California, a fin de que remita las constancias ahí solicitadas, por resultar necesarias para la resolución de este asunto. En ese contexto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se señalan las diez horas con dos minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio. En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; hágase saber a las partes que para el trámite del presente asunto, de resultar necesario se podrán realizar diligencias, recibir alegatos y celebrar la audiencia constitucional a través de los medios tecnológicos disponibles. Ahora, en consideración a lo antes expuesto, se estima que la presente determinación en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, debe notificarse por medio de lista a las autoridades responsables que no fueron requeridas en este acuerdo y no por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que la misma, se estima no es de mayor trascendencia para su conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se les notifique por medio de oficio la sentencia dictada en el presente expediente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, se tuvo a la Comisión Nacional Bancaria, informando las gestiones que se encontraba realizando a fin de brindar la información requerida con motivo del incidente de insolvencia económica tramitado por la parte quejosa, a fin de demostrar su incapacidad económica para sufragar los gastos relativos a la publicación de edictos ordenado para efectos de lograr el emplazamiento del tercero interesado Juan Colín Ramírez. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Federal, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, así como en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, para que en el término de tres días, informe si la quejosa Margarita Herrera de la Cruz, cuenta con cheques, ahorros, inversiones, o cuentas bancarias, o bien, cualquier cuestión que pueda permitir determinar la solvencia de la antes mencionada. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, precisamente en el término concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo individual, multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato judicial aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. En consecuencia, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con dieciocho minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que conforme lo establecido en el proveído de quince de julio de dos mil veintidós, corre a su cargo presentar debidamente identificada a la testigo Lorena Hernández Medina, en la hora y fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, por así haberse comprometido en su escrito de ofrecimiento de la prueba testimonial; con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justa, se declarará desierta dicha probanza por falta de interés en su prosecución. En otro aspecto, conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, se admitió la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, medio de convicción que conforme lo ordenado en el auto de referencia corre a cargo de Félix Eusebio, ateste de quien la oferente manifestó se encuentra imposibilitada para presentarlo, túrnense los autos al Actuario de la adscripción para que notifique de manera personal al testigo en comento, haciéndole de su conocimiento que deberá comparecer con identificación oficial con fotografía, en el local de este Juzgado de Distrito, sito en Paseo de los Héroes, número 10540, segundo piso, Zona Río, en la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, a fin de llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofertada en autos; a quien además deberá apercibir que de no presentarse en la fecha antes señalada, sin justa causa, se le impondrá en vía de apremio, multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el ordinal 259 de la Ley de Amparo, medida que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Ahora, en consideración a lo antes expuesto, se estima que en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación debe notificarse por medio de lista a las autoridades responsables, y no por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que esta actuación no contiene algún requerimiento a las mismas, aunado a que no es de mayor trascendencia para su conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se les notifique por medio de oficio la sentencia dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1, que es del contenido siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por la autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita 1 la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página 1253, de la Décima Época el diferimiento de la audiencia constitucional señalada para esta fecha; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes.
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