Jose Luis Huerta Figueroa
Expediente 1072/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Luis Huerta Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1072/2022, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, 06/10/23 12:59:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 Oscar Hernández García pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, asi como en el sistema del SISE, el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
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Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por José Luis Huerta Figueroa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada el cinco de octubre de dos mil veintidós, bajo los siguientes argumentos: Bajo protesta de decir verdad, refiere que el seis de octubre del presente año, tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, por ser de estudio preferente este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y de actualizarse alguna de ellas se desechará de plano la demanda. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que se actualice alguna otra causal que resulte de las restantes disposiciones de la misma legislación. Asimismo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, porque se considera que el acto reclamado por el quejoso no constituye uno de autoridad. Los preceptos 61, fracción XXIII, 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". El juicio de amparo constituye un medio extraordinario de control ya de constitucionalidad, ya de convencionalidad y de legalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de la persona que acuda a él, restableciéndola en el goce pleno de sus derechos vulnerados. Al respecto, por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es el procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Y, por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo es un recurso judicial efectivo, a la luz del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunado a lo anterior, la idoneidad y efectividad del juicio de amparo se constata con el hecho de que, según la violación que en su caso detecte el juzgador o tribunal federal, la sentencia podrá tener por efecto reparar esa infracción y ordenar a la autoridad responsable emitir un acto nuevo purgando los vicios advertidos. De ahí que el juicio de amparo permite una defensa amplia de los derechos humanos que el quejoso estime vulnerados, al tener la sentencia respectiva la fuerza legal suficiente para dejar insubsistente el acto de autoridad reclamado. Forma de acceder al juicio de amparo Aun cuando el juicio de amparo es la garantía judicial por excelencia para salvaguardar derechos fundamentales -en el sistema jurídico mexicano- no es absoluto e irrestricto, esto es, no puede acudirse a él en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia sino que, previo al estudio de fondo, deben cumplirse ciertos requisitos formales. En efecto, para acceder al juicio de amparo, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece presupuestos denominados "causales de improcedencia" que, según el momento en que el juzgador de amparo detecte su actualización, éstas pueden conducir bien a desechar la demanda o, bien, a decretar el sobreseimiento en el juicio, en audiencia constitucional o fuera de ella, inclusive en el recurso de revisión. Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la existencia y aplicación de causales de inadmisibilidad -causales de improcedencia en el juicio de amparo- de un recurso, es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, en el mismo sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal del País ha establecido que aquéllas, en sí mismas, no violan el derecho de acceso a la impartición de justicia y, específicamente, el derecho a un recurso judicial efectivo. Lo anterior obedece a razones de seguridad jurídica, tanto para la correcta y funcional administración de justicia, como para la efectiva protección de los derechos de las personas, pues admitir una amplitud del juicio de amparo sin permitir al juzgador analizar requisito de procedibilidad alguno, ocasionaría un abuso excesivo del mismo, incluso como práctica dilatoria. Ello, a su vez, paralizaría la impartición de justicia en perjuicio de las personas, ocasionando demora excesiva y causando perjuicio al derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su aspecto de justicia pronta. En ese sentido, si bien es cierto que los recursos judiciales deben estar disponibles para los interesados, a fin de resolver efectiva y fundadamente los asuntos planteados y, en su caso, proveer las reparaciones adecuadas; también lo es que no siempre y en cualquier caso, cabría considerar que los órganos internos deban resolver el fondo del negocio sometido a su jurisdicción, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia. Ahora, es importante destacar que en el juicio de amparo mexicano, la regla general es su procedencia y el estudio de fondo consiguiente, en tanto la excepción es la actualización de alguna causal de improcedencia. En consecuencia, estas últimas deben interpretarse de manera estricta, para hacer efectiva la salvaguarda de las normas sobre derechos y libertades; de lo cual deriva que, ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, el juzgador debe acoger la que evite riesgos de indefensión para el promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, tratándose del examen que haga el juez de Distrito sobre el escrito de demanda -que en el caso interesa- para su desechamiento, dichas causales de improcedencia necesariamente deben ser notorias, manifiestas e indudables, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, sin inferirse de presunciones ni abordar cuestiones de fondo. Cabe precisar que del significado gramatical de los vocablos 'manifiesto', 'notorio' e 'indudable', se advierte que éstos quieren decir 'evidente, claro, patente, que no existe lugar a duda'. Así, un motivo de improcedencia manifiesto, notorio e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, ya que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este orden de ideas, de no ser notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia, no debe desecharse la demanda, toda vez que con ello se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio contra un acto de autoridad que considera perjudicial. Por consiguiente, en este supuesto, aquélla debe admitirse a trámite a fin de estudiar la cuestión planteada, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en audiencia constitucional así lo impone legalmente. La teoría general del derecho ha realizado una clasificación en las relaciones jurídicas de las personas que son las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación. Son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Relaciones de supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Relaciones de supraordinación. Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consideración a todo lo anterior, se estima que en el caso concreto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al emitir el oficio 2.11.15.5/2362/2022, con el cual pretende dar cumplimiento a la resolución definitiva de sentencia de queja por defecto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, pronunciada por los Magistrados de la Sala del Pacifico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si bien tiene el carácter de autoridad administrativa demandada dentro del procedimiento de origen; sin embargo, sus actuaciones se encuentran sometidas a la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por ende, supeditadas a lo que se actúe en el controvertido. Tan es así, que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla en los artículos 57 y 58.16 los deberes y facultades de la Sala Regional (en el caso concreto) para lograr el efectivo cumplimiento de lo resuelto en los respectivos procedimientos; así como garantías de no repetición de los actos impugnados. Numerales del que se destaca el contenido del artículo 58 último párrafo que establece la posibilidad en caso de improcedencia de la queja al considerarse que se hacen planteamientos o cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia se podrá promover nuevo juicio ante la Sala Regional. Sirve de sustento a lo anterior el contenido de la Tesis Aislada 2a. XCI/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 225, del Tomo XXX, Agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materias Constitucional, Administrativa, con Registro digital: 166635 de rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE PROMOVERLO CUANDO NO PROCEDA EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESPETA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. El citado precepto, al establecer en su último párrafo que la improcedencia del recurso de queja contra la resolución definitiva emitida en cumplimiento a una resolución dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa faculta al afectado a promover un nuevo juicio contencioso administrativo respeta la garantía de igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aunque no prevea el supuesto contrario, es decir, la posibilidad de interponer recurso de queja en caso de que el particular hubiere optado primeramente por la promoción de un nuevo juicio declarado improcedente, en virtud de que siempre que se encuentre dentro del plazo legal puede solicitar el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, pero además, debe tenerse presente que los supuestos de procedencia de cada medio de impugnación se encuentran claramente establecidos en la ley, por lo que no se deja al particular en estado de indefensión, tomando en cuenta que un juicio puede promoverse siempre contra un nuevo acto; sin embargo, el recurso de queja exclusivamente procede contra el incumplimiento a la sentencia definitiva; cuando se incurre en exceso o defecto en su cumplimiento; por repetición del acto reclamado; por haberse dictado la resolución fuera del plazo legal, o cuando la autoridad demandada ejecute el acto a pesar de haberse concedido su suspensión. Así como la aplicada en lo conducente, Tesis Aislada 1a. XXIII/2022 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, materia Administrativa, con Registro digital: 2025322 de rubro y texto siguientes: DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 2, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE ESTABLECE EL RECURSO DE QUEJA, NO LIMITA NI RESTRINGE ESE DERECHO. Hechos: La parte quejosa interpuso recurso de queja ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), al estimar que la autoridad responsable emitió una resolución en cumplimiento a una sentencia de nulidad para efectos, fuera del plazo de cuatro meses, mismo que fue declarado improcedente por la Sala responsable al tener por acreditado que la autoridad responsable emitió en tiempo y forma su resolución. Por lo que la parte quejosa estimó que el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo resultaba violatorio del derecho a un recurso judicial efectivo, al no prever la posibilidad de demostrar la ilegalidad de la notificación de la resolución que se dictó en cumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no existe razón jurídica alguna por virtud de la cual el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo limite o restrinja el derecho a un recurso judicial efectivo, en virtud de que la procedencia de la queja que prevé descanse únicamente en los supuestos donde se pretenda que se declare que la sentencia fue dictada fuera de plazo, y no así para controvertir las constancias que la autoridad exhiba para demostrar el cumplimiento, dado que la misma ley prevé una institución diversa para combatir dicho supuesto, que es la posibilidad de promover un nuevo juicio de nulidad, en términos del último párrafo del citado artículo 58. Justificación: El procedimiento de queja fue diseñado por el legislador como un procedimiento específico para verificar si precluyó el derecho de la autoridad para emitir una nueva resolución en cumplimiento a una sentencia de nulidad, dentro del periodo establecido, incluso, el propio artículo 58, fracción II, en su inciso e), señala que si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución fue emitida fuera del plazo legal, la anulará declarando la preclusión y ordenará que se comunique dicha circunstancia al superior jerárquico de la autoridad demandada, es decir, necesariamente el órgano resolutor deberá analizar las pruebas ofrecidas por la autoridad para demostrar el cumplimiento oportuno y, si ésta no lo comprueba o de las constancias se advierte que la resolución fue emitida fuera del plazo legal, procederá la queja y la consecuente declaratoria de preclusión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado se desecha de plano la demanda respecto de la citada autoridad, por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. 16 ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Fracción reformada DOF 13-06-2016 Reforma DOF 13-06-2016: Derogó del artículo los entonces párrafos segundo y tercero ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. Fracción reformada DOF 10-12-2010 IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/4738/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de cinco de octubre del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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