Jose Luis Hueletl Tochihuitl
Expediente 650/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Luis Hueletl Tochihuitl
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 650/2023-V.. Puebla, Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que las partes no recurrieron el acuerdo donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional de diez de julio de dos mil veintitrés. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, y no se otorgó la suspensión de plano, toda vez que quejoso no solicitó la suspensión respecto del acto reclamado que fue materia de este juicio. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, se determina que este juicio deberá 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Inexistencia de garantías. La revisión efectuada a las actuaciones del incidente de suspensión, permitió visualizar que no se tienen documentos originales ni garantías para devolver al quejoso. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en las carátulas del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de firmeza del acuerdo dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en las carátulas de este expediente - conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso, desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales Por último, se hace la precisión que en el presente juicio la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que no existe incidente de suspensión. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 650/2023-V. En diez de. Puebla, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, en el que niega los actos reclamados, y en apoyo remite copia certificada de la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y las constancias de notificación al aquí quejoso y a su defensora particular, emitida dentro del toca 46/2022 de su índice. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la recepción del informe de cuenta y las constancias recibidas, conduciría a dar vista con su contenido a las partes. Sin embargo, su recepción obliga a esta autoridad a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 621 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque cambió el escenario planteado al inicio por el quejoso al promover el presente juicio de amparo. Actualización de una causa de improcedencia. En ese sentido, como se adelantó, visto el informe y las constancias remitidas se observa que sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, la cual impide el estudio de fondo de este juicio. Esto es así, pues se observa que el acto reclamado por el cual se tramitó el presente juicio es el siguiente: LA ILEGAL OMISION DE DICTAR Y COMUNICAR PERSONALMENTE, LA SENTENCIA QUE RESUELVA EL TOCA NÚMERO 46/2022, RELATIVO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA PARTICULAR EN CONTRA DEL AUTO DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADO DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL ADMINISTRATIVA NÚMERO 84/2018/SANMARTÍN, EN LA QUE TENGO CARÁCTER DE ACUSADO." Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable del cual se hizo alusión en párrafos precedentes, obligan a esta autoridad a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera que acto reclamado, es improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia invocada se surte cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe y contenido siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, solo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica, si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, se requiere lo siguiente: Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el acto que es materia del juicio de amparo. ? Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado; ? Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Para demostrarlo, se hace notar que la revisión integral de la demanda frente a las actuaciones de este juicio- conduce a visualizar que durante la tramitación de este juicio, cesaron los efectos de la omisión de dictar la resolución en el toca 46/2022 radicado en la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ello es así, porque el Magistrado de la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó que: ".Lo anterior, se considera así, toda vez, que con fecha 29 veintinueve de junio de 2023 de dos mil veintitrés, este Tribunal Unitario resolvió el medio de impugnación interpuesto por la Defensa del acusado +++++++, en el sentido siguiente: ÚNICO.- En razón de las consideraciones expuestas, se CONFIRMA el AUTO QUE NIEGA LA MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE GARANTÍA ECONÓMICA, de fecha 14 catorce de octubre de 2022 dos mil veintidós, materia de apelación.Y a su vez remitió, entre otras, la constancia de notificación de la citada resolución, tanto al quejoso como a su defensora particular, de la misma fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Lo cual se acredita con las constancias que se reciben en este proveído, anexas al oficio de cuenta, las cuales adquieren pleno valor probatorio como documentos públicos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es evidente la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia, pues durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido al directo quejoso ++++++ el goce de sus derechos. Bajo este nuevo escenario, es posible afirmar que durante el trámite de este juicio de amparo -el cual inició con la demanda presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés-, cesaron los efectos de la omisión de dictar la resolución en el toca 46/2022 radicado en la Primera Sala en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla. Por lo que con tales actuaciones, se llega a la conclusión de que efectivamente han cesado los efectos del acto reclamado, pues ha dejado de verse afectado en sus derechos fundamentales como lo alegó en la demanda y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Esa circunstancia se equipara a haber obtenido una sentencia favorable en el presente juicio, pues al reclamarse la omisión de referencia, que durante el trámite de este juicio fue subsanada, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De esa forma, se actualiza la causa de improcedencia invocada en párrafos previos, porque la situación jurídica del quejoso ya no se ve afectada por la omisión reclamada, pues aquélla cesó sus efectos, al haberse pronunciado la responsable y dictar la resolución en el toca 46/2022 radicado en la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (en la que se confirmó el auto que negó al quejoso la modificación de la medida cautelar de garantía económica), y llevar a cabo la notificación respectiva al quejoso y su defensora particular. Sobreseimiento fuera de audiencia Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia relatadas en párrafos precedentes (cesación de efectos), se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las diez horas con quince minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese; en forma personal al quejoso y a la fiscal adscrita; y por oficio a la autoridad responsable y autoridades terceras interesadas; y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 650/2023-V. En diez de. Puebla, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, en el que niega los actos reclamados, y en apoyo remite copia certificada de la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y las constancias de notificación al aquí quejoso y a su defensora particular, emitida dentro del toca 46/2022 de su índice. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la recepción del informe de cuenta y las constancias recibidas, conduciría a dar vista con su contenido a las partes. Sin embargo, su recepción obliga a esta autoridad a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 621 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque cambió el escenario planteado al inicio por el quejoso al promover el presente juicio de amparo. Actualización de una causa de improcedencia. En ese sentido, como se adelantó, visto el informe y las constancias remitidas se observa que sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, la cual impide el estudio de fondo de este juicio. Esto es así, pues se observa que el acto reclamado por el cual se tramitó el presente juicio es el siguiente: LA ILEGAL OMISION DE DICTAR Y COMUNICAR PERSONALMENTE, LA SENTENCIA QUE RESUELVA EL TOCA NÚMERO 46/2022, RELATIVO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA PARTICULAR EN CONTRA DEL AUTO DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADO DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL ADMINISTRATIVA NÚMERO 84/2018/SANMARTÍN, EN LA QUE TENGO CARÁCTER DE ACUSADO." Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable del cual se hizo alusión en párrafos precedentes, obligan a esta autoridad a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera que acto reclamado, es improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia invocada se surte cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe y contenido siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, solo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica, si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, se requiere lo siguiente: Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el acto que es materia del juicio de amparo. ? Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado; ? Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Para demostrarlo, se hace notar que la revisión integral de la demanda frente a las actuaciones de este juicio- conduce a visualizar que durante la tramitación de este juicio, cesaron los efectos de la omisión de dictar la resolución en el toca 46/2022 radicado en la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ello es así, porque el Magistrado de la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó que: ".Lo anterior, se considera así, toda vez, que con fecha 29 veintinueve de junio de 2023 de dos mil veintitrés, este Tribunal Unitario resolvió el medio de impugnación interpuesto por la Defensa del acusado +++++++, en el sentido siguiente: ÚNICO.- En razón de las consideraciones expuestas, se CONFIRMA el AUTO QUE NIEGA LA MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE GARANTÍA ECONÓMICA, de fecha 14 catorce de octubre de 2022 dos mil veintidós, materia de apelación.Y a su vez remitió, entre otras, la constancia de notificación de la citada resolución, tanto al quejoso como a su defensora particular, de la misma fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Lo cual se acredita con las constancias que se reciben en este proveído, anexas al oficio de cuenta, las cuales adquieren pleno valor probatorio como documentos públicos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es evidente la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia, pues durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido al directo quejoso ++++++ el goce de sus derechos. Bajo este nuevo escenario, es posible afirmar que durante el trámite de este juicio de amparo -el cual inició con la demanda presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés-, cesaron los efectos de la omisión de dictar la resolución en el toca 46/2022 radicado en la Primera Sala en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla. Por lo que con tales actuaciones, se llega a la conclusión de que efectivamente han cesado los efectos del acto reclamado, pues ha dejado de verse afectado en sus derechos fundamentales como lo alegó en la demanda y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Esa circunstancia se equipara a haber obtenido una sentencia favorable en el presente juicio, pues al reclamarse la omisión de referencia, que durante el trámite de este juicio fue subsanada, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De esa forma, se actualiza la causa de improcedencia invocada en párrafos previos, porque la situación jurídica del quejoso ya no se ve afectada por la omisión reclamada, pues aquélla cesó sus efectos, al haberse pronunciado la responsable y dictar la resolución en el toca 46/2022 radicado en la Octava Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (en la que se confirmó el auto que negó al quejoso la modificación de la medida cautelar de garantía económica), y llevar a cabo la notificación respectiva al quejoso y su defensora particular. Sobreseimiento fuera de audiencia Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia relatadas en párrafos precedentes (cesación de efectos), se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las diez horas con quince minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese; en forma personal al quejoso y a la fiscal adscrita; y por oficio a la autoridad responsable y autoridades terceras interesadas; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 650/2023-V.. Puebla, Puebla, cinco de julio de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón de cuenta del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual informa la imposibilidad de notificar, el oficio 13247/2023, dirigido a la "Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a través de su representante legal Licenciada Rosa Celia Pérez González, (Tercera Interesada)". Lo anterior, por el motivo señalado en la citada razón. En consecuencia, se ordena reenviar el oficio señalado a la institución que le fue informada al actuaria, a la cual le indicaron que se encuentra adscrita dicha abogada, siendo la siguiente: +++++++ González adscrita Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla (en su carácter de representante legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla) (Tercera Interesada). Se ordena al actuario encargado de este expediente la entrega del oficio derivado de este proveído, al cual se adjunta el 13247/2023, para su debida notificación. Notifíquese
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