José Luis Hoffmann Torres
Expediente 685/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Hoffmann Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (destruye y conserva) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 19, fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado. Del incidente de suspensión (ambos destruibles) Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente; y, destrúyase en el plazo de tres años el original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción III, de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Décimo de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, las copias certificadas que adjunto a su informe justificado, las cuales y dada su voluminosidad y para su mejor manejo se ordenó formar por separado en dos anexos. En el entendido de que, el sello de recepción del oficio, con la anotación de que se recibieron dichos anexos, hará las veces de acuse de recibo, por lo que no se solicita el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual, el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la resolución de once de abril del año actual, dictada en el juicio de amparo en el que se actúa, al tercero interesado Banco Santander de México, Sociedad Anónima; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación al tercero interesado de dicha determinación, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que no obstante de encontrarse debidamente emplazado al presente juicio, hasta la fecha no se ha apersonado y en consecuencia no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO BANCO SANTANDER DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 685/2022, promovido por ******************** contra actos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos ".todas y cada una de las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas con posterioridad a dicho emplazamiento". Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "El ilegal emplazamiento llevado a cabo en el Juicio radicado ante dicho Juzgado con el número de Expediente: Exhorto ********************.". SEGUNDO. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos radicó el asunto con el número de expediente 1748/2021 y previno a la parte quejosa para que aclarara los antecedentes y el acto reclamado de este juicio. TERCERO. Por escrito ingresado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, la parte quejosa pretendió subsanar su demanda de amparo. CUARTO. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos requirió a la parte quejosa para que se presentara en las instalaciones de ese órgano jurisdiccional a ratificar la firma que plasmó en el escrito precisado en el resultando anterior. QUINTO. Previa ratificación del escrito de dieciocho de enero de dos mil veintidós, por acuerdo de veintiuno de febrero del mismo año, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió su demanda respecto de las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México "La falta de emplazamiento formal al suscrito respecto al juicio incoado por; ******************** así como las consecuencias jurídicas e inmediatas que conllevan a dicho JUICIO, como lo serían las secuelas procesales inherentes al mismo, incluido el posible EMBARGO y diligencias posteriores". Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "El cumplimiento y/o ejecución del mandato emitido por la responsable ordenadora y que se hizo consistir en el irregular EMPLAZAMIENTO". Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos SÉPTIMO. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos admitió la ampliación de la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado. OCTAVO. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos planteó el returno por conocimiento previo en favor de este juzgado de distrito, en virtud de la existencia de un antecedente directo, por lo que ordenó remitir el expediente original y anexos, a fin de que se emitiera un pronunciamiento respecto a la declinación referida. NOVENO. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, este juzgado aceptó el returno planteado, convalidó las actuaciones realizadas por el juzgado declinante y ordenó continuar con el juicio de amparo. Asimismo, ordenó emplazar a la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, su ampliación y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Juzgado Décimo de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México: la falta de emplazamiento a las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************; y como consecuencia, todo lo actuado en ese procedimiento. 2. De la Jueza y del actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos: la ejecución del emplazamiento ordenado en las providencias precautorias antes referidas, en relación con el exhorto ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. 1. Es inexistente el acto reclamado a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México La Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México aceptó la existencia de providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************; sin embargo, negó la falta de emplazamiento reclamada, en virtud de la materia del propio expediente. Las manifestaciones realizadas por dicha autoridad se corroboran con base en los legajos certificados del expediente ********************, a los cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con base en las constancias referidas, es inexistente el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************. Para tal efecto, resulta pertinente acudir al contenido de los artículos 1168, 1175, 1177 y 1178 del Código de Comercio, preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: [.] II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.". "Artículo 1175.- El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante". "Artículo 1177.- Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio". "Artículo 1178.- Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código". De los artículos anteriores se desprende que en los juicios mercantiles podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en ese ordenamiento, entre las cuales se encuentra, la retención de bienes. Se dispuso una serie de requisitos que debe cumplir la parte actora para que el juzgado competente decrete de plano la retención de bienes. Además, se estableció que las providencias precautorias establecidas podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en la legislación de referencia. En el primero de los casos, las providencias se decretarán de plano, sin citar a la persona contra la que se pidió; mientras que en el segundo de los supuestos, las providencias se sustanciarán en un incidente por cuerda separada. Finalmente, se señaló que no se citará a la persona contra quien se pida la medida, a menos que se hubiere solicitado una vez iniciado el juicio. Bajo ese contexto normativo, puede afirmarse la inexistencia de los actos reclamados en este juicio, reclamados a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, en virtud de que, a partir de las constancias certificadas del expediente de origen, se aprecia que las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************, fueron solicitadas como un acto prejudicial. Por tanto, aun cuando la parte quejosa reclame que no fue emplazada a dicho procedimiento, lo cierto es que esa omisión se encuentra justificada, pues conforme al Código de Comercio, la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México no se encuentra obligada a citar a la persona contra la que se pidió la medida. Es decir, debido a que la legislación de la materia no establece como un requisito procesal el emplazamiento de la persona o personas a la que van dirigidas esas providencias, no puede afirmarse que la jueza ordenadora incurrió en una omisión, cuando legalmente no se encontraba en posibilidades de actuar. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, sostuvo que tratándose de los actos omisivos no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que esta se haya incumplido. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, en realidad implica que: 1. sí actuaron, o 2. no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. Así, tratándose de actos de omisión, la autoridad no solo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la conducta que se le atribuyó; esto en términos de la jurisprudencia sustentada por el Máximo Tribunal, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Por tanto, dentro del capítulo de existencia, las juezas y jueces deben analizar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, ya que si el acto reclamado es una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar -porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no lo permitía-, sin que ello implique un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino que se trata de una cuestión previa. Las consideraciones expuestas quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), que a continuación se transcribe: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". A la luz de las consideraciones de la ejecutoria comentada, y con base en los informes justificados y sus anexos, puede concluirse en que no existen las condiciones para que la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México ordenara el emplazamiento de la parte quejosa a las providencias precautorias ********************, y por lo tanto es inexistente el acto que se le reclamó. Con la precisión de que esa circunstancia no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución que otorga alguna de las medidas de aseguramiento dentro de los juicios mercantiles, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata, conforme a lo siguiente: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto". Sin soslayar que de las copias certificadas de las providencias precautorias ********************, se advierte que la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, se apersonó a dicho procedimiento; escrito que fue atendido en acuerdo de veintidós del mismo mes y año; incluso interpuso el recurso de apelación en contra del auto de tres de diciembre del año referido, que recayó a su escrito presentado el veintiocho de noviembre del año en comento, por el cual, en esencia, solicitó se dejaran sin efectos las medidas precautorias ordenadas. En consecuencia, a criterio de quien resuelve, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos apareciere que no existe el acto reclamado; hipótesis que, bajo las consideraciones analizadas, se actualizó en el presente asunto. Por tanto, se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, en contra del acto reclamado a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. 2. Es inexistente el acto reclamado a la Jueza y al actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos La Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, en su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado. Lo anterior, bajo el argumento de que el tres de junio de dos mil diecinueve recibió el exhorto con número de folio 1013, procedente del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que tenía como finalidad la retención del bien identificado como "********************" [sic]; comunicación que se devolvió debidamente diligenciada al juzgado de origen. Asimismo, dicha autoridad manifestó desconocer si con posterioridad a ese exhorto, el juzgado de origen ordenó el emplazamiento al ahora quejoso. Por su parte, el actuario de su adscripción se adhirió al informe justificado rendido por su titular. Ahora bien, de las copias certificadas del procedimiento de origen, se advierte que la Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, únicamente se limitó a diligenciar el exhorto ordenado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente ********************. Dicha comunicación quedó registrada ante el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, bajo el número ********************. Tuvo como finalidad solicitar al Juez Competente en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, que en auxilio de las labores del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, enviara el oficio correspondiente al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, a efecto de que se realizara la anotación de la providencia precautoria consistente en la retención del bien inmueble identificado como ********************, inscrito bajo el folio electrónico inmobiliario ********************, para garantizar la cantidad de ********************, conforme a lo ordenado en el expediente ********************. Aun cuando los datos del bien inmueble cuyo aseguramiento se cumplimentó en el exhorto ********************, no coinciden con los plasmados en el informe justificado de la Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, debe tenerse por inexistente el acto reclamado debido a que el exhorto encomendado no tuvo como propósito emplazar a persona alguna, sino coadyuvar en el aseguramiento de un inmueble, aunado a que, la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México negó haber ordenado el emplazamiento de la aquí parte quejosa. En ese sentido, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la Jueza y al actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, por lo que se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de dichas autoridades. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México; y de la Jueza y del actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista y a las partes conforme a lo siguiente: Partes Forma de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Tercero interesado Por lista Agente del ministerio público federal adscrito Personalmente Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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VISTO, para resolver el juicio de amparo 685/2022, promovido por ******************** contra actos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos ".todas y cada una de las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas con posterioridad a dicho emplazamiento". Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "El ilegal emplazamiento llevado a cabo en el Juicio radicado ante dicho Juzgado con el número de Expediente: Exhorto ********************.". SEGUNDO. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos radicó el asunto con el número de expediente 1748/2021 y previno a la parte quejosa para que aclarara los antecedentes y el acto reclamado de este juicio. TERCERO. Por escrito ingresado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, la parte quejosa pretendió subsanar su demanda de amparo. CUARTO. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos requirió a la parte quejosa para que se presentara en las instalaciones de ese órgano jurisdiccional a ratificar la firma que plasmó en el escrito precisado en el resultando anterior. QUINTO. Previa ratificación del escrito de dieciocho de enero de dos mil veintidós, por acuerdo de veintiuno de febrero del mismo año, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió su demanda respecto de las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México "La falta de emplazamiento formal al suscrito respecto al juicio incoado por; ******************** así como las consecuencias jurídicas e inmediatas que conllevan a dicho JUICIO, como lo serían las secuelas procesales inherentes al mismo, incluido el posible EMBARGO y diligencias posteriores". Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "El cumplimiento y/o ejecución del mandato emitido por la responsable ordenadora y que se hizo consistir en el irregular EMPLAZAMIENTO". Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos SÉPTIMO. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos admitió la ampliación de la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado. OCTAVO. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos planteó el returno por conocimiento previo en favor de este juzgado de distrito, en virtud de la existencia de un antecedente directo, por lo que ordenó remitir el expediente original y anexos, a fin de que se emitiera un pronunciamiento respecto a la declinación referida. NOVENO. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, este juzgado aceptó el returno planteado, convalidó las actuaciones realizadas por el juzgado declinante y ordenó continuar con el juicio de amparo. Asimismo, ordenó emplazar a la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, su ampliación y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Juzgado Décimo de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México: la falta de emplazamiento a las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************; y como consecuencia, todo lo actuado en ese procedimiento. 2. De la Jueza y del actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos: la ejecución del emplazamiento ordenado en las providencias precautorias antes referidas, en relación con el exhorto ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. 1. Es inexistente el acto reclamado a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México La Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México aceptó la existencia de providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************; sin embargo, negó la falta de emplazamiento reclamada, en virtud de la materia del propio expediente. Las manifestaciones realizadas por dicha autoridad se corroboran con base en los legajos certificados del expediente ********************, a los cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con base en las constancias referidas, es inexistente el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************. Para tal efecto, resulta pertinente acudir al contenido de los artículos 1168, 1175, 1177 y 1178 del Código de Comercio, preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: [.] II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.". "Artículo 1175.- El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante". "Artículo 1177.- Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio". "Artículo 1178.- Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código". De los artículos anteriores se desprende que en los juicios mercantiles podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en ese ordenamiento, entre las cuales se encuentra, la retención de bienes. Se dispuso una serie de requisitos que debe cumplir la parte actora para que el juzgado competente decrete de plano la retención de bienes. Además, se estableció que las providencias precautorias establecidas podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en la legislación de referencia. En el primero de los casos, las providencias se decretarán de plano, sin citar a la persona contra la que se pidió; mientras que en el segundo de los supuestos, las providencias se sustanciarán en un incidente por cuerda separada. Finalmente, se señaló que no se citará a la persona contra quien se pida la medida, a menos que se hubiere solicitado una vez iniciado el juicio. Bajo ese contexto normativo, puede afirmarse la inexistencia de los actos reclamados en este juicio, reclamados a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, en virtud de que, a partir de las constancias certificadas del expediente de origen, se aprecia que las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************, fueron solicitadas como un acto prejudicial. Por tanto, aun cuando la parte quejosa reclame que no fue emplazada a dicho procedimiento, lo cierto es que esa omisión se encuentra justificada, pues conforme al Código de Comercio, la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México no se encuentra obligada a citar a la persona contra la que se pidió la medida. Es decir, debido a que la legislación de la materia no establece como un requisito procesal el emplazamiento de la persona o personas a la que van dirigidas esas providencias, no puede afirmarse que la jueza ordenadora incurrió en una omisión, cuando legalmente no se encontraba en posibilidades de actuar. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, sostuvo que tratándose de los actos omisivos no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que esta se haya incumplido. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, en realidad implica que: 1. sí actuaron, o 2. no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. Así, tratándose de actos de omisión, la autoridad no solo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la conducta que se le atribuyó; esto en términos de la jurisprudencia sustentada por el Máximo Tribunal, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Por tanto, dentro del capítulo de existencia, las juezas y jueces deben analizar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, ya que si el acto reclamado es una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar -porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no lo permitía-, sin que ello implique un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino que se trata de una cuestión previa. Las consideraciones expuestas quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), que a continuación se transcribe: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". A la luz de las consideraciones de la ejecutoria comentada, y con base en los informes justificados y sus anexos, puede concluirse en que no existen las condiciones para que la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México ordenara el emplazamiento de la parte quejosa a las providencias precautorias ********************, y por lo tanto es inexistente el acto que se le reclamó. Con la precisión de que esa circunstancia no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución que otorga alguna de las medidas de aseguramiento dentro de los juicios mercantiles, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata, conforme a lo siguiente: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto". Sin soslayar que de las copias certificadas de las providencias precautorias ********************, se advierte que la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, se apersonó a dicho procedimiento; escrito que fue atendido en acuerdo de veintidós del mismo mes y año; incluso interpuso el recurso de apelación en contra del auto de tres de diciembre del año referido, que recayó a su escrito presentado el veintiocho de noviembre del año en comento, por el cual, en esencia, solicitó se dejaran sin efectos las medidas precautorias ordenadas. En consecuencia, a criterio de quien resuelve, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos apareciere que no existe el acto reclamado; hipótesis que, bajo las consideraciones analizadas, se actualizó en el presente asunto. Por tanto, se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, en contra del acto reclamado a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. 2. Es inexistente el acto reclamado a la Jueza y al actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos La Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, en su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado. Lo anterior, bajo el argumento de que el tres de junio de dos mil diecinueve recibió el exhorto con número de folio 1013, procedente del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que tenía como finalidad la retención del bien identificado como "********************" [sic]; comunicación que se devolvió debidamente diligenciada al juzgado de origen. Asimismo, dicha autoridad manifestó desconocer si con posterioridad a ese exhorto, el juzgado de origen ordenó el emplazamiento al ahora quejoso. Por su parte, el actuario de su adscripción se adhirió al informe justificado rendido por su titular. Ahora bien, de las copias certificadas del procedimiento de origen, se advierte que la Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, únicamente se limitó a diligenciar el exhorto ordenado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente ********************. Dicha comunicación quedó registrada ante el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, bajo el número ********************. Tuvo como finalidad solicitar al Juez Competente en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, que en auxilio de las labores del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, enviara el oficio correspondiente al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, a efecto de que se realizara la anotación de la providencia precautoria consistente en la retención del bien inmueble identificado como ********************, inscrito bajo el folio electrónico inmobiliario ********************, para garantizar la cantidad de ********************, conforme a lo ordenado en el expediente ********************. Aun cuando los datos del bien inmueble cuyo aseguramiento se cumplimentó en el exhorto ********************, no coinciden con los plasmados en el informe justificado de la Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, debe tenerse por inexistente el acto reclamado debido a que el exhorto encomendado no tuvo como propósito emplazar a persona alguna, sino coadyuvar en el aseguramiento de un inmueble, aunado a que, la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México negó haber ordenado el emplazamiento de la aquí parte quejosa. En ese sentido, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la Jueza y al actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, por lo que se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de dichas autoridades. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México; y de la Jueza y del actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista y a las partes conforme a lo siguiente: Partes Forma de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Tercero interesado Por lista Agente del ministerio público federal adscrito Personalmente Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS: VISTO, para resolver el juicio de amparo 685/2022, promovido por ******************** contra actos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos ".todas y cada una de las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas con posterioridad a dicho emplazamiento". Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "El ilegal emplazamiento llevado a cabo en el Juicio radicado ante dicho Juzgado con el número de Expediente: Exhorto ********************.". SEGUNDO. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos radicó el asunto con el número de expediente 1748/2021 y previno a la parte quejosa para que aclarara los antecedentes y el acto reclamado de este juicio. TERCERO. Por escrito ingresado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, la parte quejosa pretendió subsanar su demanda de amparo. CUARTO. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos requirió a la parte quejosa para que se presentara en las instalaciones de ese órgano jurisdiccional a ratificar la firma que plasmó en el escrito precisado en el resultando anterior. QUINTO. Previa ratificación del escrito de dieciocho de enero de dos mil veintidós, por acuerdo de veintiuno de febrero del mismo año, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió su demanda respecto de las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México "La falta de emplazamiento formal al suscrito respecto al juicio incoado por; ******************** así como las consecuencias jurídicas e inmediatas que conllevan a dicho JUICIO, como lo serían las secuelas procesales inherentes al mismo, incluido el posible EMBARGO y diligencias posteriores". Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "El cumplimiento y/o ejecución del mandato emitido por la responsable ordenadora y que se hizo consistir en el irregular EMPLAZAMIENTO". Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos SÉPTIMO. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos admitió la ampliación de la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado. OCTAVO. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos planteó el returno por conocimiento previo en favor de este juzgado de distrito, en virtud de la existencia de un antecedente directo, por lo que ordenó remitir el expediente original y anexos, a fin de que se emitiera un pronunciamiento respecto a la declinación referida. NOVENO. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, este juzgado aceptó el returno planteado, convalidó las actuaciones realizadas por el juzgado declinante y ordenó continuar con el juicio de amparo. Asimismo, ordenó emplazar a la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, su ampliación y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Juzgado Décimo de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México: la falta de emplazamiento a las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************; y como consecuencia, todo lo actuado en ese procedimiento. 2. De la Jueza y del actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos: la ejecución del emplazamiento ordenado en las providencias precautorias antes referidas, en relación con el exhorto ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. 1. Es inexistente el acto reclamado a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México La Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México aceptó la existencia de providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************; sin embargo, negó la falta de emplazamiento reclamada, en virtud de la materia del propio expediente. Las manifestaciones realizadas por dicha autoridad se corroboran con base en los legajos certificados del expediente ********************, a los cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Con base en las constancias referidas, es inexistente el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************. Para tal efecto, resulta pertinente acudir al contenido de los artículos 1168, 1175, 1177 y 1178 del Código de Comercio, preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.". "Artículo 1175.- El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante". "Artículo 1177.- Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio". "Artículo 1178.- Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código". De los artículos anteriores se desprende que en los juicios mercantiles podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en ese ordenamiento, entre las cuales se encuentra, la retención de bienes. Se dispuso una serie de requisitos que debe cumplir la parte actora para que el juzgado competente decrete de plano la retención de bienes. Además, se estableció que las providencias precautorias establecidas podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en la legislación de referencia. En el primero de los casos, las providencias se decretarán de plano, sin citar a la persona contra la que se pidió; mientras que en el segundo de los supuestos, las providencias se sustanciarán en un incidente por cuerda separada. Finalmente, se señaló que no se citará a la persona contra quien se pida la medida, a menos que se hubiere solicitado una vez iniciado el juicio. Bajo ese contexto normativo, puede afirmarse la inexistencia de los actos reclamados en este juicio, reclamados a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, en virtud de que, a partir de las constancias certificadas del expediente de origen, se aprecia que las providencias precautorias radicadas con el número de expediente ********************, promovidas por ********************; en contra de ********************, ********************y ********************, fueron solicitadas como un acto prejudicial. Por tanto, aun cuando la parte quejosa reclame que no fue emplazada a dicho procedimiento, lo cierto es que esa omisión se encuentra justificada, pues conforme al Código de Comercio, la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México no se encuentra obligada a citar a la persona contra la que se pidió la medida. Es decir, debido a que la legislación de la materia no establece como un requisito procesal el emplazamiento de la persona o personas a la que van dirigidas esas providencias, no puede afirmarse que la jueza ordenadora incurrió en una omisión, cuando legalmente no se encontraba en posibilidades de actuar. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, sostuvo que tratándose de los actos omisivos no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que esta se haya incumplido. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, en realidad implica que: 1. sí actuaron, o 2. no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. Así, tratándose de actos de omisión, la autoridad no solo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la conducta que se le atribuyó; esto en términos de la jurisprudencia sustentada por el Máximo Tribunal, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Por tanto, dentro del capítulo de existencia, las juezas y jueces deben analizar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, ya que si el acto reclamado es una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar -porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no lo permitía-, sin que ello implique un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino que se trata de una cuestión previa. Las consideraciones expuestas quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2/J 99/2018 (10), que a continuación se transcribe: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". A la luz de las consideraciones de la ejecutoria comentada, y con base en los informes justificados y sus anexos, puede concluirse en que no existen las condiciones para que la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México ordenara el emplazamiento de la parte quejosa a las providencias precautorias ********************, y por lo tanto es inexistente el acto que se le reclamó. Con la precisión de que esa circunstancia no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que, de conformidad con la jurisprudencia 1/J 40/2018 (10), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución que otorga alguna de las medidas de aseguramiento dentro de los juicios mercantiles, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata, conforme a lo siguiente: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto". Sin soslayar que de las copias certificadas de las providencias precautorias ********************, se advierte que la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, se apersonó a dicho procedimiento; escrito que fue atendido en acuerdo de veintidós del mismo mes y año; incluso interpuso el recurso de apelación en contra del auto de tres de diciembre del año referido, que recayó a su escrito presentado el veintiocho de noviembre del año en comento, por el cual, en esencia, solicitó se dejaran sin efectos las medidas precautorias ordenadas. En consecuencia, a criterio de quien resuelve, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos apareciere que no existe el acto reclamado; hipótesis que, bajo las consideraciones analizadas, se actualizó en el presente asunto. Por tanto, se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, en contra del acto reclamado a la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. 2. Es inexistente el acto reclamado a la Jueza y al actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos La Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, en su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado. Lo anterior, bajo el argumento de que el tres de junio de dos mil diecinueve recibió el exhorto con número de folio 1013, procedente del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que tenía como finalidad la retención del bien identificado como "********************" [sic]; comunicación que se devolvió debidamente diligenciada al juzgado de origen. Asimismo, dicha autoridad manifestó desconocer si con posterioridad a ese exhorto, el juzgado de origen ordenó el emplazamiento al ahora quejoso. Por su parte, el actuario de su adscripción se adhirió al informe justificado rendido por su titular. Ahora bien, de las copias certificadas del procedimiento de origen, se advierte que la Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, únicamente se limitó a diligenciar el exhorto ordenado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente ********************. Dicha comunicación quedó registrada ante el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, bajo el número ********************. Tuvo como finalidad solicitar al Juez Competente en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, que en auxilio de las labores del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, enviara el oficio correspondiente al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, a efecto de que se realizara la anotación de la providencia precautoria consistente en la retención del bien inmueble identificado como ********************, inscrito bajo el folio electrónico inmobiliario ********************, para garantizar la cantidad de ********************, conforme a lo ordenado en el expediente ********************. Aun cuando los datos del bien inmueble cuyo aseguramiento se cumplimentó en el exhorto ********************, no coinciden con los plasmados en el informe justificado de la Jueza Quinta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, debe tenerse por inexistente el acto reclamado debido a que el exhorto encomendado no tuvo como propósito emplazar a persona alguna, sino coadyuvar en el aseguramiento de un inmueble, aunado a que, la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México negó haber ordenado el emplazamiento de la aquí parte quejosa. En ese sentido, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la Jueza y al actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, por lo que se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de dichas autoridades. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV 3 72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de la Jueza Décima de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México; y de la Jueza y del actuario, ambos adscritos al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista y a las partes conforme a lo siguiente: Partes Forma de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Tercero interesado Por lista Agente del ministerio público federal adscrito Personalmente Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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