José Luis Hernández Zamora

Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
845/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
04/12/2023

Partes del expediente

  • José Luis Hernández Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2º de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE SOBRESEYÓ en el juicio de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Ahora bien, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal por resolverse ni diligencias pendientes de practicar; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Ahora bien, se advierte que se NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA; por lo que el ORIGINAL del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 17, del Acuerdo General de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito. Por otro lado, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General aludido, se considera que el DUPLICADO del incidente de suspensión, debe ser DESTRUIDO; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  3. Principal

    RESOLUCIÓN: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 845/2023-II, promovido por********************, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los fundamentos y razones expresados en el considerando 3.1 y quinto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio a través del cual se informa que el Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia del Fiscal General de la República, instruyó al Titular de la Agencia de Investigación Criminal, a efecto de que dé cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, mediante proveído de nueve de octubre del presente año; lo que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese el oficio suscrito por la Directora de Asistencia Técnico Jurídica en Materia Pericial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, por medio del cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de octubre último, para remitir el listado que contiene el nombre de los peritos en materia de telecomunicaciones y electrónica con que cuenta; según refiere, por tratarse de información clasificada como reservada. Al respecto, dígasele que con lo ordenado por el suscrito no se pone en riesgo la reserva ni confidencialidad que deben guardar los datos requeridos, pues es claro que la autoridad ministerial puede y debe adoptar las precauciones necesarias para asegurar ese resguardo y no vulnerar derechos de terceros; tal es así que deberá remitir ese listado en sobre cerrado, así como implementar cualquier otra medida que considere oportuna para salvaguardar el sigilo de dicha información; verificando que sea legible y entendible. Es oportuno citar en apoyo de lo anterior, por las razones que informan, las Jurisprudencias y tesis siguientes: "COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser rendidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente a las señaladas en la demanda como responsables. A esta conclusión se arriba de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho; el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las señaladas como responsables.". "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI LAS CONSTANCIAS QUE LA INTEGRAN CONTIENEN INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL O QUE DEBA MANTENERSE EN SECRETO, EL SUJETO OBLIGADO PARA RESGUARDARLA EN LAS COPIAS QUE ACOMPAÑE AL INFORME JUSTIFICADO QUE SE LE REQUIERA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MINISTERIO PÚBLICO), LO SERÁ ÉSTA O EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO QUE TENGA A SU CARGO DICHA INDAGATORIA. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación. Bajo este contexto, cuando se requiera a un órgano ministerial investigador señalado como autoridad responsable, la remisión de copias certificadas de una averiguación previa que sustente la emisión o existencia del acto que se le reclama, es quien se constituye en el sujeto obligado para llevar a cabo, u ordenar en su escala de jerarquía a quien corresponda, el resguardo en términos de ley de la información clasificada como confidencial o reservada que pueda contenerse en dicha indagatoria y no el Juez de Control constitucional requirente, al ser quien puede saber cuáles son los datos sensibles y de investigación que deben guardar o contener la confidencialidad y/o secrecía necesaria, para no ser conocidos por quien no deba o sea ajeno a la averiguación previa.". "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA, NO ES EXIGIBLE OBSERVAR LAS FORMALIDADES PROCESALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 75 Y 121 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU ADMISIÓN, NI DEBEN ADUCIRSE RESTRICCIONES RELACIONADAS CON LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SI SE ESTIMA QUE SON NECESARIAS PARA INDAGAR SOBRE ACTOS QUE LESIONEN GRAVEMENTE LA DIGNIDAD HUMANA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESERVAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. Hechos: Un Juez de Distrito determinó que no había lugar a proveer de conformidad la prueba de videos de vigilancia del centro penitenciario donde se encuentra recluido el quejoso, ofrecida con la finalidad de acreditar que sufrió actos de tortura, por considerar que la información contenida en dichos videos es de carácter confidencial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la restricción de confidencialidad del acceso a la información no opera tratándose de las pruebas que tengan como finalidad acreditar la existencia de actos de tortura contra los justiciables, ni es exigible que hayan sido ofrecidas ante la autoridad responsable o que el quejoso acredite haber realizado la solicitud ante ésta para que entregue las pruebas o documentos, dentro de los cinco días previos a la audiencia constitucional. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en el recurso de queja 56/2019, que dio origen a la tesis aislada 1a. XCII/2019 (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR UN POSIBLE ACTO DE TORTURA DEBEN ADMITIRSE Y NO DESECHARSE DE PLANO POR FALTA DE IDONEIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO).", estableció que el tema de la tortura en cualquier asunto de orden jurisdiccional debe ser tratado bajo el entendimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano, lo que conlleva abrir el ofrecimiento de pruebas que tengan como finalidad demostrar la violación a derechos humanos, lo cual implica que las reglas relativas a su desahogo se dispensen, dada la naturaleza de los actos reclamados. Por tanto, con el objeto de preservar el derecho de defensa, se considera que debe seguirse la teleología del Alto Tribunal al interpretar el artículo 75 de la Ley de Amparo y, por ende, hacer extensivas las consideraciones de la tesis aislada referida a fin de dispensar las formalidades procesales previstas en el diverso artículo 121 de la citada legislación, cuando se trata de ofrecer una prueba documental (videograbación), tendente a acreditar actos de tortura. Además, si bien es cierto que en los artículos 6o., apartado A, fracción I, constitucional y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información, entre otras causas, por motivos de seguridad nacional, defensa nacional o, como acontece en el particular, la seguridad pública, también lo es que no es válido jurisprudencial ni legalmente que el Juez de Distrito negara la admisión de la prueba ofrecida con el propósito antes señalado, porque el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada) prevé que no puede alegarse el carácter de reservado cuando se investiguen hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad; además, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 121/2014, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: "con el objeto de no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información considerada reservada o confidencial en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, puede permitir el acceso a aquella que considere esencial para la defensa de las partes bajo su más estricta responsabilidad."; de ahí que ante tal situación, el juzgador se encuentra facultado para admitir pruebas, porque en términos de los artículos 1o., 6o., apartado A, fracción I y 20 de la Constitución General, debe privilegiarse el derecho de defensa del justiciable, aunado a que el Estado Mexicano debe velar por la investigación, sanción y reparación de la violación a los derechos humanos relacionados con la integridad personal, como lo es la tortura.". "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.". Así, REQUIÉRASELE de nueva cuenta para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional el listado que contenga el nombre de los peritos oficiales en materia de telecomunicaciones y electrónica, con que cuenta. Lo anterior, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de nueve de octubre del presente año. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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