José Luis Hernandez Rodríguez

Expediente 1021/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1021/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • José Luis Hernandez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 127 a 131), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX.J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. III. Devolución de disco compacto. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este juzgado, extráigase del cuarto de valores el disco de versión digital que exhibió el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido del Cuarto Turno de la Fiscalía General de Justicia den el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad (fojas 114 y 115), mediante proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve y devuélvasele a través de oficio, por conducto del Actuario de la adscripción. IV. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de siete de febrero del año en curso (foja 113), se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido del Cuarto Turno de la Fiscalía General de Justicia den el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal 1143/2018, en la que el quejoso ***, fue vinculado a proceso por la comisión del delito de posesión simple de narcóticos, a disposición del Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito con residencia en esta ciudad, quien le otorgó la extinción de la acción penal y ordenó su inmediata libertad (fojas 122 y 123). II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado ante el Secretario de guardia adscrito a este Juzgado de Distrito, el quince de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 1 a 5), ***, promovió juicio de amparo indirecto en favor de José Luis Hernández Rodríguez, contra las autoridades responsables siguientes: No Denominación: 1 Juez Coordinador de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral. Ciudad. 2 Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. 3 Coordinador de las Unidades de Investigación de Tramitación Masiva de Casos. Ciudad 4 Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana con detenidos. Ciudad. 5 Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana. Ciudad. 6 Coordinador de las Unidades de Investigación y Litigación. Ciudad. 7 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Primer Turno, Región Norte I. Ciudad. 8 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Segundo Turno, Región Norte I. Ciudad. 9 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Tercer Turno, Región Norte I. Ciudad. 10 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido, Mesa 1, de la Fiscalía General del Estado. Región Norte I. Ciudad. 11 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido, Mesa 2, de la Fiscalía General del Estado. Región Norte I. Ciudad. 12 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido, Mesa 3, de la Fiscalía General del Estado. Región Norte I. Ciudad. 13 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido, Mesa 4, de la Fiscalía General del Estado. Región Norte I. Ciudad. 14 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana, de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza, de la Fiscalía General del Estado. Región Norte I. Ciudad. 15 Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora de Atención Temprana, Región Norte I, Mesa 1, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 16 Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora de Atención Temprana, Región Norte I, Mesa 2, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 17 Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora de Atención Temprana, Región Norte 1, de Asuntos Viales, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 18 Agente del Ministerio Público de Investigación del Sistema Tradicional, Región Norte I, con sede en Villa de Fuente, de la Fiscalía General del Estado. 19 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 1, Región Norte I, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 20 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 2, Región Norte I, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 21 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 3, Región Norte I, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 22 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 4, Región Norte I, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 23 Inspector Comisario o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 24 Comandante del Agrupamiento de Reacción Inmediata de Fuerza Coahuila. Ciudad. 25 Comandante del Agrupamiento de Proximidad de Fuerza Coahuila. Ciudad. A quienes reclama la privación de la libertad, tortura e incomunicación en prejuicio del quejoso directo. III. Trámite del juicio de amparo indirecto. El quince de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 6 a 10), se registró el presente juicio de amparo bajo el número estadístico 1021/2018; a su vez, se ordenó a la Actuaria de la adscripción, la búsqueda del quejoso directo ***, ordenándose suspender de plano los actos reclamados. Asimismo, de la constancia notificación del quince de diciembre de dos mil dieciocho (foja 14), se desprende que el quejoso directo externó que fue objeto de golpes en la cara, no pudo comunicarse con nadie, pero no fue objeto de tortura; sin embargo, refirió que se encontraba bien y que no fue objeto de tortura, o malos tratos; por tanto, se tiene únicamente como acto reclamado, la privación de su libertad de que fue objeto. Al respecto, se libró el oficio 34589/2018-FCO, al Agente del Ministerio Público de la adscripción (fojas 20 a 23), a fin de que, conforme al artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura, procediera a investigar si existió o no tortura o tratos crueles e inhumanos en contra del aquí quejoso ***, y de ser así, fincara la responsabilidad administrativa o penal que resulte a los responsables; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Informe. Ahora bien, mediante proveído de siete de febrero del año en curso (foja 113), se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido del Cuarto Turno de la Fiscalía General de Justicia den el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal 1143/2018, en la que el quejoso ***, fue vinculado a proceso por la comisión del delito de posesión simple de narcóticos, a disposición del Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito con residencia en esta ciudad, quien le otorgó la extinción de la acción penal y ordenó su inmediata libertad (fojas 122 y 123). Documentales a las que por tener el carácter de públicas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, de lo narrado y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso concreto, del contenido de la copia auténtica de la carpeta de investigación número 182/ACU/UIACU/2019, que remitió el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa I, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobreventa alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...". Cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En este caso particular, es evidente que se actualiza uno a uno los elementos esenciales que integran la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque el acto reclamado se resume sustancialmente en la privación de la libertad del quejoso, por parte de las autoridades responsables y en la actualidad al haber sido puesto a disposición del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito de esta ciudad, ha operado un cambio de situación jurídica, porque primigeniamente la afectación de su libertad, fue en razón de haber sido detenido en flagrancia y ahora al estar vinculado a proceso por la comisión del delito de posesión simple de narcóticos, hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que el acto reclamado que impugnó no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la privación ilegal de la libertad que se reclamó. Lo anterior, obliga a concluir que al verificarse un cambio de situación jurídica, hace que se consideren irreparablemente consumadas las posibles violaciones que se haya reclamado en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del quejoso queda sometida a la potestad del Juez Penal que tendrá a su cargo la instauración de la causa respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.2o.P.43 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve, de la Novena y Octava Época, con número de registro 166233, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. VI. Audiencia Constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del quince de marzo del año en curso (foja 126).

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial el acuerdo de siete de febrero del año en curso (fojas 114 y 115), se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido del Cuarto Turno de la Fiscalía General de Justicia den el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad. Lo anterior es así, dado que, según consta la notificación del citado proveído, se efectúo por lista de acuerdos a la parte quejosa el trece de febrero del presente año (foja 120). Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con cuarenta minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve, para su celebración.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio número 871/2019, signado por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al comunicado 1937/2019-IR, de siete de este mes y año, informa que dentro de la causa penal 1143CA/2018/-PJ-COA-002*NM-630, iniciada a ***, el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia inicial, donde se le otorgó la extinción de la acción penal por acto equivalente, ordenándose su inmediata libertad, y al respecto remite copia certificada de dichas constancias, de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como prueba de dicha autoridad, la documental que acompañó a su informe, la cual se admite y desahoga en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia.

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