José Luis Hernández Garduño y Otros.

Expediente 957/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
957/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
28/12/2016

Partes del expediente

  • Nelly Sheila Hernández Garduño
  • José Luis Hernández Garduño y Otros.
  • José Luis Hernández Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el numeral 86, de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 42 a 45), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en los ordinales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Practíquense las anotaciones en el libro respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el párrafo segundo, de la fracción III, del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, deberá conservarse en su integridad, por ello, manténgase ligado al expediente de mérito. En lo atinente al duplicado del incidente de suspensión, debe decirse que conforme a la fracción III, del punto Vigésimo del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, procédase a su destrucción una vez que transcurra el plazo de seis meses, por ello manténgase sólo ligado a los presentes autos. Hágase del conocimiento de las partes, que este expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos CUARTO y DÉCIMO del acuerdo de mérito, una vez que transcurran TRES AÑOS, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de destrucción. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no serán objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteadas una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En otro aspecto, pese a que la parte quejosa no expresó su oposición para que se publicaran su nombre y datos personales, este juzgado de oficio, ordena la protección de datos personales en acatamiento al criterio 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, localizable bajo el rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Ahora, de autos se advierte que consta un tomo de pruebas, exhibidos por el Juez Segundo de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, en apoyo a su informe justificado; en consecuencia; dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase dicha documental a la citada autoridad; en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de la autoridad aludida, relativa a la recepción del tomo de referencia, hará las veces de acuse de recibo; por tanto, una vez que conste la documental de que se trata con la inserción correspondiente, dese cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo y túrnese el expediente al archivo definitivo. Notifíquese.

  2. Principal

    En quince de noviembre de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta con el oficio registrado con el número de correspondencia 22904. Conste. Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio enviado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, por el que, comunica que por auto de esta misma data, decretó el levantamiento del arraigo dictado contra ..., decretado en el expediente de arraigo 212/2016-V de su estadística. Por tanto, toda vez que en el presente asunto, el acto combatido por esta vía, es la orden de arraigo decretada contra los inconformes ...., por el citado Juez Segundo; es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Al respecto, es importante advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Dicho de otra forma, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del garante, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad, porque ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no haber dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A efecto de acreditar la actualización de la causa de improcedencia que nos ocupa, es menester indicar que el acto reclamado en esta instancia constitucional es la orden de arraigo y su ejecución. Sin embargo, de la comunicación de cuenta, se advierte que en esta data, el Juez Segundo de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, ordenó el levantamiento del arraigo de los inconformes ..., ambos de apellidos Hernández Garduño, decretado en el expediente de arraigo 212/2016-V de su estadística. En virtud de lo expuesto, es incuestionable que si bien el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el mencionado Juez Segundo, decretó el arraigo de los quejosos en el expediente 212/2016-V, de su índice, en atención a la solicitud formulada por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, a fin de estar en condiciones de integrar la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-SIN/0000436/2016, que se integra contra los quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada; y en acuerdo de cuatro de octubre pasado, autorizó su ampliación; sin embargo, como se aprecia del libelo de cuenta, en esta misma fecha, declaró concluida la medida cautelar decretada; por tanto, resulta inconcuso que con dicha determinación, dejó sin efectos la orden de arraigo reclamada, la cual ha quedado sin vigencia, por lo que carece de ejecutividad. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 1999, Novena Época, Tomo IX, visible en la página 38, del rubro y texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de dicha normatividad, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, respecto de la orden de arraigo reclamada al Juez Segundo de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México. Al respecto, tiene apoyo la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Sobreseimiento fuera de audiencia que se hace extensivo por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de arraigo, al Juez Primero de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, ya que al rendir su informe justificado, negó el acto combatido (foja 32). Esto, tomando en cuenta que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado el último a contrario sensu, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)" "Artículo 5º. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando de las constancias que integran el expediente se encuentra acreditada la existencia del acto, respecto a una autoridad distinta a quien se le atribuye el dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto, u omitir el acto reclamado. En ese sentido, como se desprende de párrafos anteriores el Juez Segundo de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República, fue quien emitió la orden de arraigo en contra de los inconformes. Por lo que es claro que, el acto reclamado sí existe, pero fue emitido por una autoridad distinta al citado Juez Primero; por lo que en estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues no dictó, ordenó, ejecutó o trato de ejecutar, u omitió el acto reclamado; por lo que no puede considerársele como autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo. Consecuentemente, debe sobreseerse fuera de audiencia el juicio de amparo por lo que a tal acto y autoridad corresponde, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene sustento lo anterior, por similitud, la jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1363, Septiembre de 2005, Tomo XXII, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento.". Por lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Notifíquese, y personalmente a los quejosos.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver... SE RESUELVE. Primero. Se niega... la suspensión definitiva, respecto de las autoridades señaladas en el considerando primero. Segundo. Se concede a. la suspensión definitiva, contra los actos reclamados. que se reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, once de noviembre de dos mil dieciséis. Glósense los oficios firmados por los Jueces Primero y Segundo, ambos de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales rinden informe justificado; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se dejan a la vista de las partes, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. Con fundamento en lo previsto en el numeral 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba del citado Juez Segundo, la copia certificada de las documentales que integran el expediente de arraigo 212/2016-IV, de su índice. La cual se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional, de conformidad con el precepto 124, primer párrafo, del citado ordenamiento legal. Por otra parte, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, fórmense por separado un tomo de pruebas para el mejor manejo del presente expediente, respetándose el folio, rúbrica y entresello de origen. Ahora bien, toda vez que el Juez Segundo de Distrito Especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, refirió que ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la diversa coinculpada Araceli Salinas Morado, promovió juicio de garantías, registrado bajo el número 942/2016-II, del índice del referido órgano jurisdiccional. En consecuencia, solicítese de la manera más atenta al Titular de dicho Juzgado de Distrito, que de no tener inconveniente legal alguno, tenga a bien remitir copia certificada de la papeleta de turno, escrito de demanda, informe justificado de las autoridades que aceptaron los actos ahí reclamados, sentencia o resolución que haya puesto fin al juicio, auto en que causó ejecutoria, y en su caso, resolución de cumplimiento, proveído en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, y constancias relativas a su impugnación, correspondiente al aludido juicio, lo anterior, a efecto de estar en condiciones de proveer lo conducente. Notifíquese.

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