José Luis Hernández Domínguez
Expediente 1653/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1653/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- José Luis Hernández Domínguez
Actuaciones
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Hernández Domínguez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo 1653/2019. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele, esencialmente, de la resolución interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación hecho valer en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, mediante la cual se confirmó el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, donde se negó ordenar la notificación por edictos de Florencio Rosales Martínez, Martín Santiago Longino, Francisco Santiago Longino, Juana Tinoco Enciso, Estefanía Longino Juan, Jaime López Juan y Jesús Hernández Enciso, así como tampoco se acordó favorable la solicitud de enviar oficio al Archivo General de Notarias para que informara si existía testamento a nombre de dichas personas ni tampoco la solicitud al Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de México para que informara si hay juicio sucesorio intestamentario o testamentario de dichas personas. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado referido no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación hecho valer en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, mediante la cual se confirmó el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, donde se negó ordenar la notificación por edictos de Florencio Rosales Martínez, Martín Santiago Longino, Francisco Santiago Longino, Juana Tinoco Enciso, Estefanía Longino Juan, Jaime López Juan y Jesús Hernández Enciso, así como tampoco se acordó favorable la solicitud de enviar oficio al Archivo General de Notarias para que informara si existía testamento a nombre de dichas personas ni tampoco la solicitud al Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de México para que informara si hay juicio sucesorio intestamentario o testamentario de dichas personas; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso laboral de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable al momento de resolverse el juicio 147/2017, del índice del Juzgado responsable, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener una sentencia adversa) al combatirse la resolución que resuelva en definitiva el citado expediente; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la negativa de la autoridad responsable de ordenar la notificación de diversas personas mediante edictos, además de girar oficio al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de México, para que proporcionaran diversa información. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la resolución interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación hecho valer en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, mediante la cual se confirmó el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, donde se negó ordenar la notificación por edictos de Florencio Rosales Martínez, Martín Santiago Longino, Francisco Santiago Longino, Juana Tinoco Enciso, Estefanía Longino Juan, Jaime López Juan y Jesús Hernández Enciso, así como tampoco se acordó favorable la solicitud de enviar oficio al Archivo General de Notarias para que informara si existía testamento a nombre de dichas personas ni tampoco la solicitud al Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de México para que informara si hay juicio sucesorio intestamentario o testamentario de dichas personas; y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, a través del juicio de amparo directo, en caso de que le sea desfavorable la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, en términos de lo establecido en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, pues este no se encuentra relacionado con alguna vulneración, afectación o limitante a algún derecho como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; razón por la que resulta claro que en todo caso podría constituir una afectación a un derecho procesal; por tanto, como ya se dijo, el acto reclamado no constituye una vulneración dentro de juicio a un derecho sustantivo, para que resulte procedente el juicio de amparo indirecto. Máxime que como ya se expuso, la afectación se verificaría una vez que recayera una sentencia definitiva adversa para la parte quejosa en el juicio de origen; la que en todo caso podría impugnar a través del juicio de amparo directo, en el que estaría en posibilidad de aducir como una violación procesal en términos de la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo, el acto por el que impetra el presente juicio de amparo. De otra forma, si se considera que el acto reclamado en esta instancia justifica la procedencia del presente juicio de amparo, no solo se estaría inobservando la poción normativa contenida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; sino que ello implicaría la infructuosa tramitación de un juicio de amparo, ya que como se explicó en párrafos precedentes, dicha violación procesal podría resultar intrascendente para la resolución del juicio 147/2017, en caso de culminar dicho juicio con una sentencia definitiva favorable a los intereses del peticionario; lo que desde luego desvirtúa la razón de ser del juicio de amparo, al ser este un medio de control de constitucionalidad, y no un mecanismo de defensa ordinario útil, independientemente de la trascendencia del acto que se reclama. Aunado a lo anterior, como ya se indicó, las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de cuya ejecución dependa la suerte de todo el juicio natural; sin embargo, en el caso particular, no se actualiza la excepción en comento. Máxime que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte, sino que sólo afecta derechos adjetivos, y mucho menos se trata de alguna determinación o resolución de la cual dependa la suerte del juicio natural, habida cuenta que, precisamente al momento de dictarse el laudo correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar todo el material probatorio a efecto de determinar si tienen o no el alcance demostrativo necesario para acreditar las pretensiones, defensas y excepciones de las partes. Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. Esto es así, porque, como ya se indicó, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, ello aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, dado que podría impugnarla en amparo directo, como ya se dijo en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y al tratarse el acto reclamado de una violación procesal susceptible de reclamarse en amparo directo, en el supuesto de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable al resolverse el expediente de origen, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Hernández Domínguez, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec, Estado de México, por notoriamente improcedente. Luego, acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. De conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se publica en este Juzgado de Distrito, por así solicitarlo expresamente. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Valentín Carbajal Peña, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos y demás personal de este Juzgado de Distrito que tenga intervención en la formación de este expediente, para formar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; de igual forma, tampoco se digitalizarán las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano de control constitucional, deba guardarse sigilo con relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como las constancias que por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; las cuales quedan a disposición de las partes para su consulta, salvo aquéllas sobre las que resulte imposible su consulta en términos de la Ley de referencia. Con apoyo en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, si bien es cierto que de conformidad con el inciso j) de la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, la notificación del presente acuerdo debe realizarse de manera personal, porque aquélla permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que en párrafos anteriores, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese esta notificación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
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